Sentencia Definitiva N° 477/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 7 de octubre de 2021. No. 477 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “FERREIRA, GRACIELA MIRIAM con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 605/2019). RESULTANDO : I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución Nº 03-936-2018-2849, de 19 de diciembre de 2018, por la cual se denegó su solicitud de revisión de la Resolución de la Gerencia de Prestaciones Económicas DP Nº 176/2016, de 7 de diciembre de 2016 y dispuso lo siguiente: “Ratifícase en todos sus términos lo dispuesto por el acto definitivo ajustado a la Resolución de la Gerencia de Prestaciones Económicas Nro. DP 176/2016 de fecha 07/12/2016 incluida en la relación DP 175/2016, por lo que corresponde denegar la solicitud planteada por la Sra. Graciela Miriam Ferreira Castro” (fs. 28 a 29, en carpeta verde de 53 fojas, A.A.). En su demanda, relató que el 29 de noviembre de 2015, falleció su esposo, el Sr. Werner Eisenhardt, lo que acreditó oportunamente ante el BPS, el que por Resolución DP 176/2016, de 7 de diciembre de 2016, le denegó la pensión de sobrevivencia solicitada, en tanto (en ese momento) superaba el tope establecido en el artículo 26 de la Ley Nº 16.713 (sus ingresos mensuales superaban los $ 15.000, establecidos en la Ley, a valores de mayo de 1995). A posteriori, el 9 de julio de 2019, solicitó nuevamente la pensión de sobrevivencia atento a que a la fecha de la petición sus ingresos eran inferiores al monto est ablecido en el art. 26 de la Ley Nº 16.713, ya que provenían de dos fuentes: a) jubilaciones de industria y comercio y civil, servidas por el BPS (documentación en poder del BPS); y b) jubilación servida por la Caja de Jubilaciones P rofesionales Universitarios (CJPPU), acreditando esta última circunstancia en el expediente administrativo. El acto cuya nulidad se solicitó denegó la pensión de sobrevivencia con el fundamento que ya había sido resuelto por la Resolución DP Nº 175/2016. En cuanto al derech o pensionario que tienen las personas viudas (literal A) del artículo 25, el artículo 26 (inciso segundo) de la Ley Nº 16.713, establece que las viudas tendrán derecho al beneficio siempre que sus ingresos mensuales no superen la suma de $ 15.000. El BPS entiende (ilegítimamente) que existe un único momento para evaluar la condición de ingresos referidas, al momento de configuración de la causal. Contrariamente con este criterio, la norma establece una precisa regla para apreciar el o los momentos en qu e la viuda puede acceder a la pensión de sobrevivencia en el giro “siempre que sus ingresos mensuales no superen” el monto aplicable. “Siempre” es un adverbio de tiempo que según el Diccionario de la Real Academia Española en su primera acepción quiere decir “en todo o en cualquier tiempo”. De lo anterior, se desprende que no existe un momento para apreciar el cumplimiento de dicho requisito, sino que debe apreciarse “en todo o en cualquier tiempo”. Se desprende de lo anterior que no se trata de una evaluación estática, lo que se ratifica con la previsión del literal E) del inciso noveno del artículo 26, que indica lo siguiente: “El derecho a pensión se pierde (…) E) por mejorar la fortuna de los beneficiarios” . Es decir, el derecho que se obtiene es revisable por mejora de fortuna. Podría pensarse que la Ley sólo previó una hipótesis de cambio de fortuna -el mejoramiento- y no la otra -el empeoramiento-. Sin embargo, ello no es así, porque el derecho se tiene siempre que no se tenga el ingreso límite. Cu ando se cumple con la condición se accede a la prestación y cuando se deja de cumplir la Ley autoriza a retirarla. Esta solución es armónica con lo dispuesto por el artículo 17 del Código Civil y lo establecido en el Convenio Internacional de Trabajo Nº 128, artículo 31.1. Además, se ajusta a la jurisprudencia del TCA (sentencias Nos. 518/2015, 729/2015, 49/2016, 707/2016 y 610/2017). En definitiva, solicitó el amparo de la demanda (fs. 2 a 5). II) Conferido el correspondiente traslado compareció e l Dr. Juan Andrés Noya -en representación del Banco de Previsión Social - quien tras relacionar los antecedentes del acto se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. El acto administrativo atacado se encuentra ajustado a Derecho. No es un hecho controvertido que a la fecha de configuración de la causal la actora superaba ampliamente el tipo de ingresos mensuales establecidos por la norma, conforme a lo cual se dictó el acto denegatorio, consentido tácitamente por la accionante. El v ocablo “siempre” del artículo 26 de la Ley Nº 16.713 es utilizado unido al pronombre “que”. Y el Diccionario de la Real Academia Española establece que el giro “siempre que” constituye en su primera acepción una locución conjuntiva que significa “Con tal d e que” , careciendo en cualquiera de ambas acepciones a toda referencia temporal. De ese modo, el precepto que se analiza podría interpretarse del siguiente modo: “tratándose de las viudas y de las concubinas, tendrán derecho al beneficio con tal que sus i ngresos (…)” o “(…) en todos los casos en que sus ingresos (…)”. Ahora bien, el criterio establecido por el Decreto Nº 295/1995, en la redacción dada por el Decreto Nº 46/2009, en cuanto aprecia los ingresos de la beneficiaria calculando el promedio mens ual actualizado de los ingresos personales de los doce meses anteriores a la fecha de configuración de la causal, no es contradictorio con lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley Nº 16.713. La prestación tal como fue planteada legalmente, limitada a un tope cuantitativo de ingresos de la viuda beneficiaria, no puede, sino que limitarse al factor temporal en el que se sufre la contingencia. Esto es, a la situación de hecho existente al momento del fallecimiento del causante. Y ello porque la contingenc ia cubierta es justamente esa: la pérdida de ingresos inmediata del cónyuge supérstite, devenida por el fallecimiento del causante. Por esa misma razón incluso se establece su pérdida del beneficio “por mejorar la fortuna del beneficiario”. De ninguna ma nera puede considerarse la situación del cónyuge supérstite, acaecida cinco, diez, quince o veinte años después del fallecimiento del causante que da origen a la prestación por la simple razón que esa disminución de ingresos devenida a futuro no es la cont ingencia cubierta por la pensión por sobrevivencia regulada en el artículo 26 de la Ley Nº 16.713. Esa disminución de ingresos, acaecida con posterioridad, no tiene relación alguna con la circunstancia del fallecimiento del cónyuge. El BPS aplicó el Dec reto Reglamentario Nº 395/1995, que fue dictado conforme a la Ley. Este no hizo más que regular la forma en que debe considerarse el límite cuantitativo establecido por la Ley. Conforme a lo que viene de verse, el acto administrativo cuya nulidad se impe tra es reiterativo de otro que fue consentido por la accionante. La lesión invocada fue causada originalmente por la Resolución que motivó la denegatoria de la pensión solicitada oportunamente. El acto administrativo cuestionado carece de la nota de les ividad prevista por el artículo 309 de la Constitución. En el mismo se reiteran los motivos por los que se le denegó la posibilidad de acceder a la prestación de pensión por sobrevivencia de su cónyuge. No puede reabrir en forma oblicua o extemporánea la vía jurisdiccional. En suma, abogó por la confirmación de la Resolución impugnada (fs. 13 a 19 vto.). III) Por decreto No. 8638/2019 (fs. 21) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 28. IV) Las partes alegaron por su orden (fs. 31 - 32 vto. y fs. 35 - 36, respectivamente). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante D ictamen No. 440/2020 (fs. 39 a 40), en el que aconsejó el rechazo de la demanda porqu e “en la especie no surgen acreditados los ingresos personales de la actora , a partir del mes 07/2019 derivados de las prestaciones jubilatorias servidas por dos organismos diferentes -BPS y CJPPU -, a fin de poder dilucidar que los mismos sean inferiores al tope a que refiere el inc. 2º del art. 26 de la Ley Nº 16.713” (fs. 39 vto. a 40). VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Señores Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 42). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal , corresponde relevar el cumplimiento de las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Resolución Nº 03-936-2018-2849, se emitió el 19 de diciembre de 2018 (fs. 28 - 29, A.A.) y se notificó el 30 de enero de 2019 (fs. 32 vto., A.A.). El 6 de febrero de 2019, se interpusieron en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico (fs. 50 - 51, A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta , la que se configuró a los doscientos días sin que la Administración haya resuelto el último de los recursos, el 1º de setiembre de 2019. La demanda se interpuso el 19 de setiembre de 2019, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 6). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. El 14 de noviembre de 2016, la compareciente se presentó ante el BPS y tras adjuntar testimonio s de partidas de matrimonio y de defunción de su esposo, el Sr. Werner Eisenhardt, se generó el expediente Nº 2016 - 28-1-143736, caratulado como “Pensión por Fallecimiento Pasivo” (fs. 1 a 4, en carpeta verde de 53 fojas, A.A.). En dicha oportunidad, se le recabó una declaración de ingresos y egresos, dejándose asentada la siguiente observación: “La persona declara no poseer ingresos monetarios” (fs. 4 vto., A.A.). En la misma fecha, se le confirió vista “Por no cumplir los extremos exigidos en el art. 78 del Acto 9 del 23/10/1979 y art. 26 Le y No. 16.713 de 03/09/1995 y Dec. Reglamentario 359/1995 art. 10, inc. C. EL PROMEDIO DE INGRESOS DEL SO LICITANTE SUPERA EL TOPE ESTABLECIDO Art. 26 de la Ley No. 16.713 del 3/09/95” (fs. 5, A.A.) (la negrilla no está en el original). Una vez transcurrido el plazo sin que la interesada evacuara la vista, la Gerencia de Prestaciones Económicas, Área Pasivos, procedió al dictado de la Resolución DP Nº 176/2016, de 7 de diciembre de 2016, mediante la cual se declaró que esta “no tiene derecho a la pensión solicitada en calidad de beneficiaria viuda por(que) EL PROMEDIO DE INGRESOS DEL SOLICITANTE SUPERA EL TOPE ESTABLECIDO de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 26 de la Ley No. 16.713 del 3/09/95” (fs. 26 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). Tras realizarse la notificación el 10 de enero de 2017, mediante correo certificado (fs. 6 vto. - 8, A.A.) y en virtud de no haberse interpuesto recursos administrativos, la Oficina de Notificaciones expidió una constancia el 21 de febrero de 2017, en la cual consignó: “En el día de la fecha se constata que venció el Plazo de los 10 días corridos para presentar lo s Recursos Administrativos correspondientes por parte del Titular, atento al Decreto que antecede a Fs. 15, por lo que los presentes obrados pasan a ARCHIVO para su guarda” (fs. 9 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). El 9 de julio de 2018, se presentó nuevamente la actora ante el BPS y dedujo una petición (fs. 14 - 16 vto., A.A.), en cuyo contenido medular expresó: “La compareciente es viuda de Werner Eisenhardt el 29.11.2015 (…), según surge de los testimonios de partidas de estado civil oportunamente presentados al BPS. A la fecha de la presente petición sus ingresos se componen de dos fuentes: a) jubilación de industria y comercio y jubilación civil , servida por el BPS, según documentación en poder del organismo , b) la jubilación servida por la Caja de Jubilación Profesionales Universitarios, según resolución que se adjunta. Por tanto, actualmente percibe ingresos por debajo de los indicados en el art. 26 de la ley Nº 16.713 (…)” (fs. 14, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Seguidamente, y tras explicitar los fundamentos de derecho por los cuales consideró que lo previsto por el artículo 26 de la Ley Nº 16.713 implicaba una ev aluación dinámica (fs. 14 vto. - 16, A.A.), en el capítulo de prueba de su escrito señaló: “A los efectos de acreditar los extremos de hecho alegados, agrega: Resolución de la CJPP de fecha 24.07.2017 , por el que se la declara jubilada en dicho instituto. Asimismo, solicita al BPS la agregación a estos obrados de la siguiente documentación en poder del organismo: a) Testimonios de partidas de matrimonio y defunción, oportunamente presentadas. b) Detalle de montos abonados por concepto de jubilación (…)” (fs. 16, A.A.) (la negrilla no está en el original). A continuación, luce incorporada l a Resolución del 24 de julio del 2017, por la cual se le otorgó la jubilación de la Caja de Profesionales Universitarios, por un monto de $ 60.853 (fs. 17, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). El 7 de agosto de 2018, la Oficina de Pensiones proveyó lo siguiente: “Se cita a la Sra. Graciela Ferreira (…), a fin de dar vista por no generar derecho pensionario atento al Proyecto (sic) de Resolución DP176/2016 de fecha 07/12/2016. Por este motivo si bien fue estudiada la petición de fs . 1 a 6 entregada con fecha 09/07/2018, no se puede dar curso a la misma por lo ya antes mencionado. Se le deberá comunicar que cuenta con 10 días para realizar los descargos pertinentes” (fs. 19, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Notificada de la vista el 30 de agosto de 2018 (fs. 19 vto., A.A.), presentó descargos el 17 de setiembre de 2018, controvirtiendo lo argumentado por el BPS a partir de la transcripción de un extracto de la sentencia del TCA Nº 610/2017 e insistiendo en que se le otorgue la pensión por sobrevivencia (fs. 22 - 23, A.A.). El 24 de setiembre de 2018, se expidió nuevamente la Oficina de Pensiones en los siguientes términos: “(…) Pase para el aval de la jefatura y su posterior prosecución a Resoluciones y Elevaciones a fin de proyectar resolución ratificando el proyecto (sic) DP176/2016 de fecha 07/12/2016, atento (a) que la petición presentada por la Sra. Graciela Ferreira (…), no modifica lo ya resuelto ” (fs. 24, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). El 18 de diciembre de 2018, la Oficina de Resoluciones y Elevaciones dispuso: “Previo a dictar resolución pase a Pensiones a fin de expedirse respecto a los descargos presentados. Asimismo, se deberá unir a sus antecedentes, expedien te Nro. 2016-28-1-14376 por el cual se diligenció la solicitud de Pensión por Fallecimiento” (fs. 25, A.A.) (la negrilla no está en el original). Una vez acordonado el expediente referido (fs. 25 vto., A.A.), la Jefatura de la Oficina de Pensiones se pro nunció diciendo: “La Jefatura ratifica el proyecto (sic) DP176/2016 de fecha 07/12/2016 , se deja constancia que la petición presentada por la solicitante no modifica lo resuelto. Se acordonó el expediente Apia 2016 -28-1-14376, que sustenta la solicitud de pensión por fallecimiento a solicitud (sic). Pase a Resoluciones y Elevaciones para su estudio y consideración” (fs. 26, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Finalmente, y tras incorporarse copia de la Resolución DP176/2016 (fs. 26 vto., A.A.), se dictó el acto encausado (fs. 28 vto. - 29, A.A.). III) El Tribunal, habrá de apartarse de la solución aconsejada por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 39 - 40) y dispondrá la anulación del acto, por los fundamentos que se habrán de explicitar. En lo inicial , es preciso examinar, si el acto impugnado es el originario creador de la situación jurídica lesiva o si no lo es, por tratarse de un presupuesto de fundabilidad de la sentencia, exigido por los artículos 309 de la Constitución y 24, inciso 2º, in fine del Decreto - Ley Nº 15.524. Como explica Durán Martínez, “El acto administrativo susceptible de la acción anulatoria, además de definitivo, debe ser el originario , es decir el creador de la situación jurídica lesiva que se resiste con la acción de nulidad (art. 24 del decreto-ley Nº 15.524). (…) O sea, no basta la interposición y resolución de los recursos a los efectos de la interposición de la acción de nulidad; es preciso además que ese acto sea el creador de la situación jurídica lesiva que se resiste con la acción de nulidad .” (Cf. Augusto Durán Martínez, “Contencioso Administrativo”, FCU, 1ª edición, enero de 2007, ps. 42 y 44) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En el casus, la demandada sostiene que el acto impugnado no resulta ser el acto originario, generador de los perjuicios sobre el accionante. Ello por cuanto “el acto cuya nulidad impetra la actora es un acto de la Administración reiterativo, tolerado por la misma accionante. La lesión invocada por la actora en su demanda anulatoria , fue causada originalmente por la resolución que motivó la denegatoria de la pensión solicitada oportunamente ” (fs. 18, infolios, apartado IV) de la contestación de demanda) (la negr illa y el subrayado no están en el original). La accionante controvierte dicho planteo argumentando que “la aplicación que el BPS pretende hacer de la normativa, aplicando una suerte de efecto preclusivo “de facto” de las condiciones para el acceso a la pensión, carece de respaldo legal ” (fs. 32, infolios, apartado II), punto 10 del alegato) (la negrilla no está en el original). De la reseña de antecedentes efectuada en el Considerando II) ut supra surge que la actora presentó dos peticiones de pensión p or fallecimiento de su esposo : i) una primera, del 14 de noviembre de 2016, que básicamente consistió en la presentación de los respectivos testimonios de matrimonio y defunción, seguida de una declaración de ingresos y egresos en la cual se consignó que “La persona declara no poseer ingresos monetarios” (fs. 3 - 4 vto., A.A.); y ii) una segunda , del 9 de julio de 2018, en la que planteó la existencia de un cambio de sus circunstancias en cuanto a sus ingresos (fundamento de hecho) y en la necesidad de aplicar una interpretación que contemple la realidad dinámica de los mismos, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 26 inciso 2º) de la Ley Nº 16.713 (fundamento de derecho) (fs. 14 - 16 vto., A.A.). En este estado, procede determinar si realmente puede considerarse a la segunda petición, de 9 de julio de 2018 (fs. 14 - 16, vto., A.A.), como meramente reiterativa de la inicial, de 14 de noviembre de 2016 (fs . 3 - 4 vto., A.A.), atento a la correlación que existe entre estas y los respectivos actos denegatorios. Al analizar el punto, Cajarville advierte: “No son objeto de la acción de nulidad las resoluciones meramente reiterativas o denegatorias de peticiones de revocación o modificación, de otras anteriores , porque no siendo ellas las creadoras de la sit uación jurídica lesiva, su anulación no proporcionaría satisfacción al impugnante” (Cf. Juan Pablo Cajarville Peluffo, “Recursos administrativos”, FCU, 3ª edición, Montevideo, 2000, ps. 138-139) (sentencias Nos. 626/2016, 958/2017, 429/2018 y 414/2019) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Pero a continuación, el autor formula una importante precisión: “En la categoría de resoluciones meramente reiterativas no deben incluirse aquellas que , aunque en su expresión literal reiteren una anterior, lo hagan luego de ocurridos cambios en las circunstancias de hecho o de derecho que motivaron el dictado del primer acto . Este nuevo acto es en realidad originario en cuanto a los motivos existentes al tiempo de su emisión , y por tanto es objeto de rec ursos administrativos y de acción de nulidad” (Cf. Juan Pablo Cajarville Peluffo, “Recursos administrativos”, op. cit., p. 139) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En el sub - judice se produjo un acto denegatorio que recayó sobre una petición que reflejó cambios en las circunstancias que motivaron el dictado del primer acto. La sola circunstancia que el BPS se remita íntegramente a la Resolución que desestimó la primera petición (Resolución DP Nº 176/2016) y que la actora no recurrió, no significa que se esté ante un acto meramente reiterativo, máxime si se tiene presente que en la segunda se invocaron circunstancias de hecho que cambiaron. Por otro lado, no puede perderse de vista que “el derecho a solicitar la revisión y/o reliquidac ión de los haberes jubilatorios o pensionarios es un principio general que integra el bloque constitucional de derechos humanos y como tal, la reforma o modificación de una pasividad no caduca, no causa estado, de acuerdo a lo que correctamente dispone el art. 79 del Acto Institucional No. 9 (Cfme Sentencias No. 512/2006, 408/2008, 381/2013 y 322/2017).” (sentencia Nº 670/2018). Con tales entendimientos, aun cuando la actora no haya recurrido el acto que denegó su primera petición (y este haya quedado firme), es claro que el imp ugnado es el originario causante de su situación jurídica lesiva y no puede ser considerado como un acto meramente reiterativo. IV) En cuanto al fondo del asunto , el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo dicta minó lo siguiente: “A juicio de esta Procuraduría el reclamo anulatorio merece ser rechazado, en cuanto si bien la Sede en Sent. Nº 518 de fecha 21.07.2015 , en posición concordante con esta Procuraduría , ha expresado entre otros conceptos : “La ley nada dic e acerca del momento en el cual deba valorarse la situación económica de la solicitante . Esto es, si el derecho a pensión se puede perder por un hecho posterior, no se advierte la razón por la cual no se puede adquirir en caso contrario”, en la especie no surgen acreditados los ingresos personales de la actora , a partir del mes 07/2019 derivados de las prestaciones jubilatorias servidas por dos organismos diferentes -BPS y CJPPU-, a fin de poder dilucidar que los mismos sean inferiores el tope a que refiere el inc. 2° del art. 26 de la Ley N° 16.713.- Conforme a lo expresado, se aconseja a ese Alto Cuerpo que se pronuncie en ese sentido .” (fs. 39 vto. a 40, infolios) (la negrilla y el subrayado no están en el original). El Tribunal no comparte el tem peramento de marras, a la luz de las particularidades del caso concreto. En efecto, si bien de una primera lectura podría concluirse que la peticionante no proporcionó la totalidad de los elementos probatorios tendentes a la comprobación de la situación que alegó (sólo present ó el recibo de jubilación de la CJPPU), no puede dejar de advertirse que desde el inicio de su gestión afirmó que respecto de las jubilaciones de las Cajas de Industria y Comercio y Civil la misma solicitó su agregación al BPS, por t ratarse de “documentación en poder del organismo” (véase la petición en cuestión, de fs. 14 a 16, A.A.) (la negrilla no está en el original). Y el BPS, sin emitir ninguna respuesta de contradicción, ni pronunciamiento de ningún tipo sobre el particular, decidió remitirse a lo que ya había resuelto con anterioridad, con fundamento en una postura jurídica cuya legitimidad el Tribunal no comparte. En este contexto, importa destacar que en el ámbito del procedimiento administrativo existen determinadas particularidades en materia del objeto y la carga de la prueba. Sobre lo primero, Cajarville destaca: “Objeto de la prueba serán “los hechos relevantes para la decisión (arts. 70 y 195), hayan sido o no alegados por los interesados , y hayan sido o no los co nsiderados por la Administración al iniciar el procedimiento, en virtud de los principios de verdad material e instrucción.” (Cf. Juan Pablo Cajarville Peluffo, “Procedimiento Administrativo en el Decreto 500/991” , editorial Idea, Montevideo, 1997, p. 99) (la negrilla no está en el original). En tanto sobre lo segundo, el autor advierte: “Determinado el objeto de la prueba, no pueden aplicarse en el procedimiento administrativo los principios sobre carga de la prueba del proceso judicial civil (C.G.P. art. 139). Se trate del procedimiento común o del disciplinario, la Administración debe actuar conforme a la verdad material de los hechos relevantes; sobre ella recae el deber de practicar todas las diligencias probatorias que conduzcan al conocimiento de esa verdad, ya sé que los hechos a probar motiven una decisión favorable o adversa a la Administración o a los terceros” (Cf. Juan Pablo Cajarville Peluffo, “Procedimiento Administrativo en el Decreto 500/991”, op. cit., p. 100) (la negrilla no está en el original). En un enfo que diferente, otros autores han distinguido entre las distintas clases de procedimientos administrativos a la hora de examinar la carga de la prueba. Así, Artecona ha expresado: “En el procedimiento represivo o sancionatorio, es de toda evidencia que, partiendo del principio de presunción de inocencia, el esfuerzo probatorio debe recaer sobre la Administración. Los hechos constitutivos de la falta o infracción administrativa o disciplinaria deben ser probados por la Administración. El Tribunal ha descartado, en el ámbito del procedimiento disciplinario, que la Administración pueda actuar por mera convicción moral, subrayando que el resultado sancionatorio debe ser consecuencia de una labor instructoria hábil y conducente, que permita llegar a una prueba de cargo contundente que permita tener por configurada la falta más allá de toda duda razonable. En cambio, en otro tipo de procedimientos, el particular tiene la carga de aportar al expediente los elementos de prueba que permitan pronunciarse sobre la cuestión. Quien solicita la autorización para realizar una determinada actividad tiene la carga de aportar los elementos que las leyes y reglamentos aplicables le requieren como condición de un pronunciamiento favorable. No tiene allí la Administración el deber de suplir la inacción o negligencia del particular, rigiendo plenamente el concepto de carga como imperativo del propio interés. (…) En última instancia, el principio de disponibilidad de la prueba rige también en el procedimiento administrativo: aquella prueba de la que la Administración no dispone o no puede disponer, porque refiere a hechos que no conoce o porque sin la colaboración del particular no es posible diligenciar, y que resulta favorable al particular, éste tiene la carga de ofrecerla”. (Cf. Daniel Artecona, “La Prueba en el Procedimiento Administrativo.”, Revista CADE, Doctrina y Jurisprudencia, Nº 35, año 2016, edición especial TCA, del 25 de febrero de 2016, p. 21 a 28) ( sentencia No. 372/2018) (la negrilla y el sub rayado no están en el original). En el casus, la interesada afirmó y solicitó al Ente demandado la agregación de los recaudos de sus jubilaciones de las Cajas de Industria y Comercio y Civil, por tratarse de documentación en poder del Organismo. Sin em bargo, el BPS no contro virtió dicho aserto y decidió pronunciarse sobre el fondo del asunto, sin siquiera examinar mínimamente el punto. De ahí que, no siendo un punto controvertido que la documentación de las Cajas de Industria y Comercio y Civil estuvi era en poder del BPS y que este estuviera en condiciones de proceder a su agregación, la Corporación no comparta la solución aconsejada por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo. En efecto, el Ente demandado se limitó a remitirse al contenido de una Resolución anterior que había recaído respecto de otra petición, en el entendido que existe un único momento en el cual se debe evaluar el nivel de ingresos de los beneficiarios de la pensión de sobrevivencia. Al respecto, es menester tener presente que la interpretación que pregona el BPS, en aplicación del artículo 9 literal B) del Decreto Nº 359/1995, resulta ilegítima, por excederse de lo dispuesto por el texto legal, contenido en el artículo 26 inciso 2º) de la Ley Nº 16.713 (sentencias Nos. 518/2015, 7 29/2015, 49/2016, 259/2016, 325/2016, 707/2016, 124/2017, 610/2017, 220/2020, 383/2020, 461/2020, 555/2020 y 713/2020, entre otras). Como lo ha señalado reiteradamente el Tribunal, “No corresponde hacer una evaluación estática o, d icho en otras palabras, no puede admitirse que, por el hecho de no cumplir con el requisito de los ingresos exigidos, la interesada haya visto obturada para siempre su posibilidad de acceso al beneficio prestacional, como asevera la defensa del BPS. Acierta la actora cuando ha ce caudal de lo establecido en el art. 26 de la Ley Nº 16.713, que prevé que el derecho a pensión se perderá por mejorar de fortuna los beneficiarios. Este extremo da cuenta que, también, si la beneficiaria empeora sus condiciones, p ueda ingresar en el goc e del beneficio prestacional. No hay un efecto preclusivo para ingresar en el goce del beneficio pensionario. (…) En definitiva , la aplicación que el BPS pretende hacer de la normativa, aplicando una suerte de efecto preclusivo “ de facto” de las condiciones para el acceso a la pensión , carece de respaldo legal .” (sentencia No. 518/2015) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Por otra parte, no está acreditado que los ingresos de la actora superaban el tope vigente en al año 2018. En mérito a lo expuesto, la negativa al otorgamiento del beneficio pensionario partió de la utilización de un criterio ilegítimo, extremo que determina la nulidad de lo resuelto, sin perjuicio del poder -deber de la Administración de recom poner las actuaciones d e manera ajustada a Derecho. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, FALLA : Ampárase la demanda incoada y, en su mérito, anúlase el acto administrativo cuestionado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales fíjanse los honorarios profesionales del abogado de la parte actora en la suma de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuél vanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).