Sentencia Definitiva N° 424/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 14 de setiembre de 2021. No. 424 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “BRIZ, CECILIA con PODER EJECUTIVO. Acción de nulidad” (Ficha No. 35/2019). RESULTANDO : I) Surge de fs. 2 que el 13 de febrero de 2019 la actora dedujo demanda de nulidad contra la Resolución Nº 10303 de fecha 31 de mayo de 2018, dictada por el Ministerio de Economía y Finanzas en ejercicio de atribuciones delegadas, que autorizó la transformación de los cargos que detalló teniendo en cuenta las vacantes producidas a consecuencia del Concurso de Ascenso correspondiente al Escalafón A, Grado 11, Denominación Asesor VI, Serie Contador de la DGI (numeral 1°), designó a la funcionaria Ana Sabbia en la vacante concursada Puesto 24843 Plaza 52 (numeral 2°), ascendió a los cargos creados en el numeral 1º), Escalafón A, Grado 11 Asesor VI, Serie Contador en la Unidad Ejecutora 005 DGI, a los funcionarios que enumeró (numeral 3ero.) y aprobó la lista de prelación, integrada por los funcionarios que reseñó, con una vigencia de dieciocho meses (numeral 4º) (fs. 171 a 174 A.A.). Expresó que era funcionaria de la DGI desde el año 2007, que había concursado en el llamado en que se dictó el acto impugnado, y que la asignación de puntajes no había respetado las bases del llamado ni los principios que gobiernan la calificación. Sostuvo que el Tribunal no había ponderado adecuadamente la “Experiencia en materia relacionada con los cometidos propios de la Unidad Ejecutora”, había confundido el concepto de experiencia con el de antigüedad, y no había cumplido con las reglas de actuación propia de la discrecionalidad que requería del ajuste a los principios generales de derecho, en particular, a los de debida motivación y razonabilidad, concluyendo que -al haberse afectado estos principios- el acto debía ser anulado. En otro orden de ideas, consideró que había existido un error en la puntuación asignada en la prueba, ya que la respuesta seleccionada por la accionante a la pregunta 20 debió ser tomada por buena, porque existía una instrucción (Nota 151/06) emitida por la Asesoría en Planificación, Organización y Control que justificaba el acierto de la respuesta dada, en tanto incluía la reducción no solo de recargos sino también de las multas. Por ende, señaló que había un hecho cierto -respuesta acertada conforme a los criterios del organismo aplicados en los hechos- que se había desconocido por el Tribunal e inficionado los motivos del acto encausado. Citó doctrina y jurisprudencia al respecto, y solicitó la anulación del acto impugnado. II) El 5 de abril de 2019 el representante del demandado contestó la demanda incoada (fs. 20 y ss.). Analizó las Bases Generales del Concurso de Ascenso en el Inciso 05 del MEF para proveer vacantes y afirmó que el Tribunal, en ejercicio de una potestad discrecional, había adoptado decisiones durante cada etapa del concurso. Sostuvo que, según las bases, el concurso constaba de tres etapas: entrevista con el tribunal (20 puntos), méritos y antecedentes (hasta 27 puntos), y oposición (53 puntos), y que la asignación y distribución de puntaje dentro de cada etapa la había asignado el mencionado Tribunal “con autonomía técnica ”, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto 377/011 y respetando el principio de igualdad entre los concursantes. Adujo que el criterio fijado por dicho Tribunal para puntuar el ítem experiencia “en materia relacionada con los cometidos propios de la Unidad Ejecutora” era una cuestión que entraba en los márgenes de discrecionalidad que gozaban los Tribunales de Concursos, no existiendo actuar irracional y/o carente de motivación que viciara su accionar. Controvirtió la imputación de falta de motivación del acto, argumentando que todas las etapas del concurso habían sido debidamente motivadas, lo que surgía de cada una de las actuaciones producidas y se reflejaba en las actas labradas y demás actuaciones administrativas. En lo relativo a la respuesta a la pregunta 20, afirmó que la resolución adoptada por el Tribunal de Concurso era correcta de acuerdo a los criterios que éste había fijado en el ámbito de su competencia técnica. Por último, señaló que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo carecía de competencia para fallar en cuestiones puramente técnicas, a cuyo respecto los Tribunales de Concursos gozaban de autonomía. En definitiva, solicitó el rechazo de la demanda incoada. III) Abierto el juicio de prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 49. IV) Alegaron las partes por su orden: la actora a fs. 52 y ss. y la demandada a fs. 57 y ss. V) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que produjo el Dictamen No. 358/2020 que obra a fs. 78, por el que aconsejó confirmar el acto administrativo en cuestión. VI) Se citó para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Se han acreditado los extremos legales habituales requeridos por la normativa vigente (artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. En efecto, se procesa la nulidad de la Resolución Nº 10303 de fecha 31 de mayo de 2018, dictada por el Ministerio de Economía y Finanzas en ejercicio de atribuciones delegadas, que autorizó la transformación de los cargos que detalló teniendo en cuenta las vacantes producidas a consecuencia del Concurso de Ascenso correspondiente al Escalafón A, Grado 11, Denominación Asesor VI, Serie Contador de la DGI (numeral 1°), designó a la funcionaria Ana Sabbia en la vacante concursada Puesto 24843 Plaza 52 (numeral 2°), ascendió a los cargos creados en el numeral 1º), Escalafón A, Grado 11 Asesor VI, Serie Contador en la Unidad Ejecutora 005 DGI, a los funcionarios que enumeró (numeral 3ero.) y, aprobó la lista de prelación, integrada por los funcionarios que reseñó, con una vigencia de dieciocho meses (numeral 4º) (fs. 171 a 174 A.A.). Contra dicho acto, notificado por correo electrónico el 1º de junio de 2018 según afirmaciones no controvertidas, se interpuso en tiempo y forma el recurso de revocación el 11 de los mismos mes y año (fs. 265 y 266 de los A.A.), a cuyo respecto operó la denegatoria ficta el 8 de noviembre de 2018. Finalmente, la demanda de nulidad se introdujo en tiempo útil (el 13 de febrero de 2019 - nota de cargo a fs. 13). II) El Tribunal, por unanimidad y coincidiendo con lo dictaminado por el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la demanda y confirmará el acto impugnado. III) Emerge de los antecedentes administrativos agregados al proceso que, por Resolución Nº 5493 del 1° de febrero de 2017, el Ministro de Economía y Finanzas resolvió convocar a Concurso de Ascenso en el Inciso 05 Ministerio de Economía y Finanzas para proveer las vacantes detalladas en los Anexos 1 y 2, y aprobó las bases y perfiles que figuraban en los referidos Anexos (fs. 2 a 20 A.A.). Por Resoluciones Nº 6271 de fecha 16 de mayo de 2017 del Ministro de Economía y Finanzas y Nº 4735 del 12 de julio de 2017 del Director General de Rentas se designaron a los integrantes del Tribunal de Concurso (fs. 22 y 23 respectivamente). Con fecha 13 de setiembre de 2017 y según surge del Acta N°2, el Tribunal de Concurso resolvió, entre otros puntos, que el orden de las etapas del concurso sería: 1°) Oposición, 2°) Méritos y Antecedentes, y 3°) Entrevista con el Tribunal, anexando la bibliografía establecida para la prueba de oposición (fs. 28 y 29 A.A.). También resulta del Acta Nº 5 de fecha 11 de octubre de 2017 que el Tribunal de Concurso decidió: “ Elaborar y adjuntar a la presente acta el cuadro de valoración de Méritos y Antecedentes, donde constan los puntajes otorgados a los requisitos solicitados en las Bases generales y Perfiles” (fs. 45 y 46 A.A.). El 28 de octubre de 2017 se realizó la prueba de oposición, habiéndose presentado 173 de los 187 concursantes inscriptos (fs. 50 A.A.), el 31 siguiente el Tribunal publicó las soluciones de las versiones 1 y 2 de la prueba de oposición realizada (Acta Nº 8, fs. 51 y ss. A.A.) y entre ellas, la respuesta a la pregunta Nº 20 (fs. 56 A.A.) y, finalmente, el 17 de noviembre de 2017 publicó los resultados de la referida prueba (Acta N° 9, fs. 89 a 91 A.A.). Tras las consultas formuladas por los concursantes Natalia Ibáñez y Jorge Amarillo respecto a la pregunta 20, con fecha 21 y 22 de noviembre de 2017 el multicitado Tribunal señaló “ que en el caso de la pregunta 20, la misma hace referencia a la ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005 artículos 470, 471, 472 y 473 (punto 5.5. de la bibliografía) específicamente al artículo 471 …” (fs. 108 y 110 A.A.). Realizadas las entrevistas de los concursantes, se publicaron los porcentajes obtenidos por cada uno (Acta N° 14, fs. 134 a 136 A.A.) y el 21 de diciembre de 2017 se levantó el anonimato de los concursantes que habían culminado las tres etapas, figurando la actora en el puesto 64 con un puntaje total de 79 puntos (Acta Nº 15 Complementaria, fs. 141 a 143 A.A.). Finalmente, se dictó el acto que se procesa en autos (fs. 171 a 174 A.A.). IV) La actora postuló que el Tribunal de concurso no había ponderado adecuadamente la experiencia en materia relacionada con los cometidos propios de la “Unidad Ejecutora”, que la Administración se había apartado de los principios de razonabilidad y debida motivación, y que había existido un error en la puntuación asignada en la prueba, ya que la respuesta seleccionada a la pregunta 20 debió haber sido tomada por buena. No se comparte su temperamento. IV.1) Como fuera reseñado supra, por Resolución N° 5493 de 1° de febrero de 2017, dictada por el Ministerio de Economía y Finanzas, se convocó a Concurso de Ascenso en el Inciso 05 Ministerio de Economía y Finanzas para proveer las vacantes detalladas en los Anexos 1 y 2, y se aprobaron las bases y perfiles que figuraban en los citados Anexos (fs. 2 a 20 A.A.). En las referidas “Bases Generales Concurso de Ascenso”, en el “Anexo 1” se estableció que el “… llamado se realiza al amparo del Art. 49 de la Ley No. 18.719 de 27 de diciembre de 2010, Decretos N° 377/011 de 4 de noviembre de 2011, y 108/012 de 12 de abril de 2012. Para la Dirección General Impositiva rige la aplicación el Decreto 227/013 de 7 de agosto de 2013 con la modificación dada por el Decreto 271/016, del 5 de setiembre de 2016 ”, y se determinaron los “ REQUISITOS GENERALES OBLIGATORIOS”, el “PLAZO E INSCRIPCIONES” y el “PROCESO DE SELECCIÓN” (fs. 3 y 4 de A.A.). En relación al proceso de selección y según surge de fs. 4 vto. de los A.A., se dispuso que en las “ Etapas Los pasos y factores con los puntajes asignados a considerar en dicho proceso serán, de acuerdo con lo establecido en el decreto Nº 377/011: Entrevista con el Tribunal (Hasta 20 puntos)Méritos y Antecedentes (Hasta 27 puntos) Oposición (Hasta 53 puntos)" y, en cuanto a los “Antecedentes”, se estableció que “… se evaluará la experiencia en tareas similares a las que son objeto de la función a cumplir, y la antigüedad en el Inciso respectivo (art. 21 Dec. 377/2011)”. A su vez, respecto al Escalafón A11 - Contador, en el que concursó la actora, resulta del “Anexo 2 - Perfiles” que se valorará en relación al componente B- Experiencia, una “Mayor a 5 años comprobada en el área tributaria en el ámbito público y/o privado ” y “Experiencia en materia relacionada con los cometidos propios de la Unidad Ejecutora”. (fs. 15 A.A.). Y, en atención a las citadas Bases Generales y Perfiles, el 11 de octubre de 2017 el Tribunal de Concurso labró el Acta N° 5 “Valoración Méritos y Antecedentes” (fs. 45 y 46 de A.A.), en la que se puntuó al factor "Experiencia" de la siguiente forma: “Mayor a 5 años comprobada en el área tributaria en el ámbito público y/o privado" hasta 4 puntos; "En materia relacionada con los cometidos propios de la Unidad Ejecutora" hasta 5 puntos; "Antigüedad en el Inciso" hasta 3 puntos. Ahora bien, como lo manifestaron ambas partes (fs. 4 y 22 vta. infolios, respectivamente), en cuanto al factor “experiencia en materia relacionada con los cometidos propios de la Unidad Ejecutora”, el Tribunal de Concurso estableció tres franjas de puntaje, a saber: a los ingresos mayores a 12 años les adjudicó 5 puntos, a los mayores a 6 años y menores a 12 años, 3 puntos y, a los menores a 6 años, 2 puntos. En la evaluación de méritos, la actora obtuvo en este ítem 3 de los 5 puntos asignados, porque había ingresado en marzo de 2007 y a la fecha del concurso tenía 10 años de antigüedad en el cargo, por lo que quedó incluida en la segunda franja. Si bien la promotora se agravió por entender correcta otra forma de asignación de puntaje, no logró probar que la distribución de las franjas establecidas por el Tribunal de Concurso haya sido arbitraria o violatoria de los principios de igualdad y razonabilidad, y este Tribunal entiende que no se verificó en grado alguno un obrar ilegitimo de la Administración. Por otra parte, está acreditado que los criterios de evaluación fueron iguales para todos los concursantes. Así, con fecha 5 de diciembre de 2017, el Tribunal actuante informó a fs. 120 y ss. de los A.A. que: “1) Se recibió del Departamento de Gestión Humana 169 sobres conteniendo la documentación correspondiente a los méritos y antecedentes, presentados por los concursantes… 2) Se recibió del Departamento de Gestión Humana: - Planilla con detalle de las Calificaciones y la Antigüedad laboral de los funcionarios que se desempeñan en la DGI, - Listado de las horas de inducción de cada generación 3) Se puntuaron los Méritos y Antecedentes acorde a lo expuesto en el Acta número 5 de fecha 11 de octubre de 2017. 4) Se anexa tabla con los puntajes de esta etapa (PUNTAJE DE MÉRITOS Y ANTECEDENTES)” En virtud de lo expuesto, no se advierte ilegalidad alguna en el procedimiento llevado a cabo por la Administración. IV.2) En lo que refiere al cuestionamiento del juicio técnico del Tribunal de Concurso -valoración administrativa realizada sobre los méritos de la accionante- se alinea a pautas razonables en sujeción con lo dispuesto en las Bases del Concurso, sin perjuicio de lo cual cabe relevar que la impugnante no explicitó, y menos aún probó, cuáles habrían sido los ítems mal valorados y, en consecuencia, mal puntuados. Sobre el punto, es aplicable al subjudice lo sostenido reiteradamente por este Tribunal, saber: “Se trata de cuestiones de mérito, en las cuales no puede inmiscuirse la Corporación. Desde la doctrina, CASSINELLI MUÑOZ enseña lo siguiente para distinguir el mérito del acto, del fondo de la cuestión: “La legitimidad del acto es el ajuste a las reglas de Derecho, mientras que el mérito es el ajuste a las reglas de la buena administración o a las máximas de orientación política no cristalizadas en reglas de Derecho. La diferencia entre los aspectos de legitimidad y los de mérito no deriva de la materia de que se trate, sino de la circunstancia -variable en el tiempo y de una parcela a la otra del ordenamiento administrativo- de que tal o cual aspecto se encuentre regulado por normas jurídicas o librado a la discrecionalidad del administrador”. Como destaca el autor, el control de legitimidad, propio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, penetrará más en el fondo del acto, cuanto mayor sea la regulación jurídica de los aspectos de fondo. Y deberá respetar la opción escogida por la Administración en los demás aspectos que sigan siendo de mérito en virtud de no haber sido regulados por normas de Derecho. Desde luego, siempre que no se pruebe que existió en el obrar de la Administración desviación de poder (Cfme. CASSINELLI MUÑOZ, Horacio: “El mérito y el fondo”, en Derecho Constitucional y Administrativo, La Ley Uruguay, Montevideo, 2010, págs. 825 y 826). Debe compartirse entonces, respecto de los agravios relativos a los rubros 4, 6, 8 y 11, lo considerado por este Cuerpo en oportunidad de analizar la legitimidad de otro procedimiento concursal de la Universidad de la República, en el que se señalara: “(…) en el fondo subyace una cuestión técnica compleja y opinable, que no es otra cosa que un problema de mérito, oportunidad o conveniencia, librado a la opinión del Tribunal de Concurso y que se comparta o no dicha opinión, el acto que la traduce es jurídicamente regular y no causó nulidad alguna (art. 9º de Ordenanza de Concurso, fs. 35v./36 de autos) en mérito a lo cual no es revisable por esta Corporación” (Cfme. Sentencia N° 509/2002; véase también las Sentencias Nº 625/2007 y 127/2016, entre muchas otras). (cf. Sentencia No. 353/2017). Es posición firme de este Tribunal que la forma de asignación del puntaje por parte de Tribunales Calificadores que intervienen en concursos, es materia que excede la órbita de su competencia, ya que la función del Tribunal de lo Contencioso Administrativo debe de limitarse al examen de legalidad de lo actuado conforme al artículo 309 de la Constitución de la República, sin entrar a juzgar el mérito o las razones por las cuales cada miembro del Tribunal Calificador entendió que correspondía una determinada calificación (cf. Casinelli Muñoz, “El mérito y Fondo” en RDJA, T 69, pág. 254). En el mismo sentido, desde la doctrina se ha destacado que: “ De lo expuesto fluye pues que sólo se admite su intervención cuando aquellos órganos técnicos actúan fuera del ámbito de la legalidad objetiva. A nuestro criterio lo destacable de la sentencia que presentamos es justamente esa incursión que realiza el juzgador en los aspectos revisables del obrar administrativo dejando intacto el ámbito técnico, que como se afirmara, es ajeno a su control ” (NESSAR, Silvana: “ Tres importantes sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo” en AA.VV. “Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Daniel Hugo MARTINS”, FCU, 1ª Edición, 2008, págs. 791/792). De modo que cabe reconocer a los tribunales evaluadores autonomía técnica y, por lo tanto y en principio, no corresponde a este órgano inmiscuirse en cuestiones que son de carácter estrictamente técnico y que, por ende, están vedadas al contralor jurisdiccional. Así, entre otras, en Sentencia No. 362/2012 se afirmó: “(…) tampoco corresponde exigir en el caso, una justificación exhaustiva de las razones que condujeron a asignar determinado puntaje a los concursantes, puesto que excede el parquet competencial de este Tribunal, en cuanto a valorar lo referente a la formación del juicio íntimo del tribunal evaluador, inherente a su competencia técnica”. En la misma línea, en Sentencia No. 106/2012 se expuso: “(…) no existió inexistencia de motivación o fundamentación ya que en el caso de las calificaciones, se considera que no cabe exigir el preciso detalle de las razones que conducen a asignar un determinado puntaje a título significativo numérico del juicio que al calificador le merece y ello por cuanto la propia doctrina señala que, en ausencia de texto normativo expreso, que requiera, como requisito de validez, la precisa fundamentación, la exigencia debe interpretarse con latitud y atendiendo a la naturaleza del acto”. A la Sala únicamente le corresponde analizar la juridicidad del obrar del tribunal calificador, esto es, verificar si en su proceder ha incurrido en infracción a alguna regla de Derecho, así como controlar que su actuar no haya estado viciado por desviación, abuso o exceso de poder. En definitiva, conforme a lo que viene de reseñarse, las decisiones de los Tribunales de concurso son discrecionales en la medida que se ajusten a las bases del llamado y, en la especie, no se verificó apartamiento alguno que amerite recibir la pretensión de la actora. IV.3) Lo antes expuesto no exime al jerarca de su obligación de motivar adecuadamente las decisiones adoptadas. Al respecto, refiriéndose a los actos discrecionales, destaca CASSAGNE que: “(…) En rigor, la motivación de las decisiones discrecionales es una garantía que hace al cumplimiento de los fines de interés público que persigue la Administración que deben exteriorizarse al momento de emitirse el acto administrativo”. (cf. CASSAGNE, Juan Carlos, El principio de legalidad y el control judicial de la discrecionalidad administrativa, Marcial Pons, Buenos Aires, 2009, págs. 204 y ss.). En el caso, de la simple lectura del acto impugnado y de sus antecedentes surgen explicitados los motivos que llevaron a su dictado. En efecto, en los Resultandos de la Resolución se hizo referencia a las resoluciones que dispusieron el llamado a concurso de oposición y méritos correspondiente al Escalafón A, Grado 11 Asesor VI, Contador en la DGI, y al fallo final que emitió el Tribunal de concurso, y en el Atento se citó la diversa normativa aplicable (fs. 171 A.A.). Entiende el Tribunal que los fundamentos invocados por la Administración se erigieron en motivación válida, idónea y eficaz. Sin perjuicio de agregar que las profusas actuaciones que precedieron al dictado del acto y que vienen de referirse en el Considerando III) de este pronunciamiento, constituyeron el proceso de formación del acto que, al decir de MARIENHOFF en tesitura admitida por la Corporación, se erigen en motivación suficiente del mismo. En tal sentido, es jurisprudencia firme del Tribunal que la fundamentación del acto puede y debe surgir del acto mismo o de sus antecedentes. Como enseña MARIENHOFF, la motivación del acto administrativo -aunque ella fuere obligatoria- puede resultar acreditada en cualquiera de los dos momentos que integran o pueden integrar la “forma” del acto; en el proceso de “formación” o en el de “expresión” de la voluntad de la Administración Pública. Es decir, la motivación puede ser concomitante o contemporánea con la expresión de dicha voluntad o anterior a tal expresión, apareciendo en este último caso en el proceso de formación de la voluntad administrativa; en dos palabras: motivación idónea y eficaz requiere que ella sea “suficiente” para apreciar con exactitud los motivos determinados del acto (cf. MARIENHOFF, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, p. 330-332; en la jurisprudencia del Tribunal véanse, entre muchas otras, las Sentencias Nos. 881/2010, 374/2011, 325/2012, 312/2013 y 539/2016). Por ende, cabe concluir que la motivación del acto administrativo encausado resulta suficiente y, en su mérito, no puede prosperar el agravio de la accionante. VI.4) Finalmente, tampoco es de recibo el agravio que imputa la existencia de error en la puntuación asignada a la pregunta 20, referida al régimen de facilidades de pago por Acuerdos Tributarios previsto en la Ley No. 17.930. En efecto, de las actuaciones administrativas surge que el Tribunal de Concurso, publicó las soluciones de las versiones 1 y 2 de la prueba de oposición realizada el día 28/10/2017 (fs. 51 A.A.), indicando que a la Pregunta 20) Facilidades de pago, Respuesta Correcta: d) Fuente: Artículos 417 y 472 de la Ley 17.930 (fs. 56 A.A.), mientras que la actora había señalado como correcta la respuesta identificada con la letra b). Además, es del caso agregar que, como señaló acertadamente la demandada, el Tribunal había fijado con antelación a la realización de la prueba, por Acta N° 3 de fecha 19/9/17, cuál sería el criterio a seguir en caso de existir contradicción entre los procedimientos y la normativa estableciendo que “regirá la normativa” (fs. 30 A.A.). Y, a fs. 35 de los A.A., luce el Comunicado No. 1, por el que textualmente se informó que: “Ante reiteradas consultas referentes a la divergencia existente entre los procedimientos y la normativa establecidos en la bibliografía proporcionada por este Tribunal, reiteramos lo estipulado en el ACTA 3 de fecha 19 de setiembre de 2017, numeral 2- "Aclarar que en aquellos puntos en los cuales existan contradicciones entre los procedimientos y la normativa, regirá la normativa vigente …". La normativa que fue proporcionada por este Tribunal primará sobre los procedimientos, en aquellos puntos en los cuales existan contradicciones”. Por tanto, no se aprecia discordancia alguna entre la calificación finalmente otorgada por el Tribunal y los criterios previamente establecidos por éste para tal fin. En conclusión, la Administración actuó dentro de sus competencias, y conforme a derecho. Por tales fundamentos y de acuerdo a lo establecido por el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).