Sentencia Definitiva N° 483/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 14 de octubre de 2021 No. 483 VISTOS: Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “MESSINA SILVEIRA, SHIRLEY con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha N° 155/2019). RESULTANDO: I) Surge de fs. 2 que el 29 de marzo de 2019 la actora dedujo demanda anulatoria contra la Resolución Nº DP 62/2018 de fecha 27 de abril de 2018, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social, que le denegó el reconocimiento de los servicios prestados a la Sra. Zulma Perrone por el período 01/01/1970 a 31/12/1980, a la Sra. Laura Cáceres por el período 01/01/1980 a 31/12/1985, a la Flia. Correa por el período 01/01/1986 a 31/12/1990, al Sr. Sergio Martínez por el período 01/01/1990 a 31/12/1995, y también la jubilación por no cumplir los extremos de prueba exigidos (fs. 24 vta. de los A.A.) Señaló que la enjuiciada había considerado que la prueba testimonial diligenciada no era idónea para comprobar el período trabajado como empleada doméstica entre 1970 y 1995 por no satisfacer las reglas de la sana crítica que permitieran llegar a una conclusión favorable, lo que no se compartía porque -a su criterio- los testigos habían acreditado el desempeño de tareas durante el período denunciado. En definitiva, solicitó la nulidad del acto administrativo impugnado. II) A fs. 12, el 23 de mayo de 2019 la representante de la demandada contestó la demanda incoada. Manifestó que el artículo 77 de la Ley Nº 16.713 disponía en su inciso 1º que los servicios anteriores a la vigencia de la historia laboral debían probarse -en principio- por vía documental y, en su inciso 2º, que la reglamentación podía admitir otros medios de prueba a los efectos de acreditar dichos servicios. Afirmó que la prueba testimonial propuesta y recogida había sido correctamente valorada, y que había resultado estéril a fin de acreditar el período pretendido por la actora. En ese enfoque, analizó la prueba recabada, concluyendo que de ella surgían contradicciones y falta de conocimiento directo de los hechos. Indicó que, en el caso, no existían aportes sobre la actividad laboral denunciada durante el período que fuera denegado, ni prueba fehaciente que acreditara que la accionante había prestado los servicios denunciados y denegados por el organismo. Concluyó que la resolución dictada se ajustaba a derecho, y solicitó que se desestimara la acción de nulidad incoada. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 39. IV) Alegaron las partes por su orden: la actora a fs. 42 y ss. y la demandada a fs. 46 y ss. V) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que produjo el Dictamen Nº 431/2020 por el que aconsejó confirmar el acto administrativo en cuestión (fs. 50). VI) Se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal. CONSIDERANDO : I) Se han acreditado los extremos legales habituales requeridos por la normativa vigente (artículos 4 y 9 de la Ley N°15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. En efecto, se procesa la nulidad de la Resolución Nº DP 62/2018 de fecha 27 de abril de 2018, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social, que le denegó a la actora el reconocimiento de los servicios prestados a la Sra. Zulma Perrone por el período 01/01/1970 a 31/12/1980, a la Sra. Laura Cáceres por el período 01/01/1980 a 31/12/1985, a la Flia. Correa por el período 01/01/1986 a 31/12/1990, al Sr. Sergio Martínez por el período 01/01/1990 a 31/12/1995, y también la jubilación por no cumplir los extremos de prueba exigidos (fs. 24 vta. de los A.A.). Contra dicho acto, notificado a la solicitante con fecha 5 de junio de 2018 (fs. 25 A.A.) , se interpusieron recursos de revocación y jerárquico (el 14 de los mismos mes y año - fs. 25 vta. a 26 de los A.A.), a cuyo respecto operó la denegatoria ficta el 31 de diciembre de 2018. Finalmente, la demanda de nulidad se dedujo en tiempo útil (el 29 de marzo de 2019 - nota de cargo a fs. 6). II) El Tribunal, en decisión adoptada por unanimidad y coincidiendo con lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, acordó desestimar el planteo anulatorio impetrado en mérito a los fundamentos que se desarrollan en los siguientes numerales. II.1) Emerge de los antecedentes administrativos allegados al proceso que el 11 de octubre de 2017 la accionante se presentó ante el BPS a efectos de iniciar trámite de jubilación común (fs. 1 vta. y ss. A.A.), declaró haber trabajado para la familia Lima, el Sr. Sergio Martínez, la Sra. Laura Cáceres, la familia Correa, el Sr. Luis Toro y la Sra. Zulma Perrone en distintos períodos (fs. 3 A.A.), ofreciendo la declaración de 3 testigos (fs. 3 vta. A.A.) y prestó declaración jurada de servicio doméstico para el Sr. Sergio Martínez, la Sra. Zulma Perrone, y la familia Lima (fs. 5 vta. a 8 A.A.). Realizaron declaración jurada con fecha 8 de noviembre de 2017 la Sra. Carmen Borges y el Sr. Esteban Mink (fs. 10 a 14 A.A.). El 8 de noviembre de 2017 la Oficina Testigos de la Gerencia de Prestaciones produjo informe a fs. 15 vta. A.A. en el que consignó: “Dos declaraciones inválidas propuestos por todas las actividades. Actas aclaratorias de la titular totalmente carente de datos. (…) Analizada la prueba testimonial, en forma individual y en su conjunto, se concluye que se reúnen elementos suficientes para presumir probada la actividad declarada por parte del titular, en calidad de empleado para: Sergio Martínez 1.1.190 al 31.12.1995 Norma Cáceres 1.1.1980 al 31.12.1985 Correa 1.1.1976 al 31.1990 Zulma Perrone 1.1.1970 al 31.12.1980” El 22 de enero de 2018, a fs. 18 A.A., la Oficina Testigos de la Gerencia de Prestaciones produjo nuevo informe en el que manifestó que: “Sergio Martínez 1.1.190 al 31.12.1995 Norma Cáceres 1.1.1980 al 31.12.1985 Correa 1.1.1976 al 31.1990 Zulma Perrone 1.1.1970 al 31.12.1980 Rectifico informe de fojas 29 debió decir actividad no probada” Se otorgó vista de las actuaciones a la actora (fs. 22 y vta. A.A.), sin que conste que la evacuara (fs. 23 A.A.) Finalmente, la Gerencia de Prestaciones Económicas dictó la Resolución N° DP 62/2018, reconociendo servicios para MOBY DICK SRL, FRIPUR SA, TROGAN SA. DI BERNARDO ALEJANDRO y DUENDES SRL, y denegando la prestación de servicios a ZULMA PERRONE, LAURA CÁCERES, FLIA. CORREA y SERGIO MARTÍNEZ y, por ende, la jubilación por no cumplir los extremos de prueba exigidos (fs. 24 vta. A.A.). II.2) La controversia está centrada en la valoración de la prueba aportada para acreditar los servicios declarados para la Sra. Zulma Perrone por el período 01/01/1970 a 31/12/1980, a la Sra. Laura Cáceres por el período 01/01/1980 a 31/12/1985, a la Flia. Correa por el período 01/01/1986 a 31/12/1990, y al Sr. Sergio Martínez por el período 01/01/1990 a 31/12/1995. Como ya se expuso, la actora manifestó haber trabajado para familia Lima, Sr. Sergio Martínez, Sra. Laura Cáceres, familia Correa, Luis Toro y Zulma Perrone en distintos períodos (fs. 3 A.A.). Enseña el Maestro COUTURE que el cúmulo probatorio incorporado debe valorarse de acuerdo a las reglas de la “sana crítica” que son ante todo “las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez” (cf. COUTURE, Eduardo J. “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, 3ª Edición (14ª reimpresión), Ed. Depalma, Buenos Aires, 1987, pág.270). En este enfoque, estima la Sala que procede el rechazo de la demanda y la confirmación del acto impugnado, desde que el mismo deriva de una correcta valoración de la prueba por parte del Organismo previsional demandado. Es de verse que Carmen BORGES RODRÍGUEZ declaró conocer a la actora “desde 1997 ”, es decir, con posterioridad a los periodos denunciados, a la vez que al ser preguntada con qué hechos o acontecimientos relacionaba las fechas expresadas, respondió que: “ se lo dijo la titular tiene papel anotado ” (fs. 10 vta. y 11 A.A.) y que el Sr. Esteban MINK manifestó conocerla desde “los años 70” y que “trabajaba en la zona de Pocitos para una Familia Correa. No conoció la familia, no sabe entre las calles que vivían los patrones, en 1980 al 1985 o 1990. Para la familia Martínez hasta 1996 también en la zona de Pocitos, desconoce datos de la actividad y de la familia del patrón” y expresó que su declaración se basaba en “ comentarios de la titular en el ómnibus ” (Fs. 13 vta. y 14 A.A.). Por su parte en declaración complementaria la actora declaró que: “No puede proporcionar más datos, nombre apellidos, profesiones de los patrones que no recuerda y que los patrones no están en el país o son fallecidos” (fs. 9 vta. A.A.). La Administración, en informe de la Oficina de Testigos de la Gerencia de Prestaciones de fecha 08 de noviembre de 2017 relativo a la valoración de las declaraciones recibidas, entendió que : “dos declaraciones invalidas propuestos por todas las actividades, actas aclaratorias de la titular totalmente carente de datos.” (fs. 15 vta. A.A.) El 20/de agosto de 2018, al movilizar la recurrencia administrativa, la impugnante solicitó se recibiera la declaración de 2 testigos (fs. 27 vta. a 29 A.A.). Noemi ORTIZ afirmó conocer a la actora desde 1975, aclaró que vivió en Argentina hasta el año 1990, y que “la Sra. Shirley trabajó de doméstica siempre, pero no puedo especificar para quien ni las fechas. Me nombraba un Sr. Sergio que vivía en el centro pero no puedo establecer el período solo que fue a partir de 1990”. (fs. 33 vta. A.A.). La Sra. Cristina GONZALEZ, declaró conocer a la titular desde 1980, que “…trabajaba en la casa de Laura Cáceres … más o menos desde el año 1980 al año 1985 cuidando a la madre de la Sra. Laura. (…) En el año 1990 la titular por recomendación mía entra a trabajar en la casa de Sergio Martínez en la calle Cuba y Chile hasta el año 1995” (fs. 35 vta. y 36 A.A.). En informe de la Dirección Técnica de Prestaciones de fecha 19 de marzo de 2019, obrante a fs. 40vta. y 41 A.A., se consignó que: “Atento a que la declaración complementaria es totalmente carente de datos debido a la poca información brindada por la titular luego de presentados los recursos se la cita nuevamente… donde explica las tareas que cumplía, como eran los domicilios en los que las realizaba, que ómnibus se tomaba para ir (datos que no fueron brindados en un primer momento). La titular declara erróneamente los domicilios y confunde los períodos. Una de las testigos ofrecidas en la recurrencia declara que trabajaba en el mismo período que ella para la Sra. Cristina González… denunciando otro domicilio de quienes fueron sus patrones en su momento. (…) Las declaraciones recibidas tanto de la titular como de los testigos no aportan datos que permitan probar los servicios denunciados.” A su vez, en la etapa probatoria de este proceso, la Sra. Elba SUÁREZ MANOLIDO declaró haber conocido a la actora en el año 1974, habiendo entrado a trabajar en la casa de la Sra. Zulma Perrone, que vivía con su mamá y su hermano que tenía síndrome de Down, y hasta el año 1984 (fs. 32 y 33 infolios). Sin perjuicio que el periodo referido en esta última declaración tampoco coincide con los declarados por la accionante, respecto de los testimonios de las Sras. Cristina GONZÁLEZ y Elba SUÁREZ cobra particular relevancia lo dispuesto por al artículo 403 inciso 2 del Código de Procedimiento Civil que establece que “La declaración de un solo testigo, por más imparcial y verídico que sea, no producirá por sí sola plena prueba”. En el caso, más allá de que los testigos precedentes son “ únicos” respecto de los períodos denunciados en relación a servicios prestados para la Sra. Cáceres y la Sra. Perrone, sus declaraciones no fueron contundentes ni categóricas para acreditar tales servicios. De las actuaciones referidas se desprende que no se aportaron elementos suficientes para probar fehacientemente los distintos períodos laborados por la actora para cuatro empleadores, que es lo que está en cuestión. Francamente, como con acierto afirma la demandada, la prueba producida resultó estéril para acreditar los períodos de actividad denunciados como trabajados en el período 1970 - 1995. A la vaguedad de los testimonios y sin perjuicio de su dudosa veracidad, se suma la contradicción clara respecto de los domicilios y los períodos trabajados por la accionante. Resulta evidente la insuficiencia de información aportada para justificar un período de trabajo de más de veinticinco años para cuatro empleadores. Y ello es así porque no se está ante diferencias de detalle que se puedan justificar en razón del tiempo transcurrido y que sean producto de la espontaneidad, sino que lisa y llanamente, a juicio del Tribunal, asiste razón a la demandada en relación a la existencia de orfandad probatoria. Como acertadamente sostuvo en su voto la Sra. Ministra Dra. Selva KLETT: “En efecto, tal como fuera analizado por la Administración aparecen contradicciones en las declaraciones (fs. 40 vto. de los antecedentes). Tales contradicciones, sumado al tiempo transcurrido de los hechos declarados, eventualmente podrían soslayarse, pero no en autos, en donde el contexto de declaraciones, con testigos adoctrinados y leyendo notas a efectos de su declaración, generan fundadas dudas sobre la verosimilitud de los servicios denunciados y, en consecuencia, informan al legítimo proceder de la Administración en la valoración de la prueba.” II.3) La Corporación, ante casos similares, expresó que: “Examinados todos los elementos de prueba en su conjunto, de acuerdo con los estándares de la sana crítica, a juicio del Tribunal, no corresponde tener por probados los servicios denunciados por la actora. La prueba rendida es sumamente débil para respaldar la hipótesis sustentada por la accionante. (…) El momento de valoración de la prueba es, como señala FERRER BELTRAN, el momento de la racionalidad en el proceso. Se trata de la oportunidad en la que corresponde evaluar el apoyo empírico que un conjunto de elementos de juicio aportan en apoyo de una determinada hipótesis o de su contraria, y el juicio está sujeto a las reglas de la lógica y la racionalidad. La racionalidad a que está sujeta la valoración de la prueba en el proceso jurisdiccional, cuando no existen reglas específicas que impongan otorgar a determinada prueba un valor particular (v. gr. pruebas tasadas), no es distinta de la que impera en otros ámbitos de la experiencia. Los criterios empleados para valorar la prueba deben ser pasibles de ser controlados intersubjetivamente mediante juicios racionales y es así como se legitima la actividad valorativa del juzgador (FERRER BELTRAN, Jordi: “El contexto de la decisión sobre los hechos probados en el Derecho”, en AA. VV. “Proceso, prueba y estándar”, ARA Editores, Lima, 2009, pág. 75). Como enseña VIERA, recordando las enseñanzas de DEVIS ECHANDÍA, la apreciación de la prueba debe hacerse en conjunto, tomando en cuenta todos los elementos probatorios como una unidad y no aisladamente. Este es un principio general aplicable a la valoración de la prueba llamado “Unidad de la prueba”, que significa que el conjunto probatorio del juicio forma una unidad, y que, como tal debe ser examinado y apreciado por el juez, para confrontar las diversas pruebas, puntualizar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme (VIERA, Luis Alberto: “Valoración de la prueba”, Anales del Foro, 1992/1993 A 109-110, pág. 34)” (cf. Sentencia N° 370/2013). En el mismo sentido, en Sentencia Nº 181/2013 se señaló que: “Si bien no resulta posible adoptar un criterio absolutamente riguroso en la valoración de la prueba por el obstáculo que, para el conocimiento de los hechos a probar, supone el transcurso del tiempo y la avanzada edad de los testigos, la prueba rendida subespecie revela inconsistencias que hacen que, valorada en su globalidad, no constituya un soporte utilitario para viabilizar la solicitud de la reclamante. En tal sentido, como recientemente ha expresado la Sede: “Cierto es que, la circunstancia de que los testimonios refieran a hechos acontecidos hace muchísimos años, posiblemente provoque que los deponentes incurran en inexactitudes, pero aun cuando corresponde admitir que no cabe exigir una puntillosa pulcritud en la deposición de quienes atestiguan sobre servicios denunciados por el interesado en obtener el amparo jubilatorio, sobre datos de la vida ocurridos tiempo atrás (Cfe. Sentencias 457/2011, 434/2009, 193/2008, entre muchas otras), ello no significa una suerte de franquicia probatoria en favor del interesado, que determine el auxilio anulatorio en base a una excesiva benignidad en la valoración del informativo testimonial aportado” (Sentencia 809/2012)”. En conclusión, la lectura de los testimonios recabados en el curso de las actuaciones administrativas, valorados a la luz de las reglas y principios de la sana crítica, permite arribar a la convicción de que los servicios denunciados por la gestionante correspondientes al período en análisis no han sido probados. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria, y en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado)