Sentencia Sentencia N° 452/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 28 de setiembre de 2021. No. 452 VISTOS : Para resolución, esta incidencia sobre suspensión de la ejecución del acto administrativo, en los autos caratulados: “GARINO, JUAN JOSÉ con ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRANSMISIONES ELÉCTRICAS. Suspensión de Ejecución” (Ficha No. 56/2021), pieza separada del expediente principal, Ficha No. 4/2021. RESULTANDO : I) Que se promovió acción de nulidad contra la Resolución R 18-3220 del Directorio de UTE de fecha 6/12/18, que designó como afectados por servidumbre a favor de la línea de conducción de energía eléctrica de 60 kv desde Estación 150/60/30 kv Pando a Estación 60/15 kv Neptunia, departamento de Canelones, a distintos padrones de la 7ª sección catastral, entre los que se encuentran los números 13.726 y 57.720, propiedad del actor (fs. 63-64 AA). II) Conjuntamente con la demanda, se solicitó la suspensión de la ejecución del acto impugnado. Justificó el actor lo solicitado, diciendo que la nulidad absoluta del acto que se impugna por violación manifiesta de lo dispuesto en la LOT, debe considerarse manifiesta, evidente, no debiendo apreciarse el daño en el acogimiento de esta pretensión, sino, la violación al ordenamiento jurídico y la nulidad configurada. Señaló que se verifican los presupuestos y requisitos de admisibilidad para que prospere la demanda o pretensión cautelar: a) lo que se denomina “bonus fumus iuris”, surge de la resolución misma de la demandada la falta de autorización por parte del ente municipal de acuerdo a la LOT; b) “periculum in mora”, siendo que el tendido de líneas pese a lo dicho prosigue al presente, y la demandada no tiene impedimento alguno en su actuar; c) aptitud de la medida para evitar la alteración y frustración de lo peticionado; d) adecuada proporción entre la gravedad de la medida y la gravedad del peligro de la frustración de la ejecución; e) adecuada proporción entre la gravedad de la medida y la gravedad del daño que causaría una eventual frustración de la ejecución. III) Que conferido traslado del pedido de suspensión, lo evacuó la representante de la demandada, quien rechazó la solicitud en estudio por entender que no se han configurado las causales de suspensión de ejecución del acto impugnado. Entendió que la aludida violación a la Ley de Ordenamiento Territorial no existe, y menos aún de forma manifiesta. En el expediente 18002370 quedó documentada la coordinación a la que refiere la norma, entre la Intendencia de Canelones y el Ente, la que explicó en detalle. Agregó que el desarrollo del actor es falto de claridad y contundencia, y más allá de la mención que hace a la norma proveniente de la LOT, no concreta en cuanto a qué apunta su desarrollo teórico, y menos aún elementos de prueba que lo avalen. En lo que refiere al balance de los daños que la ejecución del acto pudiera causar, el demandante no es preciso. Finalmente señala, que no puede soslayarse que, mediante el trazado aprobado por la recurrida, su mandante está ejecutando un servicio público, cual es, la trasmisión y distribución de energía eléctrica en una amplia zona del territorio. El trazado de la línea, está motivado por la necesidad de cumplir parámetros de calidad, en una zona de constante crecimiento, en cumplimiento de su obligación de satisfacer la consecuente demanda de energía eléctrica. Suspender la ejecución del acto, implica detener la construcción de la obra que en definitiva permitirá garantizar el suministro de energía eléctrica en la zona afectada, y de no ocurrir, generaría inestimables daños a su mandante, mayores a los que pueda ocasionar el trazado al actor; máxime que la propia ley le permite al propietario solicitar la indemnización por el perjuicio que efectivamente le ocasione la imposición de la servidumbre. IV) Que pasados los autos en vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, aconsejó no acceder a la medida cautelar impetrada (Dictamen No. 430/2021, fs. 49 y vto.). Seguidamente se citó para resolución por auto No. 4670/2021, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que el Tribunal estima que no se verifican en la especie, las condiciones requeridas por el art. 2º de la Ley No. 15.869, a las cuales debe ajustarse a los efectos del otorgamiento del beneficio solicitado. II) En forma reiterada, la Corporación ha dicho que la suspensión de la ejecución del acto administrativo es un instituto de amparo, de carácter preventivo, contra la actuación arbitraria o antijurídica de la Administración, y una excepción al principio según el cual los recursos y acciones no suspenden la eficacia de tales actos. III) En la emergencia, no se aprecia ilegitimidad ostensible que justifique la adopción de una medida como la solicitada, conforme reclama el art. 2 de la Ley 15.869 en su inciso 3. No es posible en un análisis liminar, determinar que se ha violentado en forma manifiesta la exigencia legal estatuida por el art. 77 de la Ley 18.308, en lo que hace a la coordinación con el Gobierno Departamental, de las obras públicas proyectadas en el marco de la planificación territorial. Tampoco otras causales de nulidad alegadas, como son la desviación, el abuso o exceso de poder, pueden reputarse evidentes, sin un análisis propio de otra instancia procesal. Por otra parte, y si bien el cerno de la cuestión fue puesto por el actor en la ilegitimidad manifiesta, tampoco se aprecia -en relación a la hipótesis prevista en el inc. 1 de la misma disposición, en un balance comparativo-, que la ejecución de la impugnada irrogue al solicitante un daño de mayor gravedad al que se ocasionaría por la suspensión en la organización y funcionamiento del ente involucrado, en la ejecución del servicio público. En definitiva, si bien la impetrada se trata de una medida cautelar, la concesión del beneficio requiere que se hayan acreditado -al menos en forma sumaria- los hechos que fundan la solicitud. En virtud de lo expuesto y lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley No. 15.869, el Tribunal RESUELVE : No hacer lugar a la suspensión de ejecución del acto administrativo impugnado. Agréguense a los principales. Dra. Salvo, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).