Sentencia Definitiva N° 500/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 21 de octubre de 2021. No. 500 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “LOS CIPRESES S.A. con ESTADO. MINISTERIO DEL INTERIOR. Acción de Nulidad” (Ficha No. 862/2019). RESULTANDO : I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución Nº 587/2018, de 19 de marzo de 2019, emitida por la Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior, mediante la cual se le aplicó una multa de 2.183,82 UI ( dos mil ciento ochenta y tres con ochenta y dos unidades indexadas), en virtud que: a) se constató “el caso de un pasajero menor de edad que viaja con ambos padres, la ausencia de partida de nacimiento, contraviniendo lo dispuesto en el art. 60 numerales 2 y 3 de la Ley 18.250 de 6 de enero de 2008 y de acuerdo a lo establecido en el art. 18 del Decreto Reglamentario 394/009 de 24 de agosto de 2009, lo que fuera recogido en Acta de impedimento de salida que obra a fs. 1 (de fecha 20 de setiembre de 2008” (Resultando I); y b) se trata de una empresa que “según los Registros correspondientes supera las 20 infracciones anuales” , lo que determinó que la multa se incrementara según lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto Reglamentario Nº 394/2009, de 24 de agosto de 2009 (Resultando II) (fs. 36 vto., en carpeta verde de 39 fojas, A.A.). En necesaria síntesis, esgrimió como argumentos los siguientes: i) ausencia de debida fundamentación; ii) ausencia de fundamentos de derecho; iii) ausencia de norma que le imponga a l a actora exigir el testimonio de partida de nacimiento; iv) ausencia de prueba; v) falta de fundamentación en cuanto al monto de la multa; y vi) presunción de ilegitimidad en favor del administrado. Sobre el primer agravio, indicó que existe una falta de c oncordancia entre la Resolución y lo que surge del expediente. Del acta de impedimento de salida surge que el menor se presenta con cédula de identidad pero que “carece de permiso de menor y/o partida vigente” , situación muy distinta a no presentar partida . Es inconcebible que en un acta de impedimento de salida no se establezca en forma clara el motivo de la infracción. O se sanciona por carecer de permiso de menor o por poseer una partida de nacimiento que no está vigente. Con respecto al segundo agravio , manifestó que la Resolución recurrida establece que se infringió el artículo 60 numerales 2 y 3 de la Ley Nº 18.250 y el artículo 18 del Decreto Reglamentario Nº 394/2009, pero ninguna de dichas normas surge que se deba controlar la fecha de expedición de testimonios de partidas de nacimiento. No es competencia de la actora controlar la vigencia o no de dicha documentación. Acerca del tercer agravio, señaló que tampoco existe norma que le imponga exigir el testimonio de partida de nacimiento. Como empresa de transporte únicamente debe solicitar los documentos de viaje establecidos por la Ley Nº 18.250 y su reglamentación. El artículo 42 de la Ley Nº 18.250, refiere a los documentos hábiles de viaje mencionando al pasaporte y a todos los que establezca la reglamentación. A su vez, el Decreto Nº 394/2009, estableció en su artículo 17, que son documentos hábiles de viaje el pasaporte y la cédula de identidad vigente. Por tanto, los únicos documentos de viaje que tiene que requerir la accionante son el pasapo rte y la cédula de identidad, vigentes y en buen estado. El resto de los documentos los controla la Dirección Nacional de Migración. En cuanto al cuarto agravio , afirmó que la DNM le impuso una multa careciendo de respaldo probatorio. No existe prueba algu na que el menor que se aprestaba a salir del país en compañía de sus padres tuviera una partida de nacimiento vencida. No obra copia del testimonio de la partida en el expediente, ni qué vigencia o plazo de expedición tenía el mismo. El acta se levantó uni lateralmente por la DNM, sin control alguno de la actora. Con referencia al quinto agravio, sostuvo la falta de fundamentación en cuanto al monto de la multa. Nada se acredita respecto a que se hayan superado las veinte infracciones anuales previstas en el artículo 32 del Decreto Nº 394/2009. Por último, argumentó que operó la presunción de ilegitimidad en favor del administrado, porque el recurso jerárquico no fue resuelto en tiempo y forma por la Administración demanda. En suma, demandó la nulidad del acto impugnado (fs. 8 a 16). II) Conferido el correspondiente traslado, el Ministerio del Interior lo contestó oponiéndose al accionamiento, en base a la siguiente fundamentación. En el caso, estamos ante un menor que se disponía a salir del país con ambos padres, careciendo de permiso de menor y/o partida vigente, razón por la cual se le impuso una multa a la empresa. El artículo 40 del Código Civil dispone que “El Estado Civil de casados, de padres o de hijos legítimos, se probará por las respectivas partidas de matrimonio o nacimiento, extraídas de los registros civiles correspondientes”. A su vez, el art. 191 del CNA preceptúa que “los niños y adolescentes no necesitan autorización para viajar cuando salen del país acompañados de quienes ejerzan la patria potestad”. En virtud de la protección del interés superior del niño, el único medio para probar fehacientemente la filiación es el testimonio de partida de nacimiento, cuyo objetivo es lograr la máxima certeza jurídica. La DNM está cumpliendo con su deber de fiscalización y control al exigirlo. Seguidamente, transcribió los artículos 40, 41 y 60 de la Ley Nº 18.250, destacando que el numeral 3) de este último artículo prevé que las empresas de transporte internacional no deben vender pasajes, ni transportar pasajeros sin la presentación de la documentación requerida a tales efectos. Luego de ello, agregó que la Resolución Interna N° 172/2011, de 12 de abril de 2011, dispone que: “(…) es necesario adecuar el tiempo de validez de la partida de na cimiento, buscando un equilibrio entre la seguridad jurídica y los intereses de los ciudadanos (…)” y que “(…) Cuando el menor viaje al exterior en compañía de padre y madre se aceptará como válida la partida de nacimiento con menos de un año de expedida”. La normativa migratoria vigente es clara en cuanto a que la empresa de transporte tiene la obligación de no vender pasajes, ni transportar pasajeros sin la documentación en las formas establecidas, interpretándola la actora de manera errónea. Además, el contenido de la Resolución N° 172/2011, es de público conocimiento, figurando en el sitio oficial de la República Oriental del Uruguay en lo que refiere a los trámites ante la DNM. Dicha Resolución integra la “reglamentación” a la que la Ley Nº 18.250 le encomienda la regulación del punto en cuestión (la documentación exigible por las empresas de transporte a sus pasajeros), de acuerdo con la definición de la Real Academia Española del término “Reglamento”. En cuanto a la falta de fundamentación del m onto de la multa, el agravio debe desestimarse puesto que, durante el transcurso del procedimiento administrativo, la actora contó con la posibilidad de acceder a las actuaciones donde constan las más de veinte infracciones en que incurrió. Por último, la presunción de ilegitimidad a favor del interesado invocada no procede en el caso, puesto que, aún vencido el plazo para pronunciarse sobre los recursos, la Administración tiene la obligación de pronunciarse expresamente sobre el fondo del asunto. En definitiva, abogó por el rechazo de la demanda (fs. 20 a 23 vto.). III) Por decreto No. 1160/2020 (fs. 25) se dispuso la apertura a prueba sin que se produjera ninguna, tal como se certifica a fs. 27. IV) Las partes alegaron por su orden (fs. 30 -35 vto. y fs. 38-41, respectivamente). V) Por D ictamen N° 63/2021, el Señor Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo aconsejó la confirmación del acto (fs. 47). VI) Puestos los autos pa ra sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Minist ros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 49). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal , procede relevar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución de la República y normas concordantes para entablar la acción de nulidad (artículos 317 y 319 de la Constitución de la República y artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.869, de 22 de junio de 1987). La Resolución Nº 587/2018, se emitió el 19 de marzo de 2019 (fs. 36 vto., A.A.) y se notificó el 26 de marzo de 2019 (fs. 37, A.A.). El 5 de abril de 2019, se interpuso en forma conjunta y subsidiaria los recursos de revocación y jerárquico (fs. 2 a 2 vto., A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta , a los doscie ntos días sin que la Administración resolviera el recurso jerárquico, el 29 de octubre de 2019. La demanda se presentó el 16 de diciembre de 2019, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 17). II) El Tribunal, por unanimidad, habrá de compartir el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 47) y dispondrá la confirmación del acto, por los fundamentos que se explicitarán. La esencia de los planteos que formuló la accionante puede resumirse así: 1º) Ausencia de debida fundamentación. 2º) Ausencia de fundamentos de derecho. 3º) Ausencia de norma que imponga a la actora exigir el testimonio de partida de nacimiento. 4º) Ausencia de prueba. 5º) Falta de fundamentación en cuanto al monto de la multa. 6º) Presunción de ilegitimidad en favor del administrado. A continuación, se procederá a la consideración de los planteos formulados por la actora. III) En lo inicial, corresponde relevar el incumplimiento de la demandada con su deber de instruir y resolver en plazo los re cursos administrativos movilizados, extremo cuya ocurrencia el legislador sanciona con la presunción de ilegitimidad en favor de las impugnantes (artículo 6° de la Ley N° 15.869, en la redacción dada por el artículo 41 de la Ley N° 17.292). En tal sentido , es menester señalar que la accionante interpuso los recursos de revocación y jerárquico en subsidio el 5 de abril de 2019 (fs. 2 a 2 vto., A.A.). De los antecedentes y de las alegaciones vertidas por la demandada en su contestación de demanda no surge qu e la Administración haya resuelto el recurso jerárquico dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de los doscientos días de que se configurara la denegatoria ficta, el 29 de octubre de 2019. Es más, ni siquiera emerge que en algún momento de la tramitación se haya emitido una resolución respecto de dicho recurso. Por lo tanto, se entiende que operó la presunción de ilegitimidad del acto, al cumplirse las condicionantes prevenidas en la norma. Ahora bien, es menester recordar que, dado su carácter de relativa o “iuris tantum”, admite prueba en contrario y puede resultar enervada o controvertida a partir de las actuaciones administrativas, las pruebas, o los elementos de juicio incorporados a la causa ( sentencias Nos. 353/2012, 762/2012, 299/2013, 461/2014, 317/2015, 654/2018, 707/2018, 793/2019 y 339/2020 y 660/2020 , entre otras), circunstancias que se verifican en el caso de autos, como se verá. IV) En primer lugar, la actora esgrimió ausencia de debida fundamentación, señalando que existe una falta de concordancia entre la Resolución y lo que surge del expediente. Del acta de impedimento de salida surge que el menor se presenta con cédula de identidad pero que “carece de permiso de menor y/o partida vigente” , situación muy distinta a no present ar partida. Es inconcebible que en un acta de impedimento de salida no se establezca en forma clara el motivo de la infracción. O se sanciona por carecer de permiso de menor o por poseer una partida de nacimiento que no está vigente. De la lectura de los antecedentes y del acto en su conjunto, surge con absoluta claridad que el motivo por el cual se sancionó a la empresa obedeció a que se constató que en el control de salida del buque FRANCISCO, de la Agencia BUQUEBUS, que el menor Facundo Vidal carecía de partida de nacimiento vigente (véase en este sentido el informe de 24 de setiembre de 2018, a fs. 31, A.A., del cual se le confirió vista a la actora, a fs. 35 vto., A.A., como también el Resultando I) del acto impugnado, a fs. 36 vto., A.A.). La mera en unciación a la “carencia de permiso de menor y/o partida vigente” que se cuestiona al acta de impedimento de salida no constituye, pues, un elemento que determine la existencia del supuesto de ausencia de debida motivación que se alega. Al respecto, convie ne recordar que , tal como lo ha sostenido sistemáticamente la Corporación, afiliándose a la tesis de Marienhoff, “ la motivación del acto administrativo -aunque ella fuera obligatoria - puede resultar acreditada en cualquiera de los dos momentos que integran o pueden integrar la forma del acto , en el proceso de “formación” o en el de “expresión” de la voluntad de la Administración Pública. En otras palabras, la motivación puede ser concomitante o contemporánea con la expresión de dicha voluntad o anterior a t al expresión apareciendo en este último caso en el proceso de formación de la voluntad administrativa . En suma, debe tratarse de una motivación idónea y eficaz, para lo cual se requiere que ella sea “suficiente” para apreciar con exactitud los motivos dete rminados del acto (Op. Cit. págs. 334/336).” (Cf. Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, tomo II, Abeledo Perrot, Buenos Aires, p. 330 a 332) (sentencias Nos. 21/2006, 881/2010, 374/2011, 325/2012, 312/2013, 539/2016, 311/2017, 397/2017 , 342/2018, 130/2019, 581/2019 y 39/2021 , entre otras) (la negrilla y el subrayado no están en el original). De ahí que el vicio en la motivación no es tal, puesto que se desprende, sin mayor esfuerzo, la existencia de una fundamentación suficiente y razonable a partir de los antecedentes del acto. V) En segundo término, la demandante se agravió respecto de la ausencia de fundamentos de derecho porque la Resolución recurrida establece que se infringió el artículo 60 numerales 2 y 3 de la Ley Nº 18.250 y el artículo 18 del Decreto Reglamentario Nº 394/2009, pero ninguna de dichas normas surge que se deba controlar la fecha de expedición de testimonios de partidas de nacimiento. No es competencia de la actora controlar la vigencia o no de dicha documentación. En el artículo 60 de la Ley de Migraciones Nº 18.250, de 6 de enero de 2008, se prevé que “Las empresas de transporte internacional , sus agentes o representantes legales, intermediarios o comisionistas deberán: (…) 2) Presentar la documentación requ erida de los tripulantes y pasajeros y demás documentos que establezca la reglamentación. 3) No vender pasajes ni transportar pasajeros sin la presentación de la documentación requerida a tales efectos , debidamente visada cuando correspondiere (…)” (la negrilla no está en el original). En tanto, en el artículo 18 del Decreto Nº 394/2009, de 24 de agosto de 2009, se estableció que: “Todo menor de edad de nacionalidad uruguaya o extranjera con residencia habitual en el país superior a un año que deba ausenta rse del mismo deberá tener la autorización documentada de sus padres en ejercicio de la patria potestad, de su tutor o autorización judicial, exceptuándose los casos en que viaje en compañía de éstos o que lo haga en posesión de pasaporte uruguayo válido .” (la negrilla y el subrayado no pertenecen al texto original). Leído así, podría cuestionarse a la Administración que no plasmó en el acto impugnado otras disposiciones legales y reglamentarias que determinan y concretizan la obligación que recae sobre la s empresas de transportes de pasajeros de exigir la presentación de un testimonio de partida de nacimiento vigente a los menores de edad que viajen en compañía de sus padres. En este sentido, importa destacar que la propia Ley Nº 18.250 previó en su artícu lo 41 que: “Serán documentos hábiles de viaje el pasaporte y los documentos de identidad vigentes , así como todos los que la reglamentación establezca.” (la negrilla y el subrayado no pertenecen al texto original). A su vez, mediante la Resolución Nº 172/2 011, de 12 de abril de 2011, el Director Nacional de Migración dispuso, por razones de certeza jurídica, que: “1) Cuando el menor viaje al exterior en compañía de padre y madre se aceptará como válida la partida de nacimiento con menos de un año de expedida. 2) El requisito mencionado en el ítem anterior, no será necesario si el menor presenta pasaporte uruguayo o permiso para menor de edad. 3) Tome nota el Departamento de Servicios Inspectivos a fin de realizar las notificaciones a todo el cuerpo inspec tivo y a todas las Agencias de Transporte (…)” (fs. 39, A.A.) (la negrilla y el subrayado no pertenecen al texto original). Llegados a este punto, cabe preguntarse si dicha omisión formal de mencionar en el acto impugnado a las disposiciones que concretiza n la obligación específica de las empresas transportistas de exigir de los menores que viajan en compañía de sus padres la presentación de un testimonio de partida de nacimiento vigente determina la existencia de un vicio en la motivación susceptible de irrogarlo de nulidad. Al comentar el alcance de los artículos 123 y 124 del Decreto No. 500/1991, Cajarville señala: “La violación de estas normas sobre motivación del acto, por inexistencia, insuficiencia o inexactitud de la fundamentación explícita, config ura ilegitimidad, cuyos efectos sobre la validez del acto deben apreciarse en cada caso con aplicación del principio de trascendencia que rige todo vicio formal ” (p. Cf. Juan Pablo Cajarville Peluffo, “Procedimiento Administrativo en el Decreto 500/991”, Montevideo, ediciones Idea, 1997, p. 128) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En la misma línea de razonamiento, el Tribunal ha señalado sistemáticamente que no todos los defectos en materia de motivación son trascendentes (sentencias Nos. 311/2005, 549/2017, 475/2018, 497/2018, 810/2019, 89/2020 y 453/2020, entre otras). En el casus, no se advierte la trascendencia de dicha omisión d esde que, como se repara en el D ictamen Nº 62/2021 (fs. 44 -46) del Sr. Procurador del Estado en lo Contencio so Administrativo, “Esta Resolución se publicó en la página web del organismo además de ordenarse su notificación a todas las Agencias Transporte según surge del numeral 2 de la misma. Por lo tanto, la empresa actora no puede desconocer su existencia , la que por otra parte se encontraba vigente desde 2011 (…)” (fs. 46, infolios) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Así las cosas, es claro que ninguna disminución de las garantías, ni indefensión le pudo provocar la falta de invocación nor mativa de dicha Resolución en el acto impugnado. Y, por otra parte, tampoco se impidió que el acto cumpliera con el fin que le era propio , tal como se exige en aplicación del principio de trascendencia de las nulidades (Cf. Juan Pablo Cajarville Peluffo, “Procedimiento Administrativo en el Decreto 500/991”, op. cit., p 58; Carlos Labaure Aliseris, “Evolución de la jurisprudencia con respeto al cumplimiento de las formalidades en el procedimiento administrativo” en “Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Juan Pablo Cajarville Peluffo” , María Cristina Vázquez Pedrouzo, Coordinadora, FCU, Montevideo, 2011, p. 295 a 301; y Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, “Curso de Derecho Administrativo” , tomo I, 5ª Edición, Civitas S.A., Madrid, 1989, p. 621; entre otros) (sentencias Nos. 787/1997, 146/2004, 282/2011, 238/2012, 103/2013, 256/2013, 348/2013, 620/2019, 810/2019, 166/2020, entre otras). VI) En tercer lugar, la accionante afirmó la ausencia de norma que le imponga exigir el testimonio de partida de nacimiento. Ello no es así, como viene de analizarse en el Considerando V) ut supra a cuya lectura cabe remitirse brevitatis causae. Por el contrario, la simple lectura armónica de las disposiciones legales y reglamentarias que allí se examinó alcanza para concluir lo contrario. VII) En cuarto término, se invoca la ausencia de prueba de los hechos por los que se impuso la multa; esto es, que el menor que se aprestaba a salir del país en compañía de sus padres tuviera una partida de nacimiento vencida. Al respecto, se destaca que no obra copia del testimonio de la partida en el expediente, ni qué vigencia o plazo de expedición tenía el mismo. Asimismo, se señala que el acta se levantó unilateralmente por la DNM, sin control alguno de la actora. En lo que concierne a la falta de control de la actora, no surge de los antecedentes administrativos que ello haya sido así desde que en el “Acta de Impedimento de Salida” del menor Facundo Vidal, consta que se notificó a la Encargada de Los Cipreses S.A . (BUQUEBUS), quien no formuló ninguna observación (fs. 29, A.A.). Y la empresa tampoco lo hizo cuando se le confirió vista de las actuaciones (fs. 35 vto. y 37 vto., A.A.). Naturalmente, ello no quiere decir que no sea posible esgrimir agravios que no se plantearon al evacuar la vista , puesto que la fundamentación en estas instancias administrativas constituye un derecho del administrado de ejercicio potestativo, sin que exista efecto preclusivo en el relevamiento de causales de nulidad: no hay ligazón de la instancia administrativa con la jurisdiccional en el régimen de la Sección XVII de la Constitución ( sentencias Nos. 610/1998, 494/2000, 647/2003, 533/2004, 156/2012, 412/2014, 457/2014, 18/2015, 436/2016, 734/2017, 255/2018, 605/2019 y 475/2020, entre otras). De lo que se trata aquí, es de examinar el valor de las constataciones realizadas por el funcionario público que realizó el control migratorio a la luz de la actitud que asumió la actora en su defensa desde entonces, particularmente en este proceso. En cuanto a lo primero, el Tribunal ha expresado ante casos similares que: “VII) Los arts. 1574 y 1575, que establecen una tasa legal en cuanto a la eficacia probatoria del documento público, que hacen que éste surta plena prueba en cuanto a su fecha y a l hecho de haberse otorgado. Por tanto, no existen elementos como para desconocer estos aspectos relativos del documento público luciente a fs. 13 A.A.- Como indicaba PEIRANO refiriéndose a la eficacia probatoria de los instrumentos públicos: “la plena eficacia se extiende a las cosas que el funcionario público dice haber visto realizar y de las cuales deja constancia durante la redacción del instrumento público. (…) en el relato de lo que ocurrió en presencia del oficial público, en todo este aspecto sí el instrumento público hace plena fe.” (PEIRANO FACIO, Jorge: “Curso de obligaciones”, T. V, CED, Montevideo, 1968, pág. 103.). En similar línea argumental, VIERA indicaba: “La cuestión de la autenticidad de los documentos es previa a la de su eficacia, porq ue sólo resuelta de manera positiva la primera se podrá abordar la segunda. Autenticidad es la calidad de lo auténtico y por tal se entiende verdadero, legítimo, genuino. Desde el punto de vista jurídico, auténtico es lo que debe ser legalmente tenido por cierto (…) El instrumento público es, por sí mismo auténtico. Ello quiere decir que no necesita de otra prueba ni procedimiento para acreditar su autenticidad. Ello es consecuencia de la autoridad que le confiere el agente público que lo autoriza. Aut orizar y autenticar son dos conceptos necesariamente complementarios. Es la autoridad del agente que autoriza el instrumento el que convierte a éste en auténtico, es decir, en obligatoriamente creíble y esa autoridad surge del carácter de oficial público d el autorizante, siempre que sea competente, actúe dentro del límite de sus atribuciones y con las formas requeridas” (Viera, Luis. A.; “Prueba Documental” en Curso de Derecho Procesal. T. II. 1974, pág. 137/138).” (sentencia No. 185/2012, replicada en sent encias Nos. 590/2014, 412/2019 y 170/2021, entre muchas otras) (la negrilla pertenece al texto original). En forma complementaria y congruente con las citas que se mencionan en la jurisprudencia del Tribunal, cabe recordar otro pasaje del trabajo de Viera, en el cual se preguntaba: “¿En qué medida el instrumento público se hace obligatoriamente cierto? El art. 1575 del Cód. Civil dice que hace “plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha” . El Código distingue entre otorgamiento y fecha, aunque ontológicamente, la fecha forma parte del otorgamiento. (…) “¿Qué comprende “el hecho del otorgamiento”? Referido a las escrituras púbicas, y, en general, a los instrumentos notariales, que es lo que importa, significa un complejo de circunstancias que pueden, sin embargo, compendiarse en el principio que el instrumento se hace obligatoriamente cierto, en todo lo que el autorizante da fe de haber visto y oído en relación al acto en que interviene como tal , incluso su propia actividad (…)” (Cf. Luis A. Vi era, en “Curso de Derecho Procesal” , A.A.V.V., tomo II, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Montevideo, 1974, Capítulo XXIV, Prueba Documental, p. 138) (la negrilla no está en el original). Pues bien, esa plena eficacia que se extiende a las cosas qu e el funcionario público dice haber visto y de las que dejó constancia durante la redacción del “Acta de Impedimento de Salida” no se ha visto desvirtuada por los planteos defensivos que genéricamente esgrimió la actora sobre la base de la afirmación que n o existe la prueba de dicha afirmación porque no se agregó el testimonio de la partida de nacimiento del menor con su fecha de expedición. Si bien hubiera sido de buena práctica adjuntar una copia autenticada de dicho documento como complemento del acta, la sola carencia de dicho recaudo no resulta suficiente para enervar la eficacia de las constataciones realizadas por el funcionario actuante al expedirla. Ante un caso análogo, en donde la actora afirmó no haber recibido una notificación, el Tribunal exp resó: “(…) en lo sustancial, debe recordarse que en materia de procedimiento administrativo, rige el principio de presunción de verdad salvo prueba en contrario (art. 2º literal k) del Decreto No. 500/991), por lo tanto -en aplicación de este principio - lo actuado por la Administración, prima facie, gozaba de esa presunción de verdad a su favor y era carga del interesado desvirtuar su veracidad (Conf. CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo: “Procedimiento administrativo”, IDEA, Montevideo, 1997, pág. 99). En la emergencia, como viene de señalarse, el cedulón por el que se citó a la actora constituye un documento público, extendido por funcionario público y goza del principio de presunción de verdad, salvo prueba en contrario. Gravitaba, entonces, sobre la actora l a carga de desvirtuar la autenticidad de ese documento y demostrar su falsedad. ” (sentencia Nº 590/2014) (la negrilla no está en el original). En el sub - judice, la actitud de contradicción genérica asumida por la actora no logra conmover la eficacia pro batoria de las constataciones realizadas en un documento público (Acta de Impedimento de Salida) por un funcionario competente (funcionario policial de la Dirección Nacional de Migración). A su vez, desde el punto de vista probatorio , la demandante tampoco solicitó el diligenciamiento de prueba alguna, sea en el expediente administrativo (fs. 35 vto.; fs. 37; fs. 2 a 2 vto. y fs. 14, A.A.) o en la acción anulatoria (fs. 27, infolios), de forma tal que le permitiera rebatir la presunción de autenticidad o veracidad ideológica , que, por definición, opera sobre los hechos que el funcionario público dejó asentado como el relato de lo que este vio y lo que ocurrió en su presencia. VIII) En último análisis, resta por examinar el agravio que se esgrime por falta de fundamentación en cuanto al monto de la multa. En concreto, la pretensora arguye que la Administración nada acreditó respecto a que se hayan superado las veinte infracciones anuales previstas en el artículo 32 del Decreto Nº 394/2009. En puridad, el agravio se centra en la ausencia de sustento probatorio de ese hecho, lo que, de ser así, para cierto sector de la doctrina encuadraría en un supuesto de inexistencia en los motivos (Cf. Juan Pablo Cajarville Peluffo, “Sobre Derecho Administrativo”, FCU, 3ª edición actualizada y ampliada, Montevideo, 2012, p. 32 y 33) y para otro se lo podría calificar como un vicio de inexactitud en los motivos (Cf. Alberto Ramón Real, “La fundamentación del acto administrativo” , en La Justicia Uruguaya, tomo. LXXX, p s. 10 a 11 y Augusto Durán Martínez, “Motivación del acto administrativo y buena administración” , en AA.VV. “Ética; Estado de Derecho; Buena Administración” , Universidad Católica del Uruguay, 2013, p. 137-138). Al respecto, cabe consignar que, si bien n o surgen agregados al expediente los registros de cada una de las infracciones por las que la Administración constató que la empresa superaba la cantidad de veinte en el año (véase el Resultando II) del acto impugnado, a fs. 35 vto., A.A.), no puede perderse de vista que la accionante no controvirtió categóricamente la existencia de ese hecho y tampoco solicitó la exhibición y/o agregación de dichos recaudos al proceso (véase fs. 27, infolios). En efecto, lejos de negar la existencia del hecho, la actora s e limitó a argumentar que la Administración “no fundamenta correctamente el monto de la multa” porque “nada se acredita respecto a que se hayan superado las 20 infracciones anuales tal como lo establece el decreto”, “lo que vulnera los derechos de mi repre sentada dejándola en total indefensión” (fs. 14 vto., infolios). Y, como se dijo, no solicitó (en sede administrativa, recursiva o jurisdiccional) que se exhibieran o agregaran los registros de las multas, de forma tal que pudiera controlar la cantidad de infracciones que había cometido en el año (y no permanecer en el estado de indefensión en el cual se escuda). Así las cosas, el Tribunal considera que el agravio en cuestión tampoco puede prosperar. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencio so Administrativo, en atención a lo dispuesto por los artículos 309 a 310 de la Constitución, FALLA: Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase la resolución impugnada. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjans e los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).