Sentencia Definitiva N° 434/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 21 de setiembre de 2021. No. 434 VISTA: Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORAS DE TELEVISIÓN Y ANEXOS con PODER EJECUTIVO Y URSEC. Acción de Nulidad”. (Ficha No. 376/2019). RESULTANDO: I) En este proceso, SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORAS DE TELEVISIÓN Y ANEXOS (en adelante: SAETA) representada por Julián MORENO RICO dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución No. 161, Acta 026, dictada el 24 de agosto de 2018, por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (en adelante: URSEC). Mediante dicha volición, se dispuso imponer a la empresa una multa de UR 1.351 (unidades reajustables un mil trescientos cincuenta y uno) por incumplimiento de lo establecido por el artículo 139 de la Ley No. 19.307 de 29 de diciembre de 2014 (num. 1 parte resolutiva). (Fs. 48 vto. y 49 vto. de los A.A.). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria alegó que mediante el acto impugnado se resolvió aplicarle una exorbitante multa por haber, supuestamente, infringido el límite de las pautas publicitarias establecido en el artículo 139 de la Ley No. 19.307, en el período que transcurre desde el 4 al 31 de marzo de 2016. Señaló que con la entrada en vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (en adelante: LSCA) e incluso bajo el régimen anterior, resulta claro que la URSEC no es competente para aplicar las sanciones establecidas en la normativa legal. Afirmó que de acuerdo con el artículo 68 literal R) de la mencionada Ley, es competencia del Consejo de Comunicación Audiovisual aplicar todas las sanciones salvo las que son de exclusiva competencia del Poder Ejecutivo y las que aplique el Poder Judicial, por violación de los derechos de las personas reconocidos en los artículos 28 y 31 al 34 de esa ley. Indicó que las sanciones que son de exclusiva competencia del Poder Ejecutivo son las previstas en los literales E y F del art ículo 181, que refieren a la suspensión de hasta noventa días y revocación de la concesión, autorización licencia o registro. Señaló que el resto de las sanciones establecidas en el art ículo son de competencia exclusiva del Consejo de Comunicación Audiovisual, entre ellas la multa. En lo que refiere a la URSEC, adujo que la señalada ley en su artículo 65 establece que sólo puede imponer las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas dentro del marco de sus competencias y dichas competencias se limitan a aquellas de carácter técnico, esto es, asesoramiento, control de instalación y funcionamiento, calidad, regularidad y cobertura de los servicios de comunicación audiovisual, fiscalizar y controlar el uso del espectro radioeléctrico y ejercer la supervisión técnica y operativa de las emisiones. En consecuencia, concluyó que no se encuentra dentro de las competencias de la URSEC la de controlar la aplicaci ón del artículo 139 de la Ley No. 19.307 y menos aún la de imponer multas. Reafirmó que l a URSEC no ostentaba antes del dictado de la LSCA, la competencia para imponer multas a los prestadores de servicios de telecomunicaciones, sino que, en todo caso, dicha facultad correspondía al Poder Ejecutivo. En otro orden, señaló que aun cuando se pudiera sostener que la URSEC es competente para aplicar la sanción que se recurre, esta es contraria a la Ley No. 19.307, en tanto, no contempla los parámetros establecidos por el art. 182 de la misma para la graduación de sanciones y resulta ser totalmente desproporcionada a la gravedad de la falta cometida. A su vez, indicó que la sanción aplicada no se condice con otras aplicadas por la misma entidad, no existiendo un trato igualitario. Asimismo, controvirtió que el exceso en la duración de las tandas publicitarias sea una infracción de carácter grave, en tanto, la misma no se encuentra incluida en el artículo 179 de la mencionada ley, siendo dicha enumeración taxativa. Indicó que la interpretación que realiza la URSEC no se concilia con la norma legal, ni su decreto reglamentario, tratándose en cambio de una infracción leve. En adición a lo anterior, adujo que el propio Poder Ejecutivo previó que las infracciones a las normas de publicidad fueron catalogadas como infracción leve, con sanciones que pueden consistir en una multa máxima de 300UR. Relacionado con lo anterior, adujo que la sanción aplicada resulta desproporcional con la infracción cometida. Al respecto, señaló que la URSEC desconoce el artículo 182 que establece que el perjuicio y la repercusión social deben considerase al momento de graduar la sanción a aplicar. No es lo mismo cometer una infracción en un horario central donde la audiencia es mayor, que hacerlo en un horario lateral. Dicha distinción no es tenida en cuenta por la Administración, lo que torna ilegítima la multa aplicada. En el caso concreto, afirmó que no existen -salvo contadas excepciones- excesos mayores a 15 minutos 30 segundos, producidos en el horario de mayor audiencia, esto es, de las 18 horas en adelante. Sin embargo, nada de ello fue considerado a la hora de graduar la multa, lo que implica un claro apartamiento a la norma legal superior. Afirmó que se consideraron como antecedentes sancionatorios de la empresa y, por ende, como elementos para graduar la sanción, resoluciones que han sido expresamente revocadas por la URSEC. Finalmente, adujo que el acto impugnado resulta arbitrario, citando en su apoyo jurisprudencia del Tribunal. En definitiva, bregó por la nulidad del acto enjuiciado. III) Conferido traslado, compareció Graciela CORONEL en representación del Poder Ejecutivo y de la URSEC, defendiendo la validez del acto y argumentando que el actuar de la Administración resulta en un todo conforme a Derecho. En cuanto a la falta de competencia de la URSEC para sancionar alegada por la accionante, afirmó que el artículo 68 de la Ley No. 19.307 atribuye las competencias al Consejo de Comunicación Audiovisual; sin embargo, hasta tanto se ponga en funcionamiento dicho órgano, es preciso atender al régimen transitorio establecido por la propia ley en su artículo 189, según el cual, la potestad de sancionar -mientras no se ponga en funcionamiento el Consejo- será ejercida por quienes ya tienen esa potestad al momento de aprobarse la mentada ley. Señaló que, por lo referido, corresponder á a la URSEC en forma transitoria imponer todas las sanciones dispuestas por el artículo 181, con excepción de las correspondientes al Poder Ejecutivo, como son la suspensión hasta 90 días en la prestación de la actividad y la revocación de la concesión, licencia o registro según corresponda. Continuando con su argumentación, afirmó que la sanción pecuniaria de multa impuesta por la URSEC resulta ajustada a Derecho, conforme a los artículos 177, 178, 181 y 182 de la Ley No. 19.307. Manifestó que el perjuicio a la audiencia se produce cada vez que se exceden los tiempos de tandas publicitarias, siendo asimismo indiscutible el beneficio del infractor, teniendo en cuenta el precio de publicidad en televisión. En cuanto a la calificación de la falta como grave, destacó que la actora omite referirse al incumplimiento de las obligaciones asumidas al otorgarse la autorización o licencia, el cual sí es considerado “grave”, cuando no, “muy grave”. Expresó que la sanción aplicada, lejos de contrariar lo establecido por el artículo 182 de la mentada ley, lo aplica a cabalidad, teniendo en cuenta: los antecedentes infraccionales de la empresa, el perjuicio económico y la repercusión social que le ocasionan a los consumidores las infracciones que se cometen, así como también el beneficio que haya reportado al infractor el hecho objeto de infracción. En cuanto a lo alegado por la parte actora, que se habría padecido error en la evaluación de los antecedentes en la conducta sancionada, afirmó que la reseña de resoluciones realizada en la resolución impugnada es correcta. Al extremo que la Resolución de la URSEC 096/017 de 22 de junio de 2017 fue revocada únicamente por aspectos formales, continuándose la tramitación en el mismo expediente, imponiendo por el mismo motivo una sanción de multa de 86 UR. Asimismo, señaló que pudo haberse cometido error en cuanto a la “textualidad” de las resoluciones, pero no en lo que hace al fondo del asunto, que es el hecho de haberse sucedido como objeto de sanción por el motivo de incumplimiento del artículo 139 de la Ley No. 19.307. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. IV) Por Resolución No. 7054/2019 se abrió a prueba por el plazo de 60 días, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 99, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 55 fojas). V) Las partes alegaron por su orden (fs. 102 - 121 vto. y fs. 124 - 124 vto. y 127 - 134 vto., respectivamente) VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el dictamen No. 56/2021, aconsejando la confirmación del acto impugnado (fs. 141). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 143). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). El acto impugnado fue notificado a la accionante el 2 de octubre de 2018 (fs. 4 de infolios) quien lo resistió el 10 de octubre de 2018 mediante la interposición de los recursos de revocación y jerárquico, en subsidio (fs. 53 vto. de los A.A.). Habiendo transcurrido 200 días desde la interposición de los recursos, al 25 de abril de 2019 operó denegatoria ficta, siendo deducida la demanda anulatoria el 20 de junio de 2019 (nota de cargo fs. 25 infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la Resolución No. 161, Acta 026, dictada el 24 de agosto de 2018, por la URSEC por la cual se dispuso imponer a la actora una multa de UR 1.351 (unidades reajustables un mil trescientos cincuenta y uno) por incumplimiento de lo establecido por el artículo 139 de la Ley No. 19.307 de 29 de diciembre de 2014 (num. 1 parte resolutiva). (Fs. 48 vto. y 49 vto. de los A.A.). III) Reseña de los antecedentes. Para realizar un correcto análisis de la cuestión, conviene ensayar una reseña de los hechos establecidos, a partir de las actuaciones que precedieron el dictado del acto enjuiciado. Conforme emerge de los antecedentes administrativos allegados al proceso, con fecha 4 de noviembre de 2016 la Secretaría General de la URSEC, elaboró un informe en el que sostuvo que, de acuerdo con los controles de las Pautas Publicitarias llevadas a cabo en el período correspondiente al mes de marzo de 2016, se constató un exceso de 03 horas, 10 minutos y 15 segundos por parte de Canal 10, respecto de lo dispuesto por el art. 139 de la Ley No. 19.307. Dicho artículo fija un límite de 15 minutos para las pautas publicitarias. Se adjuntaron las planillas proporcionadas por la empresa Medios y Mercados, responsable de llevar a cabo la tarea de contralor (fs. 2 - 11 vto. de los A.A.). Se le confirió vista de las actuaciones a la accionante (fs. 13 de los A.A.), quien la evacuó en los términos que lucen a fs. 14 y 15 de los antecedentes agregados. El 15 de marzo de 2018, la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Económicos de la URSEC, elaboró un informe en el que, analizados los descargos presentados por la empresa interesada, concluyó: “En definitiva, la sanción que correspondería aplicar, en consideración a los antecedentes de la emisora, el tiempo de exceso registrado en las ‘tandas publicitarias’, los períodos establecidos para el contralor y la paramétrica determinada por el Directorio de la URSEC, surge de la suma de los valores calculados para cada ‘unidad de control’, sería de una multa por el monto de UR 1.865, 97”. (Fs. 19 de los A.A.) (El subrayado se encuentra en el texto original). Con fecha 13 de abril de 2018 se otorgó nueva vista a SAETA, quien la evacuó a fs. 25 abogando por el archivo de las actuaciones. El 29 de junio de 2018 la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Económicos de la demandada elaboró un nuevo informe, en el que sugirió rebajar el monto de la multa sugerida a UR 1.650 (fs. 38 A.A.). En tal sentido, señaló: “Por problemas de conservación de respaldos enviados por la empresa contratada por URSEC para realizar las mediciones de emisiones de tandas, no hemos podido comprobar en los mismos. Si bien destacamos, que no ha sido objeto de cuestionamiento la seriedad y precisión de los datos aportados por dicha empresa, sin desconocer que es pasible de error. Ante la expresa ausencia de respaldo por parte de nuestras oficinas técnicas, corresponderá descontar el tiempo que pudo haber surgido de un error de contralor”. Por otra parte, se señaló: “(…) La presente Ley es sumamente clara en la determinación del tiempo de emisión de las tandas, que se considera como tal, por lo que no parece que este nuevo ‘sistema’ pueda haber causado confusiones luego de un año de vigente”. (…) “Como ya se expresó, los excesos temporales del período considerado, aún breves, se produjeron, reiterando una conducta que ya fue motivo de sanciones”. (Fs. 37 vto. - 39 de los A.A.). Finalmente, la URSEC procedió al dictado del acto sancionatorio que se enjuicia en los presentes obrados, por el que fijó una multa de 1.351 UR. (fs. 48 vto. A.A.) IV) Tras el análisis de los hechos del caso y de la normativa vigente, el Tribunal, compartiendo lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. V) Sobre la alegada incompetencia de URSEC para emitir el acto impugnado. El primero de los agravios esgrimidos por la parte actora, refiere a que -a su entender- la URSEC carece de competencia para imponer multas a los prestadores de servicios de telecomunicaciones. A juicio del Tribunal, el agravio no es de recibo. La Ley No. 19.307, denominada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue dictada el 22 de diciembre de 2014 y publicada en el Diario Oficial el 15 de enero de 2015. En su artículo 68 literal R) establece que es competencia del Consejo de Comunicación Audiovisual (en adelante: CCA) aplicar todas las sanciones salvo las que son de exclusiva competencia del Poder Ejecutivo (artículo 181 literales E Y F - suspensión de hasta noventa días y revocación de la concesión, autorización, licencia o registro) y las que aplique el Poder Judicial. Por tanto, el resto de las sanciones establecidas en el art ículo son de competencia exclusiva del CCA, entre las cuales se encuentra la multa. Ahora bien; al momento de ser sancionada la parte actora el CCA no se encontraba implementado, por lo que corresponde analizar el régimen transitorio previsto por el mismo cuerpo normativo. Así, el artículo 198 de la mencionada norma establece: “(Régimen Transitorio del Consejo de Comunicación Audiovisual). A partir de la vigencia de la presente ley, y hasta tanto se creen los cargos integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual, las competencias del órgano desconcentrado estarán a cargo de los órganos que actualmente las ostentan, con excepción de las que se crean por la presente ley, las que serán ejercidas por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.” A partir de lo dispuesto por la norma transcripta y siendo que en el régimen normativo anterior regía la Ley No. 17.296 (arts. 86 y 89), el Decreto Ley No. 14.670 de 23 de junio de 1977 y su Decreto reglamentario No. 734/978 (éstos últimos, derogados expresamente por la Ley No. 19.307) según los cuales la competencia de sancionar los incumplimientos en materia de servicios de telecomunicaciones era de la URSEC, la Sala arriba a la conclusión de que es a ésta a quien le correspondía y tenía la potestad legal para adoptar la resolución sancionatoria, por lo que nada cabe objetar al proceder de la Administración. (Cfme. Sentencias Nos. 204/2020, 185/2019, entre otras). VI) Sobre la alegada ilegitimidad de la calificación de la falta como “grave” y la desproporcionalidad de la sanción aplicada . Otro de los agravios esgrimidos por la accionante, refiere a la calificación de la falta como “grave” y al quantum de la sanción aplicada. A su entender, la misma, resulta ser desproporcionada en comparación al incumplimiento observado. A su vez, adujo que la Administración omitió explicitar las razones en las cuales se fundó para aplicar aquél monto exorbitante de 1.351 UR. A juicio del Tribunal, los agravios tampoco son de recibo. En lo que respecta a la gravedad de la sanción, no se repara que la calificación de la falta como “grave” haya sido desacertada. La reprimenda aplicada a la actora obedece a que se comprobó que la misma incumplió con el límite dispuesto por el art. 139 de la Ley No. 19.307, el cual establece que “Los servicios de comunicación audiovisual podrán emitir un máximo de quince minutos de mensajes publicitarios por cada hora de transmisión (…)”. Así, conforme emerge del detalle que luce a fs. 19 vto. y 20 de los antecedentes, el tiempo utilizado por SAETA para la emisión de pautas publicitarias entre los días 4 y 31 de marzo de 2018, excedió el límite establecido por más de dos horas (más precisamente: 134 minutos y 42 segundos). En el casus, la infracción se calificó como una falta grave, por entenderse encuadrada dentro del lit. C) del art. 179 de la Ley No. 19.307 y, conforme a su art. 181, lit. D). Así, la primera de las normas citadas califica como falta grave: “El incumplimiento de las obligaciones asumidas al otorgarse la autorización o licencia, cuando no constituya infracción muy grave”. Por su parte, el art. 181, lit. D. del mismo cuerpo normativo dispone bajo el acápite “Tipos de sanciones”, que: “La comisión de infracciones dará lugar a la aplicación de las sanciones que se enumeran a continuación, las cuales se graduarán según su gravedad y considerando la existencia o no de reincidencia: (…) D) Multa”. El monto de la sanción aplicada fue de 1.351 UR. Este se encuentra dentro de los márgenes legales previstos, siendo 10.000 UR el monto máximo imponible, según el art. 182 de la Ley No. 19.307. A su vez, cabe señalar que la accionante ya contaba con antecedentes por irregularidades semejantes, en ocasión de cuando se la sancionó mediante el dictado de las Resoluciones de la URSEC Nos. 177/16 de 24 de noviembre de 2016, 024/017 de 9 de febrero de 2017 y 96/017 de 22 de junio de 1991, confirmadas por la Corporación. No se aprecia que la Administración se haya excedido de los márgenes de discrecionalidad que le confiere la Ley para imponer sanciones; en cambio, se advierte la existencia de equilibrio entre el perjuicio sufrido por los usuarios y el beneficio reportado a la infractora (art. 182 lit. b y c de la Ley No. 19.307), entendiéndose acertada la calificación de la falta como “grave”. Es jurisprudencia constante de este Tribunal sostener que la fijación del quantum de las sanciones administrativas constituye una potestad discrecional de la Administración, en tanto no se verifique manifiesta arbitrariedad, desproporción o irrazonabilidad en la misma. Por lo que si la multa resistida resultó finalmente establecida en la cantidad de 1.351 U.R., dicho monto no luce como arbitrario, irracional o desproporcionado, y consecuentemente, no puede la Sala ingresar en una esfera donde domina lícitamente la potestad discrecional de la Administración, especialmente cuando ésta es ejercida con total razonabilidad, como ocurre en el caso. (Cfme. Sentencia No. 345/2018, entre muchas otras). Respecto a la alegada ausencia de motivación del quantum sancionatorio, no se comparte el temperamento esgrimido por la promotora, en tanto, la misma surge, no sólo del propio acto impugnado, sino también de sus antecedentes. El Tribunal ha examinado multiplicidad de asuntos similares al de autos y desde larga data ha señalado que: “(...) esa fundamentación del acto puede y debe surgir del acto mismo, o de sus antecedentes. Como enseña MARIENHOFF, la motivación del acto administrativo -aunque ella fuera obligatoria- puede resultar acreditada en cualquiera de los dos momentos que integran o pueden integrar la forma del acto, en el proceso de “formación” o en el de “expresión” de la voluntad de la Administración Pública. En otras palabras, la motivación puede ser concomitante o contemporánea con la expresión de dicha voluntad o anterior a tal expresión apareciendo en este último caso en el proceso de formación de la voluntad administrativa. En suma, debe tratarse de una motivación idónea y eficaz, para lo cual se requiere que ella sea “suficiente” para apreciar con exactitud los motivos determinados del acto (Op. Cit. págs. 334/336).” (Sentencia No. 21/2006). Esta postura que se afilia a la opinión de Miguel Marienhoff (Cf. Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, tomo II, Abeledo Perrot, Buenos Aires, p. 330 a 332) ha sido reiterada sistemáticamente en los distintos pronunciamientos del Tribunal (Sentencias Nos. 881/2010, 374/2011, 325/2012, 312/2013, 539/2016, 311/2017, 397/2017, 342/2018, 130/2019 y 581/2019) por la mayoría de sus miembros. En el casus, es menester tener presente que, en el propio acto impugnado, se hizo referencia a la adecuación de la sanción a la infracción, señalando al respecto: “Que, se comprobaron los excesos en el tiempo utilizado para la emisión de pautas publicitarias entre los días 4 y 31 de marzo de 2016 con una duración de 134’42’’. (…) Que, en virtud de los parámetros de proporcionalidad al perjuicio causado a la audiencia, el beneficio del Servicio de Comunicación Audiovisual, y la penalización de la reiteración de la conducta, corresponde -en el caso- aplicar una sanción de multa. (…) Que, al momento de proponerse la sanción, la permisionaria contaba con antecedentes sancionatorios de la conducta, según surge de las Resoluciones de URSEC No. 177/16 de 24 de noviembre de 2016, 024/017 de 9 de febrero de 2017 y 96/017 de 22 de junio de 2017” (fs. 48 vto. de los A.A.), lo que se complementa con lo expresado en los sendos informes letrados en los que se hizo el análisis de los excesos en que incurrió la actora, así como de sus antecedentes (fs. 19 y 37 vto. - 39 de los A.A.). En este sentido, resulta particularmente ilustrativo el informe letrado fechado el 15 de marzo de 2018, en el cual se establece: “Realizada la reseña de las infracciones corresponde efectuar una estimación de las sanciones a aplicar de acuerdo a criterios establecidos por la Comisión de URSEC, considerando que la ‘unidad de control’ es por el plazo de una semana (siete días)”. A partir de allí, se detalla en forma pormenorizada a cuánto ascendió el exceso de tanda publicitaria en cada uno de los días examinados (del 4 al 31 de marzo de 2016) y en el horario en que fue constatada cada infracción (ver detalle a fs. 19 vto. - 20 de los A.A.). A su vez, la fundamentación del quantum de la sanción aplicada también emerge del segundo informe elaborado por la Asesoría Jurídica. En lo medular, ésta determina: “Se destaca que estamos ante una falta de gravedad (y en ocasiones reiterada) por lo cual la fijación de un ‘quantum’ -se establece- siguiendo criterios objetivos, al entender del informante: se valoran los antecedentes, se establece un ‘valor constante’ (constante y decididamente módico) al tiempo de tanda, sobre todo, considerando que el perjuicio que se causa al usuario y consumidor del servicio es independiente de la hora del día”. (Fs. 39 de los A.A.). Por lo tanto, la justificación del quantum sancionatorio se encuentra suficientemente explicitada en atención a la entidad de los excesos y los antecedentes que ya tenía la actora ante situaciones similares. VII) Por último, cabe señalar que no se estiman de recibo las consideraciones vertidas por la parte actora en relación con el Decreto reglamentario No. 160/2019, en tanto su dictado es posterior a la resolución que se impugna en las presentes actuaciones, no siendo retroactiva su aplicación. El acto resistido se dictó en el año 2018, momento en el que el único límite cuantitativo previsto para las infracciones a la Ley No. 19.307, era el de 10.000 UR, fijado por la propia Ley. Por lo tanto, el acto fue dictado conforme a Derecho, en ejercicio legítimo de la discrecionalidad. En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA: Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dr. Simón Dr. Marquisio (Sec. Letrado)