Sentencia Definitiva N° 476/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 7 de octubre de 2021. No. 476 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados “ZEBALLOS ARAMBURU, HÉCTOR DANIEL con ESTADO. MINISTERIO DEL INTERIOR. Acción de Nulidad” (Ficha No. 549/2019). RESULTANDO : I) El 4 de setiembre de 2019 (fs. 4-7), compareció el actor a promover demanda anulatoria contra la denegatoria ficta recaída a la petición formulada por el accionante ante la Dirección Nacional de Asistencia Social y Seguridad Policial con fecha 28 de junio de 2018, “de reforma de su cédula jubilatoria por reliquidación de rubros en su pasividad y pago de diferencias adeudadas por la errónea liquidación desde el cese, debidamente actualizadas”. (fs. 3 infolios) II) Como fundamento de su pretensión expresó, en lo medular, que la liquidación del haber de retiro realizada por el organismo policial debió incorporar los siguientes rubros presupuestales: a) compensaciones creadas por el art. 118 de la Ley N° 16.320, art. 36 de la Ley No. 16.462 y art. 144 de la Ley No. 16.7136, que se percibe por ser funcionario del Ministerio del Interior; b) compensación creada por el art. 21 de la Ley No. 16.333, que se abona a todo el personal policial, que varía en porcentaje, de acuerdo a los años de antigüedad en la institución; c) incremento salarial dispuesto por la Ley No. 16.911; d) incidencias del gravamen progresivo de montepío a “ Servicios de Terceros” (art. 222 de la Ley No. 13.318); y compensación por riesgo de función, prima técnica y viáticos de alimentación (art. 43 de la Ley No. 18.405). Entendió que las citadas compensaciones deben ser calculadas sobre el “total de las retribuciones sujetas a montepío”, al surgir de las disposiciones legales que crearon dichas partidas. Resaltó que dicha expresión, en su opinión, no puede limitarse temporalmente a aquellas partidas vigentes al tiempo de sanción de la disposición legal, ya que el hecho de que las compensaciones en cuestión hayan sido creadas en un presupuesto, no implica que en posteriores ejercicios no se continúen pagando. Concluyó que la denegatoria de la petición es ilegítima, porque carece de motivación y de sustento jurídico. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda y la anulación del acto impugnado. III) Conferido el correspondiente traslado, el 21 de octubre de 2019 (fs. 14-18) compareció el representante del Ministerio del Interior, a contestar la demanda incoada, bregando por su rechazo. Sostuvo, en primer término, que el actor, mediante la presentación de una petición en el año 2018, pretende cuestionar la liquidación de su primer haber de retiro realizada en el año 2013, en cuyo mérito, entendió que la denegatoria ficta recaída no configura un acto originario creador de la situación jurídica lesiva que se resiste con el presente intento anulatorio. Explicó que el acto administrativo que concedió la pasividad del actor, reviste la nota de acto firme y estable, habiendo precluido la posibilidad de deducir una acción anulatoria por vía de presentar una petición y recurrir luego la denegatoria. A continuación, manifestó, en lo medular, que el actor pretende, sin fundamento normativo, la inaplicación de la forma de liquidación que establece la Ley No. 18.405, vigente desde el mes de enero de 2009 en cuanto dispone un régimen especial para aquellos funcionarios que se encontraran en el denominado período de transición (artículos 36 y ss.). El haber de retiro del actor fue debidamente liquidado, incluyéndose todas las partidas sujetas a montepío a la fecha de retiro, conforme con lo dispuesto por la Ley No. 18.405. Apuntó que lo solicitado, no solo carece de racionalidad, sino que excede el marco jurídico presupuestal determinado por la Constitución, sino también los principios de la seguridad social y las leyes que establecen el marco jurídico dentro del cual debe actuar la Administración. En definitiva, solicitó se desestime la demanda y se confirme el acto impugnado. IV) Por auto No. 8713/2019 (fs. 23) se abrió el juicio a prueba; y se diligenció la que luce certificada a fs. 29, producida por la parte demandada. V) Alegaron las partes por su orden, haciéndolo el actor a fs. 32-33; y la demandada a fs. 36-37. VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante Dictamen No. 522/2020 y aconsejó el rechazo de la demanda (fs. 40 y vto.). VII) Se citó a las partes para sentencia, por Decreto No. 9081/2020 (fs. 42), la que se dictó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869, arts. 4º y 9º). II) El Tribunal, por unanimidad, desestimará la demanda incoada, por lo que se dirá. III) Surge de los antecedentes administrativos agregados, que el pretensor se desvinculó del Instituto Policial por retiro voluntario, con fecha 30 de noviembre de 2013 (fs. 30 vto.-31 AA), ostentando el grado de Cabo. Por su parte, dedujo petición administrativa calificada con fecha 28 de junio de 2018, a efectos de que se re-calcule su pasividad y se le abonen las diferencias adeudadas por la errónea liquidación, desde el cese, debidamente actualizadas (fs. 3 infolios). IV) En lo inicial, el Tribunal declarará no procesable la porción del acto denegatorio, relativa al pago de las sumas adeudadas por la supuesta errónea liquidación en que incurrió la Administración. Se trata, pues, de un reclamo puramente económico que se verifica en un estadio temporal posterior a la vigencia de la relación estatutaria que unió al actor con el Estado , no ingresando en la hipótesis del art. 23, literal c), del Decreto Ley No. 15.524. De manera que el análisis debe centrarse únicamente en la procedencia de la reforma de la cédula jubilatoria, incluyendo las compensaciones solicitadas. V) Respecto al carácter ilesivo del acto, introducido como defensa por parte de la Administración demandada, la Corporación no comparte tal postura. El pretensor dedujo petición administrativa calificada a efectos de que se recalcule su pasividad, incorporándose los rubros que entendió la Administración no había incluido. De modo que lo peticionado surtió efectos en punto a provocar un pronunciamiento del órgano público sobre una fase en la que en un acto anterior no se había expedido. Por tanto, la denegatoria ficta cuestionada, no puede entenderse ilesiva, meramente confirmatoria o reiterativa de una decisión anterior, habida cuenta que lo planteado por el actor en su petición no integró el objeto de decisión del acto que dispuso la liquidación de su primer haber de retiro, en el año 2013, como sustenta la accionada. VI) Despejado lo anterior, en referencia a la porción procesable del acto, esto es, proceder al re-cálculo de su haber de pasividad por la errónea liquidación de los rubros reclamados, corresponde distinguir dos grupos de partidas a efectos de clarificar la exposición. El actor solicitó la inclusión de las siguientes compensaciones: a) la establecida en el art. 118 de la Ley No. 16.320 y sus modificativos, que se percibe por ser funcionario del Ministerio del Interior; b) la creada por el art. 21 de la Ley No. 16.333, que se abonaba a todo el personal policial; c) el incremento salarial dispuesto por Ley No. 16.911; d) las incidencias del gravamen progresivo de montepío a “Servicios de terceros” (art. 222 de la Ley No. 13.318), compensación por riesgo de función, prima técnica y viáticos de alimentación (art. 43 de la Ley No. 18.405). VII) Sobre las compensaciones establecidas en los arts. 118 de la Ley No. 16.320 y 21 de la Ley No. 16.333 y el incremento salarial dispuesto por la Ley No. 16.911, no corresponde hacer lugar al reclamo, por la inobservancia del principio de congruencia en materia de Seguridad Social. En efecto, el actor ya no está en actividad y las asignaciones computables para el haber jubilatorio son aquellas percibidas y por las cuales efectivamente se tributó, todo conforme a jurisprudencia consolidada del Cuerpo (Sentencias Nos. 112/2020, 46/2020, 795/2019, 323/2019, 265/2019, entre otras). Respecto al alcance de estas compensaciones, esta redactora sostiene una posición diversa a la de la Corporación, en el entendido que no procede el pago de las compensaciones por permanencia a la orden y antigüedad en razón de que no corresponde realizar una interpretación extensiva de la normativa presupuestal vigente a las partidas posteriores, en consonancia con lo que manifestara al integrar el Tribunal de Apelaciones de Sexto Turno, y en concordancia con la postura sustentada por la Suprema Corte de Justicia en sentencias Nos. 171/2009 y 693/2012. VIII) Ahora bien, en cuanto a la incidencia de las partidas generadas al amparo del art. 222 de la Ley 13.318 ( “Servicios de terceros”) y del art. 43 de la Ley 18.405 (“la compensación por riesgo de función y la prima técnica, viáticos de alimentación” ) a diferencia de lo sostenido en las Sentencias Nos. 629/2019, 370/2020, 459/2020, 544/2020 respecto a estas partidas, en el subexamine el planteo del actor no puede prosperar. Así, consta de los antecedentes administrativos agregados, que por resolución Nº 1776/13, de 4 de octubre de 2013, la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial, declaró el derecho del actor a retiro común, al amparo del régimen de transición previsto en la Ley No. 18.045, computando 28 años, 11 meses y 12 días (fs. 25 vto.-26 AA). Retiro voluntario que fuera resuelto desde el 30 de noviembre de 2013 por parte de la Jefatura de Policía de Paysandú, según resolución Nº 281/2013, agregada a fs. 30 vto.-31 AA. Por tanto, al no haberse determinado la causal jubilatoria con antelación al 30 de junio de 2011 , de conformidad con lo previsto por el artículo 53 de la Ley No. 18.405, no resulta de aplicación el principio de congruencia previsto en el art. 46 de la misma norma, y la Administración actuó legítimamente al denegar las partidas peticionadas. IX) En términos que resultan reeditables al caso, ha expuesto el Tribunal en pronunciamiento reciente: “(…) Sobre dicha cuestión, la Ley Nº 18.405 -de Reforma del Régimen del Servicio de Retiros y Pensiones Policiales- dispuso en su artículo 20:“(Sueldo básico de retiro). Se denomina sueldo básico de retiro, aquel que se toma como base de cálculo para la obtención de la asignación de retiro y será el correspondiente al promedio mensual actualizado, de todas las asignaciones computables sujetas a montepío, de los sesenta meses computados anteriores al cese. Si fuera más favorable para el funcionario y en tanto lo pueda acreditar fehacientemente, el sueldo básico de retiro será el promedio de los cinco años de mejores asignaciones computables actualizadas. Tratándose de retiro por acto directo de servicio o por incapacidad total, si el tiempo de servicios computados no alcanza a sesenta meses, se tomará el promedio mensual actualizado correspondiente al período o períodos efectivamente registrados. En todo caso esas remuneraciones deberán estar debidamente documentadas en el Servicio de Retiros y Pensiones Policiales. La actualización de las asignaciones computables a efectos del cálculo del sueldo básico de retiro se hará hasta el mes inmediato anterior al inicio del servicio de la pasividad, de acuerdo con el Índice Medio de Salarios, elaborado conforme al artículo 39 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968.” En lo que refiere a las asignaciones computables que deben tomarse como base para el cálculo del haber jubilatorio el artículo 46 de la Ley estableció: “(Principio de congruencia). A los efectos de la presente ley, se entiende por asignaciones computables, aquellos ingresos individuales que, provenientes de actividades amparadas por esta normativa, constituyan materia gravada para las contribuciones especiales de seguridad social (…)”. Con relación a la materia gravada, el artículo 42 de la Ley la definió así: “(Materia gravada). Constituye materia gravada para las contribuciones especiales de seguridad social todo ingreso que el funcionario policial perciba, sea en dinero o en especie susceptible de apreciación pecuniaria, en concepto de retribución y con motivo de su tarea personal cumplida en tal carácter. Cuando el ingreso referido se recibiera en todo o en parte mediante asignaciones en especie o cuya cuantía real sea incierta, el Poder Ejecutivo determinará los fictos por los cuales se habrá de aportar por dicha asignación, en función del valor promedio de las mismas. Los aportes correspondientes a la Dirección Nacional de Sanidad Policial y al Servicio de Tutela Social Policial serán de cargo del personal policial y se calcularán sobre la totalidad de las partidas que constituyan materia gravada.” A los efectos de la elucidación del presente, resulta de utilidad lo analizado por la Sala en sentencia Nº 522/2014, en la que se consignaba: “…la ley consagra el principio de congruencia, que consiste en que, para que una partida integre la base de cálculo de las prestaciones de seguridad social, debe constituir materia gravada. Como enseña GRZETICH, el principio de congruencia, establece que debe existir una correspondencia entre los elementos que conforman la materia gravada y la base de cálculo de las prestaciones. Y como bien apunta el actor, la contracara de que una partida no constituya materia gravada para la seguridad social, es que -al menos de regla- se produce un achicamiento de la base de cálculo para los beneficios prestacionales (véase sobre estas cuestiones GRZETICH, Antonio: “Derecho de la Seguridad Social N° 3, Montevideo”, s/f, págs.. 36 y 37). Ley Nº 18.405 (al igual que la Ley Nº 16.713), es muy clara al consagrar el principio de congruencia en el art. 46. Establece que constituirán asignaciones computables los ingresos provenientes de actividades comprendidas en el régimen de inclusión del Servicio de Retiros y Pensiones Policiales, que constituyan materia gravada para las contribuciones de seguridad social. (…) Pero este mismo inciso segundo, consagra dos excepciones a esa regla de la congruencia: lo dispuesto en los arts. 39, inciso 3º, y 53, inciso 2º, de la Ley. A nuestros efectos interesa lo previsto en el inciso 2º del art. 53. Como vimos, dicho precepto ordena computar debidamente actualizadas, las retribuciones percibidas por el “Servicio 222” de los últimos 60 meses a efectos de cuantificar el sueldo básico de retiro de quienes -como el caso del actor- hayan configurado causal de retiro con anterioridad al 30.6.2011. Y lo hace sin restricción alguna, no interesa si aportaron o no a la seguridad social por esas retribuciones, que ordena computar de todos modos. Del análisis contextual de las distintas disposiciones, es posible concluir que, en la economía de la ley, hay dos casos en que corresponde computar las retribuciones percibidas por el “Servicio 222” o por las otras partidas referidas en el art. 43 de la Ley, aun cuando no se haya aportado a la seguridad social. Estos dos casos son: i) Quienes -como el actor- hubieran configurado causal con anterioridad a la vigencia de la ley, o que la configuraran hasta el 30.6.2011 (art. 53 inciso 1º); y ii) Quienes estuvieran en el régimen de transición (art. 39). Para estos casos, aun cuando la totalidad de las partidas no hayan tributado a la seguridad social, se establece que igualmente corresponde incluirlas a efectos de calcular el sueldo básico de retiro. Es una excepción al principio de congruencia, para estos casos concretos (…)”. Dicho artículo 43 menciona varias partidas. A saber: “La compensación por riesgo de función y la prima técnica, creadas por los Artículos 141 de la Ley No. 16.736, de 5 de enero de 1996, con las modificaciones introducidas por el Artículo 87 de la Ley No. 18.046, de 24 de octubre de 2006; y 29 de la Ley No. 16.002, de 25 de noviembre de 1988, en la redacción dada por el Artículo 142 de la Ley No. 16.736, de 5 de enero de 1996, y con la modificación introducida por el Artículo 88 de la Ley No. 18.046, de 24 de octubre de 2006, respectivamente, así como los viáticos de alimentación, tendrán el mismo régimen de aportación previsional”, además de los ingresos por servicios prestados al amparo de artículo 222 de la Ley Nº 13.318. Sin embargo, no refiere a las partidas que la actora reclama. El Tribunal, desde la sentencia Nº 474/2012 hasta la reciente Nº 160/2018, ha reconocido el derecho de los accionantes a percibir en la base de cálculo de sus liquidaciones salariales la partida de compensación por permanencia prevista por el artículo 118 de la Ley 16.320 y de prima por antigüedad dispuesta por el artículo 21 de la Ley 16.333 la totalidad de las partidas sujetas a montepío y compensaciones sujetas a montepío creadas con posterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, el casus difiere de aquellos por cuanto la actora ya no está en actividad y pretende reformar su cédula jubilatoria en función de la inclusión de sumas que según señalara el Tribunal en aquellas sentencias les correspondía a los funcionarios, pero que esta nunca percibió”. En tanto el principio general, es que las asignaciones computables para el haber jubilatorio son aquellas percibidas y por las cuales se tributó (principio de congruencia), y las sumas cuya liquidación pretende el actor no se encuentran dentro de las excepciones a dicho principio, no se advierte ilegitimidad alguna en el proceder de la Administración al no haber incluido las partidas de compensación previstas por el artículo 118 de la Ley No. 16.320 y de prima por antigüedad dispuesta por el artículo 21 de la Ley No. 16.333. IV.2) Por aplicación del mentado principio de congruencia y no estar el incremento salarial dispuesto por la Ley No. 16.911, incluido en una hipótesis de excepción, tampoco ha existido ilegitimidad en el cálculo del haber jubilatorio del actor al no incluir la partida por incremento salarial reclamada. IV.3) Las incidencias del gravamen progresivo de montepío a “Servicios de terceros” (art. 222 de la Ley No. 13.318) y compensación por riesgo de función, prima técnica y viáticos de alimentación (art. 43 de la Ley No. 18.405), invocadas por el actor tampoco resultan de recibo. Para el Tribunal es necesario analizar las particularidades del caso concreto a los efectos de determinar si corresponde su inclusión dentro del régimen del servicio de retiros y pensiones policiales regulado por la Ley No. 18.405. En este sentido, el inciso primero del art. 1º de dicha ley, dispone: “(Ámbito subjetivo de aplicación).- Queda comprendido en el nuevo sistema previsional (Título I, II, IV y V), el personal policial activo amparado por el Servicio de Retiros y Pensiones Policiales que, al momento de entrada en vigencia de la presente ley, sea menor de treinta y siete años de edad en el caso de la mujer, y de cuarenta años de edad en el caso del hombre, o aún teniendo más años de edad, cuente con menos de quince años de servicios efectivos , sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 al 41 de la presente ley”. (el subrayado y negrilla no pertenecen al original). De esta forma, la disposición transcripta establece expresamente su ámbito subjetivo de aplicación, fijando ciertas condiciones que debe reunir el personal policial interesado en ampararse a dicho régimen de seguridad social, refiriendo también a un régimen de transición regulado por los arts. 36 a 41 de la misma ley. En similar sentido a la formulación gramatical referente al ámbito subjetivo de aplicación del régimen general, regulado por la norma transcripta en párrafos anteriores, el art.36, establece de la siguiente forma el ámbito subjetivo de aplicación del régimen de transición: “(Ámbito subjetivo de aplicación).- El personal policial activo amparado por el Servicio de Retiros y Pensiones Policiales, que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, cuente, en el caso de la mujer, con treinta y siete o más años de edad, y en el caso del hombre, con cuarenta o más años de edad, y quince o más años de servicios efectivos, y no configure causal de retiro al 30 de junio de 2011, se regirá por las disposiciones de este Título, salvo que realicen la opción prevista por el artículo 58 de la presente ley” (el subrayado y negrilla no pertenecen al original). Como puede apreciarse, ambas disposiciones expresamente refieren al “personal policial activo ”, como primer requisito que debe configurar el personal policial que se pretenda amparar a dicho régimen. Por otro lado, el nuevo régimen de seguridad social analizado, expresamente establece en su art. 46 el principio de congruencia: “(Principio de congruencia).- A los efectos de la presente ley, se entiende por asignaciones computables, aquellos ingresos individuales que, provenientes de actividades amparadas por esta normativa, constituyan materia gravada para las contribuciones especiales de seguridad social. Las retribuciones a que refieren los artículos 42 y 43 de la presente ley constituirán asignación computable, sin perjuicio de lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 39 y el inciso segundo del artículo 53 de la presente ley, en idéntica medida en que sean materia gravada” (el subrayado no pertenece al original). Incluyendo de esta forma en la base de cálculo del sueldo básico de retiro a ciertas retribuciones, las indicadas en los arts. 42 y 43, considerándolas como asignaciones computables, al disponer que se encuentren gravadas para las contribuciones especiales de seguridad social: Art.42: “…todo ingreso que el funcionario policial perciba, sea en dinero o en especie susceptible de apreciación pecuniaria, en concepto de retribución y con motivo de su tarea personal cumplida en tal carácter...”. Art.43: “Las remuneraciones que el personal policial perciba por los servicios prestados a personas públicas o privadas, fuera del horario de servicio y del destino correspondiente a su función pública, bajo contrato celebrado por aquéllas con el Ministerio del Interior al amparo del artículo 222 de la Ley Nº 13.318, de 28 de diciembre de 1964, o normas análogas, con cargo a esos terceros (…) la compensación por riesgo de función y la prima técnica, creadas por los artículos 141 de la Ley Nº16.736, de 5 de enero de 1996, con las modificaciones introducidas por el artículo 87 de la Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006; y 29 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, en la redacción dada por el artículo 142 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y con la modificación introducida por el artículo 88 de la Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006, respectivamente, así como los viáticos de alimentación, tendrán el mismo régimen de aportación previsional”. Principio de congruencia cuya aplicación se podría entender que se encuentra exceptuada para dos situaciones concretas (arts. 39 y 53). Así, el régimen particular que dispone el artículo 53 de la norma precitada no resulta aplicable a la especie. Dicha norma establece: “(Regulación e incidencia de algunas partidas en el sueldo básico de retiro). Los afiliados activos amparados por el servicio de Retiros y Pensiones Policiales que han configurado causal de retiro o la configuren hasta el 30 de junio de 2011 , se regirán por el estatuto vigente a la fecha de promulgación de la presente ley. No obstante, las partidas referidas en el artículo 43 de la presente ley, se considerarán para el cálculo del sueldo básico de retiro tomando el promedio mensual actualizado de los últimos sesenta meses de servicios” (el subrayado y negrilla no pertenecen al original). La norma refiere al personal policial activo que al 30 de junio de 2011 hubiera configurado causal de retiro o estuviera a configurarla a la fecha que se indica como límite, solución que se encuentra en armonía con el requisito de la no configuración de la causal de retiro a la fecha indicada requerido por el régimen de transición. De lo contrario, el funcionario policial activo que además reuniera el resto de los requisitos exigidos por el régimen de transición (…mujer, con treinta y siete o más años de edad, y en el caso del hombre, con cuarenta o más años de edad, y quince o más años de servicios efectivos…) ingresaría en dicho sub sistema. Y el art. 53 regula una situación particular ya que refiere a quienes no ingresan al régimen general ni al de transición previstos por la norma. Sin embargo, y en conformidad con lo indicado en párrafos anteriores, la aplicación de la solución final que adopta dicho artículo respecto a la consideración de las partidas referidas en el art. 43 ya transcripto a los efectos del cálculo del sueldo básico de retiro (excepción al principio de congruencia), no solo requiere que el funcionario policial haya configurado o esté por configurar causal de retiro al 30 de junio de 2011, sino también que se trate de personal policial activo. Solución que también se encuentra en armonía con lo dispuesto por el art.1º de la Ley analizada, al disponer: “Queda comprendido en el nuevo sistema previsional (Título I, II, IV y V), el personal policial activo amparado por el Servicio de Retiros y Pensiones Policiales…” ya que en el “Título V” se encuentra el art. 53 analizado. Entiende la Corporación que a partir de una interpretación literal y lógico sistemática del sistema normativo analizado, en virtud de las mismas referencias subjetivas a “ personal policial activo ”, presentes en los distintos artículos mencionados que integran el mismo cuerpo normativo, los funcionarios policiales no activos a la fecha de vigencia de la Ley No. 18.405 no ingresarían en el ámbito subjetivo de aplicación de los regímenes y excepciones particulares por ésta regulados”. (Cf. Sentencia No. 226 de 27 de abril de 2021). Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Declárase no procesable ante esta jurisdicción contencioso-anulatoria, la porción del acto denegatorio ficto de la petición de liquidación y pago, retroactivamente y para el futuro de la compensaciones solicitadas. Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).