Sentencia Definitiva N° 445/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 21 de setiembre de 2021. No. 445 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados “MENÉNDEZ, RAÚL con SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 305/2019). RESULTANDO : I) A fs. 2 compareció el Sr. Raúl Menéndez a demandar la declaración de nulidad de la Resolución de la Suprema Corte de Justicia No. 149/2018, de fecha 10 de diciembre de 2018, mediante la cual se dispuso no dar trámite y archivar la denuncia formulada por el Sr. Menéndez, en relación con la actuación de la Sra. Magistrada Dra. Gabriela Araújo en el expediente judicial IUE: 436-1085/2017, relativo a la denuncia de abuso sexual promovida en contra del Sr. Menéndez por la madre de su hijo (fs. 42 a 45 vto. A.A.). Como fundamento de su pretensión anulatoria, la parte actora postuló que la Suprema Corte de Justicia valoró de modo erróneo la denuncia realizada. Así, sostuvo que la Sra. Jueza incurrió en responsabilidad por error jurisdiccional inexcusable (artículo 26.3 del Código General del Proceso) por lo cual no debía haberse archivado la denuncia y, en su mérito, correspondía aplicar sanciones disciplinarias a la Dra. Araujo. Refirió que la actuación del Poder Judicial, consistente, únicamente, en recabar informes de la Magistrada denunciada, resultó ilegítima, ya que debía haberse requerido el expediente judicial a efectos del análisis de la fundabilidad de la denuncia. Alegó que la Sra. Jueza nunca cumplió con el debido proceso, que constituye aquel que garantiza a todos los individuos que no se viole el derecho de defensa. Así, denunció que no dio vista fiscal, como marca la ley, comprometiéndose así la responsabilidad funcional de la denunciada. Puntualizó que cuando dictó el primer decreto no confirió traslado legal; tampoco en la audiencia procedió a diligenciar toda la prueba y no se dictó sentencia como lo establece la ley. Nunca citó al niño, tal como lo establece el artículo 118 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Tampoco hizo cumplir sus propias resoluciones, como las pericias dispuestas tal como se habían solicitado. Enumeró diversas omisiones, como la de no diligenciar la prueba solicitada. En definitiva, postuló la nulidad del acto resistido. II) Conferido traslado, compareció la Dra. María Virginia Collazo -en representación de la Suprema Corte de Justicia- a contestar la demanda incoada (fs. 20). En primer término, refirió a la falta de legitimación activa del promotor en su calidad de denunciante, extremo que no configura situación jurídica habilitante de derechos. Manifestó que si bien la parte actora resultaría ser titular de un interés legítimo, consistente en que la Suprema Corte de Justicia diera curso a su denuncia y que considerara la pertinencia o no de la misma, no lo es de un derecho subjetivo a que se intervenga el expediente judicial cuestionado, ni tampoco a que la Magistrada denunciada sea sancionada por lo que aquélla consideró actuación con error inexcusable por acción o por omisión. Señaló que no es cierto que la Suprema Corte de Justicia no hizo uso de su potestad disciplinaria. Formó el expediente administrativo y sustanció la investigación con traslado y pedido de informes a la Dra. Araujo. Por otra parte, refirió a la falta de competencia de la Suprema Corte de Justicia a efectos de intervenir, fuera de la vía recursiva, en el curso de un proceso judicial. Arguyó que la Resolución impugnada no es contraria a una regla de Derecho ni se efectuó con desviación o abuso de poder. La denuncia formulada fue legalmente tramitada. Por último, sostuvo que los hechos que dieron lugar a la denuncia tienen naturaleza jurisdiccional, rigiendo en tal caso, la independencia técnica de los Magistrados. En definitiva, requirió la confirmación del acto impugnado. III) Abierto el juicio a prueba (fs. 28) se produjo la que luce certificada a fs. 42, correspondiendo a la parte actora la de fs. 30 a 37 y a la parte demandada la de fs. 38 a 40. IV) Alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 48 a 57 y 60 a 65). IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 450/2020, fs. 68 y ss.) aconsejó el rechazo de la demanda y confirmar el acto en causa. V) Puestos los autos para sentencia, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) La pretensión anulatoria se dirige contra la Resolución de la Suprema Corte de Justicia No. 149/2018, de fecha 10 de diciembre de 2018, mediante la cual se dispuso no dar trámite y archivar la denuncia formulada por el Sr. Menéndez, en relación con la actuación de la Sra. Magistrada Dra. Gabriela Araujo en el expediente judicial IUE: 436- 1085/2017, relativo a la denuncia de abuso sexual promovida en contra del Sr. Menéndez por la madre de su hijo (fs. 42 a 45 vto. A.A.). II) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869, arts. 4º y 9º). La resolución fue notificada en tiempo y forma al promotor de la misma, quien interpuso los recursos de revocación y jerárquico, el 31 de diciembre de 2018, que fueron denegados expresamente por la resolución No. 21. La demanda anulatoria fue presentada en tiempo útil, el 31 de marzo de 2019 (-fs. 2 y ss.). III) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada, corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. Con fecha 6 de agosto de 2018, el accionante presentó denuncia contra la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia en Violencia Doméstica, Dra. Gabriela Araujo (fs. 3 de A.A.). La misma se deriva de las actuaciones llevadas a cabo por la citada Magistrada en el expediente 436-1085/2017 “Franco Menéndez. CNA” Dichas actuaciones tuvieron por objeto la denuncia presentada por la Sra. María Laura Gómez, en representación de su hijo Franco Menéndez, dando cuenta de una situación de posible abuso sexual (fs. 115 de A.A). Adjuntó un informe de la Clínica CERI (Centro de Estudios y Rehabilitación Integral) mediante el cual se indica que “es esencial realizar un informe pericial completo, que a la brevedad confirme o descarte la existencia de algún tipo de maltrato hacia el niño” (fs. 113 y ss. A.A.). Mediante Decreto No. 6748/2017, de 29 de diciembre de 2017, la Sede dispuso suspender provisoriamente el régimen de visitas por un plazo de 60 días. Asimismo, cometió la realización de informe por parte de ETEC. En enero de 2018, se efectuó el citado examen al progenitor, concluyendo que “Franco podría estar en situación de riesgo o vulnerabilidad como consecuencia de los conflictos que sustentan y protagonizan sus padres”. Con fecha 30 de enero de 2018, la Fiscalía solicitó se diera cumplimiento a la pericia dispuesta en los términos del Decreto (fs. 127 A.A.). El día 6 de marzo de 2018 se celebró audiencia, recibiéndose la declaración de la Psicóloga que realizó el informe de CERI y de los progenitores. Se dispuso prorrogar la suspensión provisoria del régimen de visitas. Con fecha 7 de marzo de 2018, la Fiscalía Letrada Nacional de Violencia Doméstica de 4 Turno, señaló que las restantes pericias y declaraciones de peritos no fueron emitidas por peritos de confianza de la Sede, ni del ITF ni del ETEC, por lo que urge que sea el ETEC o el ITF a través de sus peritos, médicos psiquíatras y psicólogos, que tome declaración al niño Franco y determine la verosimilitud de los hechos denunciados. Asimismo, indicó que la representante de la Fiscalía se presentó a la audiencia convocada con atraso y no le fue permitido el ingreso por encontrarse la audiencia en desarrollo. Por Decreto 994/2018, de 5 de abril de 2018, la Sede dispuso la realización de pericias correspondientes (fs. 296 A.A.). Con fecha 25 de abril de 2018, el Defensor del menor solicitó impulso procesal y la fijación de visitas supervisadas, en virtud de haber transcurrido casi cuatro meses desde que se dispuso la suspensión de las visitas, considerando la falta de colaboración de la madre. Por Decreto de 26 de abril de 2018, la Sede accedió a la fijación de un régimen de visitas en el DAS (fs. 305 A.A.). Luego de impugnado -por parte de la madre- el Decreto que fijaba el régimen de visitas supervisadas, por Decreto de julio de 2018, sin número, que luce a fs. 343, la Sede revocó el régimen de visitas fijado, intimando al ITF a efectos de que en un plazo de 15 días hábiles informara si se habían cumplido las pericias dispuestas. Posteriormente, se subsanó la omisión de fecha y número de Decreto (fs. 356 A.A.). Luego, el 8 de agosto de 2018, el Sr. Menéndez presentó recusación contra la Sra. Jueza (fs. 362). Por Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Familia de Primer Turno, se hizo lugar a la recusación presentada, teniendo presente la demora que registra el procedimiento, fruto de actuaciones que exceden la competencia natural atribuida a la Justicia de Familia Especializada; “En tanto ya se ha tomado la medida de protección necesaria, el mejor interés del niño involucrado aconseja hacer lugar a la demanda a fin de que las partes ocurran por la vía correspondiente” (fs. 410 A.A.). En función de lo anterior, las actuaciones pasaron al Juzgado Letrado de Familia de Primer Turno. Realizado informe pericial, el 25 de junio de 2018, por parte del ITF se señala que “el niño no trae relato sobre situaciones sexualmente abusivas”, no constatándose las mismas. En función de ello, el Defensor de Oficio solicitó el levantamiento de las medidas cautelares. Posteriormente se resolvió establecer un régimen de visitas provisorio a desarrollarse en el INAU. Las citadas actuaciones dieron lugar a la denuncia formulada ante la Suprema Corte de Justicia. El 6 de noviembre de 2018, la Suprema Corte ofició a la Dra. Araujo a los efectos de que informara respecto de las citadas actuaciones. Posteriormente, el 12 de noviembre de 2018, la Dra. Araujo presentó el informe, detallando las actuaciones realizadas (fs. 37 A.A.). Mediante Resolución de la SCJ Nº 149/2018, de 10 de diciembre de 2018, se dispuso no tramitar la denuncia formulada considerando que no se advertía la existencia de error inexcusable (fs. 45 A.A.). Asimismo, se tuvo presente la demora en la tramitación señalada por el Tribunal de Apelaciones de Familia de Primer Turno. El actor interpuso recurso de revocación contra la citada Resolución. IV) En cuanto a la cuestión de fondo sometida a decisión, el Tribunal, en concordancia con la solución aconsejada por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la demanda incoada, quedando firme el acto impugnado, por no considerar de recibo los agravios articulados por el pretensor. La Corporación ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre situaciones similares a las promovidas en obrados, ante la impugnación de actos de la Suprema Corte de Justicia que archivaban denuncias realizadas en contra de Magistrados (sentencia No. 291/2019). Así, se entendió que correspondía declarar la falta de legitimación de la parte actora. A su vez, tal temperamento, reedita lo que ha sido la jurisprudencia del Colegiado (vgr. sentencia No. 932/2017). Sin embargo, el criterio de este Cuerpo ha vacilado en el tratamiento de acciones de nulidad promovidas ante actos que desestimaron denuncias. La sentencia No. 890/2017, amparó la acción de nulidad promovida en contra del acto dictado por la Comisión Honoraria de la Salud Pública que desestimó una denuncia de mala praxis. La anulación obedeció a la deficiente integración de la Comisión Honoraria de la Salud Pública. En la sentencia No. 454/2019 se procesó la acción de nulidad en contra de un acto administrativo que daba por concluida una investigación administrativa promovida a raíz de una denuncia de acoso laboral. En dicha oportunidad, los Sres. Ministros Dres. Gómez Tedeschi, Vázquez Cruz y Echeveste, concluyeron en la falta de legitimación del promotor; mientras que los Dres. Corujo y Klett, consideraron que el accionante se encontraba legitimado, pero que correspondía desestimar la demanda por razones de fondo. Este criterio, consistente en reconocer la legitimación del denunciante de acoso laboral para promover la acción de nulidad respecto del acto que clausura una investigación administrativa originada en su denuncia, se convirtió en la posición mayoritaria en la sentencia 394/2020. En la presente causa se impone entonces resolver sobre la legitimación activa del accionante, esto es, si cuenta con un interés directo, personal y legítimo. Una primera aproximación parte de la consideración del estatuto de la víctima denunciante en los procedimientos administrativos, en comparación con el estatuto de la víctima en el actual proceso penal. A partir de aquí, se vislumbran dos caminos a efectos de considerar la legitimación del denunciante. Por una parte, lo manifestado por el Tribunal en diversas sentencias, en cuanto a que el denunciante resulta ajeno a la potestad disciplinaria de la Administración. Así, en sentencia No. 291/2019 se dispuso: “IX) En tal sentido, y entrando al análisis del segundo aspecto señalado, estima la Sede que la promotora no ostenta legitimación causal activa, desde que no resulta titular de un derecho subjetivo (cuyo correlato sería la obligación de la Administración de realizar un comportamiento debido) ni de un interés legítimo (…). En particular, como destaca CAJARVILLE cuando existe un interés legítimo, su titular también pretende o puede legítimamente pretender de la Administración un determinado comportamiento que le es favorable, pretensión que no es arbitraria o caprichosa, sino basada en reglas de derecho que regulan o encausan la actuación de la Administración (Cfme. CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo: “Procedimiento Administrativo…” cit. pág. 49; véase también del mismo autor: “Conceptos constitucionales definitorios de la legitimación del actor. Relaciones entre derecho subjetivo, interés legítimo e interés general”-Conferencias Magistrales- en Revista de Derecho Público FCU, Año 22, Número 43, Agosto 2013, pág.144 diferenciando el interés legítimo del interés simple) (…) X) Con tales entendimientos, procede necesariamente convenir que, en la especie, no se asiste a una situación jurídica legitimante habilitante del accionamiento anulatorio. Como postula CALVO VÉRGEZ, no cabe considerar al denunciante como interesado en aquellas actuaciones administrativas que se inicien, ni como parte legitimada para la interposición de recursos o reclamaciones en relación con los resultados de dichas actuaciones. (Cfme. CALVO VÉRGEZ, Juan: Inicio y Desarrollo del Procedimiento de Inspección Tributaria: Cuestiones Conflictivas”, Thomson Reuters Aranzadi, 1ª Edición, Navarra, 2013, págs. 54/55). En definitiva, teniendo presente que el supuesto normativo, esto es, la disposición creada por el acto administrativo impugnado no alcanza en su dimensión subjetiva a la accionante, no cabe otra solución que la desestimatoria de la demanda incoada, por ausencia de legitimación causal activa”. En síntesis, los sujetos del procedimiento disciplinario son la Administración y el funcionario presuntamente infractor. Por lo tanto, resulta ajeno a la esfera jurídica del denunciante, es decir, no contempla las situaciones jurídicas subjetivas habilitantes de la acción de nulidad (artículo 309 de la Constitución) que la Administración disponga procedimientos disciplinarios e imponga sanciones a sus funcionarios. El denunciante carece de interés directo, personal y legítimo o de un derecho subjetivo, a la iniciación de un procedimiento disciplinario o sancionatorio de un funcionario. Por otro lado, ya dentro del estudio de la legitimación, es menester destacar que la promoción de una denuncia no resulta un acto jurídicamente indiferente. El Código de Ética de la Función Pública (Ley No. 19.283) establece en su artículo 40, no sólo el poder deber de los funcionarios de denunciar prácticas corruptas, sino también el poder deber de la Administración de “recibir y dar trámite a las denuncias” (artículo 40 inc. 2 de la Ley No. 19.283). Si bien en el ejercicio de la potestad disciplinaria se presentan aspectos discrecionales, tales como la elección de la reprimenda, también hay actividad reglada. En tal sentido, no es discrecional que la Administración movilice su potestad disciplinaria, sino que ante hechos que aparecen como infracciones a deberes funcionales, se encuentra investida del poder-deber de iniciar los correspondientes procedimientos disciplinarios. En el casus, la Administración recibió la petición formulada y le confirió trámite, recibiéndose los descargos de la Jueza denunciada y resolviendo en consecuencia, concluyendo que del expediente no surgía la evidencia de un error inexcusable. No se configuró una actitud omisa de parte de la Administración. En otro orden, no se constató, ni probó, una desviación de poder en la valoración de la actuación cuestionada, porque no puede dejar de tenerse presente que la valoración se encuentra dentro de la esfera de la sana crítica de la Administración, no advirtiéndose arbitrariedad en ella. Por último, se comparte el temperamento de la Administración demanda, en cuanto a que el ejercicio de la potestad disciplinaria está situado dentro del ámbito de decisión discrecional del jerarca; se ubica en el marco de una relación interna entre la Administración y el funcionario subordinado, que no comprende a los terceros ajenos a la relación funcional. La potestad disciplinaria de la Suprema Corte de Justicia respecto de los funcionarios que le están administrativamente subordinados está consagrada en el artículo 239 numeral 2° de nuestra Carta Magna. Le corresponde: “(…) 2) ejercer la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre los Tribunales, Juzgados y demás dependencias del Poder Judicial”. Lo estrictamente jurisdiccional no puede valorarse por la vía oblicua de su comportamiento administrativo, siendo que en el presente caso se apartó a la Magistrada por la recusación planteada, a través del Tribunal de Apelaciones de Familia de Primer Turno. V) Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes, FALLA: Desestímase la acción anulatoria y, por ende, queda firme el acto impugnado: sin especial condena en costas ni costos. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón (r.) Dr. Marquisio (Sec. Letrado)