Sentencia Definitiva N° 422/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 14 de setiembre de 2021. No. 422 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “CHAVES RAMÍREZ, MARÍA ÁNGELA Y OTRA con ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 179/2019) RESULTANDO : I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria en contra de la resolución del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Nº 22 de 6 de junio de 2018, cuyo dispositivo estableció no otorgarles interinatos en la Colonia Escolar Nº 85 de Piriápolis, Departamento de Maldonado, en los próximos 3 años lectivos (fs. 446 a 448 de los antecedentes). En necesaria síntesis de su pretensión, señaló que hubo desviación de procedimiento, ya que la decisión fue adoptada en el marco de una investigación administrativa a partir de denuncias de acoso laboral hacia la Sra. Directora de la Escuela Nº 85. Así, estimó que bajo el ropaje de una investigación administrativa se llevó a cabo un procedimiento disciplinario que, a la postre, les acarreó una resolución gravemente perjudicial. Como corolario de lo anterior se entendió configurada desviación de poder. Por su parte, refirió que los motivos del acto son insinceros, no acordes con la realidad probada, consistente en el acoso que recibían las promotoras por parte de la Directora del centro educativo. Desde tales perspectivas se estimó que el acto resistido viola derechos humanos fundamentales, tales como el honor, la seguridad jurídica, la salud y la independencia en su conciencia moral. Por último, resaltó la falta de razonabilidad, proporcionalidad y abuso de poder incurrido a través de la resolución resistida. En suma, requirió la anulación del acto impugnado. II) Emplazada en forma la Administración (fs. 26), contestó de modo contradictorio, bregando por la solución confirmatoria. Luego de identificar los antecedentes del acto y su encuadre normativo, defendió el ajuste a la realidad de los motivos invocados. En resumen, indicó que las accionantes se presentan como víctimas, cuando se acreditó un clima laboral enrarecido al que ellas habían contribuido. Por lo tanto, consideró que no hubo ninguna desviación de procedimiento, sino que, realizada una investigación administrativa a partir de denuncias formuladas por la actora, se arribó, a efectos de mejorar la situación del centro educativo, en la solución de impedir la reelección interina de las actoras y la Directora del centro. En su mérito, recalcó el carácter discrecional de la resolución adoptada y bregó por la confirmación del acto impugnado. III) Abierta la causa a prueba (Decreto No. 3.808 de 29 de mayo de 2019, fs. 37), fue diligenciada la prueba propuesta por las partes, que fue debidamente agregada y certificada (fs. 136). IV) Las partes alegaron de bien probado por su orden (fs. 139 a 154, alegatos de la actora y fs. 157 a 160 vto., alegatos de la demandada). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, mediante Dictamen No. 9/2021 de 1º de febrero de 2021 (fs. 163 a 165 vto.) se pronunció por la solución anulatoria. VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución, artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9), habilitan el examen de la pretensión anulatoria. II) El Tribunal, por mayoría, apartándose de lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso, desestimará la demanda, por los fundamentos que a continuación se explicitarán. III) A efectos del correcto encuadramiento de autos, cabe señalar que las actuaciones administrativas comenzaron con una nota presentada a la Sra. Directora de la Escuela Nº 85 por funcionarios docentes y no docentes, el 8 de mayo de 2015, mediante la cual denunciaban una actitud “autoritaria” por parte de la anterior Directora del centro educativo, actual Subdirectora del centro (fs. 126 de los antecedentes). A partir de lo anterior se recabaron diversos testimonios, particularmente de los firmantes de la nota (fs. 129 a 179 de los antecedentes). El 5 de enero de 2016 fue ampliada la denuncia en relación a la actuación de la ex Directora de la Escuela Nº 85 (fs. 188 a 189 de los antecedentes). Luego de diversas instancias de instrucción, por resolución Nº 3, de 12 de mayo de 2016, el Consejo de Educación Inicial y Primaria dispuso la realización de una investigación administrativa (fs. 250 de los antecedentes). El 5 de setiembre de 2016 se elaboró el informe final de instrucción de la investigación administrativa (fs. 322 a 328 de los antecedentes). Dentro de las conclusiones del referido informe se destacó que: “… tenemos funcionarias que no formaron parte de las denuncias, y que declararon, por ejemplo: no tener motivos para firmar, no estar de acuerdo con lo denunciado y no sufrir ni ver esas situaciones de maltrato o persecución, incluso a fojas 118 una auxiliar declaró que “…se formó una banda y se dejan llevar por la corriente…”. Interrogadas las jerarquías en cuestión, fueron contestes en afirmar que no se trataba como afirman los denunciantes "de un régimen de terror o de una academia militar, sino que las exigencias superaban el nivel de trabajo y que había que adecuarse al contexto en el que estaban, reconozco que problemas vinculares habían… bajo acta la Inspectora LEPERA declaró "la Señora Ángela CHAVES y la Sra. Silvia BERTERRECHE manifestaron una cierta desconfianza hacia mi persona…, planteó que yo tengo que avisar con anterioridad cuando voy a la Escuela…, cualquiera de las dos maestras tienen una actitud de hostigar y de cuestionar lo que se haga… Siento una presión constante por parte de las Maestras CHAVES y BERTERRECHE, no me dejan hacer mi trabajo, siempre hay trabas y trancas, es un hostigamiento por parte de las mismas, no reciben consejos ni sugerencias de ningún tipo, y esto afecta a todo el colectivo docente… Delante de mí nunca la vi maltratar al personal, yo he visto incluso hablarle mal a ella por parte del personal” (fs. 326 de los antecedentes). A partir de lo anterior, a modo de conclusión final, se indicó: “En definitiva, no se visualiza la comisión de falta administrativa por parte de denunciada o denunciantes. Por otro lado, se observa la conveniencia de disponer el traslado de algunos funcionarios o de la Directora para la obtención del mejoramiento del servicio escolar” (fs. 327 de los antecedentes). Se proyectó resolución de acuerdo a las sugerencias arribadas en el precitado informe (fs. 329 a 330 de los antecedentes), lo cual fue compartido por la Asesoría Letrada (fs. 331 a 334 de los antecedentes). De las actuaciones precedentes se confirió vista, la cual fue oportunamente evacuada, procediéndose al diligenciamiento de los medios probatorios propuestos en las evacuaciones de vista (fs. 337 y siguientes de los antecedentes). A modo de análisis de las pruebas diligenciadas se elaboró un nuevo informe de instrucción que mantuvo las conclusiones iniciales (fs. 414 a 416 de los antecedentes), se confirió nuevamente vista y posteriormente fue dictado el acto objeto de impugnación (fs. 446 a 448 de los antecedentes). IV) En primer término, las accionantes denunciaron la existencia de desviación de procedimiento, en tanto, a su criterio, debió haberse procedido a la realización de un sumario, ya que la resolución adoptada encarnaría una sanción encubierta. Pues bien, ni lo uno, ni lo otro. En la emergencia, ante la denuncia de hechos con apariencia irregular la Administración utilizó el mecanismo de procedimiento correspondiente a efectos de instruirse, de modo primario, sobre la veracidad de tales hechos. Con las prevenciones del caso, comparando al procedimiento disciplinario con el proceso penal, importa adoptar la distinción entre sujetos que conocen los hechos y sujetos que no los conocen. Dentro del primer grupo puede ubicarse, aplicando tales nociones al procedimiento disciplinario, al supuesto funcionario infractor, testigos, damnificados por su conducta. En el segundo grupo, es decir, de sujetos que no conocen directamente los hechos, figura la Administración que debe arribar a la convicción sobre si determinados hechos, acciones u omisiones constituyeron incumplimientos de deberes funcionales y, de ser así, aplicar las sanciones correspondientes. Dicho modo de ser del procedimiento disciplinario supone la existencia de una etapa previa de instrucción a efectos de determinar si corresponde, o no, realizar imputaciones. En relación a la instrucción previa en el proceso penal, en términos extensibles a los procedimientos disciplinarios, se ha indicado que: “En la instrucción preliminar, el órgano instructor es el que averigua, inquiere y al mismo tiempo comprueba las circunstancias contenidas en el germen de la notitia criminis, por lo que tal actividad puede ser definida como aquel conjunto de actos, realizado por el órgano instructor, para averiguar las circunstancias en que ha podido producirse un hecho que tiene la apariencia de delito, así como la persona o personas que puedan ser responsabilizadas del mismo, comprobando los datos que hayan aportado o puedan descubrirse en la investigación correspondiente” (Erik COLOMBO. “Diligencias preliminares” en Curso sobre el Código del Proceso Penal C.P.P Decreto Ley 15.032. Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, FCU, Montevideo, 1981, p. 212). La Corporación ha ahondado sobre la distinción entre investigación administrativa y sumario. Así, se ha indicado que: “…el sumario y la investigación administrativa son dos procedimientos distintos, pero relacionados entre sí. Como señala DURÁN: “...Para que haya sumario se exigen dos presupuestos fundamentales: la existencia de una falta administrativa y por lo menos un funcionario imputado. Su objetivo es determinar qué grado de responsabilidad le incumbe al imputado. Este aspecto lo diferencia de la investigación administrativa, definida por el artículo 191 (se refiere al decreto 640/973) como “el procedimiento tendiente a determinar o comprobar la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos dentro del servicio o que lo afecten directamente aun siendo extraños a él, y a la individualización de los responsables. Su presupuesto es el desconocimiento de la existencia de una falta administrativa o conocida la falta, el desconocimiento de sus responsables. Su objeto es pues determinar la existencia de una falta administrativa y/o la identificación de los responsables…”. (Estudios de Derecho Administrativo, parte general, p.19)” (sentencia No. 643/2018). Desde las perspectivas que vienen de referirse, la circunstancia consistente en que, ante una denuncia vinculada a acoso laboral, se haya dispuesto una investigación administrativa, no reviste en un vicio procedimental que haya generado indefensión. La Administración dispuso los medios jurídicos pertinentes a efectos de comprobar el hecho denunciado. Al respecto, cabe observar que en la época de la denuncia (2015), y posterior procedimiento, todavía no regía el protocolo aprobado por la Administración Nacional de Educación en materia de acoso laboral, que data de setiembre de 2018 (fs. 390 a 390 vto., de la documentación en carpeta rosada agregada por la Administración en cumplimiento de la intimación realizada). Por su parte, las resultancias de la instrucción, consistente en impedir la elección de interinatos de las actoras y la Sra. Directora en la Colonia Escolar Nº 85, no obedecieron a una finalidad abyecta, tendiente a enmascarar una punición, sino que informan a la pretensión de resolución de un conflicto laboral. Asimismo, la resolución impugnada, conforme se explicará, se inserta dentro del ámbito de discrecionalidad de la Administración y en concordancia con la situación estatutaria de las funciones interinas. V) Desechado el vicio procedimental invocado, importa analizar los presupuestos fácticos del acto impugnado. Así, a juicio de las promotoras, los motivos del acto impugnado no se condicen con la realidad, en tanto dejaron de lado la situación de acoso laboral padecida por ellas y generada por la Directora del centro escolar. En tal sentido, en sede jurisdiccional, ahondaron en prueba testimonial a efectos de acreditar el acoso padecido. Sin embargo, tales medios probatorios no enervan los hallazgos del procedimiento administrativo que, según fuera trascripto ut supra, dan cuenta de una situación que puede catalogarse de “conflicto laboral” en lugar de “acoso laboral”. Al desentrañar las nociones de acoso y conflicto laboral el Tribunal ha referido que: “…corresponde distinguir el mobbing o acoso laboral de otras situaciones que no configuran acoso. En especial, debe diferenciarse el acoso laboral de las discrepancias y los conflictos en el trabajo, del estrés laboral, y del ejercicio lícito del derecho de dirección y control del empleador o jerarca, conforme a nuestra doctrina. Así, cabe destacar que las discrepancias y los conflictos en el trabajo son propios del ámbito laboral y, por lo tanto, inevitables. Es que “las diferencias de opinión, los conflictos y los problemas en el trabajo son fenómenos normales en los que no existe la intención de dañar o de ofender al trabajador. Pueden existir conflictos en el trabajo, y el trabajador enfermarse como consecuencia de dichos conflictos, y sin embargo no configurarse una situación de acoso laboral” (Cristina MANGARELI, “Acoso laboral. Concepto y prevención”, ob. cit. p. 104). También se debe distinguir el mobbing del estrés proveniente de la actividad desempeñada en el trabajo, e incluso el estrés derivado de los conflictos que puedan tener lugar en el trabajo (con el empleador, sus representantes o compañeros de trabajo). Así, no son lo mismo los daños físicos o psíquicos sufridos por el trabajador a raíz del acoso laboral, que las enfermedades provocadas por el estrés derivado del trabajo o del estrés provocado por los conflictos en el trabajo (Cristina MANGARELI, “Acoso laboral. Concepto y prevención”, ob. cit. p. 104). En el ámbito privado el empleador tiene derecho dirigir el trabajo, es decir de dar órdenes acerca del modo, el tiempo y el lugar de la prestación. Pues bien, en el ámbito de la función pública el jerarca no sólo tiene el derecho de hacerlo, sino que es su deber como funcionario (así: Rubén CORREA FREITAS, “El acoso moral en la función pública”, LJU, Tomo 149, Cita Online: UY/DOC/63/201; Valeria ESCOBAR y Diego ANDRADE - “El poder disciplinario en A.S.S.E. y su comparación con el del empleador privado”, Revista del Derecho del Trabajo, Julio - Setiembre 2016, Cita Online: UY/DOC/258/2016). La facultad de dirigir el trabajo conlleva la de vigilar y controlar el cumplimiento de la prestación, esto es, si las órdenes impartidas fueron obedecidas, y si se cumplieron otros deberes a cargo del trabajador referidos a la asistencia y conducta en el lugar de trabajo. Las observaciones y comentarios realizados por el jerarca a un funcionario respecto del cumplimiento de las órdenes impartidas, no constituyen acoso moral, ni laboral en absoluto (Cristina MANGARELI, “Derechos del empleador a la organización y dirección de la empresa, y límites”, Revista Derecho Laboral Nº 244, oct-dic 2011, p. 707 y ss.). Los autores en el campo jurídico y también en otras disciplinas han distinguido el acoso moral de las “coacciones” y “presiones” del trabajo. Así como en todo trabajo son comunes los conflictos propios de la realización de la actividad, también el desarrollo del trabajo lleva a que existan “presiones” en el cumplimiento normal del trabajo. Por ejemplo, las presiones derivadas de plazos que se deben cumplir para la presentación de determinadas tareas, etc. (Cristina MANGARELI, “Derechos del empleador a la organización y dirección de la empresa, y límites”, ob. cit. pág. 710)” (sentencia No. 454/2019). En particular, resulta esclarecedora la noción de conflicto laboral ensayada por el Tribunal que, en base a los aportes dogmáticos de Marie France Hirigoyen, indicó: “en un conflicto, se nombran los reproches (es, por así decirlo, una guerra abierta). Por el contrario, tras un procedimiento de acoso se oculta lo no verbalizado”. “En su origen subyace una necesidad de cambios: debe destruirse un antiguo sistema de funcionamiento para reconstruir otro. Un conflicto es una fuente de renovación y de reorganización que obliga a cuestionarse y a funcionar según formas nuevas” (…) Podemos afirmar que lo que caracteriza a un conflicto es la “escalada simétrica”, donde los protagonistas tienen una igualdad escalonaría, como en el presente caso y se entabla un “combate”: “se responde a la hostilidad con más hostilidad y a una traición con otra” (id. sentencia No. 454/2019). En obrados no se vislumbra la conformación de “acoso laboral”, sino que aparece una figura jerárquica de carácter fuerte, pero que no anula, ni suprime, a la posición de las actoras. Al contrario, éstas acuden al enfrentamiento frontalmente, lo cual determinó un clima laboral enrarecido y completamente ajeno a las necesidades y rol que debe desempeñar una institución educativa. Por lo tanto, lo dispuesto por la Administración en el marco de sus poderes jurídicos, expresado en impedir que accedan a interinatos en el centro educativo, tanto las actoras como la Directora denunciada, informó a la resolución de un conflicto laboral. En concreto, la conducta asumida por la demandada consistió en la disociación de vínculos interpersonales dañados, cuya confluencia no redundaba en ningún beneficio en el proceso educativo, sino que, al contrario, lo entorpecía y perjudicaba. VI) Relevada la regularidad procedimental y fáctica de la resolución impugnada, resta analizar su juridicidad desde la perspectiva de los poderes jurídicos de la Administración a efectos de adoptar el acto resistido. Así, se acude a dos grados concurrentes de análisis, por una parte, la discrecionalidad del obrar administrativo y, por otra, el estatuto que dimana del ejercicio de funciones docentes de modo interino. En cuanto a la discrecionalidad ínsita de la medida adoptada, cabe señalar que el Tribunal tiene reiteradamente admitido que si la Administración posee atribuciones para nombrar, promover y destituir a sus empleados, atribuciones que en este orden de ideas son las potestades “extremas”, con mayor razón tiene facultades para ejercer potestades “intermedias” a las indicadas, como ascender, trasladar, suspender, etc., al personal; desde luego, en tanto y en cuanto ello no se halle viciado de falta de juridicidad (arbitrariedad, irrazonabilidad, agravio a una situación esencial, etc.) (Cfme. MARIENHOFF, Miguel S.: “Tratado de Derecho Administrativo” t. III-B, p. 55; en la jurisprudencia del Tribunal, véase entre otras las Sentencias N° 154/1992, 751/1993, 212/2000, 147/2006). En este sentido, la Corporación ha reconocido en numerosas oportunidades que “…la facultad de disponer un traslado se encuentra entre aquellas de que es titular la Administración, inscribiéndose en la potestad de reorganización inherente a las funciones del Jerarca. De manera que ningún agravio puede ocasionar al actor la resolución dictada en el ejercicio de tales facultades, las cuales responden al principio funcional establecido en el art. 59 de la Constitución de la República, que determina que el funcionario no tenga un derecho adquirido a permanecer desempeñando funciones en un mismo servicio, o a ser trasladado a otro por él elegido; máxime cuando el traslado no cancela los derechos adquiridos desde el punto de vista de su carrera administrativa (Cfr. Sents. 147/2006, 206/2010)”. Al respecto, se ha sostenido invariablemente por parte del Colegiado que “es atribución de la Administración la de estructurar los servicios en la forma que estime más beneficiosa para los intereses del organismo, obviamente que encuadrada en las normas de legalidad y finalidad que presiden el quehacer administrativo”, agregándose que “no existe un derecho subjetivo o interés tutelable en esta jurisdicción, a que los servicios se organicen o reestructuren como mejor conviene al interés de los funcionarios, sino que el principio es el opuesto, es decir, el de la potestad discrecional de la Administración para racionalizar su organización escalafonaria, en tanto ella sea requerida por conveniencias del servicio y no se perjudiquen los derechos de los funcionarios” (Cfe. Sentencias Nos. 82/2012, 661/2004, entre otras)” (Cfme. Sentencia No. 540/2012). Conforme a lo explicado precedentemente, la resolución impugnada, mediante la cual se vedó a las accionantes la elección de interinatos en la Colonia Escolar Nº 85, no resultó un acto inmotivado, tampoco arbitrario, sino que se fundó legítimamente en los poderes deberes del jerarca, tendientes a obtener un buen funcionamiento del servicio, cuya prestación se veía distorsionada por el conflicto laboral en que las actoras se encontraban insertas. En el mismo derrotero informa a la legitimidad del obrar administrativo el carácter interino de los cargos que ostentaban las actoras, lo cual supone un estatuto funcional del que no dimana estabilidad, sino un carácter esencialmente revocable. Sobre la cuestión, en términos mutatis mutandis aplicables en la emergencia, ha señalado la Corporación que “…se tendrá presente que los actores fueron designados como docentes interinos, situación que surge del informe del Departamento del Personal Docente de 26 de junio de 2006 (ver informe agregado a fs. 253 a 255 letra A, de los A.A.) cesando el 28 de febrero de 2006; por lo tanto, tratándose de docentes interinos y de conformidad con lo dispuesto por el art. 9 del Estatuto del Funcionario Docente, el plazo de designación finaliza al término de ese año” (sentencia No. 690/2009). En la misma línea de razonamiento, también aplicable en la dilucidación de obrados, el Colegiado ha indicado que “…tampoco puede aducirse afectación de los derechos a la carrera docente y al cargo, por la muy sencilla razón de que, los propios actores han afirmado su situación de “interinos”, tal como se afirma en la contestación -en ello simplemente hace hincapié la División Jurídica para aconsejar el rechazo de los recursos de revocación interpuestos por múltiples docentes, además que los que accionan en estos autos-, los reclamantes revisten ab-initio calidad de INTERINOS -respecto de sus funciones de coordinadores regionales-, razón por la cual deben cesar automáticamente todos los 28 de febrero de cada año, conforme al art. 9º del Estatuto del Funcionario (…) En cuanto el argumento que en la demanda se invoca para sostener la ilegalidad del acto referente a la violación de lo que los actores denominan “derechos adquiridos”, y postulando el triunfo de la justicia por sobre la arbitrariedad (fs. 36v/37 de autos), este Tribunal entiende que dicha invocación carece de un sustento legal, dada su admitida condición de interinos en estas funciones conforme a reiterada jurisprudencia del T.C.A. Al respecto se ha dicho: “Como el funcionario interino no puede invocar la titularidad de un derecho subjetivo a continuar desempeñando el cargo ni a permanecer en el mismo, el cese de la interinidad dispuesto en función de motivos sinceros, conectados con los superiores intereses del servicio, al obedecer a razones que constituyen una normal manifestación de los poderes jurídicos propios del jerarca, no es susceptible de irrogar un perjuicio de la índole requerida para fundamentar la pretensión anulatoria (Constitución, art. 309; conf. Sentencias Nos. 127/88, 568/88, entre otras). (Sentencias 596/92, 1289/93, 6/96, 724/97, 1055/97, 654/97, 394/97, 539/99 de esta Sede)” (sentencia No. 796/2000). A modo de colofón, en lo que informa a la legitimidad del obrar administrativo, el Tribunal hace suyas las expresiones del voto del Sr. Ministro, Dr. Corujo, en cuanto expresó que: “de los antecedentes administrativos que respaldan la decisión harto motivada de esta resolución es clara la determinación de ordenar en buena administración y gestión en favor del ambiente laboral sano y del respeto de normas para el funcionamiento adecuado de la Escuela las razones de la distribución, pudiendo trasladar funcionarios interinos en traslados que nada tienen de arbitrarios, ni tampoco se escudan en un genérico razones de buen servicio”. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por mayoría, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Ordénase a la Oficina modificar la carátula del expediente y de las diversas piezas de antecedentes y documentación, identificando correctamente el apellido de la actora: “CHAVES”. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo (d.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado). Dra. Nilza Salvo. DISCORDE por cuanto entiendo que corresponde anular el acto impugnado por los fundamentos que paso a exponer. Coincido con el dictamen del Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo en cuanto entiende que la Resolución impugnada tiene las características de una sanción. Es de verse que en el caso, tanto en el informe del funcionario instructor de la investigación, como en el de la Asesoría Letrada, existe un reproche al actuar de las accionantes ya que se les imputa poco respeto a la autoridad y desconfianza en las inspecciones. Sin perjuicio que la Administración concluyó en la inexistencia de falta administrativa, la solución a la que arribó implicó, en los hechos, una sanción para las funcionarias. En efecto, a juicio de quien suscribe dicha naturaleza se explicita cuando se puntualiza que la prohibición del interinato será por tres años; esto es, que no solo se cesa el interinato, sino que también se establece una prohibición de optar por el mismo en dicho Centro por el plazo de tres años, prohibición que, a mi entender, es una evidente sanción. Dicha prohibición se agrava si se tiene presente que las accionantes venían desempeñándose en el Centro Escolar desde los años 2013 y 2007, teniendo además allí su asiento familiar. La propia demandada parece admitir el carácter sancionatorio, al expresar a fs. 43 de A.A. en un informe de Asesoría Letrada que: “Cabe aclarar, que en el procedimiento administrativo que dio mérito al acto recurrido, no fue realizado con desviación de poder, como manifiestan en su escrito de fundamentación las recurrentes, sino que es ampliamente admitido por doctrina y jurisprudencia, que de la instrucción de una investigación administrativa, de darse las circunstancias pertinentes, puede derivarse en la imposición de una sanción para aquellos funcionarios individualizados a través de la misma como responsables de alguna acción u omisión que haya dado lugar a la misma”. Llegados a este punto, puede observarse una discordancia entre el fin querido por la Administración y el fin debido. Y ello es así porque si bien en materia de interinatos existe discrecionalidad para la Administración al decidir sobre su duración y cese y se pueden admitir razones de servicio, cuando las resoluciones sobre ellos encubren una sanción, nos encontramos ante un caso de desviación de poder. A lo anterior, cabe agregar que durante la instrucción del asunto que culmina con este tipo de sanción encubierta, no se permitió o no consta la participación de las accionantes con su letrado en el control de los interrogatorios realizados, produciéndose, por lo tanto, una contravención al derecho de defensa (obviamente cuando se llega a la conclusión que nos encontramos ante una sanción). En suma, la decisión adoptada, más que un traslado, cese en el interinato o situación análoga, implica una interdicción de tres años para la elección de dicho Centro, lo que supone, a mi criterio, una sanción. Lo anterior implica la no coincidencia del fin querido por la Administración y el fin debido impuesto por las reglas de derecho. Constituye una desviación de poder, y también una desviación de procedimiento en tanto la investigación administrativa realizada culmina con una sanción, sin haberse brindado las debidas garantías a las funcionarias, quienes -sin saberlo- terminaron convirtiéndose en sumariadas. De modo que por estas razones estimo que corresponde la anulación del acto impugnado.