Sentencia Definitiva N° 504/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 21 de octubre de 2021. No. 504 VISTOS : Para sentencia definitiva , estos autos caratulados: “MUÑIZ ETCHICHURI, MARIELA YANET con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de nulidad” (Ficha Nº 434/2019). RESULTANDO : I) Surge de fs. 2 que el 25 de julio de 2019 la actora dedujo demanda anulatoria contra la Resolución Nº DP 11/2018 de fecha 17 de enero de 2018, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social, que declar ó que no tenía de recho a la pensión solicitada en calidad de beneficiaria hija soltera mayor de 21, por no cumplir los extremos exigidos en el artículo 78 del Acto 9, artículo 26 de la Ley Nº 16.713 y Decreto Reglamentario 359/1995 artículo 10 inciso C (fs. 184 vta. A.A.). Manifestó que había pedido se le sirviera pensión por el fallecimiento de su padre, Sr. Artigas Muñiz, en calidad d e hija mayor de edad declarada absolutamente incapacitada para toda tarea a partir del 29 de noviembre de 2016. Sostuvo que el BPS había concluido que no reunía la calidad de hija mayor de edad incapaz para toda tarea a la fecha del fallecimiento del causante, el 7 de noviembre de 2003. Afirmó que estaba incapacitada desde antes del fallecimiento de su padre, no siéndol e imputable que el dictamen médico la hubiera declarado incapaz a partir de la realización del trámite, en lugar de haber establecido claramente cuándo había comenzado la incapacidad. Adujo que no se había valorado adecuadamente la prueba ofrecida, y que no se había citado a los testigos ofrecidos al presentar recursos administrativos. Consideró que la Administración había actuado con desvío de poder, vulnerando su derecho a acceder a la pensión pretendida. En definitiva, solicitó la anulación del a cto administrativo impugnado. II) A fs. 11, el 20 de setiembre de 2019 la representante de la demandada contestó la demanda incoada. Manifestó que el BPS había actuado conforme a derecho, y citó el artículo 25 de la Ley N°16.713, con el agregado del artículo 14 de la Ley N° 18.246, y el artículo 7 del Decreto 359/995. Sostuvo que el hecho generador del derecho a pensi ón era la muerte del causante y que, por ende, era en ese momento que se determinaban los beneficiaros de la prestación. Por tanto, habiéndose establecido como fecha de inicio de la incapacidad de la accionante el 29/11/2016, la postura del ente se encontraba sólidamente fundamentada en las normas citadas. Se remitió al informe de la Asesoría Letrada de Pasivos Nº 29.924, que había ac onsejado el rechazo de la recurrencia y concluido en la legitimidad del acto dictado. Agregó que, respecto a la determinación de la incapacidad y en virtud de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley N°18.651, la competencia para determinar la incapaci dad y sus características era del BPS, siendo obligatoria la interve nción del Área de Medicina L aboral (artículo 7 Decreto 382/998) a fin de adoptar decisión. Afirmó que la incapacidad de la actora había sido analizada por los integrantes de los servicio s médicos del organismo teniendo en cuenta, no solo las valoraciones normativas (Decretos 381/998 y 306/013), sino la historia clínica de la solicitante en la que constaban diagnósticos y evaluaciones de sus médicos tratantes, llegando a concluir el grado de baremo y la fecha en que se había configurado la incapacidad. En definitiva, solicitó se desestimara la acción de nulidad incoada. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 38. IV) Alegaron las partes por su orden: la actora a fs. 41 y ss. y la demandada a fs. 45 y ss. V) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que produjo el Dictamen Nº 597/2020 por el que aconsejó confirmar el acto administrativo en cuestión (fs. 52-52vta.). VI) Se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal. CONSIDERANDO : I) Se han acreditado los extremos legales habituales requeridos por la normativa vig ente (artículos 4 y 9 de la Ley Nº 15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. En efecto, se procesa la nulidad de la Resolución Nº DP 11/2018 de fecha 17 de enero de 2018, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social, que declaró que la actora no tenía derecho a la pensión solicitada en calidad de beneficiaria hija soltera mayor de 21 años, por no cumplir los extremos exigidos en el artículo 78 del Acto 9, artículo 26 de la Ley Nº 16.713 y Decreto Reglamentario 359/1995 artículo 10 inciso C (fs. 184 vta. A.A.). Contra dicho acto, notificado personalmente con fecha 15 de marzo de 2018 (fs. 154 vta. A.A.), se interpusieron recursos de revocac ión y jerárquico en subsidio ( 2 de abril del mismo año - fs. 155 y 156 A.A.). Por Resolución RD Nº 13-24/2019, dictada por el Directorio del BPS con fecha 2 de mayo de 2019, se desestimó el recurso jerárquico (fs. 211 A.A.) lo que fue notificado el día 24 de los mismos mes y año (fs. 215 vta. A.A.). Finalmente, la deman da de nulid ad se dedujo en tiempo útil ( 25 de julio de 2019 - nota de cargo a fs. 5). II) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes y coincidiendo con lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, procederá a dese stimar el planteo anulatorio impetrado por los fundamentos que se desarrollan en los siguientes numerales. III) Emerge de los antecedentes administrativos allegados al proceso que el 12 de enero de 2017 la accionante solicitó pensión por el fallecimie nto del Sr. Artigas Muñiz, en su calidad de hija incapaz (fs. 135 A.A.). Con fecha 28 de marzo de 2017 la Oficina Pensiones de la Gerencia de Prestaciones dio vista a la actora, por no haber acreditado los extremos requeridos para configurar derecho a l a pensión por Ley N°16.713 artículo 25, al no haber probado una incapacidad absoluta para todo trabajo en tanto no había alcanzado el porcentaje necesario de acuerdo al baremo vigente (fs. 139 A.A.). El 19 de abril de 2017 la gestionante solicitó una rec onsideración del dictamen (fs. 149 vta. A.A.). Con fecha 10 de enero de 2018 se la evalu ó, dictaminando los médicos intervinientes del organismo que padecía una incapacidad permanente para toda tarea desde el 29/11/2016, con un baremo del 72,08% (fs. 150 vto. A.A.). Por informe de fecha 10 de enero de 2018 que obra a fs. 150 vto. AA., la funcionaria María Noel Prats de la Oficina Pensiones de la Gerencia de Prestaciones concluyó que: “Atento a que en folios 11 se confirió vista que la solicitante no tiene derecho a pensión por su padre fallecido según dictamen médico y teniendo en cuenta el resultado de la reconsideración donde le otorgan la incapacidad a la fecha 11/2016, … Pase a mesa interna espera plazos a fin de aguardar que se genere el proyec to de resolución denegatoria y poder notificar el mismo”. Acto seguido, se dictó el acto enjuiciado en obrados (fs. 184 vta. A.A.). IV) En cuanto al fondo del asunto, la cuestión a resolver radica en determinar si la actora tiene derecho a percibir p ensión, en virtud del fallecimiento de su padre Artigas Muñiz y de la incapacidad que padece. IV.1) El artículo 25 de la Ley Nº 16.713 establece: “(Beneficiarios) “Son beneficiarios con derecho a pensión: A) Las personas viudas. B) Los hijos solteros mayores de dieciocho años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo y los hijos solteros menores de veintiún años de edad excepto cuando se trate de mayores de dieciocho años de edad que dispongan de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación. (…)” (el destacado no luce en el original). Por su parte, el Decreto Nº 359/995 dispone en su artículo 1º: “(Causales de pensión) Son causales de pensión: a) la muerte del trabajador, cualquiera fuera el tiempo de s ervicios reconocidos o del jubilado (…)” Y el Decreto Nº 381/998, que aprobó el Baremo para la valoración del grado de invalidez, prevé en su artículo 2º que “ La incapacidad absoluta para todo trabajo se configurará con un 66 % o más de invalidez”. IV.2) Ahora bien, la actora afirmó que su incapacidad visual preexistía al dictamen e incluso al momento de fallecimiento de su padre, no siéndole imputable que el dictamen médico la hubiera declarado incapaz a partir de la realización del trámite, en luga r de establecer claramente cuándo había comenzado la incapacidad, a lo que cabía agregar que no se había valorado adecuadamente la prueba ofrecida. El hecho generador de la pensión es el fallecimiento del causante, acaecido el 7 de noviembre de 2003. Pues bien, el Tribunal entiende que la prueba diligenciada en la instancia administrativa y en este proceso es insuficiente para concluir en la existencia del derecho pensionario con las características reclamadas por la ley. Así, el área de Medicina Labo ral del Banco de Previsión Social, que es quien detenta la facultad exclusiva de dictaminar el grado de incapacidad del afiliado según el Baremo aprobado por el Poder Ejecutivo (Decretos Nº 381 y Nº 382 de 1998), evaluó a la actora con fecha 10 de enero de 2018 y estableció un Baremo 72,08 a partir del 29 de noviembre de 2016 (fs. 150 A.A.) Por otra parte, resulta ineludible tener en cuenta que, anteriormente, y de acuerdo al dictamen médico que obra agregado a fs. 68 de los antecedentes administrativos, el Área de Medicina Laboral del BPS llamada a dictaminar en relación a la solicitud de pensión de la actora por la misma causal, había concluido que al 18 de marzo de 2004 verificaba un porcentaje de Baremo 14, por lo que se le denegó la prestación solicit ada (fs. 67 y 68 AA). Es evidente que si en el año 2004 los servicios competentes del BPS no habían establecido un baremo de incapacidad que determinara el beneficio de pensión, la incapacidad dictaminada desde 2016 no podía retrotraerse a la fecha de fallecimiento del causante en el año 2003. Además, de la prueba producida en autos (certificados médicos y testimonial), no surge la antigüedad de la ceguera. Los referidos certificados médicos - de fechas 13 y 16 de junio de 2019 - consignaron baja visión sin determinar el inicio de la misma (fs. 20 y 21 infolios) y los testigos ofrecidos relataron la situación actual o desde su conocimiento, lo que no coincide con la fecha de fallecimiento del causante (fs. 29, 31 y 33 infolios). De lo que se viene de exponer, resulta que la Administración valoró adecuadamente la prueba rendida, de acuerdo a las reglas de la sana crítica y, en su mérito, declaró que la actora no tenía derecho a percibir la pensión solicitada. IV.3) Tampoco es de recibo el agravio q ue involucra actuación del BPS con desviación de poder en la etapa recursiva, por no haber considerado la prueba ofrecida a fin de acreditar que su incapacidad era anterior al fallecimiento de su padre. Consta en acta del Directorio del BPS la discusión entre sus miembros, en la que se plantearon dudas acerca del momento de comienzo de la incapacidad, habida cuenta de que los certificados médicos presentados no hacían referencia al estado de salud anterior al año 2016 pero dejaban constancia de que la pa tología era congénita, por lo que se preguntaron si siendo congénita podía retrotraerse a la fecha de fallecimiento del causante, y por lo que se resolvió que el asunto vuelva a la Dirección Técnica de Prestaciones a efectos que se informe a la luz de la pruebas vertidas en Sala (fs. 198 AA). Pasaron las actuaciones a nuevos informes médicos, en los que se asentó que las patologías congénitas, tales como glaucoma y cataratas, eran pasibles de mejora con tratamiento y no equivalían a incapacidad desde el inicio (fs. 202, 203, 205 AA), y se informó sobre la existencia del dictamen anterior, de fecha 18 de marzo de 2004, que había fijado un baremo del 14% a meses del fallecimiento del causante cuando la actora había solicitado beneficio de pensión (fs. 206 AA). Finalmente, se rechazó el recurso interpuesto (fs. 211 AA). En consecuencia y como se anunció, corresponde desestimar la pretensión de anulación deducida, puesto que resulta indubitable que el organismo actuó ceñido a derecho, al considera r la situación de la actora por parte de sus servicios médicos (atendiendo así a los Decretos 381/998, 382/998 y 306/013), y concluyó que la accionante no cumplía con la condición legal y reglamentaria de ser hija soltera mayor de dieciocho años de edad ab solutamente incapacitada para t odo trabajo (artículo 25 Ley N°16.713, en las condiciones pautadas por el artículo 26) al momento del fallecimiento del causante. Por los fundamentos expuestos y lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, FALLA: Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin especial condena procesal. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dra. Salvo (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).