Sentencia Definitiva N° 466/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 28 de setiembre de 2021. No. 466 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “GIORELLO FERREIRA, SILVIA PATRICIA con INSTITUTO DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE DEL URUGUAY. Acción de Nulidad” (Ficha No. 784/2018). RESULTANDO : I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución Nº 0862/2018, de 7 de marzo de 2018 , dictada por el Directorio del Instituto del Niño y del Adolescente, mediante la cual se resolvió la no renovación del contrato eventual de la actora, el que fuera dispuesto oportunamente, por Resolución Nº 2385/2016, de 5 de julio de 2016 (fs. 187, en carpeta verde de 282 fojas, A.A.). En su demanda, relató que según resulta de la fundamentación de la Resolución impugnada, el INAU decidió no renovar su contrato debido a que no alcanzó el puntaje mínimo de calificación requerido, de doce puntos, habiendo obtenido diez puntos por el período del 20 de julio de 2016 al 20 de julio de 2017. Pero en verdad esa calificación no es la que corresponde a su desempeño, sino que obedece a un afán persecutorio de su superior directa, la Directora del Club de Niños Nuestro Sueño, Educadora Claudia Ferreira. Dicha persecución tuvo su origen en que la actora obtuvo sesenta y dos puntos en el concurso para la selección de docentes para ser contratados por el INAU, con lo cual alcanzó el primer lugar y ganó el cargo. En tanto, la nuera de la referida Directora (Karinna Duarte) perdió dicho concurso habiendo alcanzado un puntaje de sólo cincuenta y cinco puntos. De ello resultó una franca animosidad de la Directora Claudia Ferreira con relación a la compareciente, que terminó traduciéndose en las calificaciones e informes negativos que llevaron a la decisión de no renovación del contrato que se impugna. Pero la calificación de la accionante no es solo irregular por ser el resultado de una clara desviación de poder, sino por ser la enésima calificación que se le realizó por un mismo período, vulnerando así la reglamentación en la materia que dispone la existencia de una única calificación anual. La actora fue objeto de nada menos que once calificaciones diferentes desde diciembre del 2016, hasta el momento de su cese. Calificaciones que comenzaron con un puntaje de dieciséis puntos en el caso de la primera, para ir luego descendiendo hasta no alcanzar el mínimo necesario para la renovación del contrato. Obsérvese que el propio asesor letrado de la demandada expresó en su informe sobre los recursos interpuestos que “en el expediente físico acordonado no. 32170/2017, consta justamente una observación realizada por el Departamento Técnico de Recursos Humanos -fs108- …. Luego de ello es que una de las calificaciones numéricas es abatida a la baja de manera sustancial… Analizada toda la información incorporada, surgen algunas incongruencias e irregularidades… porque existen tres formularios de calificación por el mismo período con sumatorias totalmente diferentes (…)”. Lo que, como ya se señaló, sólo se explica por la finalidad espuria perseguida por la jerarca de la actora de perseguirla y acosarla por haber logrado el lugar que le “correspondía” a su nuera, utilizando para ello en forma indebida el mecanismo de la calificación, configurando una situación de desviación de poder. Este objetivo espurio explica también la ausencia de notificación de muchas de las calificaciones a la baja, que de haberle sido notificadas habría tenido la oportunidad de objetarlas como lo hizo efectivamente en la rara ocasión en que tuvo la oportunidad de hacerlo, resaltando su desempeño y poniendo así en evidencia que su calificación no respondía a la realidad. Eso es lo que se quiso evitar al no notificarla en varias oportunidades, para así lograr la no renovación de su contrato. Lo que sí se intentó notificar a la actora, en forma completamente irregular, fue su última notificación, porque ya se sabía que eso implicaba su desvinculación del INAU. En dicha ocasión, concurrió la Directora a efectuar la diligencia al otro lugar de trabajo de la actora, el Juzgado de Paz de Tranqueras, buscando ponerla en evidencia ante sus compañeros de trabajo. No existe argumento racional que justifique esa forma de proceder, sino que ello sólo puede entenderse en el marco de la ya referida animosidad. La notificación debió realizarse en las dependencias del INAU, en su lugar y horario de trabajo habitual, recogiéndole la firma. En suma, solicitó la anulación del acto administrativo resistido (fs. 2 a 5). II) Conferido el correspondiente traslado, el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay lo contestó oponiéndose al accionamiento, en base a la siguiente fundamentación. Analizados los antecedentes, surge que lo que el Directorio tuvo en cuenta fueron los dos formularios que surgen de fs. 13 a 16 del Expediente 10303/2018, y los que, sin lugar a duda, coinciden en lo fundamental, que es la sugerencia de no renovación del contrato que la actora mantenía con el Organismo. Por lo tanto, partiendo de esa calificación de la supervisora directa de la funcionaria y de la jerarca máxima del servicio, es que se dictó el acto administrativo. Los hechos están bien explicitados por los Técnicos de Calificaciones y Ascensos, a fs. 108 y 122 del Expediente 32170/2017, los que, al haber detectado dicha dicotomía, sugieren el pase a la Dirección de Rivera, para sanear el error padecido al calificar a la funcionaria, ratificando o rectificando lo expresado en el informe de actuación (fs. 110). La Directora Departamental rectificó la calificación en los números, conforme la reglamentación interna (Resolución Nº 3680/2014), manteniendo el mismo concepto: la no renovación del contrato. Por lo que se puede inferir que la rectificación del formulario no cambia en lo sustancial la sugerencia de no renovación del contrato eventual a término de la funcionaria. Es así como se elaboró el correspondiente proyecto de Resolución, que luego fue aprobado por el Directorio del INAU el 7 de marzo de 2018. Las actuaciones luego fueron incorporadas al Expediente 10303/2017, para informe de la Asesoría Letrada, que detectó inconsistencias formales por parte de las jerarcas que realizaron las calificaciones, Sra. Claudia Ferreira y Mónica Nicolazzi. Por ello se les requirió que realizaran las aclaraciones que entendieran pertinentes, haciendo hincapié en lo referente a por qué se superpusieron las mismas, cuál es la válida, por qué se procedió a la baja de las calificaciones, etc. En respuesta, las jerarcas indicaron que la Sra. Giorello no se ajustaba a las normas de la institución en lo que respecta al horario de trabajo, presentando permanentemente llegadas tarde y reiteradas inasistencias que comunicaba luego que el centro ya estaba abierto y se encontraban los niños en el lugar. Además, tampoco se atenía a las normas de la institución, no reconociendo a las autoridades. En cuanto a las explicaciones respecto de los errores cometidos en el formulario de calificaciones, los motivos obedecieron a un desconocimiento de la reglamentación interna al momento de calificar con números, pero se mantuvo el concepto que la Sra. Giorello no cumple con las exigencias y expectativas para el rol que fue contratada. En atención a las incongruencias observadas en los puntajes, la Asesoría Letrada sugirió la integración de un Tribunal especial a la docente, lo que se verificó mediante Resolución Nº 549/2018, sin que a la fecha haya una decisión final. En definitiva, abogó por el rechazo de la demanda y la confirmación del acto impugnado (fs. 15 a 17 vto.). III) Por Decreto No. 1556/2019 (fs. 19) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 98. IV) Las partes alegaron por su orden (fs. 157-164 vto. y fs. 166-172 vto., respectivamente). V) Por Dictamen No. 607/2020, el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo aconsejó la anulación del acto (fs. 115 a 116). VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 118). CONSIDERANDO: I) En el aspecto formal , procede relevar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución de la República y normas concordantes para entablar la acción de nulidad (artículos 317 y 319 de la Constitución de la República y artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.869, de 22 de junio de 1987). La Resolución Nº 0862/2018, se emitió el 7 de marzo de 2018 (fs. 187, A.A.) y se notificó a la actora el 19 de marzo de 2018 (fs. 187, A.A.). El 3 de abril de 2018, interpuso en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico en subsidio, de conformidad con lo establecido por el artículo 10 inciso 3º) de la Ley No. 15.869 (fs. 188 a 191, A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta , la que se configuró a los doscientos días sin que la Administración resolviera hasta ese momento el último de los recursos, el 20 de octubre de 2018. La demanda se interpuso el 5 de diciembre de 2018, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 6). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. De las actuaciones glosadas a la causa surge que la actora se presentó a un llamado a concurso público y abierto de oposición y prueba de aptitud para proveer funciones contratadas de carácter eventual, por el término de un año, de maestros, en el Escalafón “J”, Grado 09, del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (fs. 42 a 43, infolios). El 6 de mayo de 2016, el Tribunal actuante publicó los resultados de la sumatoria de las distintas etapas establecidas en las bases y se fijó un orden de prelación, que en el caso del Departamento de Rivera tuvo exclusivamente a la actora, quien obtuvo un puntaje total de sesenta y dos puntos (fs. 45, infolios y fs. 172, A.A.). En dicha instancia, el Tribunal mencionó a otros concursantes que habían aprobado todas las etapas de selección, pero no habían alcanzado el mínimo exigido. Para el Departamento de Rivera, se mencionó a la concursante Karinna Duarte, con un puntaje total de cincuenta y cinco con cero cinco (fs. 46, infolios y fs. 173, A.A.). Por Resolución Nº 2385/2016, de 5 de julio de 2016, el Directorio del INAU resolvió homologar el fallo emitido por el Tribunal y disponer las funciones contratadas en carácter de eventual y por el término de un año, de maestros Escalafón “J”, Grado 9, en el Departamento de Rivera, en el Servicio “Club de Niños de Tranqueras” a la accionante (fs. 42 a 43, A.A.). El primer formulario de actuación funcional por el cual la funcionaria Claudia Ferreira asignó determinados puntajes y valoraciones corresponde al período del 20 de julio del 2016 al 20 de julio de 2017 y se notificó a la actora el 7 de setiembre de 2017 (fs. 176 a 177, A.A.). En dicha evaluación le asignó un puntaje total de trece con setenta y ocho, emitiendo un juicio de valor que consignó que no cumplía con las expectativas, sugiriendo la no renovación de su contrato (fs. 176 a 177, A.A.), consignando la calificada que no estaba conforme. Además, presentó una nota el 21 de setiembre de 2017, en la cual formuló sendos descargos sobre los distintos ítems en la que fue evaluada y solicitó el diligenciamiento de probanzas (fs. 104 a 105 y fs. 178 a 182, A.A.). El 22 de setiembre de 2017, la Dirección Departamental de Rivera elevó la nota de descargos a la Sub Dirección General de Gestión Territorial (fs. 106, A.A.). El 28 de setiembre de 2017, la División Recursos Humanos pasó las actuaciones a la Sección Calificaciones y Ascensos (fs. 108, A.A.) El 9 de octubre de 2017, se elaboró un informe en el cual se consignó: “En conocimiento expuesto por la funcionaria Silvia Patricia Giorello (…), se informa que la funcionaria ingresó al Organismo mediante RD 2386/016, tomando posesión el 20/07/2016 en una función de maestro, Escalafón J, Grado 09. A la fecha, teniendo en cuenta que transcurrió un año desde la fecha de ingreso y dado lo dispuesto por RD 3680/017, corresponde realizar la renovación de contrato. A tales efectos fue solicitado informe de Certificaciones Médicas, existencias de Sumarios, así como también el correspondiente formulario de actuación funcional perteneciente al período 20/07/2016 al 20/07/2017. Dicho formulario fue remitido a la Sección, donde se detectó que el mismo si bien las fundamentaciones realizadas por la Dirección del Club de Niños Nuestro Sueño así como también por la Dirección Departamental de Rivera sugieren la NO renovación del contrato eventual de la funcionaria Giorello , no cumplen con los criterios establecido en dicha Resolución (adjunta) ya que la misma establece que el puntaje mínimo para renovación de contrato es mayor o igual a 12 (doce) puntos) . Correspondiendo recabar informe a los efectos de rectificar o ratificar lo expresado en el formulario de acuerdo a la Resolución antes mencionada según corresponda. Por último, cabe agregar que en caso de entenderse pertinente rectificar el formulario existente (documento físico adjunto ), se deberá invalidar éste utilizando así un nuevo formulario de actuación. Con lo antes expuesto se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Dirección de la División, sugiriendo su remisión a la Dirección Departamental de Rivera” (fs. 112, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). El 10 de octubre de 2017, la División de Recursos Humanos compartió lo informado por el Departamento Técnico, Sección Calificaciones y Ascensos y envió el expediente a la Dirección Departamental de Rivera (fs. 114, A.A.). Luego se encuentra un segundo formulario de actuación funcional entre la misma evaluadora y evaluada, por el mismo período, con el mismo juicio de valor y sugerencia de no renovación de contrato, pero con un puntaje total de doce , que se notificó a la calificada el 21 de octubre de 2017 (fs. 183 a 184, A.A.). En esta oportunidad, la calificada también manifestó su disconformidad. El 26 de octubre de 2017, la Dirección Departamental de Rivera dejó constancia de la siguiente actuación: “Atento a lo solicitado se rectifica la calificación manteniendo el mismo concepto de no renovación en el contrato. Se envió formulario a calificaciones por correo ” (fs. 115, A.A.) (la negrilla no está en el original). El 8 de noviembre de 2017, la División Recursos Humanos devolvió el expediente señalando que no se recibió el documento físico (fs. 116, A.A.). Aquí aparece un tercer formulario de actuación funcional, con idénticos sujetos y conceptos valorativos, asignando a la evaluada un puntaje total de diez . De este formulario de actuación se notificó el 15 de noviembre de 2017, dejando asentado “En disconformidad. Presentaré nota” (fs. 119, A.A.). El 16 de noviembre de 2017, la Dirección Departamental de Rivera consignó: “Según lo solicitado por Sección Calificaciones y Ascensos se envía un nuevo formulario” (fs. 121, A.A.) (la negrilla no está en el original). Asimismo, también obra un cuarto formulario de actuación funcional, igual al tercero, pero sin la firma de notificación de la actora (fs. 185 a 186, A.A.), que podría tratarse de la diligencia que realizó personalmente la Directora del Centro Educativo en el Juzgado de Paz de Tranqueras. El 1º de diciembre de 2017, se expidió Calificaciones y Ascensos en los siguientes términos: “De acuerdo al formulario de actuación que antecede, se informa que la funcionaria (…) ingresó al Organismo el 20/07/2016, solicitando desde la Sección el formulario de actuación funcional pertinente con motivo de tramitar la renovación del contrato eventual. Dicho formulario fue realizado desde la Dirección del Club de Niños “Nuestro Sueño” y avalado por la Dirección Departamental de Rivera, sugiriendo así la no renovación del contrato eventual (fs. 115- 116). (…) En tal sentido se informa que la funcionaria Giorello no cumple con el puntaje mínimo ya que fue calificada con 10 (diez) puntos, siendo sugerido desde ambas Direcciones la no renovación de contrato eventual (…)” El 5 de diciembre de 2017, se pronunció la Dirección del Departamento Técnico, consignando que “Como se informó precedentemente la Sra. Giorello no cumple con los requisitos establecidos por la Resolución 3680/14 para renovación de su contrato eventual, en el sentido que alcanzó un puntaje de calificación inferior a 12 puntos (10) y tanto su supervisora directa como la Directora Departamental de Riera sugieren el cese de la funcionaria. La funcionaria presenta escrito evacuando vista respecto a sus calificaciones realizadas el 7/9/17 y solicitando se revea la sugerencia del cese de su contrato. El formulario utilizado no estaba completado correctamente por lo que las calificaciones que son tomadas en cuenta son las que obran a fojas 115 y 116, habiendo sido notificadas el 15/11/17” (la negrilla no está en el original). Finalmente, el 7 de marzo de 2018, el Directorio del INAU dictó la Resolución Nº 0862/2018, mediante la cual dispuso la no renovación del contrato eventual de la actora (fs. 187, A.A.). III) El Tribunal, habrá de compartir el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 115 a 116) y dispondrá la anulación del acto encausado, por los fundamentos que se explicitarán. La cuestión que se debate en autos se relaciona, por un lado, con las potestades discrecionales con que cuenta la Administración para decidir la no renovación de los “contratos eventuales” de los funcionarios, y por el otro, con la potestad de calificar y evaluar el desempeño de estos, realizando juicios de valor y asignando determinados puntajes. Sobre la potestad de decidir la no renovación de los contratos , con carácter general se ha dicho que “(…) los funcionarios contratados no tienen derecho a la inamovilidad, ni a la carrera administrativa, ni al procedimiento de destitución aplicable a los funcionarios presupuestados, sino que frente al vencimiento del contrato que los une con la Administración, solamente poseen la mera expectativa de que ésta -la Intendencia de Paysandú en el presente caso- les renueve su contrato (sents. 24/2005, 779/2007, 183/2009 entre otras) (…) Y, es dentro de ese esquema que, la Administración actúa en función de su discrecionalidad, pudiendo resolver renovar o no el contrato al funcionario , sin necesidad de motivación adicional alguna .” (sentencia No. 67/2013 y 439/2019 , entre otras) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Ahora bien, en el presente caso, el Directorio del INAU dictó la Resolución Nº 3680/2014 , de 22 de setiembre de 2014, por la cual se aprobaron determinados criterios para la renovación de los contratos eventuales y su pasaje a contratos permanentes (fs. 110 a 111, A.A.). En este contexto, se establecieron una serie de “CRITERIOS PARA LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO EVENTUAL” sobre la base de cinco aspectos: i) la calificación; ii) las inasistencias; iii) las licencias médicas; iv) los sumarios; y v) el juicio de evaluación realizado en el formulario de actuación correspondiente. Sobre la calificación, se estableció que: “El puntaje otorgado debe ser igual o superior a 12 puntos” . A su vez, respecto del juicio se previó que “La evaluación realizada en el Formulario de Actuación Funcional correspondiente, en el cual deberá constar: a) el informe de las inasistencias, b) la fundamentación, c) la sugerencia clase del Supervisor inmediato y de la máxima Autoridad del Servicio . Para los casos que no coincidan el Supervisor y la máxima Autoridad del Servicio se integrará un Tribunal constituido por dos funcionarios designados por Directorio y un representante elegido por los funcionarios involucraos” (fs. 110, A.A.) (la negrilla no está en el original). De manera que la Administración se autorreguló al delimitar con precisión los requisitos y el procedimiento a cumplir en materia de renovación de contratos eventuales y el pasaje a contratos permanentes. Tal como advirtiera el Tribunal: “(…) el ámbito de discrecionalidad cede ante la propia autorregulación del actuar administrativo. Así lo enseña muy claramente el Profesor Giorgi: “ La Administración debe respetar los reglamentos que ella misma ha dictado y que la obligan hasta tanto no los derogue ” (Cf. Giorgi, Héctor “El Contencioso Administrativo de Anulación” p. 207) (…)” (sentencia No. 517/2005) (en similar sentido, sentencias 656/2019 y 732/2019, entre otras) (la negrilla y el subrayado no están en el original). La materia de calificaciones constituye una cuestión de mérito, normalmente ajena a la jurisdicción del Tribunal, salvo que existan , vicios de juridicidad , falta de motivación , omisión de valorar aspectos trascendentes, inequívoca arbitrariedad o evidente irrazonabilidad. En ese sentido, el Cuerpo ha expresado: “(…) en lo que hace a la tarea calificatoria de los Supervisores , debe consignarse una vez más la posición de la Corporación en el sentido de que esa ocupación adjudicada reglamentariamente (art. 23, lit. a, del Decreto No. 301/996), así como la cometida a los Tribunales Calificadores en general, es materia que excede de su órbita de competencia , dado que no puede entrar a juzgar el mérito o , las razones por las cuales se entendió que correspondía otorgar al funcionario una determinada calificación . En consideraciones perfectamente aplicables en la especie , se ha expresado que: “…respecto al contenido técnico de esa tarea, el Tribunal del Concurso es soberano; al ser su cometido esencial calificar aptitudes , su juicio no puede ser revisado , ya que se asienta sobre la presunción de una competencia adecuada al fin ordenado, de la cual el Tribunal dispone para sentar sus juicios y, salvo el extremo probado de ilegalidad o desviación de poder , ese juicio no es revisable ” (José Aníbal CAGNONI, Cuaderno de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales”, No. 22, Pág. 169; Sents. 269/970, 72/990, 250/995, 819/000, 661/2001, 497/2002, 17/2006, etc.).” (sentencias Nos. 392/2008, 556/2016, 322/2019, 661/2019, 30/2020 y 489/2020 y 709/2020 , entre otras) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Más concretamente, sobre la asignación de puntajes, la Corporación ha señalado: “no cabe exigir el preciso detalle de las razones que conducen a asignar un determinado puntaje a título significativo numérico del juicio que el calificador se forma sobre determinados factores de la actividad funcional del calificado , por cuanto, incluso, la propia doctrina señala que , en ausencia de texto normativo expreso que requiere como requisitos de validez, la precisa fundamentación, la exigencia debe interpretarse con latitud y atendiendo a la naturaleza del acto (Cf. SAYAGUÉS LASO, Enrique: “Tratado de Derecho Administrativo” T. I, Págs. 460/461; CASSINELI MUÑOZ, Horacio: R.D.J.A., T. 7, Pág. 326).” (sentencia Nº 59/2008 ) (en similar sentido, sentencias Nº 67/1987, 334/1990, 269/1991, 553/1992, 1224/1992, 1246/1992, 250/1995, 425/1998, 468/2002, 490/2002, 783/2002, 378/2009, 632/2009, 500/2010, 603/2011, 992/2011, 97/2012, 106/2012, 605/2012, 388/2013, 54/2014, 623/2014, 506/2016, 63/2017, 761/2017, 467/2019, 586/2019, 51/2020, 53/2020, 125/2020 y 709/2020, entre otras) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Al respecto, la doctrina ha observado que “La jurisprudencia ha venido sosteniendo un criterio flexible en los casos de actos de calificaciones de desempeño de funcionarios (a diferencia de los actos de promoción, que veremos más adelante, en los que puede decirse que el criterio es el opuesto, es decir, existe una particular exigencia en cuanto a la fundamentación de la selección del funcionario ascendido). Esta latitud, según ha sostenido el TCA, obedece a que en general las calificaciones están sujetas a pautas preestablecidas en las normas reglamentarias , por lo que la mera asignación de un determinado puntaje supone la remisión implícita al concepto de los rubros en que se asignan tales puntajes y, por ende, la propia expresión del juicio valorativo que merece el funcionario en los rubros correspondientes resulta suficiente motivación del acto. (…) No obstante , es de señalar que esta flexibilidad cede cuando se registra alguna variación significativa en relación a calificaciones anteriores, en cuyo caso se exigirá una fundamentación adicional de dicha variación, más allá de las situaciones “tipo” en que pueda encuadrar reglamentariamente la calificación .” (Cf. Viviana Pérez Benech, “Motivación del acto administrativo: análisis de criterios jurisprudenciales y admisibilidad de su omisión alegando la reserva de las actuaciones”, en Revista de Derecho, Universidad de Montevideo, Año No. VIII, No. 15, 2009, p. 43). (sentencias No. 247/1989, 425/1998, 623/2014, 63/2017 y 709/2020, entre otras) (la negrilla y el subrayado no están en el original). IV) La parte actora sostiene en su demanda que desde diciembre de 2016 hasta su cese “ fue objeto de nada menos que once calificaciones diferentes ”, “Calificaciones que comienzan con un puntaje de 16 puntos la primera, para ir luego descendiendo hasta no alcanzar el mínimo necesario para la renovación del contrato ” (véase el punto 7) de la demanda, a fs. 3 vto., infolios) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Sin embargo, buena parte de dichas calificaciones no han podido ser acreditadas y no se ha incorporado la calificación inicial con dieciséis puntos a la que se alude, tal como se da cuenta en el procedimiento administrativo recursivo (fs. 252, A.A.). Ello sin perjuicio de las manifestaciones del testigo Ricardo de Larrosa, que alude a una primera evaluación “buena de 16.8” (fs. 90, infolios), que por otra parte, no concuerda con la afirmación de la propia actora en el sentido que el puntaje inicial que recibió fue de dieciséis puntos. Ahora bien, surge de los antecedentes agregados que la pretensora fue calificada por su supervisora, Sra. Claudia Ferreira, por el mismo período (del 20 de julio de 2016 al 20 de julio de 2017) , al menos con tres calificaciones diferentes (hay dos con el mismo puntaje total de diez, una notificada y otra que no). Y si bien, en todos los casos el juicio fue coincidente en que “No cumplía con las expectativas” , en la primera, notificada el 7 de setiembre de 2017 (fs. 176, A.A.), se le otorgó un puntaje de trece con setenta y ocho, en la segunda, notificada el 21 de octubre de 2017 (fs. 183, A.A.), se la asignaron doce puntos; y en la tercera, notificada el 15 de noviembre de 2017 (fs. 119, A.A.), se le asignó un puntaje de diez puntos , siendo éste último el que le generara el impedimento de la renovación del contrato, habida cuenta que la reglamentación exige poseer un puntaje mayor o igual a doce puntos. Tal irregularidad fue puesta de manifiesto por la Asesoría Letrada del Organismo al pronunciarse sobre la recurrencia administrativa impetrada, el 24 de mayo de 2018 (fs. 199 a 201, A.A.). En concreto, se sostuvo lo siguiente: “En este mismo expediente constan 3 formularios de calificación diferentes para el mismo período de tiempo -20 de julio de 2016 a 20 de julio de 2017-, y sin embargo los 3 tienen calificaciones numéricas diferentes relacionadas a la misma persona, estando algunas notificadas a la titular -sobre las que presentó descargos- y otras no. Puede apreciarse lo anteriormente mencionado a fojas 6-7 con calificación de 13,78, a fojas 13-14 con calificación de 12, y a fojas 15-16 con calificación de 10. Asimismo, en el expediente físico acordonado Nº 32170/2017 consta una observación realizada justamente por el Departamento Técnico de Recursos Humanos -fojas 108- respecto a que de acuerdo a Resolución de Directorio Nº 2680/2014 que aporta los criterios para renovación de contratos eventuales, no puede darse una calificación numérica como la otorgada y en el juicio sugerir la no renovación , por lo que se sugiere su rectificación, ratificación y/o aclaración. Luego de ello es que una de esas calificaciones numéricas es abatida a la baja de manera sustancial , por lo que se deberá aclarar por la Directora del Servicio y la supervisora de esta cuales fueron las causas que llevaron a tales modificaciones aportando y fundamento toda la información que estimen pertinente. Analizando la totalidad de la información incorporada, surgen algunas incongruencias e irregularidades que deberán ser aclaradas por la autoridad correspondiente, ya que son de vital importancia para la dilucidación de estos obrados. Por tanto se solicitará que sin más trámite el jerarca que realizó las calificaciones Sra. Claudia Ferreira realice las aclaraciones que estime pertinentes haciendo especial hincapié en lo referente a por qué se superpusieron las mismas , cuál es la válida , por qué existen 3 formularios de calificación para el mismo período de tiempo con sumatorias totalmente diferentes , cuáles fueron los motivos que llevaron a que en un perdió tan corto de tiempo esas calificaciones hayan tenido un cambio a la baja tan brusco y por qué no surge constancia de notificación a la Sra. Giorello en alguna de las calificaciones incorporadas entre otros aspectos (…) Lo mismo se le requerirá en forma simultánea a la Directora Sra. Mónica NICOLAZZI. (…) Por último, también se solicitará en forma concomitante informe a Recursos Humanos (…) a efectos de que aclare cuáles son los criterios rectores en situaciones como ésta (…)” (fs. 199 a 201, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Ante dicha requisitoria, la Sra. Claudia Ferreira informó: “En lo que respecta a las modificaciones producidas en el puntaje, ya que el concepto siempre fue el mismo que la Docente “no cumple con las expectativas” y que por ende no se sugería el pase del contrato eventual a permanente, las mismas se debieron a una inadvertencia absolutamente involuntaria ya que la primera calificación fue 13,78, habiéndose advertido desde calificaciones la imposibilidad de utilizar números fraccionados, si en número entero y para la no contratación estas eran calificaciones altas. Solicitándome que hiciera nuevamente la calificación, pero no fue informada cual se consideraría un puntaje de no renovación. Al no tener conocimiento de cuál era la mínima nota, se marca 12, cuando desde el personal de calificaciones (que) estuvo en Rivera en taller explicativo, se orientó a la compareciente que para la no contratación la calificación no podía ser mayor a 10, por lo que se indicó el referido puntaje en la última calificación, luego de la orientación correspondiente. De todo lo anterior se le explicó en forma pormenorizada a la Sra. Patricia Giorello quien manifestó comprender las explicaciones, aunque en la última oportunidad se negó a notificarse pese a haber tomado conocimiento de la calificación. Asimismo, cabe destacar que más allá del número que se registró respecto a la actuación de la Sra. el concepto se mantuvo y se mantiene respeto a que la Sra. Giorello no cumple con las exigencias y las expectativas para el rol que desempeñaba, siendo el mismo no ajustado al rol para el que fue contratada” (fs. 211, A.A.) (la negrilla no está en el original). Por su parte, la Directora Departamental respondió: “(…) En lo que respecta a las razones por las que se habría producido la superposición de las calificaciones de la Sra., cabe indicar que la válida es la última , esto es la que indica un puntaje de 10, las razones son las expuestas por la Directora del servicio las que se comparten y son avaladas por esta Dirección Departamental. En lo que refiere a la ausencia de notificaciones de parte de la Sra. GIORELLO la misma fue notificada de las calificaciones, de acuerdo a la documentación aportada por ella a fs. 115 del Apia 32170/17” (fs. 216, A.A.) (la negrilla no está en el original). En puridad, dicho recaudo refiere, únicamente a la notificación de la última calificación en la que se le otorgara a la funcionaria el puntaje de diez, más nada dice de las otras. Luego de ello, se expidió nuevamente la Asesoría Letrada expresando el 5 de noviembre de 2018 (fs. 220 a 222, A.A.), que “(…) las explicaciones vertidas por la Sra. Claudia Ferreira a fojas 38 no arrojan mayor claridad en cuanto a disipar y resolver la situación, no siendo de recibo su argumento de que no conocía el mínimo de puntuación para la no renovación de eventuales cuando esa aclaración y detalle surge en informe realizado a fojas 109 por Departamento Técnico. (…) Es por ello, que como diligencia para mejor proveer -previo a la Resolución final del recurso-, poder tener los elementos ilustrativos acordes, y brindar las máximas garantías a la compareciente y a la Administración, se sugerirá seguir los pasos antes mencionados en la Resolución Nº 3680/2014, es decir la constitución sin más trámite de este Tribunal imparcial para que pueda realizar las evaluaciones que entienda pertinente ” (fs. 220 y 221, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). La demandada, en concordancia con ello, integró y designó un nuevo Tribunal, conforme surge de los antecedentes (fs. 231 y 247, A.A.). Pues bien, conforme lo relatado, emerge que las actuaciones en virtud de las cuales se calificó a la actora, disponiendo a la postre la no renovación del contrato eventual que la vinculaba con el INAU, fueron claramente irregulares , lo que indefectiblemente inficionan de nulidad lo actuado. Los fundamentos de la decisión brindados por la demandada, que no son sino expuestos en la contestación de la demanda ( incumplimientos de asistencia de la funcionaria, llegadas tarde y mal relacionamiento), aluden a los informes emitidos por las jerarcas de la funcionaria, Sras. Ferreira y Nicolazzi. Más allá de las consideraciones por éstas vertidas, debe de verse que tales manifestaciones se ubican en una instancia posterior al dictado del acto, en ocasión de formularse recurrencia administrativa; de modo que no pueden erigirse en motivación válida e idónea. En efecto, dicha motivación ex - post facto o póstuma resulta inválida para sanear el vicio originario que adolece el acto impugnado, tal como lo ha expresado sistemáticamente la Corporación ( sentencias Nos. 433/1988, 522/1988, 529/1988, 763/1988; 37/1990, 485/1990, 139/1992, 732/2012, 548/2014, 573/2014, 653/2014, 672/2014, 680/2014, 4/2015, 9/2015, 104/2015, 153/2015, 156/2015, 184/2015, 772/2017 , 702/2019 y 48/2020, entre otras). En suma, el procedimiento de calificación de la actora con sucesivos formularios de actuación funcional que se realizaron en un escaso margen de tiempo y para un mismo período, reduciendo sustancialmente la puntuación asignada para justificar la no renovación de su contrato se realizó de manera flagrantemente irregular, plagada de desprolijidades que dejaron perplejos a los propios asesores letrados de la Administración, que ni siquiera al pedir explicaciones a la Directora que calificó a la actora se dieron por satisfechos para dar por aclarada la situación, ordenando la formación de un Tribunal. Se coincide en el punto con el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, en cuanto destaca: “(…) las calificaciones de la actora, y cuyo bajo puntaje determinaron la no renovación de su contrato, fueron irregulares, situación que fue oportunamente advertida por la Administración, y a cuyo saneamiento se encomendó, conformando un nuevo Tribunal , a posteriori del acto en causa. Ello, sin hesitación alguna, constituye una clara aceptación del vicio advertido en el procedimiento de calificación, lo que, a la postre determina que el acto administrativo así emitido se encuentre viciado de una insubsanable nulidad. En efecto; ha dicho ese Tribunal en relación al punto y citando calificada doctrina: “La prueba de los hechos relevantes para la resolución a dictarse es una etapa esencial del procedimiento administrativo. Todo acto administrativo debe dictarse por motivos de hecho reales, existentes, verdaderos; si así no fuera, si los hechos en los que la Administración fundó su decisión no hubieran existido o no hubieran sido tales como la Administración creyó o afirmó al resolver, el acto es ilegítimo, y si ello se probara en los procedimientos jurisdiccionales pertinentes, será anulado y la entidad estatal deberá reparar los daños causados. Por eso rige en el procedimiento administrativo el principio de verdad material, que excluye los acuerdos entre los interesados acerca de los hechos relevantes, así como la limitación de la actividad probatoria a los alegados por los interesados” (CAJARVILLE, J.P., “Sobre Derecho Administrativo”, t. II, 2da. Edición ampliada, 2008, p. 238).” (sentencia 511/20)” (fs. 115 vto. a 116, infolios). Cabe recordar aquí lo expresado por el Tribunal en sentencia No. 425/1998, en la cual consignó: “Como señala el Prof. Héctor FRUGONE SCHIAVONE, las calificaciones “no son un fin en sí mismo, sino un medio o instrumento para alcanzar fines administrativos diversos”. Entre esos fines, no pueden considerarse solamente los beneficios que obtiene el funcionario calificado , para un futuro ascenso, derecho ciertamente innegable, sino también el ordenamiento de la propia Administración que puede luego seleccionar a los mejores , según su propia calificación. Esto explica la cuidadosa normativa en materia de calificaciones de los funcionarios públicos, según los arts. 570 y sgs. del TOFUP (“Texto Ordenado de normas sobre funcionarios públicos”, Anotado y Concordado, O.N.S.C., 1997, págs. 174/178). Por ende, el acto calificatorio (y su juridicidad) no sólo importa al funcionario, sino también al propio servicio y a la Administración en general. Y el cuestionado en el ocurrente será anulado por la doble razón anotada (carencia de motivación y vulneración de la regla de derecho) .” (la negrilla y el subrayado no están en el original). V) En último término, resta por analizar la procedencia de la causal desviación de poder que la accionante asienta sobre la circunstancia que ganó el concurso para el puesto y no la nuera de la Directora del Club de Niños Nuestro Sueño, Karinna Duarte, lo que explica un afán persecutorio de la Educadora Claudia Ferreira, que terminó traduciéndose en calificaciones e informes negativos que llevaron a la no renovación de su contrato. Si bien, es cierto que la accionante demostró la efectiva participación de la Sra. Karinna Duarte en el concurso que ella resultó la única gananciosa en el Departamento de Rivera (fs. 42 vto., infolios) y esta última no alcanzó el mínimo de sesenta puntos exigido para su aprobación (fs. 46, infolios), como también el parentesco por afinidad existente entre Duarte y Ferreira (fs. 30 a 31, infolios), se entiende que no surge suficientemente probado que por estos hechos se haya generado una situación de persecución de la Directora hacia su persona. Lo que sí está claro es que, al calificar a la actora por un único período, se produjeron una sucesión de actos de un modo flagrantemente irregular, disminuyéndole significativamente los puntajes que se le asignaron en un único período calificatorio , con la única finalidad de justificar la decisión, tomada de antemano, de no renovarle su contrato. Según explica Giorgi, “ Existe desviación de poder cuando el acto administrativo ha sido dictado en consideración a un fin distinto -sea de interés público o privado- a aquel que se tuvo en vista al conferirse los poderes jurídicos a la Administración . El acto no se ajusta al fin propio o específico del servicio ” (Cf. Héctor Giorgi, “Obras y Dictámenes. Recopilación”, La Ley Uruguay, 1ª Edición, 2010, p. 857) (la negrilla no está en el original). En similar sentido, destaca Cassinelli que “la inclusión, aparentemente superabundante, de la desviación de poder en el artículo 309 y de la buena administración en el artículo 311, valen como consagración expresa, a nivel constitucional (...) de que las autoridades administrativas deben siempre ejercer sus potestades con el designio de perseguir el interés del servicio (...)” (Cf. Horacio Cassinelli Muñoz, “Derecho Público”, Montevideo, FCU, 2009, p. 339) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Más adelante en el tiempo, Cajarville precisó que existirá desviación de poder “(…) siempre que el “fin querido” por la “voluntad” de la Administración, apreciado subjetivamente, no coincida con el “fin debido” impuesto por las reglas de derecho” (Cf. Juan Pablo Cajarville Peluffo, “Sobre Derecho Administrativo”, tomo II, FCU, 3ª edición, 2012, p. 80). El Tribunal ha señalado reiteradamente que la desviación de poder es un “vicio grave del acto administrativo que, obviamente, grava al accionante con la CARGA de probar su ocurrencia, conforme a las reglas generales (arts. 104, D.L. 15.524, y 283, 284, 313, 329, 330 y 331 del C.P.C.).” (sentencias No. 147/2006, 157/2013 y 704/2020 ) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Pero también ha destacado la incidencia de las cargas de contradicción y prueba que gravitan sobre la demandada, como las dificultades probatorias que existen en materia de desviación de poder. Así, por ejemplo, en sentencia No. 216/2019 se pusieron de manifiesto estas cuestiones. Puntualmente, sobre las cargas de contradicción y prueba, se expresó: “En el caso de autos, como en todos aquellos en los que se atribuye al Estado demandado una hipótesis de desviación de poder , la carga de la contestación debe ser no solo categórica, sino precisa y circunstanciada, aportando todos los elementos que permitan descartar la existencia de aquella. En tal sentido, cabe sostener que existen, cuando menos, dos razones para exigir de la Administración una conducta muy clara: 1º) Porque a la Administración no le está permitido actuar con displicencia en el proceso . Ostenta un deber de colaboración que está reforzado, y por ende, debe brindar una respuesta circunstanciada que descarte toda conducta ilícita. La falta de controversia específica y la no agregación de los documentos que podrían significar un pronunciamiento en su contra atenta contra los principios de verdad material y de colaboración, consagrados en el Decreto 500/991 y todo el ordenamiento jurídico procesal. (…) 2º) Debe ser frontal, porque se le está endilgando un proceder muy alejado de los patrones constitucionales: se le atribuye desviación de poder. Podría decirse que cuanto mayor es la entidad del vicio denunciado, mayor debería ser la diligencia de la Administración en su obrar y el celo al controvertir una demanda promovida en su contra . El Estado no puede emitir una respuesta genérica. Pero, mucho menos puede hacerlo cuando se le atribuye un vicio mayor, un vicio de envergadura.” (la negrilla y el subrayado no están en el original). En tanto, sobre las dificultades para probar la desviación de poder , se destacó: “Como se advierte, existen “objetos difíciles de probar”, ya por las situaciones que entrañan, por los sujetos singulares que intervienen o por la combinación de ambos elementos. En esta línea se encuentran las situaciones de violencia doméstica, la basada en género, acoso sexual, laboral, docente, los fenómenos de mobbing, bossing, bullyng, el despido abusivo, la destitución ilegítima (arbitraria) de un funcionario público. El jurista debe aguzar los sentidos para encontrar la prueba que permita fundar su posición ” (Klett, S., “El estado y el avance de la ciencia procesal respecto de la actividad probatoria en vistas a posibles reformas”, II Conferencia Internacional & XXVI Jornadas de Derecho Procesal del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y de la International Association of Procedural Law, Ed. Atelier, Libros Jurídicos, Barcelona, España, 2018, p.605). Aplicando dichos conceptos puede afirmarse en el presente que “no puede razonablemente exigirse una conducta diversa a la asumida en el acto de proposición”, dada la naturaleza de los hechos. La desviación de poder constituye un hecho psíquico del cual sólo se advierten indicadores, indicios, “retazos”, actos fallidos. (…)” (la negrilla y el subrayado no están en el original). Pues bien, en el presente caso, la contestación de demanda no ha sido más que un racconto de las actuaciones administrativas realizadas, principalmente en vía recursiva, a lo que hay que agregar que el ofertorio probatorio se limitó a la mera agregación de los antecedentes administrativos (véase la contestación de demanda, de fs. 15 a 17 vto., infolios). Por otro lado, a la luz de las probanzas emergentes de las resultancias administrativas y jurisdiccionales, se desprende que las irregularidades constatadas en la calificación de la impugnante encuadran en un supuesto de desviación de poder. Así se advierte que, una vez realizada la primera calificación -cuyo puntaje implicaba la no renovación-, se la fue ajustando sistemáticamente a la baja con el único y firme propósito de no renovarle su contrato, sin tomar en cuenta a qué correspondían los puntajes que paulatinamente iban descendiendo. Por el contrario, lo único que importaba era que, a como diera lugar, el puntaje coincidiera con el exigido por la reglamentación para que no se le renovara a la actora su contrato como eventual. Debe tenerse presente además que los testigos ofrecidos por la accionante y que trabajaron con la actora en el Club de Niños Nuestro Sueño, en la ciudad de Tranqueras destacan que era “excelente funcionaria, excelente maestra, trabajadora, excelente compañera” (testigo Ricardo de la Rosa, fs. 89, infolios) y que “tenía buen relacionamiento con los niños, si le planteábamos alguna cosa para hacer tenía buena disposición” (testigo Shirley Mello, fs. 91, infolios). Todo esto, sumado al escaso tiempo transcurrido entre el buen resultado que la actora obtuvo en el concurso (fs. 45, infolios), seguido de la multiplicidad de calificaciones para un único período que sucesivamente fueron descendiendo sin dejar asentada la más mínima aclaración de parte de la calificadora, conducen a concluir en la existencia de una pluralidad de indicios que corroboran un obrar con desviación de poder. Por otro lado, no puede dejar de señalarse que la Administración tampoco controvirtió ni ofreció prueba alguna que niegue la existencia de una diligencia de notificación realizada personalmente por la Sra. Ferreira en el Juzgado de Paz de Tranqueras, lugar donde tenía su otro trabajo la actora, en un accionar que no se logra comprender por qué razón debió concurrir esta hasta allí en lugar de realizar el procedimiento a través de las dependencias del INAU, delegando dicha función material en otro funcionario. Sobre este extremo, el testigo Ángel Núñez, que se desempeñaba como Juez de Masoller y subrogaba en oportunidades al Juzgado de Paz de Tranqueras, declaró que “estando yo a cargo de la sede del Juzgado de Paz de Tranqueras, al salir de mi despacho había una señora esperando, la fue a atender, la funcionaria Giorello me dijo que era con ella , me retiré a mi despacho. Al ratito noté que la funcionaria estaba nerviosa, me manifestó que la Directora del INAU había ido a entregarle las calificaciones (…)” (fs. 74, infolios) (la negrilla no está en el original). Así las cosas, no puede más que coincidirse con el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo en cuanto repara que “La respuesta brindada por la funcionaria resulta a todas luces, inadmisible, ya que, básicamente, a fs. 211 señala que adecuó el puntaje con una numeración compatible con la no renovación del contrato de la actora, ya que esa era la intención; el puntaje pues debía ser siempre inferior a 12. Dicha conducta se encuentra, a juicio de esta Procuraduría, viciada por una clara desviación de poder (…)” (fs. 115 vto., infolios) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en atención a lo dispuesto por los artículos 309 a 310 de la Constitución, FALLA : Ampárase la acción anulatoria y, en su mérito, anúlase la resolución impugnada. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).