Sentencia Sentencia N° 451/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 28 de setiembre de 2021. No. 451 VISTOS : Para resolución estos autos caratulados: “INDUSTRIAS PESQUERAS VALYMAR S.A con ESTADO. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Acción de nulidad” (Ficha No. 25/2021). RESULTANDO: I) La accionante dedujo pretensión anulatoria contra la denegatoria ficta en relación a la petición calificada presentada con fecha 11/11/2019. La citada petición solicitaba se declarara que: i.- No correspondía el desconocimiento de las facturas de Valymar observadas en el marco del proceso inspectivo tramitado a su respecto; ii.- No correspondía, consecuentemente, la reliquidación de IRAE e IVA por el período comprendido entre el 1/1/2014 al 31/10/2016. II) A fs. 42 compareció la demandada contestando la demanda y oponiendo cuestión formal previa. Señaló que la actora había empleado términos que no eran precisos en cuanto a su solicitud, pero que dejaban de manifiesto que, indudablemente, lo que buscaba era generar una devolución de pago de lo que ella entendía haber abonado en demasía. Dicho sea en otras palabras, intentaba reabrir una instancia procedimental y que se dictara un acto de determinación con el objetivo final de obtener un reintegro de lo abonado. Concluyó que, por lo tanto, el acto no era procesable ante el TCA conforme lo disponía el artículo 65 del Código Tributario y el numeral 2) del artículo 27 del Decreto Ley No. 15.524. Sostuvo, además, que el acto era ilesivo. III) De la cuestión formal planteada, se confirió traslado a la actora que lo evacuó en los siguientes términos. En primer lugar, señaló la perentoriedad del plazo para oponer excepciones de acuerdo con lo establecido por el artículo 68 del Decreto Ley No. 15.524. Por otra parte, indicó que el acto cuestionado era un acto definitivo, originario y no incluido dentro del listado de los actos no procesables ante este Tribunal, destacando que no había solicitado -expresa o tácitamente- la devolución de los pagos efectuados por concepto de IVA e IRAE (fs. 66 a 78). IV) Por Dictamen Nº 421/2021 de 17/8/2021 el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo aconsejó declarar que el acto en causa era procesable (fs. 81) V) Por Decreto N° 4671/2021 de fecha 2/9/2021 se giraron los autos para resolución (fs. 83). CONSIDERANDO : I) El Tribunal, en concordancia con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, rechazará la cuestión formal planteada por la parte demandada por los fundamentos que se pasan a exponer. II) En lo inicial, corresponde examinar las consecuencias del planteo de la cuestión formal fuera de los nueve días hábiles perentorios previstos a tal efecto (artículos 46 y 68 del Decreto-Ley No. 15.524). El Tribunal, pese a que la falta de jurisdicción fue planteada conjuntamente con la contestación de la demanda y ya vencido el plazo para oponer excepciones, decidió igualmente sustanciar la defensa y ordenó dar traslado de la cuestión formal. Nada cabe objetar a este proceder. Resulta un valor entendido que este tipo de cuestiones, como la falta de jurisdicción o los presupuestos procesales de admisibilidad de la demanda anulatoria, sobre los que existe un contralor oficioso del Tribunal, pueden resolverse antes de la sentencia definitiva, aun cuando hayan sido planteadas como defensa fuera del plazo legal para deducir el excepcionamiento (artículo 68 del Decreto-Ley No. 15.524). Vale recordar, por todas, la Sentencia No. 1012/1995 en la que se afirmó: “…en cuanto a la “cuestión formal” planteada, el Tribunal tiene dicho “que en el proceso contencioso administrativo, el régimen legal (arts. 66, 67 y 73 del Decreto Ley Nº 15.524) prevé la previa resolución, en una también previa etapa del trámite, de un cierto tipo de cuestiones que refieren, ya a presupuestos relativos a la válida y regular constitución del proceso, ya a requisitos de admisibilidad de la pretensión anulatoria, ya por fin, a ciertos tipos de defensa que, aunque de naturaleza perentoria, es permitida su alegación y resolución in limine litis por razones de economía procesal (Cfe. Devis Echandía: “Nociones Generales de Derecho Procesal Civil”, Nos. 141, 244 y conc.) como por ejemplo el de la cosa juzgada” “Es también una particularidad del régimen procesal contencioso administrativo -aunque sin que exista similar texto expreso, también lo admite la doctrina en el proceso común- la posibilidad de relevar de oficio este tipo de cuestiones (art. 67 y 73 del D. Ley Nº 15.524)”.- “Y es igualmente admitido por este Tribunal, la resolución previa de esas cuestiones aunque no se planteen en el período específicamente señalado (art. 68 ejusdem 9 al efecto, en atención a la naturaleza y a la expresa asignación de la facultad de tratarlas aún oficiosamente) (Cfe. sent. Nº 259/86)”. “…En el caso, el pronunciamiento previo deriva de un planteo de la parte que, aunque efectuado ya vencido el período apropiado para insertar el excepcionamiento dilatorio, es igualmente procedente -por las razones apuntadas- resolver antes de continuar con la normal sustanciación del proceso” (S. Nº 419/86)”. Cfe. Sent. 90/87).-” En definitiva, por las razones señaladas en el precedente transcripto, no existen obstáculos desde el punto de vista adjetivo para examinar, en esta estación procesal, la defensa de falta de jurisdicción planteada por la accionada conjuntamente con su contestación de demanda. III) En cuanto al punto central de esta resolución, corresponde recordar que la actora peticionó oportunamente a la DGI lo siguiente: Se declare que no corresponde desconocer las facturas observadas correspondientes a los proveedores Jorge Malvarez Rodríguez, José Cupla Oviedo y Hills Plantations S.A y, consecuentemente, que no corresponde realizar la reliquidación de IRAE e IVA por los períodos 1/1/2014 al 31/12/2016. La referida petición deriva de la observación realizada por la DGI a determinadas facturas de proveedores de la accionante, lo que implicó que debiera reliquidar sus tributos y se viera imposibilitada de deducir las citadas facturas. De lo que se viene de exponer surge que el objeto de la citada petición no consistió en la solicitud de devolución de cantidad de dinero alguna, ni siquiera indirectamente como lo postula la demandada. En efecto, tal eventual consecuencia es la misma que puede suponer la anulación de un acto de determinación tributaria, y no por eso los actos de determinación se encuentran excluidos de la jurisdicción anulatoria. Al respecto, cabe recordar que la exclusión de la jurisdicción anulatoria que pretende hacer valer la DGI se encuentra establecida de una forma concreta y relacionada exclusivamente con las peticiones de devolución de cantidades de dinero pagadas indebidamente. En el caso, la actora pretendió una manifestación de la Administración en torno a la legalidad de la observación de las facturas y de la reliquidación de tributos que fue su consecuencia y, al producirse la denegatoria ficta a su petición, corresponde concluir que se produjo un acto administrativo que concluyó en la legitimidad de lo actuado por la Administración que, de acuerdo a lo que se indicó, resulta procesable ante este Tribunal. IV) En lo relativo a la eventual lesividad del acto, es jurisprudencia firme de la Corporación que el inciso final del artículo 309 de la Constitución, que refiere a la lesividad del acto respecto a un derecho o a un interés personal, directo y legítimo, no es un requisito o presupuesto de admisibilidad del accionamiento, sino un presupuesto de mérito o de fondo para el acogimiento de la pretensión, que procede examinar en ocasión del dictado de la sentencia definitiva (cf. Sentencia No. 249/2021 de 11/6/2021, entre otras). Por los fundamentos expuestos, el Tribunal, RESUELVE : Desestimar la cuestión formal previa de falta de procesabilidad del acto administrativo impugnado, y diferir a la sentencia definitiva la decisión relativa a su lesividad. A prueba por el término legal. Notifíquese personalmente. Dra. Salvo (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).