Sentencia Definitiva N° 447/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 21 de setiembre de 2021 No. 447 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “CABONORTE S.A. con ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. Acción de Nulidad” (Ficha No. 310/2019). RESULTANDO : I) A fs. 5 compareció Fernando VILLAGRÁN, en representación de CABONORTE S.A., a demandar la nulidad de la resolución Nº 1380/2018 de 23 de noviembre de 2018, del Directorio de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), cuyo dispositivo estableció: “No hacer lugar a la solicitud formulada por Cabonorte S.A. en el sentido de que se deje sin efecto la multa aplicada por atrasos en la entrega de suministros y se le reintegre la suma de US$ 28.160 (veintiocho mil ciento sesenta dólares estadounidenses), deducida en la factura Nº 7292” (fs. 177 y 178 de los antecedentes). Se agravió, esencialmente, sobre deficiencias formales del acto sancionatorio. Así, refirió que si bien se confirió vista previa al dictado de la sanción, posteriormente se pasó debitar el importe sin dictar resolución alguna, extremo que deviene en gravemente ilegítimo. También aludió al ilegítimo comportamiento de la Administración por no franquear el recurso administrativo de anulación. En definitiva, solicitó la anulación del acto objeto de impugnación. II) Conferido traslado de la demanda (fs. 32) compareció el representante de la demandada, a contestar la demanda incoada (fs. 39-46). Señaló que luego de conferir vista a la empresa fue dictado el acto sancionatorio que, pese a haber sido notificado, no fue recurrido. A partir de lo anterior, explicó que varios meses después de impuesta la sanción fue promovida una petición para que fuera dejada sin efecto. La negativa a la petición formulada se procesa en obrados y, a todas luces, se trata de un acto no lesivo, dado su carácter reiterativo. Por otra parte, señaló que se configuraron los elementos constitutivos de la sanción impuesta, lo cual ni siquiera fue cuestionado por la accionante. En definitiva, requirió la confirmación del acto impugnado. III) Abierto el juicio a prueba (fs. 46) se produjo la que luce certificada a fs. 52, correspondiente a la parte demandada, no produciendo prueba alguna la parte actora. IV) Alegaron las partes por su orden (fs. 55-60 y 61-65) V) Conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, aconsejó desestimar la demanda y confirmar el acto administrativo cuestionado, por Dictamen No. 540/2020. VI) Se dispuso el pasaje a estudio y se citó a las partes para sentencia, que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley Nº 15.869, arts. 4º y 9º). II) El Tribunal, por unanimidad, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por desestimar la demanda anulatoria. III) Se comparte con la parte demandada en que la acción no puede prosperar, en virtud de que el acto impugnado no resulta ser el que dio origen al agravio aducido, siendo la petición calificada incoada (fs. 120 a 122 de los antecedentes) una vía oblicua y no idónea para superar una oportunidad de impugnación previamente precluida. En efecto, más allá de las eventuales deficiencias formales en la conformación de la voluntad administrativa, inequívocamente la Administración decidió aplicar la multa, al extremo que emitió la factura en tal sentido, todo lo cual le fue debidamente comunicado a la actora y surge avalado por las resultancias de los antecedentes (AA fs. 111, 113 y 123). Sin embargo, en lugar de movilizar la vía impugnativa correspondiente, la empresa accionante, varios meses después de notificada la sanción, requirió su revisión bajo el argumento de la petición calificada. La denegatoria de tal petición (acto objeto de impugnación) reviste la nota de acto reiterativo y, según fuera indicado, no resulta ser el acto originario causante de la situación jurídica lesiva que se invoca. En tal sentido, enseña el Prof. CAJARVILLE que están excluidos de la acción anulatoria los actos administrativos que no causan agravio (Constitución, artículo 309 inciso 3º y Decreto-ley No. 15.524 artículo 24 inciso 2º). Así explica: “No son objeto de la acción de nulidad las resoluciones meramente reiterativas o denegatorias de peticiones de revocación o modificación de otras anteriores, porque no siendo ellas las creadoras de la situación jurídica lesiva, su anulación no proporcionaría satisfacción al impugnante (…)”. (CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo; “Recursos Administrativos”, FCU, Montevideo, 2008, p. 149). En la misma línea conceptual, apunta GIORGI: “…una decisión pura y exclusivamente reproductiva o confirmatoria de otra anterior no recurrida en tiempo y forma, es decir, firme o consentida (…) es jurídicamente irrelevante”. (Cf. GIORGI, Héctor; “El Contencioso de Anulación”, Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de la República, Montevideo, 1958, p. 162). Asimismo, este Tribunal, en términos que resultan reeditables en el caso, ha expresado: “(…) habiéndose prescindido de atacar oportuna y expresamente el acto que realmente creó la indicada situación lesiva, la petición, no ha sido más que una vía oblicua e inidónea para sanear la falencia anotada. El acto en causa, así reproduce lo consagrado en aquel acto precedente y que, por tanto, no encuadra entre aquellos que el art. 309 de la Constitución prevé como susceptibles de ser anulados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”.- En consecuencia, la petición de reforma que se formulara en su oportunidad y que motivara el acto, que ahora se impugna, dio, pues, como resultado un acto meramente reiterativo del verdaderamente lesivo; y la vía procurada para obtener la precluida oportunidad de recurrir, no es, por tanto, admisible.- No es posible, en derecho público, admitir que habiendo precluido la oportunidad de impugnar administrativamente y luego jurisdiccionalmente, se logre, mediante el expediente de la petición, reabrir la viabilidad de un intento anulatorio que, en estricto rigor, no podía ya ejercitarse válidamente (Sentencias Nos. 288/86, 46/87, entre otras).” (Cf. Sentencias Nos. 384/2015, 315/2016, 479/2016, 495/2018, 682/2018, entre muchas otras.) Por los fundamentos y textos normativos precedentemente expuestos, el Tribunal, por unanimidad, FALLA: Desestímase la demanda y por ende queda firme el acto impugnado; sin especial condena en costas ni costos. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de la parte actora y demandada en la cantidad de $ 39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil) a cada una. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón (r.). Dr. Marquisio (Sec. Letrado)