Sentencia Definitiva N° 456/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 28 de setiembre de 2021. No. 456 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “RIBEIRO, CARLOS con ESTADO. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Acción de nulidad” (Ficha No. 354/2019). RESULTANDO : I) A fs. 10 compareció Carlos RIBEIRO a demandar la nulidad de la Resolución No. 9759/2018, de fecha 26 de octubre de 2018, dictada por el Ministro de Economía y Finanzas, en virtud de la cual se decidió sancionar al actor, funcionario de la Dirección Nacional de Aduanas, con una suspensión de 90 (noventa) días con pérdida total de haberes, por violación a sus deberes funcionales (AA fs. 709 y 710). Sostuvo que el acto impugnado carece, en cuanto a su motivación, de la exactitud requer ida, ya que no realiza una auténtica explicación de las razones de hecho y de Derecho que motivaron su dictado, refiriendo tan sólo a las consideraciones vertidas por la Asesoría Jurídica del Ministerio. Igualmente, indicó que dichas consideraciones resu ltan también insuficientes, omiten realizar una adecuada subsunción de los hechos que se consideran probados en la normativa aplicable y no contienen conclusión propia alguna que haga a la calificación jurídica de la conducta que se le atribuye y por la cual se lo sanciona. Afirmó que se violentó el principio de inocencia, ya que la Administración entendió que había operado una suerte de inversión de la carga de la prueba, al entender plenamente probada su responsabilidad porque el funcionario no pudo demostrar lo contrario. Señaló que la instrucción no fue realizada conforme a Derecho. Existen múltiples actuaciones dictadas fuera de plazo y el procedimiento administrativo tuvo una excesiva duración en virtud de la cantidad de prórrogas concedidas. Sostuvo que no hay prueba acreditante del hecho que constituye la presunta falta y su eventual existencia fue valorada incorrectamente por la Administración. En Sede Penal su participación en las escuchas realizadas, fue desconocida por él y el hecho de hab er sido indagado acerca de su participación en las mismas, no se traduce en violación a sus deberes funcionales. En definitiva, solicitó la nulidad de la resolución impugnada. II) Conferido el correspondiente traslado, compareció la demandada a contestar. Refirió a los antecedentes que precedieron el dictado del acto impugnado. Expuso que resultó probada la responsabilidad del funcionario de acuerdo con la transcripción de las escuchas telefónicas remitidas por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Bella Unión de 2o Turno. Además, la instrucción tuvo en cuenta el careo realizado en sede penal, a pesar de que en el mismo, el Sr. SOTO, alias “TACUARA”, se haya desdicho de lo declarado. En Sede Administrativa y sin perjuicio de la independencia d e responsabilidades (penal y administrativa) se concluyó que la conducta del actor constituye una falta grave susceptible de ser sancionada, siendo irrelevante que en sede penal se haya dispuesto el archivo de las actuaciones. En punto a que el actor negó su participación en las conversaciones interceptadas, afirmó que en ningún momento se alzó respecto al procedimiento de obtención de dicha fuente de prueba, que en la instrucción fue válidamente incorporada, cumpliéndose con lo establecido en los arts. 32 y 37 del Decreto No. 222/014. Indicó que la duración total del procedimiento y las prórrogas concedidas por el Jerarca fueron conformes a Derecho, no hubo alteración de garantías básicas ni violación del derecho de defensa. La motivación de la decisión surge del acto administrativo y sus antecedentes, que forman parte del mismo. Manifestó que en relación con la valoración de la prueba, se infirió de las conversaciones telefónicas entre RIBEIRO (padre) y RIBEIRO (hijo) el intercambio de la información que le servía al último para realizar la maniobra por la cual a la postre fue indagado. La prueba fue valorada según los estándares que establece el Derecho, es decir, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. En definitiva, sostuvo que la conducta e l actor violentó, entre otros, los deberes de confidencialidad, probidad, buena fe, lealtad, imparcialidad, denuncia de irregularidades o prácticas corruptas. Finalmente, solicitó la confirmación de la resolución impugnada. III) Abierto el juicio a p rueba (fs. 52) se produjo la que luce certificada a fs. 62, correspondiente a la parte actora, no ofreciendo otra la parte demandada. IV) Alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 65-71 y 73-77). V) Conferida vista al Sr. Procurador de l Estado en lo Contencioso Administrativo, aconsejó rechazar la demanda y en su mérito confirmar el acto resistido, por Dictamen No. 588/2020. VI) Se dispuso el pasaje a estudio y se citó a las partes para sentencia definitiva, que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) La pretensión anulatoria se dirige contra la Resolución No. 9759/2018, de fecha 26 de octubre de 2018, dictada por el Ministro de Economía y Finanzas, en virtud de la cual se decidió sancionar al actor, funcionario de la Dirección Nacional de Aduanas, con una suspensión de 90 (noventa) días con pérdida total de haberes, por violación a sus deberes funcionales (AA fs. 709 y 710). II) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido adecuadamente con los p resupuestos para que pueda ingresarse al análisis de mérito del asunto (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). III) En cuanto a la cuestión de fondo sometida a decisión, el Tribunal, por unanimidad, dese stimará la demanda y por ende quedará firme el acto impugnado. IV) Emerge del estudio de las actuaciones administrativas que la Administración dispuso la realización de un sumario administrativo al actor, funcionario de la A duana de Bella Unión, frente a su posible responsabilidad en hechos irregulares investigados, que meritaron, inicialmente, una investigación administrativa ordenada ante las resultancias de las actuaciones del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Bella Unión de 2o Turno, investiga ción que fuera oportunamente ampliada (AA fs. 491-492). El sumario se tramitó regularmente y no se advierte lesión alguna al debido procedimiento disciplinario. Los alegados vicios del procedimiento, surgen como meras argumentaciones en la articulación d e la demanda, sin sustento probatorio en las actuaciones disciplinarias ni en la presente instancia jurisdiccional. El actor tuvo profusa participación en el curso del procedimiento disciplinario, le fueron conferidas reiteradas vistas (AA fs. 529 a 531, 629- 630 y 680 a 681) diligenciándose la prueba que requirió (AA fs. 572-574, 597, 600, 603, 605, 608). Inclusive el Letrado patrocinante del actor renunció a algunos de los testigos propuestos (AA fs. 611 y 616). La extensión del procedimiento y las pró rrogas concedidas por el Jerarca fueron conforme a Derecho y no hubo afectación de las garantías de defensa del actor. La prueba diligenciada, no aportó elementos que permitan arribar a una conclusión diferente a la que sostuvo la instructora sumariante encargada del proceso disciplinario. Tampoco se advierte falta de debida motivación en la resolución sancionatoria impugnada. Las razones en base a las cuales la demandada procedió a aplicarla surgen tanto del cuerpo de la resolución impugnada como de las actuaciones administrativas que culminaron con su dictado. A juicio de la Corporación, la violación de los deberes funcionales por parte del sumariado ha sido acreditada. En tal sentido, según es reconocido por la parte actora, la responsabilidad p enal es independiente de la responsabilidad administrativa. Igualmente, ello no obsta a que pueda trasladarse prueba diligenciada en sede penal al proceso administrativo disciplinario. Al respecto, el art. 76 de la Ley Nº 19.121 dispone: “La responsabilidad disciplinaria será apreciada y sancionada independientemente de la responsabilidad civil o penal, sin perjuicio de lo dispuesto por el inciso final (delito) del artículo 82 de la presente ley. La responsabilidad disciplinaria aumenta en funció n de la jerarquía del funcionario, el grado de afectación del servicio y la gravedad de los daños causados”. En las “Conclusiones” del informe de la instructora sumariante de fecha 8 de marzo de 2017 (fs. 519 y ss. A.A. en 773 fs.) se transcriben escuchas telefónicas de las conversaciones mantenidas entre el funcionario sumariado y su hijo Renzo Ribeiro el día 24 de diciembre de 2014. Estas conversaciones fueron parte de la prueba considerada en el proceso penal que fueron legalmente interceptadas con p articipación de la Fiscalía y dispuestas por el Juez de la causa y se encuentran agregadas de manera legítima a las actuaciones correspondientes al proceso disciplinario (fs. 439-440 A.A. en 773 fs.). No asiste razón al actor cuando indica como agravio que la Administración solamente atendió una parte de las actuaciones penales y desconoció el careo que se realizó, así como la finalización judicial con inocencia. El careo no fue desconocido por la Instructora, según consta en el informe de fecha 8 de mar zo de 2017, en el cual se expresa que del mismo surge algún tipo de relacionamiento entre el hijo del actor, Renzo Ribeiro y Soto (AA fs. 523 -524). El nexo entre Soto (alias Tacuara) y el actor también se desprende de sus declaraciones. El primero señala que el único teléfono que tiene es el de Carlos Ribeiro y que Flores le dijo que andaban atrás de Carlitos Ribeiro, que la policía andaba investigando a Aduana y posiblemente a Ribeiro, que es el Zorro (AA fs. 99 y 100). De la lectura de la transcripció n de las escuchas telefónicas agregadas por la sede penal, se desprende que el Sr. Ribeiro “coordinaba” con su hijo el momento en que éste podía introducir ilegalmente las mercaderías en el puesto de control de la Aduana de Bella Unión, valiéndose para ell o de su posición en la Administración Aduanera. Esos extremos se ven reafirmados cuando su hijo Renzo le dice al actor que va a ir con el “Rengo”, indagando qué funcionario estaría en la tarde y el actor responde: “no creo que pase algo pero vos fijate y antes de salir me avisas” (AA fs. 440). Como con acierto releva el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo : “ le informaba qué funcionarios se encontraban en el puente de Bella Unión -Barra do Quaraí al momento en que Renzo Ribeiro y otras personas pretendían pasar mercadería en forma presuntamente ilegal a fin de no tener inconvenientes, extremos que surgen de las transcripciones y que constituyen elementos que fueron analizados conforme a las reglas de la sana crítica para arribar a la decisión resistida”. La circunstancia de que no hubiera habido mérito para disponer el procesamiento del actor en sede Penal, no imposibilita que se analice en un procedimiento disciplinario, su responsabilidad en materia administrativa. Claro está, su condición funcional resulta insoslayable en la ponderación de la actuación desde el ámbito de su responsabilidad funcional. Al respecto, se considera acertado el análisis y conclusión emitidos por la Asesoría Jurídica de la demandada en su informe de f echa 24 de agosto de 2018, con relación a que: “Debe tenerse presente que si bien un mismo hecho puede considerarse probado en sede penal y administrativa, también puede serlo en sede administrativa y no en la penal, ya que en virtud de las mayores exigenc ias del derecho penal para incriminar una conducta, pueden acreditarse hechos que aunque no justifiquen calificación penal valen para la imputación de una falta administrativa (…) han surgido en sede administrativa fuertes indicios que permiten inferir que el sumariado realizó actos en el ejercicio de la función pública que exterioriza la apariencia de violar las Normas de Conducta en la Función Pública en una clara contravención a lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 30/003. Asimismo resulta evident e que el funcionario violó el deber de Imparcialidad previsto en el artículo 16 del citado cuerpo normativo en tanto lejos de evitar cualquier tratamiento preferencial lo fomentó, permitiéndole a su hijo realizar actividades cuya ocurrencia debió impedir, máxime si se toma en cuenta la función de vigilancia que desempeña. Por otra parte, de su accionar se desprende que no cumplió con el deber de buena fe y lealtad en el desempeño de sus funciones previsto en el artículo 13 de dicho Decreto. En igual sentido cabe mencionar la violación del artículo 5 del Código de Conducta de la Dirección Nacional de Aduanas, en cuanto establece que “…Los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas, en el ejercicio de sus funciones deben velar por el cumplimiento de los siguientes deberes:…” y entre ellos: “b. Abstenerse de otorgar un trato preferencial a cualquier individuo u organización…” y “h. No utilizar ni permitir el uso de su cargo oficial, de manera que se preste a la interpretación de que la institución para la cual trabaja respalda o avala sus actividades personales o las de terceros (...)” (AA fs. 700). La sanción finalmente impuesta no se advierte desproporcionada, en un principio la reprimenda propuesta por la Dirección Nacional de Aduanas al Ministerio de Economía y Finanzas fue de 6 meses de suspensión en el ejercicio del cargo, sin goce de sueldo (fs. 702-703 A.A. en 773 fs.) y finalmente se dispuso aplicar una sanción de suspensión de 90 días con pérdida total de haberes (AA fs. 709-710) inferior a la propuesta inicialmente por la DNA. Por los fundamentos precedentemente expuestos, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la demanda y por ende queda firme el acto impugnado; sin especial condena en costas ni costos. A los ef ectos fiscales fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora de la suma de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados y; archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón (r.). Dr. Marquisio (Sec. Letrado).