Sentencia Definitiva N° 475/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 7 de octubre de 2021. No. 475 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “MAZUI DE MORA, MARÍA OFELIA con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de nulidad” (Ficha No. 560/2019). RESULTANDO : I) El 9 de setiembre de 2019 compareció la Sra. María Ofelia Mazui de Mora y dedujo acción de nulidad contra la Resolución Nº DP 158/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas mediante la que se denegó la solicitud de pensión a la vejez por no cumplir los extremos exigidos en el art. 43 de la Ley No. 16.713, en tanto la solicitante no carece de recursos para subvenir a sus necesidades vitales (fs. 37 de los A.A.). Señaló que no fue considerado que tiene 71 años de edad, que no posee ingresos propios, que sus hijos no conviven con ella y que en definitiva no se examina si cumple con los requisitos que exige la ley. Relató que el Sr. Julio Fraquelli, su actual pareja, es jubilado y percibe un monto total mensual de $9.810 líquidos. Así, destacó que claramente dicho monto no sobrepasa los topes exigidos por el organismo y además es enfermo oncológico. Respecto de la situación de sus hijos manifestó que no conviven con ella. Indicó que Milene realiza trabajos de feriante percibiendo mensualmente aproximadamente la suma de $ 8.000. Con eso le ayuda a realizar una compra básica de alimentos. Federico está actualmente en actividad y sus ingresos son visibles para el BPS quien admite que no superan los topes establecidos reglamentariamente. Manifestó que el acto enjuiciado fue dictado con desviación de poder y tiene como consecuencia que deba depender económicamente de aquellos familiares que tienen sus propias necesidades. Afirmó que no está aprobado en absoluto a lo largo del expediente que pueda subvenir a sus necesidades vitales concepto que debe ser comprensivo de rubros tales como alimentación, salud, vestimenta, es decir no sólo vivienda, sino de todo ese conjunto de rubros que responden a derechos individuales e inalienables de todos ser humano. Concluyó que el organismo realizó una incorrecta apreciación de los hechos y la realidad socioeconómica de ella. Indicó que se efectuaron tres inspecciones oculares en las que llegan a conclusiones apoyadas en testimonios de vecinos, que no tienen por qué saber de la vida privada de la persona inspeccionada. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda y la consecuente anulación de la resolución en proceso (fs. 2 a 5). II) Conferido el correspondiente traslado, compareció, en representación del Banco de Previsión Social el Dr. Juan Andrés Noya quien bregó por la confirmación del acto enjuiciado. Sostuvo que de acuerdo a lo que surge de los antecedentes corresponde la confirmación del acto puesto que el acto fue dictado conforme la ley y a la regla de derecho del punto de vista formal y de fondo. Manifestó que por tratarse de una prestación que tiene una naturaleza alimenticia, el organismo debe realizar un estudio socioeconómico de la titular del trámite para determinar si existía carencia de recursos para sus necesidades vitales tal como lo exige la ley. Ese estudio socioeconómico requiere no solamente del estudio respecto de los ingresos de los familiares obligados sino además de las características del entorno donde vive a fin de acreditar si el titular tiene o no necesidades básicas insatisfechas tales como acceso a la vivienda, salud, alimentación, entre otras. Manifestó que la actora intentó ocultar su real situación lo que quedó al descubierto a través de las distintas inspecciones e interrogatorios efectuados. La accionante vive en una casa de su propiedad que cuenta con todas las comodidades necesarias, conviviendo con su concubino quién percibe una pasividad y además desarrolla actividad irregular desconociendo con exactitud el real nivel de ingresos del hogar. Concluyó que se acreditó fehacientemente, con el estudio socioeconómico de la promotora, que tiene sus necesidades básicas cubiertas, por lo que no le corresponde el beneficio de pensión por invalidez solicitado. En definitiva, solicitó que se desestime la demanda instaurada, confirmándose el acto administrativo impugnado (fs. 18 a 23). III) Se abrió el juicio a prueba por auto No. 9855/2019 de 19 de diciembre de 2019 (fs. 28). IV) Alegaron las partes por su orden, haciéndolo la actora en el escrito que luce de fs. 44 y 45 y la demandada en el que corre de fs. 48 y 49. V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció en Dictamen No. 582/2020 de fecha 9 de diciembre de 2020, a través del cual aconsejó rechazar la demanda y confirmar el acto procesado (fs. 52). VI) Se citó a las partes para sentencia, por Decreto No. 366/2021 de fecha 5 de febrero de 2021 (fs. 54) la que se acordó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Conforme con los términos de la demanda se acciona de nulidad contra la Resolución Nº DP 158/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas mediante la que se denegó la solicitud de pensión a la vejez por no cumplir los extremos exigidos en el art. 43 de la Ley No. 16.713, en tanto la solicitante no carece de recursos para subvenir a sus necesidades vitales (fs. 37 de los A.A. en 56 fs.). II) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869, arts. 4 y 9). La volición resistida fue notificada el día 14 de diciembre de 2018 (fs. 36 vto. de los A.A.). El accionante interpuso recursos de revocación en tiempo útil el día 17 de diciembre de 2018 (fs. 38 de los A.A.). La denegatoria ficta acaeció el día 12 de julio de 2019. La demanda anulatoria fue promovida útilmente el 9 de setiembre de 2019, según nota de cargo de fs. 6. III) El Tribunal, apartándose de lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, acogerá la demanda y anulará el acto impugnado por los fundamentos que se expondrán. Surge de los antecedentes administrativos declaración de la titular respecto de su situación socioeconómica, así como de sus familiares obligados, gastos del hogar, entre otros (fs. 2 de los A.A.). Se tomó declaración a la hija de la peticionante (fs. 6 de los A.A.). Se efectuaron inspecciones en el hogar de la actora y se interrogó a los vecinos (fs. 7 vto., 14 a 18 y 20 a 26 de los A.A.). Luce informe de la sección Inspección de Pensiones agregándose relevamiento fotográfico del apartamento del fondo del inmueble donde expreso la actora residir (fs. 11 y 28 de los A.A.). Se agregó documentación relativa al inmueble (fs. 19 de los A.A.). Se le confirió vista a la accionante la que no es evacuada (fs. 30 de los A.A.) y se dicta la Resolución impugnada. Surge de los antecedentes administrativos que la actora nació el día 23 de abril de 1948. Se presentó al organismo solicitando una pensión por invalidez al amparo del art. 43 de la Ley No. 16.713. Ha sido jurisprudencia firme del Tribunal, en reiterados fallos, que los requisitos establecidos en la norma legal no requieren que la persona solicitante del beneficio se encuentre en situación de indigencia o pobreza extrema, como lo ha dejado sentado el Cuerpo en anteriores decisiones. Por lo tanto, la carencia de recursos económicos para solventar sus necesidades debe relacionarse con las posibilidades que el solicitante tenga de obtenerlos mediante su trabajo o de sus familiares directos. La cuestión a resolver en el presente caso finca en determinar si la actora encuadra o no dentro de las previsiones contenidas en el art. 43 de la Ley No. 16.713: (Prestación asistencial no contributiva por vejez o invalidez). Será beneficiario de la pensión a la vejez e invalidez, todo habitante de la República que carezca de recursos para subvenir a sus necesidades vitales y tenga setenta años de edad o, en cualquier edad, esté incapacitado en forma absoluta para todo trabajo remunerado. Es en virtud de éste segundo requisito que la Administración denegó a la actora el beneficio solicitado, desde que consideró que la peticionante “no carece de recursos para subvenir a sus necesidades vitales” , además de que procuró fraguar y ocultar su real situación. Así, corresponde valorar la probanza glosada en autos a la luz de la norma que lo regula. La primera inspección fue realizada el 23 de julio de 2018, en el domicilio Barros Arana 4986 apto 1 “la vivienda inspeccionada es muy sencilla de reducidas dimensiones, construcción económica y modestamente equipada como se detalla en el formulario y fotográficamente; luce como área de servicio o anexo.” … “De acuerdo con el formulario de inspección, vecinales adjuntos, lo informado precedentemente, a priori quien suscribe considera, que la titular no vive en el sector de la casa inspeccionada” La segunda inspección fue efectuada el día 14 de agosto de 2018 y se informó: “A pesar de ver algunos elementos que hacen suponer que la casa está ocupada por alguien, la sensación sigue siendo que no es la titular quien lo habita”. En ese momento se la intima presentar los papeles de la compra de la vivienda ante el BHU, y la venta de la parte delantera al Sr. Fraqueli. Posteriormente se labró informe en el que se consignó: La titular presenta la documentación solicitada en la instancia de la inspección. Presenta contrato de compraventa de inmueble, Padrón 69428/001 celebrado el 05/07/1996 celebrado entre Sergio Giena y Maria Bassagoda como vendedores y por otra parte María Ofelia Mazui, Federico Suarez y Milene Suarez como compradores, en el contrato consta que Maria Ofelia Mazui de Mora es Usufructuaria y que sus hijos Federico y Milene serán los Nudos propietarios. La Titular manifiesta que no le vendió la parte de adelante a su ex pareja”. Se realizó una tercera inspección y se informó: “En suma, en la vivienda existen indicios que vive allí una mujer, que esta inspectora entiende es la titular del trámite hecho este confirmado con los testimonios de los vecinos que son contundentes en su declaración. Existen en este expediente, cuatro vecinos que confirman por escrito que María vive con Julio y una que no firma. Las inconsistencias de las declaraciones de la titular y de Julio son múltiples y figuran registradas en el expediente”. Ahora bien, analizados los extremos invocados por la promotora y que fueran acreditados en autos, el Tribunal estima que existió una incorrecta valoración de la situación socioeconómica de la accionante. Debe destacarse que la Sra. Mazui no posee ingresos, y percibe ayuda de su hija quien cuenta con un ingreso de $ 8.000. Aun considerando que la promotora conviva con el Sr. Fraquelli surge acreditado que éste percibe ingresos de $ 11.900 por su jubilación de industria y comercio, no pudiendo determinar la Administración los ingresos variables de acuerdo al testimonio de un vecino. La Administración indicó que se denegó la solicitud atendiendo a las inspecciones e interrogatorios efectuados. Si bien es cierto que existieron diferencias en las declaraciones primarias de la actora, del cúmulo probatorio no puede inferirse que no carezca de recursos para subvenir a sus necesidades básicas. Surgen los gastos del hogar de la actora establecidos en las actuaciones administrativas: UTE $ 1924, OSE $ 448, Antel $ 306, Tributos $ 580, contribución $ 280 y primaria $ 213. Asimismo, el organismo no acreditó que la accionante perciba ingreso alguno y de acuerdo a lo manifestado por ella recibe ayuda de su hija quien comprobó sus ingresos. En Sentencia No. 501/2020 se dijo “en la Sentencia N° 53/2016 se destaca que el concepto de necesidades vitales “(…) se trata de una noción por la que se impone el realizar un análisis de las condiciones socioeconómicas del administrado a fin de determinar razonablemente si puede o no proveer a sus necesidades vitales. (…) Así, en el fallo citado se sostuvo: “es posible advertir con un simple repaso del expediente administrativo, que los fundamentos de hecho en los cuales se basó la demandada para denegar la pensión son erróneos, en tanto no está acreditado que el actor tenga recursos suficientes para satisfacer, siquiera mínimamente, sus necesidades vitales”. (…) “Con estos elementos de juicio el Tribunal concluye que el acto resistido deviene ilegítimo al fundarse en una valoración indebida de las condiciones socio-económicas del reclamante, quien ciertamente se encuentra en las condiciones descriptas en el art. 43 de la Ley 16.713, lo cual le ubica como beneficiario de la prestación asistencial no contributiva por invalidez que solicitara. En efecto, la citada norma meramente requiere que la persona carezca de recursos para subvenir sus necesidades vitales, y que esté incapacitada en forma absoluta para todo trabajo remunerado. Situación que, como se viene de examinar, se cumple puntualmente en el caso del actor” (Sentencia 555/2009 publicada en Revista Derecho Laboral, T. LV, No. 248, OctubreDiciembre 2012, págs. 775-782 con el comentario de Gabriel SALSAMENDI titulado: “Requisitos para la percepción de la pensión por invalidez (art. 43 de la Ley 16.713)”)” (Cfme. Sentencia N° 53/2016). De lo que viene de expresarse se puede concluir que la actora no puede por sus propios medios solventarse, no poseyendo ningún otro tipo de ingresos. Así, entiende el Tribunal que la Administración realizó una errónea valoración de la prueba obrante en autos, apartándose de la verdad material, lo que afecta la motivación del acto, por lo que se impone la solución anulatoria. Respecto del agravio de la desviación de poder, no le asiste razón a la accionante: “(…) la desviación de poder no se presume, debe ser demostrada y la carga probatoria recae sobre la pretensora. En el caso, no existe prueba con suficiente fuerza convictiva como para acreditar fehacientemente el apartamiento del fin debido de la Administración en el dictado del acto, lo que caracteriza a la desviación de poder. (Cfe. Sentencia 565/2018, entre otras). Por lo tanto, el agravio invocado no es de recibo. En definitiva, por las razones expuestas, el Tribunal, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).