Sentencia Definitiva N° 522/2021

DECRETERO DE SENTENCIA //tevideo, 28 de octubre de 2021. No. 522 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados “CRAMICK S.A. con PODER EJECUTIVO. Acción de Nulidad” (Ficha N° 454/2015). RESULTANDO : I) En autos, compareció representada la empresa CRAMICK S.A. incoando demanda de nulidad contra la Resolución N° 1335/2014, de fecha 27 de noviembre de 2014, dictada por el Poder Ejecutivo, mediante la que se resolvió la Licitación Pública Internacional Nº 3/2014, adjudicando los ítems 1 y 2 (chalecos antibalas externos y bastones policiales) a la empresa MODART S.A ítem 3 (correajes) a la empresa SILVERCAT S.A.; ítem 4 (cascos anti-motin) a la empresa LEDIBEL S.A.; ítem 5 (cascos antibalas) e ítem 6 (chalecos internos) a la empresa China XING XING Import and Export Corporation; ítem 7 (máscaras antigás) a la empresa GADILUZ S.A (fs. 365 a 371 de los A.A.). La empresa actora indicó que es una empresa, cuya matriz es chilena, que vende diferentes insumos policiales y militares siendo proveedor de las fuerzas armadas y policiales de diferentes países de América Latina, entre ellos Uruguay. Manifestó que fue partícipe de la Licitación Pública Internacional N° 3/2014, cuyo objeto fue la adquisición de diversos insumos policiales tales como chalecos (internos y externos con resistencia balística), bastones y cascos (balísticos). Destacó que la Administración afirmó haber periciado la calidad y resistencia de los insumos, sin dar noticia a los interesados, habiendo sido practicadas por integrantes de una Comisión especializada en productos policiales en la que ninguno de ellos contaba con formación académica en Ciencia Balística. La Comisión Asesora de Adjudicaciones (en adelante CAA) acogió lo sugerido por la Comisión y, en función de ello, adjudicó de acuerdo al criterio referido por ésta última. Posteriormente, otorgó vista de las actuaciones, pero no se incluyeron las pericias practicadas a las muestras, pese al pedido verbal y por acta notarial de intimación. La empresa, evacuó la vista sin un elemento esencial, por habérsele negado tomar conocimiento de la pericia efectuada, menguándose así el derecho de defensa. No obstante, se presentó escrito oponiéndose, ofreciendo probanzas tales como peritaje independiente de cargo del promotor, así como, intimación a que la empresa escogida y representante de la mejor oferta, acreditaran el haber proveído de chalecos al Ejército de Estado Unidos. Ambas probanzas fueron rechazadas por la CAA, la primera porque era prueba imposible. En ese sentido, la Administración sostuvo que no tenía muestras, respecto de la segunda peticionada indicó que la intimación no era procedente debido a que Modart S.A. cumplía con los antecedentes solicitados en el Pliego. Relató que el día 24 de octubre de 2014 fue notificado de una exhibición de las muestras que se llevaría a cabo el día 31 de octubre de 2014. A ello, la empresa peticionó el 27 del mismo mes, un aplazamiento de una semana, en virtud de que su experto, el Sr. Taskov se domicilia en Sofía (Bulgaria), lo que fue rechazado por la Administración. Por ello, devino razonablemente imposible verificar la idoneidad de la prueba realizada por la Administración. Solicitó acceder a una copia de la grabación del peritaje, la que recién le fue entregada el 21 de noviembre de 2014, cuando el expediente ya se encontraba en Presidencia para decisión. Además, adujo que la grabación que se le fuere entregada era parcial, constando solamente las pericias a chalecos externos. En función de ello, el día 26 de noviembre, requirió la grabación sin editar, así como la correspondiente a la prueba efectuada a los chalecos internos y cascos, extremo respecto del que la Administración no se expidió. No obstante, con el video editado sobre la prueba de resistencia realizada a los chalecos externos, el experto de confianza de la actora, el Sr. Taskov, advirtió de los gruesos errores cometidos al realizarse el test. En el entendido que siendo un profesional contratado por la promotora y por ende sospechoso, la actora ofreció la práctica de un test de resistencia balística a su costo, en un Instituto estatal chileno o en 2 laboratorios certificados de Estados Unidos e Inglaterra, todo lo que podía ser realizado en unos pocos días y sin costo para la Administración. Pero tampoco se expidió sobre tal pedimento. Así, entendió que se verificaron vicios que inficionan de nulidad el acto impugnado, por cuanto la vista otorgada de conformidad con el art. 67 del TOCAF, no contaba con la exhibición de todas las actuaciones administrativas pues se omitió incorporar la pericia en que se basó la CAA para aconsejar la adjudicación a las empresas seleccionadas. Máxime si se considera que ello implicó una mengua severa a su derecho de defensa pues no puede esgrimirse defensa alguna si se ignoran los motivos que condujeron a la decisión por parte de la CAA. En otro orden, manifestó que el test se realizó sin noticia previa y sin posibilidad de control por parte de los oferentes. Dicho accionar fue argumentando por la Administración, en la vía recursiva, manifestando que resulta imposible efectuar cada prueba en presencia de los oferentes debido a la coordinación atentaría contra la necesaria continuidad del procedimiento y su eficiencia (fs. 585 a 586 Pieza II de los A.A., informe de Director de Unidad de Coordinación, Sr. Marcelo Barzelli). Asimismo, indicó que la presencia de los interesados puede implicar una distorsión no deseada. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda y la consecuente anulación de la resolución en proceso (fs. 5 a 12). II) Conferido el correspondiente traslado, compareció, en representación del Poder Ejecutivo, la Dra. Marisa Arizeta, quien contestó la demanda de manera contradictoria y peticionó la confirmación de la impugnada. Sostuvo que la actora participó conjuntamente con otras empresas, en la Licitación Pública Internacional N° 3/2014, para la adquisición de insumos policiales tales como chalecos antibalas, bastones, cascos, entre otros. Respecto del agravio concerniente a que la Administración perició la calidad y resistencia de los insumos sin noticia de los interesados, la que fue realizada por una Comisión Especializada cuyos integrantes no poseen formación académica en ciencia balística, sostuvo que no le asiste razón al promotor. En ese sentido, destacó el informe de la Gerencia del Área Logística y manifestó que es tarea de la CAA estudiar las ofertas presentadas e informar acerca de su admisibilidad y conveniencia, pudiendo recabar asesoramiento a tal efecto (art. 66 num. 4 B del TOCAF). A tales efectos se designó una Comisión Técnica (Comisión Asesora en Materia de Armamento, Municiones y Equipamiento Policial). Así, destacó que la comunicación y presencia de los interesados en la valoración técnica de las ofertas, no estuvo prevista en los Pliegos, ni se establece en el TOCAF. La tarea de la CAA es informar respecto a la admisibilidad y conveniencia de las ofertas siendo deliberativa, interna y con apego a los Pliegos, bases particulares y generales y principios y normas aplicables a la contratación pública. Indicó que existe un protocolo de pruebas y que las garantías de las probanzas realizadas surgen de la idoneidad de los diferentes funcionarios actuantes y de las explicaciones técnicas de dicho protocolo. En el caso, se cumplió con la trasparencia y la objetividad necesarias. Consideró que la ausencia del oferente al realizarse la pruebas no es lesiva de su derecho de defensa. Ello, porque el criterio técnico de la CAA era de su conocimiento con antelación y al presentar muestras y someterlas a la prueba dio su conformidad a todas las condiciones definidas por el llamado. Al conferirle vista a la empresa, es cierto que no se incluyó la exhibición de las pericias practicadas a las muestras, pero luego, fue cumplida el día 31 de octubre, por lo que no se afectó su derecho de defensa. La promotora peticionó que se efectuara un peritaje independiente, a su costo, por parte de un laboratorio internacional y que se intimara a una de las empresas para que acredite haber proveído chalecos al ejército de Estados Unidos. La CAA indicó que sólo se había presentado por los oferentes una sola muestra de acuerdo a lo solicitado en el Pliego. Recalcó que el dictamen de la CAA no es vinculante y que la etapa de manifiesto no implica la apertura a un contradictorio entre oferentes y la Administración. En otro orden, en la etapa de prueba sólo pueden presentarse escritos o impugnaciones acerca del informe de la comisión, sin que implique descargos o recurrencia. El rechazo de la prueba en la etapa de manifiesto fue acorde a derecho y no es objeto de recurso alguno. Respecto de la alegada vulneración del art. 71 del Decreto N° 500/991, referido al control de la prueba, éste no sería de aplicación en el procedimiento licitatorio, por ser un procedimiento específico, establecido en el TOCAF, que no prevé que las pericias sean comunicadas a los interesados, así como tampoco estaba previsto en el Pliego Particular de Condiciones. En definitiva, solicitó que se desestime la demanda instaurada, confirmándose el acto administrativo impugnado (fs. 20 a 23). III) Se abrió el juicio a prueba por auto N° 8333/2015 de 22 de setiembre de 2015 (fs. 25). IV) Alegaron las partes por su orden, haciéndolo la actora en el escrito que luce de fs. 300 a 308 y la demandada en el que corre de fs. 311 a 313. V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció en Dictamen Nº 384/2020 de fecha 16 de setiembre de 2020, a través del cual aconsejó amparar la demanda y anular el acto (fs. 316 a 319). VI) Se citó a las partes para sentencia, por decreto Nº 6065/2020 de fecha 30 de setiembre de 2020 (fs. 321), la que se acordó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Conforme con los términos de la demanda se acciona de nulidad contra la Resolución N° 1335/2014, de fecha 27 de noviembre de 2014, dictada por el Poder Ejecutivo, mediante la que se resolvió la Licitación Pública Internacional Nº 3/2014, adjudicando los ítems 1 y 2 (chalecos antibalas externos y bastones policiales) a la empresa MODART S.A ítem 3 (correajes) a la empresa SILVERCAT S.A.; ítem 4 (cascos anti- motin) a la empresa LEDIBEL S.A.; ítem 5 (cascos antibalas) e ítem 6 (chalecos internos) a la empresa China XING XING Import and Export Corporation; ítem 7 (máscaras antigás) a la empresa GADILUZ S.A (fs. 365 a 371 de los A.A.). II) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley Nº 15.869, arts. 4 y 9). La volición resistida fue notificada el día 19 de diciembre de 2014 según los dichos de la promotora no controvertidos por la demandada. El accionante interpuso recursos de revocación en tiempo útil, el 29 de diciembre de 2014 (fs. 5 y 6 de los A.A.). La demanda anulatoria fue promovida útilmente el 24 de julio de 2015, según nota de cargo de fs. 13. III) El Tribunal, en mayoría, compartiendo lo aconsejado por el Procurador del Estado en lo Contencioso, acogerá la demandada y anulará el acto impugnado por los fundamentos que se expondrán. IV) Antecedentes relevantes A los efectos de un adecuado examen de la cuestión sometida a decisión, se relevan algunos antecedentes. A fs. 7 y ss. de los A.A. luce el Pliego de Condiciones que rige la Licitación, en el que se establece la preferencia de la industria nacional para la adjudicación (art. 10), y que para la adjudicación, se tendrá presente al momento de la valoración y comparación de las ofertas, los criterios de ponderación establecidos en el Anexo III (art. 11). Asimismo, se estipuló que la Administración se reserva el derecho a efectuar los controles de calidad que sean pertinentes (art. 13). A fs. 132 a 184 de los A.A. luce el protocolo de actuación para la evaluación de las muestras de chalecos antibalas. Se efectuaron planillas de acuerdo a las calificaciones y puntajes allí estipulados (fs. 183 y 184 de los A.A.). Del Acta de la Comisión Asesora de Adjudicaciones glosada a fs. 213 de los A.A., emerge la remisión de las actuaciones a informe técnico de la Comisión Asesora en Materia de Armamento, Munición y Equipamiento Policial, y, según cuadro ponderativo entre las muestras aptas, dicha Comisión procedió a adjudicar a las firmas MODART SA, SILVERCAT SA, LEDIBEL SA, CHINA XINXING y GADILUZ, la licitación en cuestión. A fs. 283 de los A.A. compareció la empresa accionante proponiendo probanzas de descargo, sin pretender ingresar en la refutación del informe emitido por la Comisión. Asimismo, peticionó acceso a todas las actuaciones, específicamente a los objetos examinados balísticamente por la administración licitante, a las filmaciones que se obtuvieron y a las actas que se instruyeron. Asimismo, solicitó el diligenciamiento de prueba pericial y que se practicara intimación a MODART S.A., a fin de que acredite la experiencia probable de más de 5 años en la fabricación, desarrollo y distribución de chalecos balísticos. Por Acta de 22 de setiembre de 2014 (fs. 306 de los A.A.), se reunió la Comisión Asesora a fin de estudiar la petición de la actora y otorgó vista a las empresas MODART SA, SILVERCAT SA, CHINA XINXING, GADILUZ SA y LEDIBEL SA. Constan las notificaciones a fs. 317 y ss. de los A.A.. La Comisión Asesora de Adjudicaciones decidió mantener, en todos sus términos, el informe técnico y corrigió las planillas por errores de transcripción (fs. 215 a 328 de los A.A.). V) Respecto del procedimiento En cuanto a la alegada afectación del debido procedimiento, el agravio no es de recibo. En primer lugar, cabe precisar que el Tribunal ha señalado que la licitación no es un procedimiento de contratación instituido para proteger los intereses del licitante o proveedor, sino que, se pretende proteger el superior interés público en materia de contrataciones, procurando óptimas condiciones para llevarse a cabo. Asimismo, se ha sostenido que el licitante no tiene un derecho a la adjudicación, sino tan solo un interés legítimo indirectamente protegido en que se cumplan regularmente las formalidades establecidas. En esa línea, el oferente no tiene un derecho subjetivo, ni un interés legítimo a la adjudicación, pudiendo la Administración proceder, sin responsabilidad al rechazo de todas las ofertas. Así, resulta trasladable lo expresado por Sayagués: "Si las ofertas se estiman inconvenientes, la Administración puede rechazarlas todas y hacer un nuevo llamado. El punto es claro. Los proponentes no pueden exigir una adjudicación, no tienen derecho a ella y si solamente una expectativa fundada. Por lo demás esa facultad de rechazo está generalmente consagrada en los pliegos" (Sayagués Laso, Enrique, “Tratado de Derecho Administrativo”, T I, Ed. 1987, pág. 566). El Tribunal considera que el rechazo de la oferta es discrecional, tanto como el acto de adjudicación, pero ello no implica que no deba ser fundada. En este sentido, en Sentencia de este Tribunal N° 401/2012, se sostuvo: “cabe reiterar como argumento subsidiario y residual, la constante jurisprudencia del Tribunal, en el sentido de que la nulidad del acto de adjudicación es siempre una grave medida que no debe tener lugar sino cuando se comprueba una seria y trascendente transgresión a los principios propios del procedimiento licitatorio que, y en esencia, son los que procuran, sobre la base de una igualdad objetiva de trato entre los oferentes, la selección de la oferta que resulte más ventajosa para la Administración (véase, entre otras, Sents. 13/89, 1353/92, 714/97, 1014/98 y 345/01, 472/01). Y en sentido similar, se ha dicho que “La adjudicación de la licitación es un acto esencialmente discrecional del jerarca. Sólo cuando éste se aparta de las formas legales o median móviles espurios se compromete la licitud de su actuación.” (Sentencia N° 343/2003). Tal como indicó la demandada, no hay previsión específica en el Pliego de Condiciones de la participación de todos los oferentes en el proceso de evaluación de las ofertas (entre ellos las pruebas técnicas de los productos). Asimismo, la Administración cumplió con conferir vista del informe técnico de la CAA, en la etapa de manifiesto pautada por el art. 67 del TOCAF (fs. 245 de los A.A.). El Tribunal, unánimemente, entiende que no hubo afectación de los principios de publicidad, igualdad y concurrencia debido a que, como se destacó, se puso de manifiesto lo informado por la Comisión. Recuérdese que el licitante únicamente tiene derecho a exigir la regularidad del procedimiento y la seguridad en el tratamiento igualitario y equitativamente, tendiendo la Administración amplio margen de discrecionalidad. Así, no asiste razón al promotor al sostener que existieron vicios procedimentales que conlleven necesariamente la ilegitimidad del acto, ergo, a su anulación. VI) Respecto de la motivación Corresponde precisar que m otivación y motivos son conceptos íntimamente ligados. El autor chileno Maldonado expresa que “entendemos por motivos las condiciones y circunstancias de hecho y de derecho que posibilitan y justifican la emisión de un acto administrativo en tanto motivación es la expresión de esos motivos en el acto, esto es, la consignación expresa y suficientemente explícita de los motivos en los vistos y considerandos de la decisión adoptada" (Estudio sobre la motivación del acto administrativo. Santiago de Chile. Universidad de Chile, Departamento de Derecho Público, 2016 ps. 32 a 77). Ahora bien, la mayoría de la Sala estima que corresponde anular el acto por vicios en la motivación. Es preciso destacar que la motivación del acto puede acreditarse en el proceso de "formación" o en el de "expresión" de la voluntad de la Administración Pública. Esto significa considerar que los motivos pueden indicarse concomitante o contemporáneamente con la expresión de voluntad. Una motivación idónea y eficaz requiere que sea "suficiente" para apreciar con exactitud los motivos determinados del acto. Emerge de los antecedentes que la Administración efectuó pericias técnicas a fin de comprobar la calidad de los productos ofertados, pero no emerge claramente la conexión entre dichos productos y las empresas, puesto que éstas no fueron identificadas por su nombre. Si bien se adjuntó una lista con los puntajes asignados no se explicitan las razones que dan mérito a esa puntuación. A juicio de la mayoría, la motivación debía incluir la especificación de las razones por las que cada oferta no se ajustaba al Pliego de Condiciones. Ahora bien, el Tribunal no se encuentra facultado para apreciar la conveniencia de las ofertas por tratarse de un tema específicamente técnico (Sentencia N° 123/2016). Así las cosas, este Cuerpo, en mayoría, considera que las incorrecciones técnicas que emergen de contrarrestar el informe presentado por la promotora con las pericias practicadas por la Administración, inficionan de nulidad al acto procesado. Fue presentado por la accionante informe pericial o técnico que conllevan a considerar la errónea motivación del acto enjuiciado. El objeto del informe presentado quedó determinado en los siguientes términos: A) determinar si el test realizado por la Administración se ajustó al parámetro NIJ 0101.06 del año 2006 y B) practicar dicho test de resistencia balística a dos chalecos presentados por la actora y dos presentados por la adjudicataria Modart S.A. (fs. 28). El informe del perito que fuere agregado en Carpeta Rosada en 95 fs. resulta excedido en cuanto al objeto tal como manifestó la demandada, por lo que no corresponde que sea considerado en su totalidad. Sin perjuicio de ello, es procedente su cotejo, en lo que resulta pertinente, con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones. En ese sentido consta en enmienda realizada a dicho pliego que los chalecos correspondientes al ítem 1 deberán cumplir una protección balística nivel III A de acuerdo a la norma NIJ 2006 (fs. 14 y 78 de los A.A. Pieza 1). Ello, además, fue indicado por la Administración en oportunidad de evacuar consultas manifestando que se establecieron dichas pautas como criterios de ponderación de aspectos técnicos y de calidad de acuerdo al mínimo establecido como medida en la norma NIJ 2006 (fs. 81 de los A.A.). En otro orden, el testigo propuesto por la accionante, quien declaró a fs. 109 de autos e integró la Comisión Asesora de Armamento y Equipo Policial llamada a dictaminar en el proceso licitatorio, indicó que el uso de las normas NIJ 2006 no eran preceptivas en el examen que debía hacer la Comisión y que se tomaron distintos parámetros en consideración a las distintas normas. Asimismo, manifestó que era imposible medir todas las muestras de diverso origen y países basado en una sola norma que es la de referencia NIJ. De esta forma, puede sostenerse que se evidencia inconsistencia entre lo reclamado por el Pliego de Condiciones y la actuación de la Comisión en el análisis de resistencia balística. Ahora bien, corresponde destacar lo manifestado en el informe técnico presentado por la accionante, en el que se relevó que la no utilización del procedimiento correcto para la valoración, determinó el incumplimiento de condiciones básicas de ensayo que no permitió considerar que las conclusiones a que arribó la Comisión hayan sido correctas. Así consignó el técnico: “… no es posible valorar objetivamente los resultados obtenidos en la muestras ensayadas durante la licitación 03/2014 del Ministerio del Interior. Es de tal magnitud esta inobservancia, impericia e imprudencia, que ni siquiera hubiera sido necesario hacer los ensayos que se solicitaron al suscrito…” (…) “…simplemente no se cumplen los propios criterios de evaluación declarados, ya que los chalecos no fueron ensayados respetando el principio de igualdad de condiciones, por ejemplo, arbitrariamente se cambiaba de tirador en el 6to disparo.” (…) “Finalmente, todo lo observado, permitió confirmar y demostrar que existieron serios errores técnico- administrativos en el pliego de condiciones particulares y en los ensayos realizados en el marco de la licitación pública 03/2014, al respecto se pudo constatar una cantidad inverosímil de evidencia aportada al suscrito, lo que permitió generar plena convicción respecto a que, en todo el proceso de licitación Nº 03/2014, existió una notoria impericia e inobservancia a los propios procedimientos descritos por la entidad encargada de verificar la cualidad de los chalecos antibalas, este hecho afecto inequívocamente los resultados obtenidos en dicho proceso, existiendo una abrumadora desconexión entre lo descrito (pliego, informe y normas), lo declarado (interrogatorio) y lo observado (registro audiovisual), lo que se intentó hacer es aplicar un protocolo de laboratorio a una prueba de campo, asimismo, fue posible observar y demostrar que los chalecos presentados para la prueba material, fabricados por MARS ARMOR tienen mejor comportamiento que los ONIX al ser ensayados con un método estandarizado de ensayo.” (fs. 54 y 55 de los A.A. Carpeta Rosada). Ahora bien, respecto de las expresiones manifestadas en el informe que fuere aportado por la accionante, cabe concluir que existieron errores técnicos en los ensayos y en el asiento de los resultados, que indican que la información sobre la que se basó la Comisión para efectuar sus conclusiones, y que luego llevaron a la Administración a resolver la adjudicación, estuvo teñida de errores que afectaron su visión acerca de la conveniencia de una u otra elección. Corresponde destacar que esta conclusión es independiente del pronunciamiento del técnico en cuanto a que los chalecos de la promotora son mejores en cuanto a comportamiento, principalmente porque la conveniencia de las ofertas no se encuentra determinada únicamente por cuestiones técnicas relacionadas con la calidad del producto. Además, el técnico resaltó que ambos productos cumplían las condiciones requeridas (fs. 63 a 74 de los A.A.). Por lo tanto, la mayoría de los miembros del Tribunal, estima que es de recibo el agravio relativo a las falencias de los análisis técnicos realizados por la Comisión. En otro orden, la accionante indicó la existencia de errores materiales en el registro de los resultados que fueron objeto de agravio en la demanda y que no resultaron controvertidos por la demandada. En definitiva, el Tribunal, en mayoría, entiende que resulta anulable el acto por vicios en la motivación. Así, corresponde destacar que GARCÍA de ENTERRÍA expresa que la motivación no se cumple con cualquier fórmula convencional, sino que por el contrario, la motivación ha de ser suficiente, esto es, ha de dar razón plena del proceso lógico y jurídico que ha determinado la decisión (Eduardo GARCÍA de ENTERRÍA, Eduardo y FERÁNDEZ, Tomas- Ramón, “Curso de Derecho Administrativo, t. I, pág. 555). En síntesis, una motivación idónea o eficaz requiere que ella sea “suficiente” para apreciar con exactitud los motivos determinantes del acto (Cf. MARIENHOFF, Miguel S.: “Tratado de Derecho Administrativo”, t. II, págs. 327 y ss.). Es precisamente en el proceso de formación de la voluntad del decisor, conformado por el examen técnico de los productos ofertados, que se encuentra en el caso, los vicios que afectaron al acto. Debe tenerse presente que, el motivo es el fundamento de hecho o de derecho del acto administrativo y, que motivación debe entenderse la expresión del motivo que fundamenta el acto; por lo que un vicio en el motivo es un vicio de fondo, mientras que un vicio en la motivación es un vicio de forma (DURÁN MARTÍNEZ, Augusto: “La obligación de motivar: un principio general de Derecho Administrativo”, en Rev. Uruguaya de Estudios Administrativos, Año II, Nº 2, pág. 100). IX) En definitiva, por las razones expuestas, el Tribunal, en mayoría, FALLA : Acógese la pretensión anulatoria y, en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. . Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón (d.) Dr. Marquisio (Sec. Letrado) Dr. Luis María Simón DISCORDE por los siguientes fundamentos: He votado por desestimar la demanda, y, por consiguiente, dejar firme el acto impugnado, sin especial condena en costas ni costos. CRAMICK S.A. alega vicios formales, cuya desestimatoria ya fue tratada en la sentencia adoptada por mayoría, que comparto sobre esa temática, porque en vía de procedimiento licitatorio, no puede pretenderse una intervención que no corresponde a la naturaleza de la instancia seguida, máxime cuando el pliego refería claramente a las potestades administrativas. Cabe señalar que por Sentencia Nº 183/2016 de la cual no fui firmante, esta Corporación desestimó la suspensión del acto impugnado y que la anulación propuesta por la mayoría se basa en referencias a la prueba pericial diligenciada a pedido de la promotora, a efectos de argüir que la Comisión Técnica Asesora actuante en el Proceso Licitatorio padeció error. Si bien es cierto que la Administración se opuso a la prueba pericial, siendo desestimado el planteo por el Tribunal por extemporáneo y no impugnado a posteriori, no puede pasarse por alto que en sustancia se trata de prueba de parte, cuyo perito se domicilia en el mismo país que la empresa reclamante, dictaminando por escrito remitido, cuya valoración debe ser practicada en la contextualidad de la prueba. Significativamente, se observa que la pericia realizada procura contestar cada una de las aseveraciones realizadas en la contestación de la demanda. No fue posible practicar segunda pericia, ya que el Ministerio del Interior no estaba en posesión de los chalecos de “muestra” suministrados por la empresa “Modart S.A.” al momento de la licitación, datados de 2014 y devueltos en 2016, no resultando razonable, a mi criterio, asignar a tal circunstancia una relevancia probatoria similar a la admisión. Disponiéndose únicamente de elementos técnicos provenientes de cada una de las partes, no advierto razones para preferir los originados en la parte actora, porque la insuficiente ilustración probatoria me lleva a concluir que la parte actora no se desembarzó adecuadamente de su carga, por lo cual no considero acreditado vicio en la motivación que determine la nulidad del acto impugnado.