Sentencia Sentencia N° 455/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 28 de setiembre de 2021. No. 455 VISTOS : Para resolución, la oposición a la prueba documental sobre hecho nuevo, deducida por la parte actora en estos autos caratulados: “ACUÑA CASTRO, JONNY WILLIAM con ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE COMBUSTIBLES, ALCOHOL Y PORTLAND. Acción de nulidad” (Ficha No. 683/2019). RESULTANDO : I) El actor presentó acción de nulidad contra la Resolución S/N, de 15 de enero de 2019, dictada por el Gerente de Gestión de Instalaciones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, por la que se le impuso una sanción de quince días de suspensión (fs. 22). II) Por Decreto Nº 8470/2019, de 4 de noviembre de 2019, se dio traslado de la demanda a la accionada (fojas 15). III) La demandada, el 13 de diciembre de 2019, presentó la contestación de demanda (fs. 18 a 48). IV) Por Decreto Nº 9819/2019, de 18 de diciembre de 2019, se abrió el juicio a prueba por 60 días (fs. 50). La parte actora presentó escrito de prueba, con fecha 17 de febrero de 2019 (fs. 52). En tanto, la demanda lo hizo con fecha 3 de febrero de 2020 (fs 87). V) Alegaron las partes y por Decreto Nº 7111/2020, de 28 de octubre de 2020, se confiere vista al Sr. Procurador del Estado, quien, por Dictamen Nº 174/2021, de 19 de marzo de 2021, aconseja amparar la pretensión deducida (fs. 143 a 152 infolios). VI) El 19 de marzo de 2021, compareció -en representación de la demandada- la Dra. Sandra Loana Fierro, a solicitar, en carácter de hecho nuevo, la agregación de la Resolución de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social -MTSS, de 4 de enero de 2021, recaída en el expediente 1415/2017, y que le fuera notificada el 17 de marzo de 2021. Indicó que se trata de un documento pertinente a las presentes actuaciones, puesto que en dicha resolución, se confirma la existencia de acoso, malos tratos y persecuciones sindicales por parte del Supervisor Jonny Acuña a varios trabajadores, actitudes que determinaron el procedimiento desarrollado y, por el cual, fuera sancionado el funcionario por la Administración (fs. 137 a 138). VII) Por Decreto Nº 2120/2021, de 28 de mayo de 2021, se confirió noticia a las partes y se dispuso agregar la documentación presentada con carácter de hecho nuevo (artículo 374 Código de Procedimiento Civil) (fs. 140). VIII) Notificada la actora el 4 de junio de 2021 (fs. 141), compareció tempestivamente, el 14 de junio de 2021, a deducir oposición (fs. 155 a 156 vto.). La oposición se fundamentó en la absoluta inconducencia de la resolución dictada por la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social -MTSS. Puntualizó que la resolución no pasa de una mera advertencia o recomendación sobre cómo debería actuar ANCAP en caso de encontrarse frente acoso laboral. Añadió que él jamás tuvo participación en el procedimiento de investigación administrativa por parte de IGTSS y por lo tanto, jamás pudo articular sus defensas con respecto a la falsa acusación realizada por SUTRASE. Lo cual vuelve absolutamente inconducente la prueba que pretende incorporarse. Señaló que dicha decisión no se adecua cualitativamente a los hechos acaecidos. De tal modo, manifestó que, la "certidumbre" sobre la existencia de inconductas de parte del actor, fue lograda en base a un procedimiento en el que ANCAP no prestó la más mínima colaboración, no habiendo siquiera sido citado el actor, por ésta o por el MTSS, para poder defenderse de la acusación que se le hacía. Por tanto, concluyó que, la inconducencia de la prueba, radica en la imposibilidad de que esta pueda acreditar los hechos falsos denunciados por SUTRASE, cuando no tuvo ni siquiera conocimiento de la denuncia y de la sustanciación del procedimiento de investigación ante la IGTSS. IX) Por Decreto Nº 2999/2021, de 16 de julio de 2021, se confirió traslado a la demandada de la oposición deducida (fs. 158). X) El 6 de agosto de 2021, la demandada evacuó el traslado de la oposición expresando que, el hecho nuevo denunciado y la resolución, se trata de un acto administrativo dictado por el Organismo con competencia en la materia, el que, determinó la existencia de acoso y malos tratos por parte del funcionario Supervisor Acuña contra varios trabajadores y que, ANCAP, actuó de forma responsable y diligente, investigando a fondo los hechos, brindándose, además, las debidas garantías para todas las partes involucradas. Agregó que, se trata de los mismos hechos que se discuten en la presente acción de nulidad, ya que fue a raíz de esas persecuciones que el Sr. Acuña fue sancionado, por lo que la prueba es absoluta e indiscutiblemente conducente. Destaca que el actor ensaya una serie de defensas que no hacen a la conducencia, sino a la admisibilidad del medio probatorio, confundiendo ambos conceptos. Manifestó que el actor insiste en que la prueba no debe incorporase por cuanto la IGTSS no lo convocó. Pero ello no es atribuible a ANCAP. Finamente, expresó que los hechos dan cuenta de que luego de dos investigaciones muy profundas realizadas en dos ámbitos distintos (ANCAP y la IGTSS), se acreditó que el actor actuó de forma muy reprochable, afectando los derechos de otras personas, que fueron acosadas y maltratadas por él. Por lo cual, corresponde incorporar la documentación presentado por ANCAP como hecho nuevo (fs. 160 a 162). XI) Por providencia Nº 4110/2021, de 17 de agosto de 2021, se dispuso tener por evacuado el traslado conferido y se citó para resolución, la que se acordó en oportuna y legal forma (fs. 164). CONSIDERANDO : I) El Tribunal desestimará la oposición deducida, por los argumentos que se desarrollarán a continuación. II) Conforme con lo previsto por el artículo 21 de la Ley No. 13.355, las probanzas deben ser brindadas dentro del término de ofrecimiento de prueba, vencido el cual caduca la posibilidad de probar. No obstante, el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil -aplicable en virtud de lo dispuesto por el artículo 104 del D. Ley No. 15.524- admite la agregación tardía de instrumentos de cualquier clase, cuando se justifique en forma breve y sumaria su obtención o hallazgo reciente. Tal previsión legal, va en consonancia con la jurisprudencia del Cuerpo, que reiteradamente ha señalado que se ha de ser cauteloso a la hora de rechazar los medios probatorios propuestos, habida cuenta que en la materia rige el principio de libertad de la prueba, que se manifiesta, por ejemplo, mediante el derecho de las partes a desplegar todas sus fuerzas probatorias con el fin de aportar elementos a la causa que permitan acreditar sus dichos ( Sentencias Nos. 816/2017, 522/2016, 178/15, 592/14, 685/13, 612/13, entre otras). III) La actora, finca su oposición, al considerar inconducente la resolución dictada por la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social -MTSS. IV) En primer lugar, resulta claro, y de hecho no ha sido controvertido, que la documentación que pretende agregarse constituye indiscutiblemente un hecho nuevo, respecto de la fecha de apertura de la causa a prueba (18 de diciembre de 2019, fs. 50), habida cuenta que la resolución acompañada data de fecha 4 de enero de 2021 y, según los dichos de la demandada, le fue notificada el 17 de marzo de 2021, tal como emerge a fs. 132 a 136 de infolios. V) Por su parte, referente a la alegada inconducencia, se ha expresado que el concepto y alcance de este motivo de rechazo de prueba es de los más difíciles de delimitar. DEVIS ECHANDÍA indica que conducencia es “la aptitud legal o jurídica de la prueba para convencer al juez sobre el hecho a que refiere”; y que exige dos requisitos: 1) “que el medio respectivo esté autorizado por la ley (…) y no se encuentre prohibido expresa o tácitamente por una norma legal para el caso concreto o en razón del medio empleado para obtenerlo (…)”; y 2) “que una norma legal no excluya el valor probatorio del medio respecto del hecho que se quiere probar, por exigir otro especial (…)” (“Compendio de la prueba judicial”, t. I, p. 158). Por su parte MARABOTTO, la define como “La idoneidad del medio probatorio según la norma legal; consiste en una relación entre medio y norma. Razón por la que es inidóneo el medio de prueba que la ley rechaza como adecuado para acreditar un hecho: documento privado cuando procede acreditarlo mediante instrumento público o la prueba testimonial respecto de una obligación que haya debido consignarse por escrito (C.C. art.1594)” (Prueba -Generalidades…, ps.144- 145). TARIGO, equipara el término inconducencia con la voz procedencia, y sostiene que un medio será inconducente o improcedente , “cuando sea inhábil, de acuerdo con las normas procesales o sustantivas para acreditar la existencia de un hecho o acto determinados.” (“Lecciones de Derecho Procesal Civil”, Tomo II, FCU, Ed. 1995, pág. 27). Las dificultades para la determinación del concepto han llevado a que parte de la doctrina indique que la conducencia no es más que una especie del género inadmisibilidad, ya que, como expresan VESCOVI y otros autores, “en definitiva se traduce en prueba que el orden jurídico no admite, que vulnera la regla de Derecho” (Código General del Proceso. Comentado…, t 4, p.277). Tal vez un criterio orientador en la delimitación sea entender que existe inadmisibilidad cuando la ley prohíbe la utilización de un medio para acreditar el hecho objeto de prueba (p. ej., cartas misivas dirigidas a terceros, en ciertos casos); en tanto que estaríamos ante inconducencia cuando la ley exige un medio probatorio concreto -y no otro- para acreditar ese hecho (p.ej., prueba por escrito, si se trata de obligación que exceda las 100 U.R., art.1595 del C.C.). Lo cierto es que nuestra doctrina y jurisprudencia utilizan un concepto más amplio de inconducencia, como el recordado ejemplo de cátedra del oficio dirigido a un organismo que no puede informar sobre el hecho a probar. De ese modo, la inconducencia se perfila como un supuesto de inidoneidad del medio respectivo para lograr el fin al que se lo pretende dirigir; sea porque la ley exige otro medio concreto para acreditar el hecho, o porque el medio propuesto es inepto para lograr el fin. De donde, la utilización de ese medio deviene inútil. (Conf. ÁNGEL LANDONI SOSA y otros “Código General del Proceso Comentado, con doctrina y jurisprudencia” Volumen II-A, p 430-431) En la especialidad del caso, la documentación que se pretende agregar no resulta, ineficaz para demostrar el hecho a que se refiere. Como también expresa VESCOVI al analizar la innecesariedad de un medio de prueba: “Los fallos judiciales aluden, en general, a la prueba innecesaria como aquella que refiere a hechos no invocados por las partes o que no fueron controvertidos; o como aquel medio que, tras haber pasado todos los controles, logra su admisión al proceso, por ser pertinente, admisible y conducente, pero aparece como inútil ante la existencia de otros medios hábiles para acreditar el hecho cuya prueba se persigue”. (VESCOVI, ENRIQUE y colaboradores en “Código General del Proceso”, T. 4, Abaco, Buenos Aires, 1998, pág. 282). Y bien. No se avizora en esta instancia, que la documentación cuya agregación se impetra, resulte impertinente a la materia litigiosa, desde que procura robustecer los argumentos desplegados por la Administración en su contestación, respecto de la existencia de acoso laboral y malos tratos por parte del actor. Por consiguiente, la documentación en cuestión revela aptitud jurídica para ser recibida en los términos establecidos en el art. 74 del Decreto Ley No. 15.524, desde que no resulta prohibida por la Ley, notoriamente dilatoria o dirigida a entorpecer la marcha regular del juicio. Tampoco se aprecia en esta instancia que resulte impertinente o inconducente. En su mérito, el Tribunal estima -al menos en este estadio procesal- que la documentación cuya agregación se solicita, no reúne las notas exigidas para su rechazo liminar; obviamente, sin perjuicio de la valoración que realice en oportunidad de expedirse sobre la cuestión de mérito planteada. Por lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 74 del Decreto Ley No. 15.524; 290 y 374 del Código del Procedimiento Civil, y lo previsto por el art. 52, inc. 3º de la Ley No. 13.355, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, RESUELVE : Desestímase la oposición deducida por la parte actora, con costas. Sin especial imposición en costos. Y vuelvan para proveer lo que a su estado corresponda. Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).