Sentencia Definitiva N° 462/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 28 de setiembre de 2021. No. 462 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “MENGOD TARAMASCO, GABRIELA CECILIA con ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO. Acción de nulidad” (Ficha No. 383/2019). RESULTANDO : I) El 21 de junio de 2019 (fs. 10-14) compareció la actora a promover demanda anulatoria contra la resolución emitida por la Gerencia General de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en ejercicio de atribuciones delegadas, con fecha 30 de agosto de 2018 (fs. 219 y vto. AA). Mediante la referida volición, se denegó la petición formulada por la actora relativa a abonársele diferencias salariales que entendía le correspondían, con motivo de haberse desempeñado como Encargada de la Oficina de Compras del Hospital Pasteur, desde el 19 de agosto de 2014 al 2 de noviembre de 2016. Relató en su demanda que ingresó por concurso al Hospital Pasteur, con fecha 6 de mayo de 2010, en el cargo de auxiliar administrativo, en una primera instancia como contratada y posteriormente presupuestada, por una jornada de 7.15 hs. diarias. Con fecha 19 de agosto de 2014, a raíz de la renuncia de la Encargada de Compras, fue nombrada, en forma interina, en dicho cargo, por resolución de fecha 19 de agosto de 2014, sin embargo nunca le fue abonada la diferencia salarial entre auxiliar contable y jefe de compras y tampoco se le redujo el horario, como todos los jefes de la Institución. Fundamentó la solicitud de pago de diferencias salariales, en los artículos 68 y 69 de la Ley No. 19.121, indicando que la negativa de la Administración, en tal sentido, resulta ilegítima. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda. II) Conferido el correspondiente traslado compareció la representante de ASSE, con fecha 5 de setiembre de 2019, a contestar la demanda, bregando por su rechazo (fs. 22-24). Afirmó que el motivo de designación interina de la “ encargatura” de la Sra. MENGOD se enmarca dentro de la potestad discrecional de la Administración, en razón de las necesidades del servicio. Precisó, en lo medular, que en la Unidad Ejecutora 06, Hospital Pasteur, no se encuentra contemplado en la estructura de mandos medios, la función “Encargado de la Oficina de Compras” , ya que dicho sector se encuentra bajo la dependencia del Encargado del Departamento de Recursos Materiales. Éste cargo sí está provisto con remuneración diferente, no así el Encargado de Compras, con lo cual no puede prosperar el reclamo formulado por la actora. Por tanto, entendió que el actuar de la Administración ha sido regular, atendiendo a criterios de “ racionalización” que son de su órbita y discrecionalidad. En definitiva, solicitó se desestime la acción de nulidad promovida, confirmándose el acto administrativo impugnado. III) Abierto el juicio a prueba por Decreto No. 6695/2019 (fs. 26), se produjo la que luce certificada a fs. 44. IV) Alegaron las partes por su orden, haciéndolo la actora en escrito que luce a fs. 47-48, el que ratificó a fs. 54; y la demandada a fs. 57-58. V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante Dictamen No. 463/2020 y aconsejó declarar que el acto en causa no es procesable ante esta jurisdicción (fs. 61 y vto.). VI) Por auto No. 7298/2020 (fs. 63) se citó para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal, se han cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869, arts. 4º y 9º). II) El Tribunal, por unanimidad, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, declarará la falta de jurisdicción del Tribunal, lo que obsta a considerar la cuestión de mérito. III) En efecto, de la compulsa de las actuaciones emerge que la resolución atacada es el corolario de una petición calificada formulada por la Sra. MENGOD, con fecha 17 de julio de 2017, por la cual solicitó “…se liquide la diferencia de haberes correspondientes a mi cargo (Encargada de la Oficina de Compras) hasta el momento de mi egreso” (fs. 119 AA). El reclamo de “índole puramente económica” se produjo en un estadio temporal posterior a la vigencia de la relación estatutaria que uniera a la actora con la Administración demandada, habida cuenta que como señaló en su libelo introductorio, la reclamante renunció al cargo en el mes de noviembre del año 2016: “El período reclamado va desde el 19 de agosto de 2014 al 2 de noviembre de 2016, fecha en que renuncié al Hospital Pasteur” (fs. 11 vto. infolios). En tal sentido, el art. 23 del Decreto Ley No. 15.524 prevé: “En particular, y sin que ello importe una enumeración taxativa, se considerarán objeto de la acción de nulidad: (…) c) los que se hayan dictado durante la vigencia de la relación estatutaria que vincula al órgano estatal con el funcionario público sujeto a su autoridad, relativos a cualquier clase de reclamo referente a la materia regulada por ella, así estos sean de índole puramente económica.” Como viene de explicarse y surge de los antecedentes agregados, así como de lo narrado por la pretensora, tanto la petición por ésta incoada, como el acto que expresamente la denegara, son de fecha posterior a su desvinculación del Organismo demandado. De allí, que la regla contenida en el literal “c” del art. 23 del Decreto Ley No. 15.524 no sea aplicable en la especie, y se deba estar, necesariamente, al resto de las disposiciones del mismo cuerpo de normas. Así, el art. 27 del mencionado Decreto Ley, establece: “Entre otros, tampoco se consideran comprendidos en la jurisdicción anulatoria los actos que (…) 3) Desestimen las peticiones de los interesados que tiendan al reconocimiento de compensaciones de adeudos, imputación de sus créditos a pagos futuros o reclamos similares”. De modo que al haberse introducido la petición de pago de diferencias salariales, luego de culminada la relación estatutaria, la regla del art. 23 que admite incluso los reclamos de “índole puramente económica” resulta en un todo desplazada, recobrando entera vigencia la solución dispuesta por el art. 27 precedentemente transcripto, cuyo ámbito de aplicación abarca supuestos como el de obrados. En suma, al estar extinguido el vínculo funcional y no encontrándose la actora bajo la “ autoridad” del Organismo demandado, el reclamo no puede prosperar en esta jurisdicción, debiendo concurrir la interesada a la Justicia Ordinaria para ejercitar su pretensión (Cf. Sentencias Nos. 207/2019, 250/2018, 709/2017). Por los fundamentos expuestos, lo dispuesto por los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República y lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Declárase que el acto impugnado no resulta procesable ante esta jurisdicción. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).