Sentencia Definitiva N° 505/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 21 de octubre de 2021 No. 505 VISTOS : Para resolución, este incidente de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, planteada en los autos caratulados: “PEÑA SANTO, EVARISTO con ESTADO. MINISTERIO DEL INTERIOR. Suspensión de Ejecución” (Ficha Nº 161/21). RESULTANDO : I) Con fecha 2 de febrero de 2021, el actor promueve acción de nulidad contra la Resolución s/n de fecha 24 de marzo de 2020 dictada por el Subsecretario del Ministerio del Interior, en ejercicio de atribuciones delegadas, mediante la cual no se hace lugar a la solicitud de Residencia Definitiva en el país del actor, persona de nacionalidad cubana (A.A fs. 49). Conjuntamente con la demanda, impetra la suspensión de la ejecución del acto impugnado, dado que su no suspensión implicaría que el compareciente no pueda realizar ninguna actividad en el país e incluso deba abandonarlo por no tener visa ni permiso de residencia vigente; todo lo cual le causaría un daño irreparable tanto del punto de vista personal como patrimonial. II) Del pedido de suspensión se formó pieza separada y se dio traslado a la contraparte, el que fue evacuado por su representante Dr. Marcelo PEREIRA GOMEZ (fs. 45-46v infolios). Afirmó que el actor no acredita la entidad de los perjuicios derivados de la ejecución del acto y por tanto, es imposible realizar un balance respecto a los perjuicios que ocasionaría la inejecución del mismo a la organización y funcionamiento del órgano administrativo. No existe ninguna limitación a los derechos del compareciente, sino la estricta aplicación de lo dispuesto en la Ley 18.250. III) Se pasaron los autos en vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, expidiéndose por Dictamen No. 457/2021 (fs. 52), aconsejando rechazar la medida incidental impetrada. IV) Puestos los autos para resolución (Decreto Nº 5342/2021 de fs. 54), la misma se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) El Tribunal, concordando con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, entiende que no procede amparar la suspensión incoada, en tanto no se configuran los requerimientos habilitantes previstos en el artículo 2º de la Ley Nº 15.869. II) El Tribunal ha sostenido en consolidada jurisprudencia que la suspensión de la ejecución de un acto administrativo es un instituto de amparo, de carácter preventivo, contra la actuación arbitraria o antijurídica de la Administración, y una medida de excepción al principio según el cual los recursos y acciones no suspenden la eficacia de tales actos. III) En la especie, no se advierte prima facie que el acto en causa sea manifiestamente ilegítimo; apreciación que -por expresa disposición legal- no importa prejuzgamiento alguno sobre la cuestión de fondo planteada, la cual será materia de la decisión definitiva. Tal como expresa BIASCO, la condición de manifiestamente ilegal “alude a lo indudable, a lo que todos pueden advertir; un resultado de conocimiento al que se llega espontáneamente, sin requerir cargos y específicos razonamientos; que aparece sin tropiezos, sin alternativas, para todo el que conoce el orden jurídico, evidencia que cuando la ilegalidad invocada no aflora a la superficie del conflicto, ni se exterioriza con claridad y contundencia, no corresponde escudriñarla de la forma que debe hacerse regularmente, sino por el contrario, concluir que no se configura sin duda esta nota de “manifiesta”” (Cf. BIASCO MARINO, Emilio: “La suspensión jurisdiccional de la ejecución del acto administrativo y otras medidas cautelares” , Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, Montevideo, 1997, págs. 112-113). IV) En cuanto a que la ejecución del acto sea susceptible de causar a quien instaura la acción anulatoria, daños graves y de entidad superior a los que la suspensión pudiere ocasionar a la Administración (“ teoría del balance ”), la Corporación no advierte que los perjuicios invocados por el actor y razonablemente acreditados, sean de tal índole o naturaleza que no toleren postergación alguna de su amparo hasta la sentencia definitiva (Cfme. CAJARVILLE, Juan Pablo: “Sobre Derecho Administrativo”, Tomo II, FCU, 3ª edición, pág. 752) y sean superiores en entidad a los que la suspensión pudiere causarle a la Administración demandada por el hecho de dejar de cumplir estrictamente con la normativa relativa al otorgamiento de Residencias Definitivas a ciudadanos extranjeros que pretendan radicarse en nuestro país. Por tales fundamentos, el Tribunal RESUELVE : No hacer lugar a la solicitud de suspensión de ejecución del acto administrativo impugnado. Agréguense a los principales. Dra. Salvo, Dr. Corujo (r.), Dr. Simón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado)