Sentencia Definitiva N° 520/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 28 de octubre de 2021. No. 520 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “NUEVA FRONTERA S.A. con ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE COMBUSTIBLES, ALCOHOL Y PORTLAND. Acción de Nulidad” (Ficha No. 787/2019). RESULTANDO : I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución Nº 419/6/2019, Acta Nº 7945, de 13 de junio de 2019, mediante la cual el Directorio de ANCAP dispuso adjudicar la Licitación Pública Nº 4600003700, convocada para la contratación de una empresa de vigilancia en las zonas interiores y exteriores del Edificio de Oficinas Centrales, Planta Manga, Planta de la Teja y Planta La Tablada, a la firma SECURITAS S.A. (fs. 427 vto. a 429 vto., pieza II, en carpeta verde de 520 fojas, A.A.). En necesaria síntesis, planteó que las razones de ilegitimidad del acto cuya anulación se impetra fincan en que se vulneró la normativa del procedimiento de contratación administrativa porque: i) se superó el cuádruple del monto máximo para la licitación en el año 2018, año del llamado, por lo que resulta de aplicación el artículo 67 del TOCAF; ii) al haberse adjudicado la licitación sin haberle dado vista del informe respectivo, el acto adolece de ilegitimidad. El vicio de forma ha disminuido las garantías del “proceso” provocándole indefensión. En suma, solicitó el amparo de la demanda (fs. 6 a 12 vto.). II) Conferido el correspondiente traslado comparecieron -en representación de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland - las Dres. María Fiorella Borgarello y Mariana Vello, quienes se opusieron al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. En primer lugar, argumentaron la existencia de falta de legitimación activa porque NUEVA FRONTERA S.A. ha sido excluida de la licitación cuestionada y ello es definitivo y se encuentra firme. La empresa no planteó ningún cuestionamiento a que fue excluida de la licitación por haber incumplido un requisito de admisibilidad de la oferta con relación a los antecedentes que debían presentarse, además de que poseía una sanción en el Registro de Proveedores del Estado. En consecuencia, es cuestionable la legitimación que pueda tener la accionante siendo que su daño no se originó con la infracción al artículo 67 del TOCAF que alega. En segundo término, no existió infracción a lo previsto en el artículo 67 del TOCAF . La accionante considera que aplican los montos establecidos a la fecha del llamado, esto es, al año 2018. Sobre dicha base entiende aplicable el artículo 67 del TOCAF, aunque no aporta mayores fundamentos de lo que expone. Es necesario distinguir dos aspectos. Por un lado, la determinación del procedimiento de contratación que habrá de seguir el organismo, y por otro, si procede el manifiesto que preceptúa el artículo 67 del TOCAF. Para determinar si se tratará de licitación púbica, abreviada o contratación directa, es claro que deben tomarse en cuenta los valores establecidos por el INE vigentes al momento de realizar el llamado. Sin embargo, la previsión contenida en el artículo 67 del TOCAF, no refiere al tipo de contratación que debe seguirse según su monto, sino que considera el cuádruple del monto que tiene habilitado el Organismo para realizar una licitación abreviada, que se denomina abreviada ampliada, con otro fin, que es determinar la necesidad que exista una puesta de manifiesto de las actuaciones, lo que a su vez se valora en un momento distinto, luego de la pre-adjudicación. Incluso si se observa el trámite particular de contratación atacado, el mismo es una licitación pública. El artículo 67 del TOCAF, no posee relación en el procedimiento, sino que refiere a un monto específico que toma como referencia. La propia norma vincula la consideración del monto a otro momento, que es el de la pre-adjudicación. Siendo así, es claro que esta tuvo lugar en el año 2019, por lo que son los valores vigentes a dicho año los que han de considerarse para realizar el cálculo que exige el artículo 67 del TOCAF. Por lo expuesto, no siendo aplicable dicho artículo, no ha existido vulneración del procedimiento, como así tampoco, se ha vulnerado debido proceso alguno y ciertamente la accionante no ha estado en indefensión. Es de señalar que oportunamente el Tribunal de Cuentas entendió de recibo esta posición. Si bien dicha postura no vincula al TCA, reviste interés mencionar que el TCR concluyó que no debió aplicarse el artículo 67 del TOCAF. En definitiva, abogaron por la confirmación del acto hostilizado (fs. 19 a 26). III) Por decreto No. 422/2020 (fs. 28) se dispuso la apertura a prueba, no presentando las partes prueba alguna, tal como emerge de la certificación obrante a fs. 32. IV) Las partes alegaron por su orden (fs. 35-37 y fs. 40- 44, respectivamente). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen No. 3/2021 y aconsejó la confirmación del acto (fs. 47 a 49 vto.). VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Señores Ministros en forma sucesiva se acordó en legal y oportuna forma (fs. 51). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal , corresponde relevar el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4, 8 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Resolución Nº 419/6/2019, Acta Nº 7945, se emitió el 13 de junio de 2019 (fs. 427 vto. a 429 vto., pieza II, A.A.) y se notificó a la actora el 18 de junio de 2019 (fs. 465 vto., pieza II, A.A.). El 27 de junio de 2019, se interpuso en tiempo y forma el recurso de revocación (fs. 460 a 461, pieza II, A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria expresa, a través del dictado de la Resolución Nº 682/9/2019, Acta Nº 7958, de 12 de setiembre de 2019, emitida por el Directorio de ANCAP (fs. 488 a 492, pieza II, A.A.). Se notificó a la actora el 19 de setiembre de 2019 (fs. 495, pieza 2, A.A.). La demanda se interpuso el 18 de noviembre de 2019, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 26). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. Por Resolución del Directorio de ANCAP Nº 640/6/2017, de 22 de junio de 2017, se dispuso autorizar una convocatoria a Licitación Pública, a los efectos de contratar una empresa de vigilancia en las zonas interiores y exteriores de las Oficinas Centrales, la Planta de La Teja, la Planta de Manga y la Planta de La Tablada, para que brindara servicios de seguridad, vigilancia y protección en dichos recintos (fs. 39 vto. a 41, pieza I, A.A.). La versión definitiva del pliego de condiciones particulares (fs. 212 a 231, pieza I, A.A.) se aprobó por Resolución del Directorio de ANCAP Nº 849/10/2018, de 11 de octubre de 2018 (fs. 210 a 211, pieza I, A.A.). El día 3 de diciembre de 2018, se procedió a la apertura de ofertas, presentándose las empresas SECURITAS URUGUAY S.A y la accionante NUEVA FRONTERA S.A (fs. 271 vto., pieza II, A.A.). En un primer estudio de las ofertas presentadas, la Gerencia de Abastecimiento confeccionó un cuadro comparativo de las mismas (fs. 390, pieza II, A.A.); en tanto, las Gerencias de Suministros y Gestión de Instalaciones realizaron el estudio de los requisitos de admisibilidad, concluyendo que la oferta de la actora no cumplía con la información solicitada acerca de la cantidad de personas que prestaban o prestaron servicios en las referencias de los antecedentes. Asimismo, señalaron que constaba una sanción registrada en el RUPE a la actora y por tanto, entendieron que no resultaba conveniente, por razones de seguridad, adjudicar la licitación a NUEVA FRONTERA para las plantas de La Teja, Manga y la Tablada, y que sí podría ser aceptable para Oficinas Centrales; sugiriendo en tal sentido la pre- adjudicación (fs. 391 a 392 vto., pieza II, A.A.). El 16 de enero de 2019, la Comisión Asesora de Adjudicaciones emitió su informe recomendando adjudicar la licitación en forma dividida de la siguiente forma: a la empresa accionante, el ítem I), Oficinas Centrales, por presentar el mayor valor comparativo, y los ítems II) a IV), a la firma SECURITAS, por ser la única oferta válida al cumplir con todos los requisitos de admisibilidad previstos en el Pliego de Condiciones (fs. 395 a 396, pieza II, A.A.) Luego del informe jurídico de los Servicios Jurídicos de ANCAP (fs. 407 vto. a 409, pieza II, A.A.), se entendió que las ofertas recibidas debían analizarse como una unidad en cuanto al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad; por lo que las Gerencias técnicas intervinientes estimaron conveniente no considerar la oferta presentada por la actora (fs. 409 vto. a 410, pieza II, A.A.). Finalmente, el Directorio de ANCAP procedió al dictado del acto de adjudicación enjuiciado en los presentes obrados (fs. 427 vto. a 429 vto., pieza II, A.A.). III) El Tribunal, habrá de compartir el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 47 a 49 vto.) y desestimará la demanda, por los fundamentos que se explicitarán. En lo inicial, resulta pertinente examinar si la accionante posee legitimación causal activa, en cuanto presupuesto de la acción anulatoria, que, como tales, requieren un examen previo y que de no verificarse obsta la decisión de mérito (Véase con carácter general , Eduardo J. Couture, “Vocabulario Jurídico”, tercera edición actualizada y ampliada por Ángel Landoni Sosa, editorial B de F, Montevideo - Buenos Aires, 2006, p. 583 a 584; Enrique Tarigo, “Lecciones de Derecho Procesal Civil según el nuevo Código”, tomo I, FCU, Montevideo, 2ª Edición, julio de 1994, p. 279 a 280, Enrique Vescovi, Margarita de Hegedus, Selva Klett, Bernadette Minvielle, Luis Simón y Santiago Pereira, “Código General del Proceso. Comentado, anotado y concordado” , tomo III, Editorial Ábaco, Montevideo, p. 395 a 396 y Selva Klett, “Proceso ordinario en el Código General del Proceso” , tomo I, FCU, Montevideo, 2014, p. 60. Específicamente, puede consultarse Eduardo J. Couture, “El agotamiento de la vía administrativa como presupuesto procesal”, en Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, tomo 52, Montevideo, 1954, p. 257 a 260, Enrique Tarigo, “Enfoque procesal del contencioso administrativo de anulación” , FCU, Montevideo, 2ª edición, octubre de 2004, p. 31 a 34, Felipe Rotondo, “Manual de Derecho Administrativo” , talleres gráficos Tradinco S.A., Montevideo, 8ª edición, marzo 2014, p. 432 a 434 y Maximiliano Cal, “La congruencia en las sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo” , Revista de Derecho Público, Año Nº 24, Nº 47, FCU, Montevideo, julio 2015, p. 14 a 17. Otros autores también se han referido al tema como condiciones o requisitos de admisibilidad de la acción de nulidad , en un enfoque que no difiere sustancialmente del anterior. Así por ejemplo, Héctor Giorgi, “El Contencioso administrativo de Anulación”, Biblioteca de publicaciones oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Montevideo, 1958, p. 139, Enrique Sayagués Laso, “Tratado de Derecho Administrativo”, tomo II, FCU, Montevideo, 5ª edición, agosto de 1991, p. 580 a 582 y Juan Pablo Cajarville Peluffo, “Breve presentación de la jurisdicción contencioso - administrativa”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Nº 23, Montevideo, 2004, p. 127 a 129 y Augusto Durán Martínez, “Contencioso Administrativo”, FCU, 2ª edición, marzo de 2015, p. 93 a 95). Con carácter general se ha señalado que “Tanto el interés como la legitimación, por su relación con el derecho de fondo (sustancial), deben ser juzgados normalmente al final del proceso, en la sentencia definitiva. Pero lógicamente antes de entrar a la cuestión de fondo. El tribunal, antes de considerar la causa en cuanto al fondo, para juzgar la razón o sinrazón de la demanda, debemos analizar si existen estos elementos que son indispensables para entrar a dicho juicio (de mérito). Es decir que si no hay interés o legitimación en la causa no se podrá obtener una sentencia favorable (aunque exista el derecho ). En cambio, si se tiene interés y legitimación, se podrá también perder el juicio por no tener derecho.” (Cf. Enrique Vescovi y colaboradores, “Código General del Proceso”, comentado, anotado y concordado, tomo 1, Editorial Ábaco, Buenos Aires, p. 227 a 228) (el subrayado no está en el original). En lo que concierne específicamente a la estructura procesal por la cual se tramita la pretensión anulatoria, Tarigo ha señalado: “En este proceso contencioso administrativo de anulación, y tal como acontecía en el proceso civil cuando él se regía por el Código del Procedimiento Civil, la legitimación causal es, en todo caso, considerada y decidida recién en la sentencia definitiva, naturalmente sin siquiera entrar a considerar la situación de fondo si considerara que falta la legitimación ” (Cf. Enrique Tarigo, “Enfoque procesal del contencioso administrativo de anulación” , 2ª Edición, reimpresión inalterada, octubre de 2004, FCU, p. 30) (el subrayado no está en el original). Conceptualmente, ha sido definida como “la posición de un sujeto que le permite una providencia eficaz sobre el objeto del proceso . Es decir que es, ante todo , una legitimación , relación entre el sujeto y el objeto jurídico. Luego es en la causa , esto es, en el objeto jurídico que reclama (defiende, etc.) el sujeto .” (Cf. Enrique Vescovi, Margarita de Hegedus, Selva Klett, Raquel Landeira, Luis Simón y Santiago Pereira, “Código General del Proceso” , op. cit., tomo 1, p. 229) (el subrayado no está en el original). En una línea de razonamiento similar, la Corporación ha sostenido que: “La legitimación en la causa surge de hallarse situado en una determinada situación jurídica subjetiva (derecho subjetivo o interés legítimo, el que además debe ser directo y personal) , extremo que es totalmente independiente de la legitimidad o ilegitimidad del acto que se resiste con el accionamiento. La legitimación reclamada para accionar es previa o preexistente a que se determine el arreglo o desarreglo a Derecho del acto administrativo objeto de la acción de nulidad . En otros términos: no nace como consecuencia de la inobservancia del Derecho por el acto encausado. (…) La situación jurídica que legitima a accionar es un presupuesto del examen de regularidad del acto y existe o no existe antes de que se determine la legitimidad o ilegitimidad del acto , pues justamente , es un presupuesto que habilita examinar la regularidad del acto que se enjuicia. La situación jurídica legitimante del accionamiento no se produce a consecuencia de un obrar administrativo desarreglado a Derecho.” ( sentencia Nº 289/2014 , citada -entre otras- en sentencias Nº 297/2018 y 540/2019) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Como se explica en sentencia No. 399/2015 : “(…) Este requisito sustancial, expresamente exigido en el art. 309 de la Carta, también es puesto de manifiesto en la doctrina española… GARCÍA DE ENTERRÍA destaca: “… De modo que el demandante debe encontrarse en una determinada relación previa con un acto o disposición administrativa que haga legítima la presencia de un determinado sujeto en el concreto proceso en que se impugna ese acto o disposición. Esa relación sujeto objeto en que consiste la legitimación juega, pues, como una condición o presupuesto subjetivo de la admisibilidad de la pretensión, impidiendo, en los casos en que falte , entrar a decidir sobre la cuestión de fondo objeto de la litis ” (Cf. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo en “Curso de Derecho Administrativo”, T. II, Ed. Civitas, Madrid, 1981, p. 532) (…)” (véase también en idéntico sentido, sentencias Nº 479/2018 y 540/2019) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Por otra parte, debe tenerse presente que como lo expresara en su oportunidad la Comisión de Reforma Constitucional de la Cámara de Representantes con relación a la redacción del actual artículo 309 de nuestra Carta Magna: “ No existe un derecho subjetivo a la legalidad; ni tampoco el sólo interés legítimo a la legalidad, que pertenece a todos los habitantes de la República, es suficiente como legitimación para promover este contencioso. La acción de nulidad no es una acción popular. Por consiguiente, el titular de la acción debe justificar la existencia de un interés directo de inmediata satisfacción personal , fundado en una situación jurídica particular respecto al acto impugnado” (citado por Héctor Giorgi, “El Contencioso Administrativo de Anulación” , op. cit., p 188; en la misma línea, Enrique Sayagués Laso, “Tratado de Derecho Administrativo”, tomo II, 5ª Edición, Octubre de 1988, Clásicos Jurídicos Uruguayos, FCU, pág. 574 y Julio Prat, “Derecho Administrativo” , tomo V, volumen III, Editorial Acali, Montevideo, 1982, p. 169) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En el sub - examine, la Sala considera que una vez incoado un procedimiento licitatorio por parte de la Administración, todo oferente participante en el mismo se encuentra en una situación jurídica preexistente de interés legítimo ( aunque indirectamente protegido ) respecto al futuro acto de adjudicación a dictarse, dada la legítima expectativa que se crea en su esfera jurídica de que se cumpla regularmente con las formalidades establecidas en dicho procedimiento y así, eventualmente, poder acceder a la adjudicación por la cual se compite. En lo que respecta al planteo defensivo que formula la demandada, si bien es cierto, que la accionante no reeditó los agravios que formuló en vía recursiva acerca del rechazo de su oferta (véase fs. 474 a 478, pieza II, A.A.), en puridad no puede concluirse que el acto haya quedado firme. En todo caso, podrá decirse que precluyó la oportunidad de la accionante para esgrimir agravios sobre el particular, lo que ciertamente no es lo mismo. Pero es claro, que el acto impugnado fue el que la excluyó del procedimiento licitatorio y dispuso la adjudicación de la licitación a su contendiente, por lo que se adoptará un temperamento amplio en cuanto a la consideración de la legitimación en la que se encuentra la actora (véanse los Considerandos II) a IV) del acto enjuiciado, de fs. 426 a 246 vto., pieza II, A.A.). En cierto modo, se coincide con el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien al analizar el punto señala: “Ello dependería de si la exclusión por falta de un requisito de admisibilidad estuviera consagrada en el acto que se impugna, o lo estuviera en un acto diferente, consentido, en definitiva. Como la situación es la primera , como resulta de los antecedentes, se entiende pertinente desestimar el argumento formal esgrimido por la demandada. La notificación formal de la exclusión se verificó en el acto controvertido, respecto del que se siguieron los pasos formales para el agotamiento de la vía administrativa. El acto de exclusión es el que fue recurrido, y el que es objeto de estas actuaciones.” (fs. 44, infolios) (la negrilla no está en el original). Por otro lado, cabe tener presente que, como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corporación, todos quienes comparecen en tiempo y forma a una licitación y presentan sus ofertas, están legitimados para impugnar el ulterior acto de adjudicación; por más que una eventual anulación de dicho acto no suponga naturalmente que ( implícitamente) la licitación deba ser otorgada al recurrente ganancioso. (Sentencias Nº 8/1986, 633/2009, 940/2010, 819/2012, 207/2013, 473/2013 y 47/2017, entre otras). En este sentido, se ha expresado reiteradamente que “el licitante o proveedor no tiene un derecho a la adjudicación , sino tan sólo un interés legítimo, indirectamente protegido, en que se cumplan regularmente las formalidades establecidas, porque de ese modo puede resultar satisfecha su pretensión . Y, la eventual anulación no significa (implícitamente) que la adjudicación hubiera debido hacerse a favor del actor triunfante, sino que debe cumplirse en forma debida con las normas protectoras del interés público, de las que puede resultar beneficioso para el nominado.” (sentencias No. 8/1986, 633/2009, 940/2010, 819/2012, 207/2013, 473/2013 y 47/2017 , entre otras) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Así las cosas, el Tribunal entiende que el compareciente se encuentra en una situación jurídica de interés legítimo, indirectamente protegido, en que se cumplan regularmente las formalidades establecidas en el procedimiento licitatorio al cual se presentó. IV) En cuanto al fondo del asunto , el cerno de la litis estriba en determinar si resultaba procedente la vista previa establecida por el artículo 67 del TOCAF, con fundamento en que se superó el monto allí previsto, debiendo estarse para ello al momento en que se convocó al llamado del procedimiento licitatorio, en el año 2018 (y no en el 2019, como lo consideró la Administración). De esta manera, la accionante se agravia que no tuvo oportunidad de ejercitar su derecho de defensa respecto de los informes de pre- adjudicación elaborados por la Comisión Asesora de Adjudicaciones (fs. 395 a 396 y 410, pieza II, A.A.), todo conforme a lo establecido en el artículo 67 del TOCAF. No le asiste razón en su planteo pues en los procedimientos de contratación administrativa como regla general, no es preceptivo el otorgamiento de vista a los oferentes en forma posterior al dictamen de la CAA y previa al dictado del acto de adjudicación, excepto en aquellos casos de procedimientos cuyo valor supere un determinado monto. Es así que el artículo 67 del TOCAF, en su actual redacción, establece: “En todo procedimiento competitivo de contratación cuyo valor supere el cuádruple del monto máximo para la licitación abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicación o rechazo de las ofertas por apartamiento de las normas o condiciones preestablecidas, la Administración deberá dar vista del expediente a los oferentes. (…)” (la negrilla no pertenece al texto original). Y se aprecia que el valor del procedimiento no superó el monto referido por lo que no resultaba preceptiva la concesión de vista a los oferentes; no verificándose entonces el vicio formal aludido. En este sentido, cabe replicar lo expresado por el Colegiado en sentencia No. 423/2016, en la cual se consignó: “El Tribunal entiende que la actora no tiene razón en ese aspecto. En el procedimiento de contratación administrativa, no siempre es preceptivo el otorgamiento de vista a las ofertantes en forma posterior al dictamen de la CAA y previa al dictado del acto de adjudicación, sino que ello depende del monto de la licitación. Conforme establece el TOCAF en su artículo 67, en la redacción dada por la Ley No. 18.834 en su artículo 41: “En todo procedimiento competitivo de contratación cuyo valor supere el cuádruple del monto máximo para la licitación abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicación o rechazo de las ofertas por apartamiento de las normas o condiciones preestablecidas, la Administración deberá dar vista del expediente a los oferentes. (…)”. En la especie, conforme al numeral 1°) de la parte resolutiva de la resolución cuya anulación se pretende, la licitación y adjudicación fueron “por un monto de hasta $63.249.400,00 (pesos uruguayos sesenta y tres millones doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos), más IVA por un monto de hasta $13.914.868,00 (pesos uruguayos trece millones novecientos catorce mil ochocientos sesenta y ocho)”. (A.A. fs. 425-428, pieza II, en rojo). E l monto máximo de licitación abreviada para ANCAP en el año 2013 ascendía a $35.457.000 (pesos uruguayos treinta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y siete mil), según afirma la Administración, afirmación que no controvierte la actora (fs. 29). Por tanto, el cuádruple asciende a $141.828.000 (pesos uruguayos ciento cuarenta y un millones ochocientos veintiocho mil) y el monto adjudicado es notoriamente inferior a ese límite. No habiendo excedido del límite máximo previsto en la disposición parcialmente transcripta, no era preceptivo dar vista previa a los oferentes, por lo que no puede compartirse la afirmación de que hubo un vicio formal.” (la negrilla no está en el original). En el sub - judice , al momento del pronunciamiento de la CAA actuante (enero de 2019, fs. 395, pieza II, A.A.), que es en el que razonablemente debe evaluarse el monto licitatorio a los efectos de apreciar si se impone o no el otorgamiento de vista, pues es el preciso instante de la actuación, el monto límite de la licitación abreviada era de $ 56:496.000, por lo que su cuádruple equivale a $ 225:984.000. Por lo tanto, siendo que el monto total de la adjudicación por el plazo máximo de contratación previsto alcanzó la suma de $ 219:600.000 ($ 109:800.000 por año), parece claro, que no resultaba de precepto la instancia de vista previa a los oferentes prevista en el referido artículo. Así también, lo entendió el Tribunal de Cuentas de la República en su Resolución de intervención del gasto (véase la Resolución del TCR Nº 2708/2019, de 6 de noviembre de 2019, de fs. 515 a 518, pieza II, A.A.). Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, FALLA : Desestímase la demanda, y en su mérito confírmase la resolución impugnada. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de la parte actora y demandada en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil) a cada una. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).