Sentencia Definitiva N° 499/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 21 de octubre de 2021 No. 499 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “RIOGAS S.A. con PODER EJECUTIVO . Acción de Nulidad” (Ficha No. 716/2016) y sus acumulados: “ RIOGAS S.A. con PODER EJECUTIVO . Acción De Nulidad” (Ficha No. 824/2016), “ RIOGAS S.A. con PODER EJECUTIVO. Acción De Nulidad” (Ficha No. 418/2017), “ RIOGAS S.A. con PODER EJECUTIVO . Acción De Nulidad” (Ficha No. 419/2017), y “RIOGAS S.A. con PODER EJECUTIVO. Acción De Nulidad” (Ficha No. 497/2017). RESULTANDO : I) En la causa Ficha No. 716/2016 se demandó la nulidad del Decreto No. 223/2014 y de la Resolución Nº 61/2016 del Directorio de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua dictada el 17 de marzo de 2016, que habilitó a las empresas envasadoras y distruibuidoras de GLP a envasar y distribuir GLP en recipientes pintados por otro agente distribuidor hasta el 31 de marzo de 2016 (fs. 8 A.A.). En la causa Ficha No. 824/2016 se demandó la nulidad de la Resolución de fecha 30 de abril de 2016 y la Resolución No. 96/2016 del Directorio de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua dictada el 17 de marzo de 2016, que ratificó la decisión adoptada a partir del 30 de abril de 2016, por la que se habilitó a las empresas envasadoras y distruibuidoras de GLP a envasar y distribuir GLP en recipientes pintados por otro agente distribuidor hasta el 14 de mayo de 2016 (fs. 16 A.A.). En la causa Ficha No. 418/2017 se demandó la nulidad de la Resolución Nº 106/19 de fecha 14 de enero de 2019, dictada por la Encargada de la Subdirección de Asistencia y Seguridad Social Policial en uso de atribuciones subdelegadas, que declaró que no le asistía derecho a lo peticionado por la Sub Oficial Mayor (R) Consuelo OJEDA LEÓN (fs. 66 vta. a 68 A.A.). En la causa Ficha No. 418/2017 se demandó la nulidad de la Resolución Nº 156/2016 del Directorio de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua dictada el 17 de junio de 2016, que habilitó a las empresas envasadoras y distruibuidoras de GLP a envasar y distribuir GLP en recipientes pintados por otro agente distribuidor hasta el 2 de julio de 2016 (fs. 6 vto. y 7 A.A.). En la causa Ficha No. 419/2017 se demandó la nulidad de la Resolución No. 250/2016 del Directorio de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua dictada el 20 de setiembre de 2016, que habilitó a las empresas envasadoras y distruibuidoras de GLP a envasar y distribuir GLP en recipientes pintados de color azul hasta el 30 de setiembre de 2016 (fs. 9 vto. y 10 A.A.). En la causa Ficha No. 497/2017 se demandó la nulidad de la Resolución Nº 295/2016 del Directorio de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua dictada el 7 de octubre de 2016, que prorrogó hasta el 25 de octubre de 2016 inclusive, las medidas excepcionales adoptadas mediante la Resolución No. 250/016 de 20 de setiembre de 2016 (fs. 40 vto. A.A.). La actora, reseñó el sistema de parque universal de envases de GLP que imperó en el país, citó el Decreto No. 472/2007 y la Resolución No. 34/008 de URSA que asignó el color celeste para los envases de RIOGAS, el blanco a DUCSA y el dorado a ACODIKE. Manifestó que con el dictado de las resoluciones impugnadas, el Estado permitió que las empresas que comercializan gas licuado de petróleo pudieran envasar en envases de cualquier color, rompiendo de esa forma la trazabilidad instaurada anteriormente. En resumidos términos, indicó que las resoluciones le causaron los siguientes agravios: a) se violentaron los actos propios de la Administración, ya que actuó de forma absolutamente contradictoria con lo que disponía el Decreto 472/07, e imposibilitó que se pudiera mantener la identidad de los envases; b) se lesionó la seguridad jurídica y la confianza legítima, en tanto el comportamiento contradictorio de la Administración lesionó la confianza que RIOGAS tenía en que la URSEA defendiera el régimen que promovió y defendió, y que amparada en dicha confianza, la empresa realizó un importante esfuerzo económico invirtiendo en el mantenimiento, mejora y adquisición de nuevos envases con la legítima convicción de que el sistema previsto en el Decreto No. 472/07 iba a ser respetado por la Administración; c) se atentó contra la seguridad jurídica del consumidor, en virtud que se volvió a un sistema que diluyó la responsabilidad civil de los distribuidores y envasadores, y no se establecieron los controles adecuados para contrarrestar riesgos; d) se apoyaron en un acto general ilegítimo, y se apartaron del acto general en el que se ampararon, esto es en el Decreto No. 223/014 que habilitó la adopción de medidas de excepción al Decreto No. 472/007, ya que tales medidas dejaron de ser de excepción y se transformó en un instrumento de utilización permanente que la Administración utilizó cada vez que se presentó una situación irregular. Concluyó que correspondía la anulación de los actos impugnados por su ilegitimidad. II) Conferidos los correspondientes traslados, compareció el representante de la demandada y contestó las demandas incoadas en los siguientes términos. Sostuvo la improcedencia de la pretensión de nulidad del Decreto No. 223/014 desde que RIOGAS no presentó recursos administrativos contra el mismo, por lo que no agotó la vía administrativa, siendo éste un acto firme. Luego de reseñar los antecedentes de las resoluciones recurridas, puntualizó que eran ajustadas a derecho y que fueron dictadas en el marco de un significativo e irregular abastecimiento de GLP a la población Manifestó que el sistema de distribución se vio distorsionado y terminó provocando la afectación del “clearing de envases” entre las diferentes distribuidoras. Indicó que, se trató de medidas habilitadas por el Decreto No. 223/014, adoptada con razonabilidad y adecuada a los motivos e idónea para mejorar los problemas de abastecimiento de GLP. Controvirtió que fuera de aplicación la teoría del acto propio, por estar las medidas comprendidas en el acto regla, y porque los Decretos No. 472/007 y 223/014 fueron dictados por la URSEA, y adujo que el Decreto No. 223/014 no contrarió el Decreto No. 472/007, sino previó un correctivo transitorio por la situación de desabastecimiento que se dio. Señaló que la seguridad jurídica estuvo tutelada junto con la contemplación de la situación de los usuarios del servicio, y agregó que el Decreto No. 223/014 fue emitido casi veinte meses antes que se dictaran las resoluciones objeto de accionamiento, y que los actos regla eran conocidos por las empresas envasadoras por lo que la accionante no puede sostener que se afectó la confianza legítima. Rechazó que las resoluciones se fundaran en un acto ilegítimo, en base a que el Decreto No. 223/014 se enmarcó en los objetivos previstos por el artículo 2 de la Ley No. 17.598 aplicable a las actividades de GLP, en particular a la seguridad del suministro, y que habilita a la URSEA a adoptar medidas correctivas transitorias siendo el órgano regulador en la materia. En definitiva, solicitó la confirmación de los actos impugnados. III) Por Sentencia Interlocutoria No. 708/2019 de fecha 17 de octubre de 2019 se dispuso la acumulación de los expedientes Fichas Nos. 716/2016, 824/2016, 418/2017, 419/2017 y 497/17 (fs. 91 y 92). IV) Abierto el juicio a prueba en el cúmulo, se produjo la que obra certificada a fs. 108. V) Alegaron las partes por su orden: la actora a fs. 111 y ss. y la demandada a fs. 120 y ss. VI) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que produjo el Dictamen No. 388/2020 que obra a fs. 135, aconsejando confirmar los actos administrativos en cuestión. VII) Se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal. CONSIDERANDO : I) Corresponde analizar si las accionantes han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente para el correcto accionamiento de nulidad (artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.869). En lo que refiere a los aspectos formales, cabe señalar lo siguiente: i) Ficha No. 716/2016 Se demanda la nulidad del Decreto No. 223/2014 y de la Resolución No. 61/2016 del Directorio de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua dictada el 17 de marzo de 2016 , que habilitó a las empresas envasadoras y distruibuidoras de GLP a envasar y distribuir GLP en recipientes pintados por otro agente distribuidor hasta el 31 de marzo de 2016 (fs. 8 A.A.). Por Sentencia Interlocutoria No. 483/2017 de fecha 29 de junio de 2017 se desestimó la cuestión formal planteada, y se declaró que la vía administrativa fue correctamente agotada y la demanda de nulidad tempestivamente interpuesta (fs. 55). ii) Ficha No. 824/2016 Se demanda la nulidad de la Resolución de fecha 30 de abril de 2016 y la Resolución No. 96/2016 del Directorio de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua dictada el 17 de marzo de 2016, que ratificó la decisión adoptada a partir del 30 de abril de 2016, por la que se habilitó a las empresas envasadoras y distruibuidoras de GLP a envasar y distribuir GLP en recipientes pintados por otro agente distribuidor hasta el 14 de mayo de 2016 (fs. 16 A.A.). Por Sentencia Interlocutoria No. 576/2017 de fecha 3 de agosto de 2016 se amparó la cuestión formal planteada, declarando que la acción no se ejerció válidamente respecto del decreto del Poder Ejecutivo No. 223/014, por no haberse cumplido previamente con el requisito del debido agotamiento de la vía administrativa y declaró correctamente agotada la vía administrativa e interpuesta en plazo la acción anulatoria respecto a la resolución de 30 de abril de 2016 y la resolución No. 96/016, de 2 de mayo de 2016, ratificatoria de la primera (fs. 51 a 56). iii) Ficha No. 418/2017 Se demanda la nulidad de la Resolución No. 156/2016 del Directorio de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua dictada el 17 de junio de 2016, que habilitó a las empresas envasadoras y distruibuidoras de GLP a envasar y distribuir GLP en recipientes pintados por otro agente distribuidor hasta el 2 de julio de 2016 (fs. 6 vto. y 7 A.A.). Por Sentencia Interlocutoria N.º 108/2018 de fecha 24 de abril de 2018 se amparó la cuestión formal planteada, declarando que la acción instaurada no se ejerció válidamente respecto del Decreto del Poder Ejecutivo No. 223/014, por no haberse cumplido previamente con el requisito del debido agotamiento de la vía administrativa, y declaró correctamente agotada la vía administrativa y promovida en plazo la acción anulatoria respecto de la Resolución del Directorio de URESA No. 159/016, (fs. 70 a 74). iv) Ficha No. 419/2017 Se demanda la nulidad de la Resolución No. 250/2016 del Directorio de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua dictada el 20 de setiembre de 2016, que habilitó a las empresas envasadoras y distruibuidoras de GLP a envasar y distribuir GLP en recipientes pintados de color azul hasta el 30 de setiembre de 2016 (fs. 9 vto. y 10 A.A.). Por Sentencia Interlocutoria No. 140/2018 de fecha 8 de mayo de 2018 se amparó la cuestión formal planteada, declarando que la acción instaurada no se ejerció válidamente respecto del decreto del Poder Ejecutivo No. 223/014, por no haberse cumplido previamente con el requisito del debido agotamiento de la vía administrativa (fs. 70 a 74). v) Ficha No. 497/2017 Se demanda la nulidad de la Resolución No. 295/2016 del Directorio de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua dictada el 7 de octubre de 2016, que prorrogó hasta el 25 de octubre de 2016 inclusive, las medidas excepcionales adoptadas mediante la Resolución No. 250/016 de 20 de setiembre de 2016 (fs. 40 vto. A.A.). Por Sentencia Interlocutoria No. 104/2018 de fecha 24 de abril de 2018 se declaró correctamente agotada la vía administrativa respecto de la resolución encausada (fs. 53 a 55) II) En cuanto al fondo del asunto, el Tribunal, por unanimidad y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la demanda y confirmará el acto impugnado. III) Viene al caso relevar que la actora se agravió por la obligación durante un período excepcional, impuesta a las empresas envasadoras y distribuidoras de GLP a envasar en recipientes pintados de otros colores, en base a lo dispuesto por el Decreto No. 223/2014 y a las resoluciones impugnadas en cada uno de los expedientes acumulados. III.1) En primer lugar cabe analizar el agravio referido a la ilegitimidad del acto general en el que se apoyaron cada una de las resoluciones impugnadas, esto es el Decreto No. 223/014. Al respecto el Tribunal en la Sentencia No. 693/2018 abordó la legalidad del decreto en cuestión en los siguientes términos: “… el Tribunal no observa que el artículo 2º del Decreto No. 223/2014 esté en contradicción con ninguna disposición legal ni constitucional. Corresponde señalar que -conforme se reseña en los Resultandos I) a III) del Decreto Nº 223/2014, en el Decreto Nº 472/2007 se estableció: i) que las empresas distribuidoras minoristas de gas licuado de petróleo (GLP) debían identificar los envases que distribuyan, de manera que cada envase intercambiable resultara vinculado en forma permanente, clara e inequívoca, con un único agente distribuidor minorista; ii) que la identificación de los envases debía realizarse mediante el repintado de los envases con el color característico del distribuidor minorista al que se los asignaren; iii) las distribuidoras tienen la obligación de recibir envases vacíos de los otros agentes de distribución, realizando con posterioridad el intercambio de envases previo al rellenado. Al verse paralizado este sistema general de abastecimiento de GLP, provocando un efecto “dominó” negativo en la disponibilidad general de recipientes para envasar, que provocó significativas alteraciones en el suministro a la población (según se da cuenta en los Resultandos IV y VI del Decreto Nº 223/2014), el Poder Ejecutivo consideró “(…) necesario adoptar disposiciones que contribuyan a regularizar en el presente con efectividad el funcionamiento del mercado de GLP (…), así como prever la posibilidad que se adopten medidas excepcionales en adelante ante situaciones emergentes de similar tenor” (Considerando I) y “(…) oportuno habilitar bajo determinadas condiciones para que en un plazo determinado las empresas envasadoras y distribuidoras puedan envasar y distribuir recipientes de GLP pintados con el color blanco, así como habilitar a la URSEA, para que en consulta con la Dirección Nacional de Energía, pueda adoptar medidas de excepción pertinentes en adelante” (Considerando II). Todo ello, con fundamento en lo dispuesto en la Ley No. 17.958 (según el Atento del Decreto Nº 223/2014). La demandada ha señalado que el ajuste normativo que introdujo el Decreto Nº 223/2014 se fundó en la constatación efectiva de problemas significativos en el abastecimiento de GLP, en aras de la consecución de los objetivos legales previstos por el artículo 2º de la Ley No. 17.598 entre los que destaca la seguridad del suministro (C), la adecuada protección de los derechos de los usuarios y consumidores (D) y la prestación igualitaria, con regularidad, continuidad y calidad de los servicios (F). El artículo 2º de la Ley No. 17598, en la redacción dada por el artículo 118 de la Ley No. 18.719 estableció que las competencias de la URSEA “(…) se cumplirán de conformidad con los siguientes objetivos, siguiendo las políticas fijadas por el Poder Ejecutivo, quien reglamentará los procedimientos: A) La extensión y universalización del acceso a los servicios que ellas implican. B) La protección del medio ambiente. C) La seguridad del suministro. D) La adecuada protección de los derechos de los usuarios y consumidores. E) La promoción de la libre competencia en la prestación, sin perjuicio de los monopolios y exclusividades legalmente dispuestos. F) La prestación igualitaria, con regularidad, continuidad y calidad de los servicios.” Si la seguridad del suministro, los derechos de los usuarios y consumidores o la prestación con regularidad, continuidad y calidad de los servicios de GLP se ven afectadas, resulta legítimo que el Poder Ejecutivo pueda establecer y habilitar la adopción de medidas de excepción -a las disposiciones previstas en el Decreto Nº 472/2007- para el cumplimiento de tales fines. En consecuencia, la reglamentación establecida por el artículo 2º del Decreto Nº 223/2014 aparece como ajustada al cumplimiento de los objetivos trazados por el artículo 2º de la Ley No. 17.598, en la redacción dada por el artículo 118 de la Ley No. 18.719, no apreciándose en ello ninguna violación a una regla de derecho de fuente legal ni constitucional”. III.2) Ahora bien, en cuanto al resto de los agravios esgrimidos, corresponde consignar que el Tribunal tuvo oportunidad de analizar similar cuestión a la que nos ocupa en los autos caratulados “ACODIKE SUPERGAS S.A. con PODER EJECUTIVO. Acción de nulidad " Ficha No. 391/2017 expidiéndose sobre la misma temática y donde recayera la Sentencia No. 408/2019, por lo que aquel razonamiento resulta trasladable al caso de autos. Así en la referida Sentencia, la Corporación sostuvo: “V) En segundo lugar, corresponde analizar el agravio relacionado con la violación al principio de seguridad jurídica y la eventual aplicación de la teoría de los actos propios. En la tesis de la actora la Administración vulneró el principio de seguridad jurídica y contradijo sus propios actos porque mediante el dictado del Decreto Nº 326/2016, el Decreto Nº 223/2014 y las sendas Resoluciones que al amparo de éste se emitieron durante el año 2016 se atacó el sistema previsto por el Decreto Nº 472/2007 que había regido a las empresas del rubro. El Tribunal no advierte la existencia de violación a la seguridad jurídica derivada de la aplicación del Decreto impugnado ni de ninguno de los actos mencionados por la actora y tampoco repara que se verificara un supuesto de aplicación de la teoría de los actos propios. La Administración primero emitió un acto regla (Decreto Nº 472/2007) por el cual instauró un determinado sistema de identificación e intercambio de envases y luego, ante la verificación de supuestos de hecho que provocaron significativas alteraciones al mismo dictó otro acto regla (Decreto Nº 223/2014) por el cual habilitó la adopción de medidas de excepción tendientes a asegurar el cumplimiento del suministro de GLP, tal como lo exige el artículo 2º de la Ley Nº 17.598, en la redacción dada por el artículo 118 de la Ley Nº 18.719, particularmente en sus literales C) (seguridad del suministro), D) (adecuada protección de los usuarios y consumidores) y F) (prestación igualitaria, con regularidad, continuidad y calidad de los servicios). Luego, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 2º del Decreto Nº 223/2014, se adoptaron una serie de Resoluciones durante el año 2016. Finalmente, a través del Decreto Nº 326/2016 se procuró “(…) complementar las medidas adoptadas por el regulador a fin de efectivizar el suministro de GLP en tanto actividad de interés público , tratándose de recipientes que son propiedad de los consumidores para su reutilización e intercambiabilidad” (Considerando VI) del acto impugnado) (el subrayado no está en el original). Cabe replicar aquí lo expresado por el Tribunal en sentencia Nº 693/2018, en cuanto señaló que: “(…) Tanto la actora como las otras empresas del sector estaban en conocimiento de la posibilidad de la implementación de medidas de excepción como las que en definitiva se adoptaron en razón que el sistema previsto por el Decreto Nº 472/2007 estaba sufriendo alteraciones significativas que comprometían la regularidad del suministro de GLP (…) De lo que se trató fue de asegurar el cumplimiento de los objetivos trazados por la Ley ante las alteraciones significativas que se estaban generando en el sistema previsto por el Decreto Nº 472/2007 , en virtud de las medidas gremiales ejercidas por el personal dependiente de una de las distribuidoras (…)” (la negrilla y el subrayado no están en el original). El régimen establecido por el Decreto Nº 472/2007 no se contradijo por actos posteriores y tampoco se produjo una violación a la seguridad jurídica. Por el contrario, ante situaciones excepcionales que impedían el normal funcionamiento del sistema tal como había sido previsto por dicho Decreto, la Administración se vio en el deber de adoptar medidas que aseguraran el cumplimiento del suministro del GLP, de acuerdo con lo establecido por el artículo 2º de la Ley Nº 17.598, en la redacción dada por el artículo 118 de la Ley Nº 18.719.” En el caso, las contradicciones invocadas por la actora no se verificaron ya que las resoluciones impugnadas se trataron de medidas de carácter excepcional para afrontar situaciones puntuales que tuvieron como finalidad garantizar el suministro y acceso a los usuarios del GLP. Así, la existencia de las situaciones irregulares fueron constatadas por el órgano de control -la URSEA-, que afectaron la cadena de distribución provocando la afectación del “ clearing de envases ” (Ver en Ficha 716/2016 fs. 30 A.A.; fs. 1 a 5, 8 y 23 carpeta rosada en 25 fs.; testimonio del Ing. Fernández fs. 106 a 107 vta., infolios; en Ficha 824/2016 fs. 9 a 11, 105 a 139 A.A. en 235 fs, fs. 42 a 64 carpeta rosada en 65 fs.; en Ficha 418/2017 fs. 49 a 53, 73 a 76 A.A. en 110 fs, declaración de testigo a fs. 125 infolios; F. 419/2017 fs. 2 a 6, 15 a 18, 38 a 39, 110, 114 a 115 y 118 A.A. en 159 fs., fs. 45 a 46 A.A. en 47 fs., declaración de testigo a fs. 82 infolios; Ficha 497/2017 fs. 45 a 46 A.A. en 47 fs., fs. 34 a 36 A.A. en 37 fs.). III.3) Por su parte sobre el agravio que dedujo la pretensora argumentando que se generaron perjuicios a los consumidores, no se advierte que la accionante revista legitimación para efectuar el planteo. Como sostuvo el Cuerpo en la Sentencia No. 462/2019: “Más allá de advertir que no se observa que la accionante revista legitimación para efectuar dicho planteo, debe de verse que, al contrario de lo afirmado, la medida se dictó en procura de proteger a los consumidores, quienes estaban viéndose perjudicados por los conflictos gremiales que venía padeciendo la empresa Riogas y que a la postre impidieron el funcionamiento regular de todo el sistema de abastecimiento. En lo que respecta a la seguridad de los consumidores acerca de la procedencia del envase, el Decreto previó en su artículo 1º la obligación de realizar una identificación mediante rótulo en oportunidad del envasado, así como la registración por el envasador en cada uno de los recipientes involucrados, debiéndose presentar el registro ante la URSEA bajo formato de declaración jurada”. III.4) No se observa carencia en la motivación del acto. De la simple lectura de los resultandos y considerandos de los actos encausados emergen los motivos que llevaron a la Administración al dictado de las voliciones de autos. Por su parte, tanto de los dictámenes e informes de la URSEA como de la Dirección Nacional de Energía (DNE) del Ministerio de Industria Energía y Minería, surge la fundamentación de los actos cuestionados. Esos informes y esos dictámenes integran el proceso de formación del acto y, al decir de MARIENHOFF, en tesitura admitida por la Corporación, se erigen en motivación suficiente del acto administrativo. En tal sentido, la jurisprudencia del Tribunal en la materia ha sostenido reiteradamente que la fundamentación del acto puede y debe surgir del acto mismo o de sus antecedentes. Como enseña el autor antes citado, la motivación del acto administrativo -aunque ella fuere obligatoria- puede resultar acreditada en cualquiera de los dos momentos que integran o pueden integrar la “forma” del acto; en el proceso de “formación” o en el de “expresión” de la voluntad de la Administración Pública. Es decir, la motivación puede ser concomitante o contemporánea con la expresión de dicha voluntad o anterior a tal expresión, apareciendo en este último caso en el proceso de formación de la voluntad administrativa; en dos palabras: motivación idónea y eficaz requiere que ella sea “suficiente” para apreciar con exactitud los motivos determinados del acto (cf. MARIENHOFF, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, págs. 330-332; en la jurisprudencia del Tribunal véanse, entre muchas otras, las Sentencias Nos 881/2010, 374/2011, 325/2012, 312/2013 y 539/2016). Así, cabe concluir que la motivación de los actos administrativos encausados resultó suficiente, por lo que no puede prosperar el agravio del accionante. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, FALLA : Desestímanse las demandas instauradas y, en su mérito, confírmanse los actos administrativos impugnados en las Fichas Nos. 824/2016, 418/2017, 419/2017, 497/2017 y en el presente. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado)