Sentencia Sentencia N° 469/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 7 de octubre de 2021. No. 469 VISTOS : Para resolución estos autos caratulados: “GARRETA MARQUEZ, ALFREDO con BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY. Acción de Nulidad” (No. 312/2020). RESULTANDO : I) Que la parte actora promueve demanda de nulidad, contra la Resolución de Directorio Nº 0783/19, acta 14.712, expediente 2019-52-1-07875 de fecha 20/11/2019 y aquella por la cual se desestimó el recurso de revocación poniendo fin a la vía administrativa (Nº 88/20 del 20/1/20), en cuanto resolvió rechazar en todos sus términos la petición incoada por el actor, en la que solicitaba ser eliminado como titular del crédito hipotecario que grava el padrón Nº 65.796/701 de Montevideo (fs. 5-6 ppal.). En su petición, aducía que vendió el referido inmueble comprometiéndose el comprador a suscribir escritura de novación, la que nunca fue otorgada, permaneciendo como deudor el actor de la deuda hipotecaria. Los sucesivos adquirentes se beneficiaron de refinanciaciones de deuda, sin que el actor haya sido noticiado debidamente. Los actos configuran una novación tácita, por lo que se justifica sea eliminado como deudor ante el Banco de esa deuda y del gravamen hipotecario, colocándose en su lugar a los actuales adquirentes del inmueble. En su demanda señaló que existieron defectos de procedimiento, y que los actos resistidos son contrarios a reglas de derecho, tanto público como privado. El B.H.U. no ejerció sus funciones tuitivas respecto de derechos, intereses y situación jurídica concreta del actor, y con su omisión permite una conducta abusiva de las contrapartes contractuales del accionante en su perjuicio, incurriendo en desviación de poder. II) La Administración demandada evacuando el traslado conferido, contesta que la presente acción tiene por objeto exclusivo la RD Nº 783/2019, mientras que la RD Nº 88/2020 no puede formar parte de la acción de nulidad en tanto se trata simplemente del acto administrativo que confirma el anterior, poniendo fin a la vía administrativa y habilitando en consecuencia la acción anulatoria. Respecto de la RD Nº 783/2019 impugnada, afirma que se encuentra exceptuada de la jurisdicción del TCA. Se trata de un acto regido por el derecho privado y excluido de la jurisdicción anulatoria en mérito a lo establecido por el art. 27 numeral 4 del D.L. 15.524. El B.H.U. en la presente relación es simplemente un acreedor, y no está actuando en uso de potestades extraordinarias o supra legales, o aún de facultades exorbitantes. No está actuando en el caso en función administrativa, sino que se trata de un negocio (crédito hipotecario) regido totalmente por el derecho privado, donde el B.H.U. actúa como cualquier sujeto de derecho privado, por lo que cualquier conflicto en la relación de acreedor y deudor debe dirimirse en la jurisdicción del Poder Judicial. III) De la cuestión formal planteada corrió traslado al actor, quien lo evacuó sosteniendo que precluyó la oportunidad procesal para plantearla, de acuerdo al art. 66 D.L. 15.524. Afirmó que el B.H.U. es un ente autónomo que dictó los actos administrativos recurridos, por lo que entonces el TCA tiene jurisdicción para conocer en la causa y determinar, si dichos actos son contrarios a una regla de derecho o viciados de desviación de poder. Expresó que la hipoteca y negocios anexos y conexos a ella son contratos civiles o comerciales, pero los préstamos hipotecarios que otorga el B.H.U. deben ser de acuerdo con la normativa que regula la estructura y función administrativa del B.H.U. como banco crediticio del Estado. Se trata de negocios administrativos y los contratos que se celebren, así como los actos que se dicten con motivo de ellos, caen dentro de las competencias del TCA, conforme al art. 23 literales a y b del D.L. 15.524 y concordantes. Y por supuesto, los particulares que contraten con el B.H.U. lo hacen bajo una relación administrativa, tanto por los actos que se dictaren o los contratos que se celebraren. En el caso, el B.H.U. dictó actos administrativos denegatorios de una pretensión deducida por un particular, lo que constituye actividad administrativa reglada, para la cual el TCA tiene jurisdicción y competencia para examinarla y evaluarla. En suma, solicitó el rechazo de la excepción. IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 429/2021), aconsejó amparar la excepción interpuesta. Seguidamente, pasaron los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron y dictaron la presente en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que la Corporación, compartiendo plenamente el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, declarará que en la especie el acto objeto de la presente acción de nulidad, no se encuentra comprendido dentro de la jurisdicción anulatoria del Tribunal. II) En primer lugar ha de precisarse, que las referencias al acto impugnado (RD 783/19), comprenden a la señalada RD Nº 88/2020, por ser ésta el acto confirmatorio que concluye la vía administrativa (art. 60 D.L. 15.524). En segundo lugar, procede el análisis de la cuestión formal planteada fuera del plazo para oponer excepciones, por tratarse de un presupuesto del ejercicio de la acción de nulidad, cuyo pronunciamiento cabe aún de oficio (art. 67 D.L. 15.524). III) La Corporación estima que el acto impugnado se encuentra comprendido entre los previstos en el art. 27 apartado 4) del D.L. 15.524, que excluye de la jurisdicción anulatoria los actos que “estén regulados por el derecho privado”. En efecto, la relación entre las partes está constituida por los contratos de préstamo, hipoteca y novación identificados en autos (fs. 22 vto. AA), actos que indudablemente se encuentran regidos por el derecho privado. En la especie, no estamos ante un acto que interprete el contrato básico y vinculante precitado; tampoco ante un acto que se haya dictado con motivo de la ejecución de aquél (art. 23 lit. b D.L. 15.524), sino - simplemente- ante el rechazo de la solicitud de revisión de un “préstamo hipotecario”, su cumplimiento o incumplimiento, extinción por una invocada “novación tácita”, o sustitución de deudor; supuestos que deben ser dirimidos por el Poder Judicial (ley 15.750). El B.H.U. actúa en su calidad de acreedor hipotecario (co- contratante), en la esfera de su ámbito negocial propio, como cualquier sujeto de derecho privado, por lo que la cuestión involucrada en el caso ingresa en la previsión excluyente del art. 27, núm. 4, del D.L. 15.524, por lo que la Sala carece de jurisdicción para conocer al respecto (Cfme. sentencias 1000/99, 502/01). Tal como ha sostenido el Tribunal, “la volición resistida refiere a relaciones jurídicas enmarcadas dentro del Derecho Privado, que comprenden al Banco Hipotecario del Uruguay -Ente Autónomo de naturaleza comercial- como prestador de servicios financieros, lo que no importa desconocer la función social que cumple la Institución por medio de sus cometidos desarrollados en el ámbito privado y no dominados por el Derecho Público a través de la sujeción jurídica de los particulares (Cfe. Sentencia No. 172/2012).- Como ha expresado con anterioridad el Cuerpo: “Las normas referenciadas se basan en disposiciones del derecho privado que regulan la hipoteca, (omissis), la paga, la novación y otros institutos otorgando amplias facultades al Banco Hipotecario. Pero no solamente giran en torno a las disposiciones aplicables del Código Civil sino que prevén eventualmente la intervención de la Justicia Ordinaria, para la dilucidación de algunas cuestiones susceptibles de plantearse en el curso de la ejecución extrajudicial. (...) Resulta claro que en la base o como fundamento del acto referido, siempre se encuentran disposiciones de derecho privado, que regulan y determinan su dictado.” (Sentencia No. 730/1992; Cfe. Sentencia No. 944/1992).” (Sentencias 140/2013 y 878/2017). Por los fundamentos expuestos, el Tribunal RESUELVE: Declárase que el Tribunal carece de jurisdicción para entender en la cuestión planteada en autos. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados, de la parte actora y demandada, en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil), cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Corujo (r.), Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).