Sentencia Definitiva N° 501/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 21 de octubre de 2021 No. 501 VISTOS : Para sentencia, el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia definitiva No. 387, de 20 de setiembre de 2018, dictada en estos autos caratulados: “FLIMAY S.A. con PODER EJECUTIVO - URSEC. Acción de Nulidad” (Ficha No. 895/2013) RESULTANDO : I) El 3 de diciembre de 2018, compareció la parte actora a deducir recurso de revisión contra la sentencia definitiva No. 387, de 20 de setiembre de 2018, por la cual se declaró la clausura de las presentes actuaciones y de las tramitadas en la Ficha No. 98/2014, autos “FLIMAY S.A. CON PODER EJECUTIVO. Suspensión de Ejecución” , por haberse extinguido el objeto de la acción de nulidad (fs. 1152 a 1154 vto.). En necesaria síntesis, la recurrente sostuvo la procedencia del recurso de revisión atento a que: i) se vulneraron los principios de razonabilidad y congruencia por la existencia de dictámenes contradictorios del Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, al expedirse en estos autos y en la Ficha 98/2014; ii) mediante la Resolución Nº 1042/2017, la demandada no dictó ningún acto expreso que reconsiderara lo resuelto por efecto del recurso administrativo interpuesto , por lo que el acto en causa fue sustituido por este nuevo acto, que reprodujo su ilegalidad; iii) la recurrida debió considerar los antecedentes de situaciones similares a las de la actora , tales como DIRECTV y GRUPO CLARIN, existiendo una presunción legal que derivó de un hecho nuevo adicional; iv) de mantenerse la clausura se estaría exiliando a la actora de una tutela jurisdiccional efectiva y de un proceso de duración razonable , ya que los agravios y derechos debatidos en este proceso y en el nuevo proceso, a partir de la traba de la litis, se pudo probar que son idénticos, por lo que el demandante para hacer valer sus derechos tendría que ocurrir a tres procesos, concretándose una nueva afectación. En otro orden de ideas, invocó la nulidad de la sentencia impugnada, por no haberse respetado el término previsto en el artículo 82 del Decreto - Ley Nº 15.524 para el estudio del expediente desde la última actuación y hasta que las actuaciones pasaron a estudio de los Ministros. Adujo que surge de fs. 1110 el Auto No. 3568/2018, de 18 de mayo de 2018, que se dispusieron los “Autos para resolución”. Esta fue la última actuación con relevancia jurídica a los efectos del inicio del cómputo del plazo de treinta días establecido en el artículo 82 inciso 3º) del Decreto - Ley Nº 15.524. De fs. 1050 vuelto, emerge que el pase al Sr. Ministro, Dr. Gómez Tedeschi, lo fue con fecha 26 de junio de 2018, luego de haber transcurrido ampliamente el plazo de treinta días a partir de la última actuación, que lo había sido el 18 de mayo de 2018. De suyo, el plazo que disponía para el estudio del expediente -20 días por tratarse de una sentencia interlocutoria- había precluido antes. No enerva la conclusión anterior la plancha estampada por los servicios administrativos del Tribunal a fs. 1150, donde se afirma que con fecha 31 de mayo de 2018, las partes habrían quedado notificadas en la oficina del Decreto No. 3568/2018, de 18 de mayo de 2018, donde se dispuso los “Autos para resolución”. Se trata de una actuación procesalmente prevista y resulta equivocada e innecesaria su fecha, lo que seguramente constituyó un error involuntario, sin la virtualidad jurídica de modificar el plazo para la entrega y estudio del expediente por parte de los Sres. Ministros, que es el establecido por la norma de rango legal. En consecuencia, ello implicó que la sentencia resultara nula definitiva y absolutamente y así correspondía sea declarado, procediéndose a dictar nueva sentencia interlocutoria, luego de integrar el Tribunal, en tanto los Sres. Ministros no podrían válidamente continuar entendiendo en el caso. En definitiva, solicitó se acogiera el recurso, declarándose la nulidad de la sentencia, o revisándose la misma, desestimando el pedido de clausura (fs. 1159 a 1181). II) Por Decreto No. 87/2019 (fs. 1186), se confirió traslado del recurso, evacuándolo la parte demandada (fs. 1203 a 1206 vto.) y los terceristas (fs. 1189 a 1200; fs. 1209 a 1220) bregando por su rechazo. En resumidos términos, argumentaron que: a) en el caso no se invocaron, ni se probaron nuevos elementos de juicio que ameriten revisar lo resuelto por la sentencia recurrida; y b) se cumplieron los plazos previstos en el Decreto - Ley Nº 15.524 y que la parte realizó una interpretación errónea sobre el alcance del marco normativo invocado. En suma, abogaron por el rechazo del recurso de revisión y del pedimento anulatorio. III) Por Decreto Nº 1580/2019 (fs. 1222), se tuvo por evacuado el traslado y se dispuso la apertura a prueba por treinta días, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 1308. IV) Las partes y los terceristas alegaron por su orden (fs. 1312-1317 vto.; fs. 1320; fs. 1324 a 1332; y fs. fs. 1335 a 1344, respectivamente). V) Por Decreto Nº 6856/2020 (fs. 1353), se dispuso el pasaje de los autos al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien se pronunció por dictamen Nº 536/2020 y aconsejó rechazar el recurso de revisión (fs. 1356 a 1356 vto.). VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 1358). CONSIDERANDO : I) En lo formal, se han cumplido las exigencias que, según el artículo 100 del Decreto - Ley N° 15.524 habilitan el examen del recurso deducido. La sentencia definitiva No. 387, de 20 de setiembre de 2018, se notificó a la actora el 12 de noviembre de 2018 (fs. 1155) y el recurso se interpuso tempestivamente el 3 de diciembre de 2018 (fs. 1182). II) El Tribunal, habrá de compartir lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 1356 a 1357 vto.) y desestimará los recursos de revisión y nulidad interpuestos , por los fundamentos que se habrán de explicitar. En lo que respecta al recurso de revisión , no se advierte que se verifiquen los extremos contemplados en el artículo 99 del Decreto - Ley N° 15.524, desde que no se han introducido nuevos elementos de juicio que sean aptos para habilitar la modificación de la sentencia impugnada. Con carácter general, Vescovi advierte que “En primer lugar diremos que estamos ante una acción autónoma o, al menos, frente a un recurso extraordinario; esto, para nosotros, porque va contra la decisión pasada en autoridad de cosa juzgada, así como también, y para la generalidad, porque se refiere a ciertos casos de excepción y por ello se limitan los poderes del Tribunal decisor por dichas causales limitadas y se establece un previo control de admisibilidad”. Y más adelante, al referirse a los motivos que meritan la procedencia de la revisión, precisa: “Estos motivos deben de tener algunos caracteres especiales - que implican, en cierto modo, restricciones - para dar entrada al recurso (…) En primer lugar y según la doctrina más relevante se considera que tienen que tener un carácter decisivo, respecto de la sentencia ( …) Asimismo se recalca que deben constituir una auténtica novedad con respecto al proceso anterior ; es decir, tratarse de hechos nuevos y posteriores a la sentencia, o conocidos con posterioridad” (Cf. Enrique Vescovi, “Derecho Procesal. Recursos. Otros medios impugnativos”, tomo VI, 2da parte, 2ª edición, Montevideo, 1998, editorial Idea SRL, p. 197 a 212). Más recientemente, y en lo que respecta específicamente al recurso de revisión en sede del proceso contencioso anulatorio, Valentín ha destacado que “el alcance de este concepto puede delimitarse recordando el antecedente del art. 27 de la ley 3.246. Así, por ejemplo, puede interponerse el recurso alegando que después de dictada la sentencia se halló un documento o recobró un documento decisivo, cuya existencia era ignorada, o que habían sido extraviados o detenidos por fuerza mayor o por acto de la parte en cuyo favor fue dictada la sentencia; o que la sentencia fue dictada en virtud de un documento reconocido o declarado falso, circunstancia que era anterior a la sentencia pero desconocida por el recurrente , o cuya falsedad se reconociere o declarase después de la sentencia; o que la sentencia se dictó en virtud de prueba testimonial y alguno de los testigos fue condenado penalmente por falso testimonio . Claramente, en todos esos casos existen nuevos elementos de juicio, nuevos en el conocimiento o nuevos en el acaecimiento, que habilitan la interposición del recurso”. En cambio, “(…) no se admite la interposición de este recurso si sólo se pretende reiterar argumentos que se utilizaron oportunamente , o formular argumentos que se pudieron esgrimir con anterioridad ; si lo que se pretende es expresar agravios contra la sentencia pero sin aportar elementos de real novedad ” (Cf. Gabriel Valentín: “Los medios impugnativos de las resoluciones en el proceso contencioso administrativo de anulación” en AA.VV.: “XVI Jornadas Nacionales de Derecho Procesal”, Paysandú-Uruguay, Mastergraf, 2013, p. 48) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En similar sentido, la Sala ha advertido: “La norma supra referida contingencia la procedencia de dicho medio impugnativo a la presentación de “nuevos elementos de juicio que, por su naturaleza, puedan determinar la modificación de la sentencia y de los cuales no hubiese podido hacer uso el recurrente durante el proceso ”. Razón harto suficiente para que el Prof. Luis A. Torello lo considere “ un remedio extraordinario, que debe admitirse sólo en casos extremos (El Nuevo Régimen Judicial, con Enrique Vescovi, ed. IDEA, 1984, pág. 80).” (sentencia Nº 24/1997) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En forma coincidente, la Corporación ha sostenido que “este recurso no está previsto para obtener que el Tribunal revea el proceso intelectual de formación de su sentencia “ la génesis lógica de la sentencia ”, en la expresión de CALAMANDREI o su apreciación de los hechos o del derecho, aplicados al sentenciar .” (sentencias Nº 734/2001, 797/2001, 174/2002, 498/2011, 601/2011, 621/2013, 664/2014, 978/2017, 577/2018, 643/2019 y 165/2020, entre otras) (la negrilla y el subrayado no están en el original). III) En el casus, los “nuevos elementos de juicio” que se invocan por la actora no son tales, y se plantean sobre la base de un enfoque que exorbita y desvirtúa las previsiones del artículo 99 del Decreto - Ley Nº 15.524, que tiene por finalidad regular un remedio extraordinario, mas no constituyen un mecanismo de expresión de agravios contra las sentencias definitivas. El Tribunal comparte, pues, las fundamentaciones planteadas por la parte demandada, los terceristas y el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, en cuanto a que ninguno de los elementos invocados por la parte actora en su recurso, cumple con las condiciones establecidas en el citado artículo 99 del Decreto Ley Nº 15.524. Sobre los invocados “dictámenes contradictorios” del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, dicho extremo no incidió en el pronunciamiento jurisdiccional. La supuesta contradicción entre los dictámenes no posee relevancia alguna en la sentencia. En primer lugar, porque dichos dictámenes no son vinculantes para el Tribunal, el cual puede apartarse de lo aconsejado y fallar en sentido contrario. Sin perjuicio de ello, el punto no pasó desapercibido, sino que fue resuelto fundadamente en la sentencia. En efecto, si bien se compartió lo dictaminado por el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo en su dictamen de 2018, se fue más allá y en el Considerando V) se estableció, que, al tratarse de una cuestión conexa con la principal, la declaración de clausura del proceso principal por falta de objeto, conllevaba la clausura del proceso en el que se tramita la suspensión de ejecución del acto. En lo que respecta a la argumentación basada en que la demandada no dictó ningún acto expreso que reconsiderara lo resuelto por efecto del recurso administrativo interpuesto, por lo que el acto en causa fue sustituido por este nuevo acto que reprodujo su ilegalidad, debe tenerse presente que se trata de dos cosas distintas. Una cosa son los efectos de la presunción simple que opera en favor del actor ante la falta de resolución por parte de la Administración al momento de dictar sentencia, en la demanda de nulidad que se haya promovido contra dicho acto, y otra distinta es que esta pueda constituir un elemento nuevo y relevante que habilite a modificar la sentencia impugnada. La presunción simple invocada no guarda relación con las exigencias establecidas por el artículo 99 del Decreto-Ley Nº 15.524. En el mismo sentido cabe pronunciarse acerca de las argumentaciones que esgrimió la recurrente respecto de las situaciones de DIRECTV y GRUPO CLARÍN , como también los de la tutela jurisdiccional efectiva y de un proceso de duración razonable sobre la base de la identidad de agravios y la necesidad de recurrir a otro proceso. Los argumentos de fondo ya expuestos, así como los casos invocados respecto de otras licencias, no revisten relevancia para modificar la sentencia definitiva impugnada. IV) En último análisis, resta pronunciarse sobre el recurso de nulidad , por no haberse respetado el término previsto en el artículo 82 del Decreto - Ley Nº 15.524 para el estudio del expediente desde la última actuación y hasta que las actuaciones pasaron a estudio de los Ministros. La recurrente sostiene que a partir del Decreto Nº 3568/2018, de 18 de mayo de 2018 que, establece “Autos para resolución” (fs. 1150) comienza a correr el plazo estatuido en el artículo 82 inciso 3º) del Decreto - Ley Nº 15.524, pues éste debe tenerse como “última actuación”. Entiende que desde dicha fecha -18 de mayo de 2018- hasta la fecha de la nota de secretaría, de 26 de junio de 2018, por la que se dejó constancia de cuando el expediente pasó a estudio del Sr. Ministro Dr. Gómez Tedeschi, transcurrieron los 30 días previstos en la norma. Así, el primer Ministro tuvo a estudio el expediente cuando ya estaba vencido el plazo. En consecuencia, ello implicó que la sentencia resultara nula definitiva y absolutamente y así correspondía sea declarado, procediéndose a dictar nueva sentencia interlocutoria, luego de integrar el Tribunal, en tanto los Sres. Ministros no podrían válidamente continuar entendiendo en el caso. No se comparte dicha postura. El artículo 82 del Decreto - Ley Nº 15.524 prevé: “Los miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dispondrán para estudiar el asunto, de un plazo de cuarenta y cinco días, que empezará a correr desde el día siguiente al de la fecha en que fueron pasados los autos a ese efecto, según nota de Secretaría. Si entre la fecha de devolución de los autos por un Ministro y la nota de Secretaría pasando el expediente a estudio del que le sigue, mediaren más de diez días, dicho plazo empezará a correr, no desde la fecha de la nota de Secretaría, sino desde la devolución. De igual modo, si entre la fecha de la última actuación y la nota de la Secretaría pasando los autos a estudio de un Ministro mediaren más de treinta días, el plazo indicado, empezará a correr desde la última actuación y no desde la nota de la Secretaría. Tratándose de sentencias interlocutorias el término para estudio será de veinte días ” (la negrilla y el subrayado no pertenecen al texto original). Surge de autos que el Decreto Nº 3568/2018 (fs. 1150) se notificó el 31 de mayo de 2018 , según actuación que luce a fs. 1150 vto.; por lo que los treinta días deben computarse desde dicha fecha, cumpliéndose el plazo el 30 de junio de 2018. El expediente pasó a estudio del Sr. Ministro, Dr. Gómez Tedeschi, según nota de secretaría, en plazo, el 26 de junio de 2018 (fs. 1150 vto.), devolviéndolo el 30 de julio de 2018, dentro del plazo de 20 días, por lo que no existe vencimiento de plazo alguno. Tal como recalcan los terceristas, la norma alude a “última actuación”, no especificando -como alega la impugnante- que dicha actuación deba ser de “relevancia jurídica”. Por otra parte, resulta inconcuso que mientras el expediente se halla en etapa de notificación, no puede materialmente estar en poder del Ministro que le corresponde su estudio. De manera que el vencimiento pretendido en infracción a lo dispuesto por el artículo 82 del Decreto - Ley Nº 15.524 no fue tal, habiéndose dictado la sentencia con arreglo a las previsiones establecidas por la norma. Por los fundamentos expuestos, disposiciones legales citadas, consideraciones doctrinarias y jurisprudenciales, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, RESUELVE : Desestímase los recursos de revisión y anulación interpuestos contra la sentencia No 387, de 20 de setiembre de 2018. Notifíquese personalmente a las partes. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado)