Sentencia Definitiva N° 502/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 21 de octubre de 2021. No. 502 VISTOS: Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “HERNÁNDEZ LOBELCHO, DARÍO con INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO. Acción de Nulidad” (Ficha No. 684/2017). RESULTANDO: I) La acción de nulidad, deducida a fs. 3 y ss., se dirige contra lo que el promotor llamó Resolución de la División Tránsito y Transporte de la Intendencia de Montevideo, dictada en el expediente No. 2016-4701- 98-000400, de fecha 7 de diciembre de 2016, que según el actor deniega la petición de exoneración promovida, aduciendo que la patente de rodados no se encuentra amparada en la norma, que se trata de una tasa y no de un impuesto, por lo que se localiza excluida de la previsión del artículo 69 la Constitución (fs. 133 A.A.). El 1 de setiembre de 2016, el actor formuló una petición a la Administración demandada, solicitando exoneración de la patente de rodados para los vehículos de la Academia de Choferes “MKM”, afectados a la enseñanza vial y registrados ante la Dirección de Tránsito y Transporte, en virtud de lo establecido en el artículo 69 de la Constitución de la República. El acto administrativo que impugnó es un Informe de la Asesoría Jurídica de Recursos Financieros, que concluyó que la patente de rodados es una tasa y por ello se encuentra excluida del artículo 69 de nuestra Carta Magna. Manifestó que dicho acto se encuentra viciado de nulidad por razones materiales y por ser violatorio de las reglas de Derecho en materia de exoneraciones impositivas. Discrepó con la Intendencia de Montevideo, respecto a que la patente de rodados sea una tasa, considerando que se trata de un impuesto con base en el artículo 297 Numeral 6 de la Constitución de la República, ya que la norma refiere a “vehículos de transporte” sin especificar, por lo cual correspondería incluir a los vehículos de transporte de personas como los utilizados por la Academia. El pretensor sostuvo que se violentó el principio de igualdad consagrado en el artículo 8 de la Constitución Nacional; la Administración Departamental actuó con abuso de poder, lesionando el interés legítimo, directo y personal de la Escuela de Conducir del dicente, Institución dedicada exclusivamente a la actividad de la enseñanza de Educación y Seguridad Vial. Alegó, asimismo, que resulta manifiesta la malicia temeraria o al menos, la ligereza culpable, con la que ha actuado su contraparte, respecto a la cuestión objeto de dilucidación en las presentes actuaciones. Entendió que la demandada negó sistemáticamente a las Academias de Conducción de la exoneración impositiva que les corresponde, conforme las disposiciones constitucionales. Describió que para ello ha utilizado todo tipo de excusas y dilatorias, buscando así beneficiarse con el cobro de un importante número de patentes de rodados que no le corresponde. En definitiva, abogó por la anulación del acto encausado. II) Conferido el traslado, compareció Soledad Dosseti, en nombre y representación de la Intendencia de Montevideo, contestando la demanda anulatoria a fs. 17 y siguientes. Controvirtió los agravios articulados en la demanda, indicando que el actor es una persona física, titular de una empresa unipersonal, que tiene una naturaleza comercial y un fin de lucro que le es esencial. En esta misma línea, expresó que no se trata de una Institución en los términos definidos por la normativa, ya que no surge acreditado que su finalidad única o primordial, sea la educación o enseñanza. Además, no probó la calidad de “Institución de enseñanza privada” que le habilite a obtener la exoneración peticionada. Señaló que la Intendencia de Montevideo considera, como lo estableció la Junta Departamental de Montevideo por Decreto con fuerza de Ley en su Jurisdicción, que la patente de rodados es una tasa y no un impuesto. Así, aclaró que la expresión “impuestos”, utilizada por el artículo 69 de la Constitución de la República, no refiere a tributos en forma genérica, sino que hace referencia a la especie tributaria “impuesto” específicamente, quedando excluidos aquellos tributos que posean una naturaleza jurídica tributaria distinta. En síntesis, postuló que la Administración demandada actuó conforme a Derecho, el acto administrativo es legítimo y no hay violación del principio de igualdad, por ende, solicitó se rechazara la demanda y se confirmara el acto impugnado. III) Abierto el juicio a prueba (fs. 26) se produjo la que luce certificada a fs. 77, correspondiendo a la parte actora la de fs. 28 a 72 y a la parte demandada la de fs. 73 a 76. IV) Las partes alegaron de bien probado por su orden a fs. 85 a 96, y de fs. 99 a 106, respectivamente. V) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 590/2020, fs. 127) aconsejó declarar que el acto administrativo impugnado no resulta procesable ante este Jurisdicción. VI) Puestos los autos para sentencia, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO: I) La pretensión anulatoria se dirige contra un informe de la Asesoría Jurídica de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, dictada en el expediente No. 216-4701-98-000400, de fecha 7 de diciembre de 2016, que deniega la petición promovida por el actor, aduciendo que la patente de rodados no se encuentra amparada en la norma, que se trata de una tasa y no de un impuesto, por lo que se encuentra excluida de la previsión del artículo 69 la Constitución (fs. 133 A.A.). II) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869, arts. 4º y 9º). La notificación del acto se efectuó el 19 de enero de 2017. El actor interpuso los recursos de reposición y apelación en subsidio el 25 de enero de 2017 (fs. 20 a 28 A.A). El 21 de agosto de 2017 operó la denegatoria ficta de los mismos. La demanda anulatoria fue presentada en tiempo útil, el 5 de octubre de 2017 (fs. 3 y ss.). III) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, en concordancia con la solución aconsejada por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, declarará que el acto enjuiciado no es procesable ante esta Jurisdicción. Tal como fuera señalado supra, el acto administrativo que se impugna es un Informe de la Asesoría Jurídica de Recursos Financieros, que concluye que la patente de rodados es una tasa y, por tanto, se encuentra excluida del artículo 69 de la Constitución de la República. Esta Corporación entiende que el acto impugnado es de naturaleza preparatoria o instrumental, no constituyendo la última expresión de voluntad de la Administración, tal como lo dispuso nuestro constituyente en el artículo 309 de la Carta Magna. Así, tal como lo expresó el Profesor Juan Pablo Cajarville: “Del inciso final del artículo 24 del Decreto Ley No. 15.524 resulta implícitamente que -como ya lo sostenía la jurisprudencia anterior- los actos de mero trámite no están comprendidos entre los procesables mediante acción anulatoria; según lo dispone aquel inciso, los actos de procedimiento, preparatorios o de trámite son impugnables si “hacen imposible o suspenden en forma indefinida la tramitación, decidiendo así directa o indirectamente, el fondo del asunto”. Los actos de mero trámite, por limitar sus efectos al propio procedimiento, sólo lesionan o pueden lesionar derechos o intereses a través del acto final a dictarse; por eso si hubieran sido ilegítimos y esa ilegitimidad revistiera trascendencia, se hará valer en la impugnación del acto final definitivo, como vicio de procedimiento” (Cajarville Peluffo, Juan Pablo; “Procedimiento administrativo en el Decreto 500/991”, Idea, Montevideo, 1997, pág. 52- 63). A nuestro entender, reconocer u otorgar naturaleza definitiva a un acto de procedimiento supone, implícitamente, asignar vocación decisoria a un órgano que carece de competencia para resolver, como en la hipótesis bajo análisis, el ajuste o desajuste a Derecho de la petición formulada por el pretensor. Es decir, no se puede asignar vocación decisoria a un órgano cuya función primordial consiste en “asesorar” a la autoridad administrativa, sobre la adopción de tal o cual criterio. Es, en todo caso, la voluntad administrativa que recoge y hace suyos los argumentos del informe la que potencialmente puede introducir una lesión en la esfera jurídica subjetiva del particular peticionante. En el caso concreto, este Tribunal considera que el Informe impugnado, por carecer de contenido decisorio, no es un acto susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas (Cf.. Sents. Nos. 269/2020, 169/2018, 331/2016, 93/2012, 188/2009, entre otras). Dicha virtualidad podría asignársele, en la hipótesis de obrados, al acto de la Oficina Tránsito y Transporte que dispuso archivar el expediente (finalizando de esa forma el trámite). Es claro, pues, que el camino impugnativo elegido por la parte actora fue el equivocado, en tanto el Informe objeto de accionamiento constituye un acto de procedimiento, netamente instrumental, no procesable ante esta Jurisdicción. IV) Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución de la República; demás normas citadas y complementarias, por unanimidad de sus integrantes, FALLA: Declárase que el acto impugnado no es procesable ante esta Jurisdicción; sin especial sanción procesal en costas ni costos. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón (r.). Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).