Sentencia Definitiva N° 459/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 28 de setiembre de 2021. No. 459 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “FERREIRA, EDUARDO con INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES. Acción de nulidad” (Ficha No. 535/2019). RESULTANDO : I) A fs. 23 compareció Eduardo FERREIRA a demandar la declaración de nulidad de la Resolución Nº 18/08103, de fecha 30 de noviembre de 2018, dictada por el Intendente de Canelones, por la cual se resuelve dar por concluida la investigación administrativa en torno a presuntas irregularidades ocurridas en el Zoológico de Atlántida e instruir sumario administrativo al actor, sin separación del cargo, por haber incurrido “prima facie” en la violación a lo establecido en el artículo 23 numerales 2, 9 y 13, artículo 27 del Estatuto del Funcionario, artículo 8 de la Constitución de la República y Ley No. 17.817. (fs. 35 AA en 204 fs.). Expuso en lo medular que en el caso se violentó el principio non bis in ídem , por cuanto esa resolución impone un segundo sumario, por los mismos hechos que fueron ventilados en uno anterior. Indicó que la propia denunciante, sin dilaciones, dijo una y otra vez, que ya denunció al actor sobre los mismos hechos, en la misma oficina, con anterioridad y que no hubo hechos nuevos. Así, el eventual trato discriminatorio ya fue investigado, desde el primer momento y dio lugar al primer sumario administrativo, sin perjuicio de lo cual posteriormente se le inició otro nuevo, por lo mismo. Aludió a la teoría de los actos propios y a la jurisprudencia de la Corporación en cuanto a la aplicación del principio non bis in ídem como apoyo de su argumentación. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda. II) Conferido el correspondiente traslado, compareció el representante de la Intendencia Municipal de Canelones a contestar la demanda. En primer término, expresó que la Administración actuó dentro de sus facultades y solamente dispuso la instrucción de un sumario luego de haber terminado una investigación administrativa, acto que no provoca al promotor lesividad alguna, requisito indispensable para accionar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En segundo término, indicó que los elementos para que se configure la alegada violación del principio non bis in ídem, no se encuentran comprendidos en el acto impugnado. El sumario tramitado por expediente 2017-81-1020-03489, obedece a denuncia presentada por una funcionaria de la Intendencia de Canelones el día 21 de agosto de 2017, por irregularidades administrativas, ser víctima de acoso y persecución laboral; en tanto el expediente 2018-81-1010-02031, se instruye a raíz de denuncia presentada por otra funcionaria Municipal ante la Oficina de Género el día 24 de julio de 2018, por racismo y discriminación hacia su persona. Por tanto, no estamos ante un mismo hecho infraccional y en consecuencia no se verifica la causal de nulidad invocada por el accionante. En definitiva, solicitó se desestimara la demanda impetrada. III) Abierto el juicio a prueba (fs. 49) se produjo la que luce certificada a fs. 72. IV) Alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 79-93 y 94-97). V) Conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, aconsejó hacer lugar a la demanda y en su mérito anular el acto resistido, por Dictamen No. 603/2020. VI) Se dispuso el pasaje a estudio y se citó a las partes para sentencia definitiva, que se acordó en legal forma. CONSIDERANDO : I) La pretensión anulatoria se dirige contra la Resolución Nº 18/08103, de fecha 30 de noviembre de 2018, dictada por el Intendente Municipal de Canelones, por la cual se resuelve dar por concluida la investigación administrativa en torno a presuntas irregularidades ocurridas en el Zoológico de Atlántida e instruir sumario administrativo al actor, sin separación del cargo, por haber incurrido “prima facie” en la violación a lo establecido en el artículo 23 numerales 2, 9 y 13, artículo 27 del Estatuto del Funcionario, artículo 8 de la Constitución de la República y Ley No. 17.817. (fs. 35 AA en 204 fs.). II) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido adecuadamente con los presupuestos para que pueda ingresarse al análisis de mérito del asunto (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). III) El Tribunal, por mayoría, discrepando con la posición que sustenta el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por declarar que el acto impugnado no resulta procesable ante esta Jurisdicción. En efecto, a juicio de los Sres. Ministros Dres. Selva Klett, Nilza Salvo y Luis María Simón, el acto que ordena la instrucción de un sumario administrativo es un acto de procedimiento que carece de la nota de definitividad y por tanto, no resulta procesable. Así, el redactor entiende que el acto no resulta procesable ante esta jurisdicción, salvo excepcional invocación y acreditación de manifiesta ilegitimidad, absurdo, abuso o deviación de poder, si fueren evidentes, lo cual no parece ser el caso. En su caso, podrá analizarse la regularidad formal del acto que finalice el procedimiento sumarial (Cf. Sentencia No. 359/2021 de fecha 17 de agosto de 2021). Resulta aplicable la distinción efectuada por CAJARVILLE entre actos preparatorios y actos finales del procedimiento. Así, el citado autor expone: “es posible distinguir los actos preparatorios de los actos finales del procedimiento. Los actos preparatorios son aquellos destinados instrumentalmente al dictado del acto que resolverá sobre el fondo del tema planteado, y por ende le preceden, en tanto el acto final o principal, es el que resuelve sobre el fondo del tema planteado en el procedimiento administrativo. Todos los actos procedimentales, en tanto actos administrativos, son susceptibles siempre de ser impugnados mediante los recursos administrativos correspondientes (porque el art. 317 de la Carta prevé que todos los actos administrativos, sin distingo alguno, son recurribles)” (Cf. CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo; “Procedimiento Administrativo” , Idea, Montevideo, 1997, pp. 55 a 61). Sin embargo, en cuanto a su impugnación jurisdiccional la situación es bien distinta: los actos de procedimiento -también llamados de mero trámite por el autor citado- sólo son impugnables jurisdiccionalmente “...si hacen imposible o suspenden en forma indefinida la tramitación, decidiendo así directa o indirectamente el fondo del asunto” , conforme lo dispone art. 24, inciso 3º, del Decreto Ley No. 15.524. Sabido es que el sumario es un procedimiento tendiente a la averiguación de los hechos liminarmente imputables al funcionario y que puede culminar con una sanción o con la “absolución” del sumariado. Entonces, la resolución que dispone la instrucción de un sumario constituye un mero acto instrumental que opera la “apertura” de ese procedimiento, en ejercicio del poder-deber de la Administración de esclarecer los hechos que pueden dar lugar a la imposición de sanciones disciplinarias (Cf. Enrique SAYAGUÉS LASO, “Tratado de Derecho Administrativo”, T.I., Ed. 1963, pp. 332 y ss.) Tampoco se aprecia palpablemente violación de la prohibición del principio non bis in ídem , agravio que, por otra parte, podrá invocarse una vez que se conforme la voluntad definitiva de la Administración con el dictado del acto final en el marco del procedimiento disciplinario. Por tales fundamentos, el Tribunal, por MAYORÍA, FALLA : Declárase que el acto administrativo impugnado no resulta procesable ante esta Jurisdicción; sin especial condena en costas ni costos. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz (d.), Dr. Corujo (d.), Dra. Klett, Dr. Simón (r.). Dr. Marquisio. (Sec. Letrado). Discordia Dr. Vázquez Cruz . DISCORDE: En cuanto considero que el acto que dispone el inicio el sumario resulta procesable y que en consecuencia corresponde examinar el fondo del asunto, confirmando el encausado. Como es sabido, la cuestión de la procesabilidad del acto que dispone el inicio del sumario ha suscitado a lo largo del tiempo diferentes posturas por parte del Tribunal y de sus integrantes. En la actual integración, la mayoría entiende que el mismo no resulta procesable, con fundamento en su carácter preparatorio o instrumental, tal como había sido sostenido originariamente por el Tribunal (véanse sentencias Nº 471/1987, 261/1996 y 405/1996, entre otras), con la salvedad de la porción del acto que dispone medidas preventivas (véanse sentencias Nº 356/2020, 719/2020 y 237/2021). El firmante adhiere a la posición desarrollada a lo largo del tiempo por prestigiosa doctrina publicista, que se basa fundamentalmente en el agravio que potencialmente puede irrogar este acto, como también en el concepto de acto definitivo (Cf. Juan Pablo Cajarville Peluffo, “Procedimiento administrativo en el Decreto 500/991”, Montevideo, ediciones Idea, 1997, p. 66; Rubén Flores Dapkevicius, “¿Es impugnable una resolución que dispone un sumario administrativo?”, en Revista de Derecho Público, FCU, Montevideo, 1999, Nº 15, p. 184 y Augusto Durán Martínez, “Contencioso Administrativo”, FCU, 2ª edición, marzo de 2015, p. 81 a 82), todo lo cual se ha visto reflejado en la postura que mayoritariamente había sostenido el Tribunal a partir del dictado de la sentencia Nº 419/2002. En esta línea de razonamiento, cabe recordar lo expresado por Durán Martínez, quien concluye su análisis sobre la cuestión señalando que: “ El acto que dispone un sumario es sí un acto instrumental, pero puede causar agravio y si adquiere la condición de definitivo no existe ningún obstáculo para que sea objeto de una demanda de nulidad (…). En mi opinión, pues, el acto que dispone la instrucción de un sumario administrativo -con o sin suspensión preventiva- es perfectamente impugnable con la acción de nulidad ” (Cf. Augusto Durán Martínez, “Contencioso Administrativo”, FCU, 2ª edición, marzo de 2015, p. 81 a 82) (la negrilla no está en el original). Del mismo modo, considero pertinente reafirmar lo expresado en sentencia Nº 20/2006 , en la cual se consignó: “ (…) el Tribunal , en su actual integración, adhiere a la tesis de la procesabilidad del acto administrativo que dispone la instrucción de un sumario en el ámbito de un proceso disciplinario. No sólo porque un acto de tal naturaleza puede tener contenidos que excedan el simplemente instrumental , sino también porque no se puede decidir como cuestión formal lo que es en realidad una cuestión de mérito, aunque con ello no se resuelva el objeto principal. Como es de principio, deberán existir motivos que justifiquen razonablemente la medida adoptada , que además deberá ser idónea para lograr su fin legítimo: determinar la responsabilidad del funcionario involucrado, su grado de participación en la comisión de la falta que se le imputa, y en su caso, la eventual aplicación de la sanción correspondiente (Dec. 500/91, art. 183).” (la negrilla y el subrayado no están en el original). Con tales entendimientos, y sin dejar de reconocer la complejidad de la cuestión, entiendo pertinente analizar el mérito de la causa. En lo sustancial, la cuestión a dilucidar se centra en resolver si la decisión de iniciar un nuevo sumario al actor, supuso la violación del principio “No bis in ídem”, o, si por el contrario, esta se encuentra jurídicamente justificada, es decir, si se evidencia que existieron para la Administración, motivos valederos, que justificaron el sumario ahora impugnado. Y bien, conforme surge de los antecedentes administrativos agregados a la causa, con fecha 1° de setiembre de 2017, por Resolución no. 17/06357, se inicia una investigación administrativa (fs. 10 de A.A., en 342 fs.), con motivo de una denuncia, respecto de presuntas irregularidades ocurridas en el Zoológico de Atlántida (fs. 2 a 4 de A.A.). Con fecha 17 de abril de 2018 (fs. 74 a 75 de A.A. , en 342 fs), se expidió el instructor a cargo de la investigación administrativa, consignando, en lo medular, que: "... surge que también que el capataz Eduardo Ferreira hacía discriminación étnicas (textual) respecto de la funcionaria Claudia Sosa, a saber: Así Wilson De la Llana a fojas 23 sostiene al ser preguntado si escuchó reírse al capataz respecto a los funcionarios afrodescendientes sosteniendo "Si, una vez Claudia Sosa me dijo que se había reído de ella por su condición de afrodescendiente", Claudia Correa a fojas 23 depone "Si, hacía diferencia racial, y más específicamente de la compañera Claudia Sosa" y a fojas 24 Claudia Sosa declara “...me ha dicho negra, también me dijo que si a los negros no le quedaban tatuajes porque a mí sí. También otro día me preguntó siempre delante de otras personas "a los negros les cuesta salir las canas verdad Claudia?... también ha hecho referencia al "negro" por mi esposo, que si falta me las “voy a ver fea". "Llegó a tirar la botella de agua de la heladera que yo llevo para tomar por ser mía dejando la de los demás compañeros". Y, seguidamente, concluye que corresponde solicitar sumario administrativo para el funcionario EDUARDO FERREIRA. Lo informado, fue compartido por el informe letrado de 3 de mayo de 2018 (fs. 76 y vto. AA en 342 fs.). Así pues, en base a las conclusiones de la investigación administrativa, por Resolución No. 18/03756, de 8 de junio de 2018, se dispuso instruir un sumario al actor: “…por haber incurrido "prima facie" en la violación de lo establecido en el art. 23 núm. 2, 9, 13 y 27 del Estatuto del funcionario, art. 8 de la Constitución y Ley 17.817. Por su parte, con fecha 24 de junio de 2018, la funcionaria Claudia Sosa, que también se desempeña en el Zoológico Municipal de Atlántida, se presenta ante la oficina de Genero de la Intendencia de Canelones, formulando una denuncia contra el actor, que como se verá, versaba sobre los mismos hechos, por los que ya era investigado Ferreira en el primer sumario administrativo (fs. 2 de A.A. en 204 fs.). La antedicha denuncia, provocó la instrucción de una nueva investigación administrativa, cuyo corolario, fue el dictado de la Resolución procesada, No. 18/08103, de 30 de noviembre de 2018, por la cual, vale reiterarlo, se resuelve “DAR POR CONCLUIDA la investigación administrativa en torno a presuntas irregularidades ocurridas en el Zoológico de Atlántida (…)”, e instruir sumario administrativo al actor, sin separación del cargo, “(….) por haber incurrido, “prima facie”, en la violación a lo establecido en el artículo 23 numerales 2, 9 y 13, artículo 27 del Estatuto del Funcionario, artículo 8 de la Constitución de la República y Ley Nº 17.817. (fs. 35 de A.A., en 204 fs.). Y bien. Entiendo, que asiste plena razón al accionante en su planteo, en tanto, resulta manifiesto en el caso que se ha violado el principio “non bis in ídem”. Sin hesitación alguna, emerge con elocuencia de las declaraciones que obran en autos que, ya en el primer sumario se había abordado el tema de discriminación racial y pese a ello, de todos modos se dispuso la instrucción de un nuevo sumario que recayó sobre el mismo objeto. En tal sentido, repárese por un momento, que no solo resultan casi idénticas las resoluciones que disponen la iniciación de sendos sumarios, sino que, además, la propia Administración lo advierte. Así, resulta ilustrativo que a fs. 14 de A.A. en 204 fs., se consigne que: “SE ESTA SUSTANCIANDO UN PROCESO DISCIPLINARIO CON IGUAL OBJETO Y TENOR SIENDO HECHOS COMPATIBLES Y ACUMULADOS EN VIRTUD DE SU CONEXIÓN”. Pese a lo cual, nada de lo señalado se hizo. Al respecto, como lo ha sostenido el Tribunal reiteradamente, el principio del non bis in ídem, no es propiamente un principio sustantivo, sino que constituye un principio de tipo procedimental que implica que un mismo hecho infraccional, no podrá ser ventilado por la Administración en más de una oportunidad (en ese sentido, véanse las opiniones de Juan Pablo CAJARVILLE PELUFFO en “Denuncia penal y sumario administrativo” en “Sobre Derecho Administrativo”, Tomo II, FCU, 3ª Edición, Montevideo, 2012, pág. 571 y de Susana LORENZO DE VIEGA JAIME en “Sanciones administrativas”, B de F, Montevideo-Buenos Aires, 1996, pág. 111. En jurisprudencia, pueden verse las Sentencias Nº 488/2012, 349/2013, 689/2013 y 310/2014, entre otras). A mayor abundamiento, se ha sostenido por la Corporación que: “De acuerdo con este criterio, una misma conducta no puede ser juzgada dos veces dentro de una misma esfera jurisdiccional, judicial o administrativa, resultando ilegítimo el accionar administrativo cuando, luego de aplicada una sanción, se impone otra más grave por la misma causa” (Cfme. Sentencia No. 349/2013). Señala en igual sentido la Prof. LORENZO, en la obra citada, que la violación a tal principio sucede toda vez que un mismo hecho es sancionado en más de una oportunidad, porque éste es el alcance que, parte de la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal, asigna a esa regla de carácter universal. En la especie, conforme los argumentos previamente señalados, resulta claro que se ha vulnerado el principio en estudio, en tanto ha existido doble enjuiciamiento -y doble acto sancionatorio- por un único supuesto fáctico”. (Sentencia No. 152/2017). En el caso, no cabe duda de que, no existieron nuevos hechos que meritara una nueva investigación, por cuanto emerge con manifiesta claridad que, la investigación por discriminación de raza ya había sido objeto de tratamiento en la primera investigación, donde se le interrogó insistentemente al actor sobre discriminación racial e incluso, en las conclusiones de ella, se atribuye una supuesta discriminación racial a Claudia Sosa. En la emergencia, parece más que evidente que la Administración no podía, a riesgo de violentar decididamente el principio de non bis in ídem, ventilar esos mismos hechos (ídem quaestio), en otro procedimiento sancionatorio para imponer una nueva sanción. En definitiva, por las consideraciones expuestas, entiendo que corresponde anular el acto impugnado. Dr. William Corujo Guardia. DISCORDE: por los siguientes fundamentos. ACERCA DE LA PROCESABILIDAD DEL DISPOSITIVO QUE DISPONE EL SUMARIO SIN SEPARACION DE CARGO (y que sea procesable sin separación de cargo). Cincuenta años – la vida entera- le demandó a la Corporación admitir la procesabilidad del acto que disponía la apertura de sumario en la recordada sentencia 419/2002. “Hay que atender ese dato enorme que es para el Derecho la realidad de la vida, de cuya unidad esencial no puede escindirse sin desmedro de su debida comprensión” (Carnelutti. Metodología del Derecho UTHEA México 1948, página 43): estamos en el siglo XXI, en la expansión de los derechos y especialmente de las garantías y acoger la impugnación permite al justiciable el pleno ejercicio de sus derechos y su amparo. Denegarlo sería un regreso impactante para el ciudadano y para el propio Colegiado. En la sentencia No. 579/2012, redactada por nuestro talentoso amigo y jurista Dr. Juan Pedro Tobía el TCA expresaba: “... cabe reiterar la posición más reciente de la Sede ( sentencias 873/2011, 631/2011, 476/2011, 130/2011, entre otras) que en síntesis establece: “Al respecto se sostuvo que no solo porque un acto de tal naturaleza puede tener contenidos que excedan el simplemente instrumental sino también porque no se puede decidir como cuestión formal lo que es en realidad una cuestión de mérito, aunque con ello no se resuelve el objeto principal. Como es de principio deberán existir motivos que justifiquen razonablemente la medida adoptada que además deberá ser idónea para lograr su fin legítimo: determinar la responsabilidad del funcionario involucrado, su grado de participación en la comisión de la falta que se le imputa y en su caso, la eventual aplicación de la sanción correspondiente... porque podrían existir hipótesis donde una resolución ilegítima, por falta de motivos u otros vicios, cause el daño exigido” sin perjuicio de que la resolución que dispone el sumario pueda estar decidiendo también otro tipo de cuestiones (sentencias 484/2007, 20/2006, entre otras) Agregamos que en el art. 169 del Decreto 500/991 dispone que si existieran motivos suficientes para imputar razonablemente a un funcionario la comisión de una falta administrativa se dispondrá un sumario ( art. 183) extremos que necesariamente deben ser analizados por la Corporación en el momento que se impugnan y para ello debe admitirse sin ningún afán de duda su procesabilidad porque de lo contrario es abandonar al ciudadano en manos de la siempre poderosa Administración, postergando su derecho que luego difícilmente sea reconocido, asistiéndose a un declive agrio de las garantías en pos, tal vez, del desempapelamiento de este Tribunal. Atiéndase que se puede estar asistiendo a la desviación del procedimiento, a un desborde del objeto, o para decirlo de forma poco académico pero más grafico al consabido “sumario encubierto” donde se atropellan las garantías del debido procedimiento y luego que se produce la prueba – porque cuando se dispone la apertura del sumario se la incorpora como prueba- a espaldas de la Defensa ¿se dirá 2 años después que es de nulidad insanable esa investigación por vulneración de garantías? – a modo de reflexión: ¿qué sentido tendría? ¿Por qué motivo el TCA no abordó en el momento de la impugnación la cuestión impidiendo que continuara un procedimiento viciado desde el comienzo? ¿Acaso no tendrá responsabilidad estatal por haber omitido su deber? – es indudable que sería complejo por lo menos. Como se expresó en la sentencia 352/2015 Considerando III: “En suma no cabe dudar de la procesabilidad del acto residenciado”. En la sentencia 873/2011 se expresaba: “Las consideraciones expuestas en la Sentencia No. 123/2008 son enteramente trasladables a la situación ventilada en autos. En el referido pronunciamiento se expresó: “Que el Tribunal, en su actual integración, ha entendido que el acto administrativo que dispone la instrucción de un sumario en el ámbito de un proceso disciplinario, es procesable. Al respecto se sostuvo que no sólo porque un acto de tal naturaleza puede tener contenidos que excedan el simplemente instrumental, sino también porque no se puede decidir cómo cuestión formal lo que es en realidad una cuestión de mérito, aunque con ello no se resuelva el objeto principal. Como es de principio, deberán existir motivos que justifiquen razonablemente la medida adoptada, que además deberá ser idónea para lograr su fin legítimo: determinar la responsabilidad del funcionario involucrado, su grado de participación en la comisión de la falta que se le imputa, y en su caso, la eventual aplicación de la sanción correspondiente. Como expresa Flores Dapkevicius (El procedimiento disciplinario, págs. 40/41), adhiriendo a la tesis de Cajarville Peluffo (Recursos Administrativos, 3a. Ed., págs. 144/146), habría que analizar caso por caso “porque podrían existir hipótesis donde una resolución ilegítima, por falta de motivo u otros vicios, cause el daño exigido”, sin perjuicio de que la resolución que dispone el sumario pueda estar decidiendo también otro tipo de cuestiones (conforme Sentencia 484/2007 y 20/2006, entre otras)”. En el mismo sentido la sentencia 579/2012: “IV) En primer lugar, y ante la objeción formal planteada por la accionada referida a la procesabilidad de la resolución que dispuso la instrucción de sumario, cabe reiterar la posición más reciente de la Sede (sentencias 873/2011, 631/2011, 604/2011, 476/2011, 130/2011 entre otras); que en síntesis establece: “Al respecto se sostuvo que no sólo porque un acto de tal naturaleza puede tener contenidos que excedan el simplemente instrumental, sino también porque no se puede decidir como cuestión formal lo que es en realidad una cuestión de mérito, aunque con ello no se resuelva el objeto principal. Como es de principio, deberán existir motivos que justifiquen razonablemente la medida adoptada, que además deberá ser idónea para lograr su fin legítimo: determinar la responsabilidad del funcionario involucrado, su grado de participación en la comisión de la falta que se le imputa, y en su caso, la eventual aplicación de la sanción correspondiente. Como expresa Flores Dapkevicius (El procedimiento disciplinario, págs. 40/41), adhiriendo a la tesis de Cajarville Peluffo (Recursos Administrativos, 3a. Ed., págs. 144/146), habría que analizar caso por caso “porque podrían existir hipótesis donde una resolución ilegítima, por falta de motivo u otros vicios, cause el daño exigido”, sin perjuicio de que la resolución que dispone el sumario pueda estar decidiendo también otro tipo de cuestiones (conforme Sentencia 484/2007 y 20/2006, entre otras)” En idéntico sentido la mejor doctrina /ADA Tomo XI páginas 139 y siguientes con nota de DE LEMA BLANCO, César: “Sumario Administrativo. Acto inicial, nueva tendencia”; CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo: “Recursos Administrativos “FCU Mvdeo. 2008 páginas 158 y en especial la nota al pie de página número 107 y FLORES DAPKEVICIUS, Ruben: “¿Es impugnable la resolución que dispone un sumario administrativo?” en Rev. Derecho Público N 15, Mvdeo 1999 página 183. Sentencia 20/2006 ADA T XIV página 115 y siguientes). Es más el legislador quiere expresamente que esos derechos se tutelen evitando esos sumarios encubiertos disfrazados de investigación administrativa para excluir su derecho a controlar la prueba, a ser asistido por un abogado, a impugnar las resoluciones que, aún con un lenguaje no técnicamente impoluto, lo plasma en el art 12 de la ley 19830 no impugnado por la Suprema Corte de Justicia de inconstitucional. Por tanto retacear garantías que no son formales sino que pueden decir al mérito es una posición regresiva que no puedo acompañar. Es más convertirlo en procesable si va acompañado de medidas provisionales o no me hace rememorar la polémica antigualla al comienzo de la aplicación del CPP saliente, esto es, de 1981 donde se debatía si era procesable o no un enjuiciamiento dictado sin prisión: en ese caso no lo era; si era con prisión entonces sí. Una discusión que apenas comenzado a andar se abandonó por no tener un sólo fundamento jurídico. Resuelto este punto DECLARANDOLO PROCESABLE e ingresar al fondo de la cuestión.