Sentencia Definitiva N° 421/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 14 de setiembre de 2021. No. 421 VISTA : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “SOCIEDAD TELEVISORA LARRAÑAGA con PODER EJECUTIVO. URSEC. Acción de Nulidad” (Ficha No. 358/2019). RESULTANDO : I) En este proceso, compareció Álvaro CARRAU LUSSICH, en representación de SOCIEDAD TELEVISORA LARRAÑAGA S.A., a deducir pretensión anulatoria contra la Resolución No. 113/018, Acta 020/018, dictada el 5 de julio de 2018 por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (en adelante: URSEC), mediante la cual se dispuso: “1. Imponer a Sociedad Televisora Larrañaga S.A., una multa de UR 1.722 (Unidades Reajustables mil setecientos veintidós) por no cumplir con lo dispuesto en el artículo 139 Ley No. 19.307 de 29 de diciembre de 2014”. (Fs. 2 y 3 del principal y 46 y 47 de los A.A.). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria alegó que el acto impugnado le causa agravio por cuanto resuelve aplicarle una multa de 1.722 UR, a raíz de los excesos de tandas publicitarias presuntamente constatados en el mes de junio del 2016. Afirmó que la ilegitimidad de la sanción dispuesta se origina en que los fundamentos de Derecho invocados por la Administración no se encuentran debidamente reglamentados, como prevé el inc. final del artículo 182 de la Ley No. 19.307, de Servicios de Comunicación Audiovisual. Al respecto, adujo que, conforme a la norma citada la Administración no podría imponer una multa utilizando parámetros que a la fecha no se encuentran reglamentados. Hasta tanto la reglamentación del Poder Ejecutivo no sea dictada, cualquier tipo de sanción estaría desprovista de las garantías que exige la Ley. Por otra parte, esgrimió que la volición que resiste es producto de un procedimiento desarrollado en menoscabo de su derecho de defensa porque las resultancias de la investigación no le fueron notificadas sino hasta varios meses después de ejecutada la misma. Afirmó que, dicha demora cercenó sus posibilidades de demostrar las objeciones, en tanto, la dilación supuso la pérdida de insumos probatorios que hacen al almacenaje del archivo televisivo, el que naturalmente se reconstruye a lo largo del tiempo por el volumen de la programación que se emite a diario. Indicó que toda sanción tiene por finalidad prevenir la reiteración de la conducta recriminada, finalidad que se ve diluida cuando media mucho tiempo entre el control efectuado y la puesta en conocimiento de las actuaciones tendientes a sancionar. Siguiendo con su defensa, afirmó que la resolución se funda en un control que dista totalmente de la realidad de los hechos. Al respecto, expresó que el control efectuado por la Administración no se condice con la realidad de la transmisión emitida por la empresa. En este sentido, advirtió que incluso se han identificado tandas publicitarias que no existieron en los hechos. Con relación a lo anterior, puntualizó que la URSEC jamás indicó los criterios que tomó la empresa privada contratada para considerar algo como tanda, ni tampoco proporcionó otra información que permitiera confirmar que la extensión de las mismas fuera la indicada. Destacó el hecho que, en otros obrados la empresa contratada cometió errores, computando como publicidad espacios que no se deben tomar como tales (por ejemplo: Campañas de “Bien Público”) y así han llevado a la URSEC, de forma incorrecta, a considerar que la empresa se habría excedido del límite autorizado de publicidad que se puede emitir. En este orden, señaló que deberán descontarse 35 segundos del día 10 de junio de 2016, 1 minuto y 25 segundos del día 11 de junio de 2016, 2 minutos con 28 segundos del día 17 de junio de 2016 y 1 minuto con 16 segundos del día 18 de junio de ese mismo año. Alegó que la sanción dispuesta es absolutamente desmedida en atención a la conducta presuntamente desajustada, vulnerándose de tal modo el principio de proporcionalidad y razonabilidad. Considera que la sanción es cualitativamente desproporcionada porque se aparta de lo dispuesto por el art. 181 de la ley 19.307 que establece un régimen gradual de sanciones en atención a la conducta a reprochar. En la especie dice que el apartamiento verificado no se condice con la entidad pecuniaria de la sanción aplicada la cual -de ser ciertas las infracciones y haberse respetado el debido proceso- debió haber sido menor. Desde el punto de vista cuantitativo entiende que la desproporcionalidad es manifiesta al no ajustarse a los parámetros establecidos en el art. 182 de la Ley 19.307 para la determinación del quantum de la sanción ya que debieron considerarse factores tales como horario en que se produjeron los excedentes, cantidad de minutos de exceso, beneficio económico al infractor y momento del día en que se produjeron los excedentes, nada de lo que sucedió en el caso. Indicó que el exorbitante monto de 1.722 UR fue impuesto siguiendo una paramétrica que fue utilizada durante un determinado período por URSEC la que fue puesta en funcionamiento por el Directorio según actas 21/017, 22/017 y 34/017 para luego revocarlas en sesión de 11/10/18 (Acta 33/018) -luego de dictado el acto resistido- al ser ilegal, por lo que entiende entonces que el acto debe ser anulado por no ser ajustado a Derecho. En definitiva, bregó por la nulidad del acto enjuiciado. III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. Afirmó que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley No. 19.307, el máximo de tiempo permitido para la emisión de mensajes publicitarios (tandas) es de quince minutos por cada hora de transmisión, por cada señal, cuando se trate de servicios de radiodifusión de televisión y quince minutos cuando se trate de servicios de radiodifusión de radio. Dichos tiempos no son acumulables en ningún caso. Destacó que el bien jurídico protegido es el derecho de los consumidores y la regulación prevista lo es con base en un interés público. Al constatar irregularidades en las tandas publicitarias de un medio televisivo, se inician las investigaciones pertinentes para determinar la falta y la sanción. En cuanto a la falta de reglamentación de la Ley -actualmente ya aprobada por el Decreto 160/019 de 5 de junio de 2019-, afirmó que ésta no impide la aplicación de la norma. Así, sostuvo que la URSEC como órgano competente para ejercer el control del servicio y la protección de los intereses de los usuarios, se encuentra facultada a imponer las sanciones correspondientes. Destacó que la infracción incurrida por la accionante califica de grave en el marco de lo dispuesto por el literal C) del artículo 179 de la referida ley, según el cual “El incumplimiento de las obligaciones asumidas al otorgarse la autorización o licencia, cuando no constituya infracción muy grave”. Informó que la constatación fue realizada mediante la empresa contratada a tal efecto por la URSEC -Mediciones y Mercado- de acuerdo a las planillas de control que surgen agregadas en los antecedentes. Por otra parte, destacó que a la empresa accionante se le confirieron las vistas correspondientes en el procedimiento administrativo, garantizándose, de esa forma, el debido procedimiento. A su vez, adujo que el tiempo que cada televisora guarda sus archivos televisivos, es una política propia de cada empresa, y no es de resorte ni legal ni reglamentario siempre que se respete el plazo mínimo establecido por el art. 113 de la multicitada Ley (3 meses). Los descuentos de tiempo pretendidos por la accionante fueron descartados y motivados en la resolución que se impugnó (considerandos XV). Controvirtió que los hechos en que se fundó el acto atacado contrarían los efectivamente acontecidos. Afirmó que la sanción aplicada resulta proporcionada y se ajusta a lo dispuesto por los artículos 177, 178, 181 y 182 de la Ley No. 19.307. Manifestó que el perjuicio a la audiencia se produce cada vez que se exceden los tiempos de tandas publicitarias, siendo asimismo indiscutible el beneficio del infractor, teniendo en cuenta el precio de publicidad en televisión. En cuanto a lo aducido por la empresa respecto de las paramétricas ilegales, tampoco es acertado. Se pretende desvirtuar lo referido en el acta No. 33/2018 que no guarda relación con las Actas 21, 22, 23 y 34 del año 2017. Estas últimas se dejaron sin efecto debido a la revisión de los criterios de cálculo en aras del perfeccionamiento de dichos criterios. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. IV) Por Resolución No. 6055/2019 se abrió a prueba por el plazo de 60 días, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 44, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 55 fojas). V) Las partes alegaron por su orden (fs. 47 - 54 y 57 - 61, respectivamente) VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el dictamen No. 586/2020, aconsejando la confirmación del acto impugnado (fs. 64 - 64 vto.). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 66). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). El acto impugnado fue notificado a la accionante el 14 de setiembre de 2018 (fs. 49 de los A.A.) quien lo resistió el 21 de setiembre de 2018 mediante la interposición de los recursos de revocación y jerárquico, en subsidio (fs. 50 – 50 vto. de los A.A.). Habiendo transcurrido 200 días desde la interposición de los recursos, al 9 de abril de 2019 operó denegatoria ficta, siendo deducida la demanda anulatoria el 14 de junio de 2019 (nota de cargo fs. 15 infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la Resolución No. 113/018, Acta 020/018, dictada el 5 de julio de 2018 por la URSEC, mediante la cual se dispuso: “1. Imponer a Sociedad Televisora Larrañaga S.A., una multa de UR 1.722 (Unidades Reajustables mil setecientos veintidós) por no cumplir con lo dispuesto en el artículo 139 Ley No. 19.307 de 29 de diciembre de 2014”. (Fs. 2 y 3 del principal y 46 y 47 de los A.A.). III) Reseña de los antecedentes. Para realizar un correcto análisis de la cuestión, conviene ensayar una reseña de los hechos establecidos, a partir de las actuaciones que precedieron el dictado del acto enjuiciado. Conforme emerge de los antecedentes administrativos allegados al proceso, el 15 de noviembre de 2016 se informó que, de acuerdo con los controles de las Pautas Publicitarias llevadas a cabo entre los días 3 de junio al 30 de junio de 2016, Canal 12 se excedió 2 horas, 12 minutos con 55 segundos (fs. 1 vto. y 2 de los A.A.) de acuerdo a lo prevenido en el art. 139 de la Ley No. 19.307. Se adjuntaron las planillas correspondientes proporcionadas por la empresa Medios y Mercados (fs. 2 vto. a 10 de los A.A.). Conferida vista de las actuaciones a la accionante el 5 de diciembre de 2016 (fs. 11 de los A.A.), la misma la contestó solicitando revisión de los períodos controlados (fs. 16 a 18 vto. de los A.A.). El 16 de marzo de 2018, la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Económicos se pronunció efectuando un cálculo pormenorizado de acuerdo con los tiempos publicitarios excedidos, aconsejando otorgar nueva vista a la interesada (fs. 21 vto. y 22 de los A.A.). Efectuada una revisión de los montos por haberse omitido el cómputo de uno de los plazos, finalmente se arribó al valor de la multa en un total de 1.775,23 UR (fs. 24 vto. a 26 de los A.A.). Una vez más, el 30 de abril de 2018 se confirió vista a la empresa accionante (fs. 29 de los A.A.) la que fue evacuada (mediando prórroga concedida) el día 23 de mayo de 2018 en los términos lucientes a fs. 35 y 36 de los A.A.). Se informaron los antecedentes con los que contaba la empresa y por los que ya había sido sancionada (fs. 33 vto. y 34 de los A.A.). Se pronunció la Asesoría Jurídica (fs. 41 a 44 vto. de los A.A.) sugiriendo la imposición de la sanción correspondiente. Finalmente, la URSEC procedió al dictado del acto sancionatorio que se enjuicia en los presentes obrados (fs. 46 y 47 de los A.A.). IV) Tras el análisis de los hechos del caso y de la normativa vigente, el Tribunal, compartiendo lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. V) Sobre la alegada incompetencia de URSEC para emitir el acto impugnado. El primero de los agravios esgrimidos por la parte actora, refiere a que -a su entender- la URSEC carece de competencia para imponer multas a los prestadores de servicios de telecomunicaciones. A juicio del Tribunal, el agravio no es de recibo. La Ley No. 19.307, denominada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue dictada el 22 de diciembre de 2014 y publicada en el Diario Oficial el 15 de enero de 2015. En su artículo 68 literal R) establece que es competencia del Consejo de Comunicación Audiovisual (en adelante: CCA) aplicar todas las sanciones salvo las que son de exclusiva competencia del Poder Ejecutivo (artículo 181 literales E Y F - suspensión de hasta noventa días y revocación de la concesión, autorización, licencia o registro) y las que aplique el Poder Judicial. Por tanto, el resto de las sanciones establecidas en el art ículo son de competencia exclusiva del CCA, entre las cuales se encuentra la multa. Ahora bien; al momento de ser sancionada la parte actora el CCA no se encontraba implementado, por lo que corresponde analizar el régimen transitorio previsto por el mismo cuerpo normativo. Así, el artículo 198 de la mencionada norma establece: “(Régimen Transitorio del Consejo de Comunicación Audiovisual). A partir de la vigencia de la presente ley, y hasta tanto se creen los cargos integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual, las competencias del órgano desconcentrado estarán a cargo de los órganos que actualmente las ostentan, con excepción de las que se crean por la presente ley, las que serán ejercidas por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.” A partir de lo dispuesto por la norma transcripta y siendo que en el régimen normativo anterior regía la Ley No. 17.296 (arts. 86 y 89), el Decreto Ley No. 14.670 de 23 de junio de 1977 y su Decreto reglamentario No. 734/978 (éstos últimos, derogados expresamente por la Ley No. 19.307) según los cuales la competencia de sancionar los incumplimientos en materia de servicios de telecomunicaciones era de la URSEC, la Sala arriba a la conclusión de que es a ésta a quien le correspondía y tenía la potestad legal para adoptar la resolución sancionatoria, por lo que nada cabe objetar al proceder de la Administración. (Cfme. Sentencias Nos. 204/2020, 185/2019, entre otras). VI) Sobre la alegada vulneración al debido proceso. Otro de los agravios esgrimidos por la accionante refiere a que, a su entender, se vulneró el debido procedimiento puesto que se le sancionó por las tandas publicitarias emitidas en el mes de junio y ello recién le fue notificado en el mes de setiembre de 2016. Como consecuencia de lo expuesto, adujo que el modo de proceder de la Administración le generó indefensión en tanto no disponía de las pruebas necesarias para refutar las imputaciones realizadas. A juicio del Tribunal, el agravio no es de recibo. En lo que refiere al plazo para almacenar la información televisada, el término estipulado por la norma, tal como reza en su art. 113 es de 3 meses; sin embargo, la normativa no establece un tope máximo. Por lo dicho, se entiende que la URSEC no hizo más que cumplir con su cometido de contralor y aplicación de las sanciones correspondientes. El tiempo con el que cuenta con los archivos a disposición, es consorte de las políticas de la empresa, por lo que no resulta de recibo endilgarle a la Administración la responsabilidad de su descarte. Por otra parte, se advierte que a la accionante le fueron conferidas dos vistas de las actuaciones (fs. 11 y 29 de los A.A.) que evacuó oportunamente otorgándosele así la posibilidad de efectuar descargos. Posteriormente fueron puestos a consideración de la Asesoría Jurídica, por lo que no puede sostenerse válidamente que se cercenó su derecho de defensa. VII) Sobre el incumplimiento constatado. Ahora bien, el incumplimiento imputado a la actora, además de estar probado a partir de lo constatado en la Planilla de Control (fs. 2 vto. a 10 de los A.A.), sobrepujó el límite infranqueable de 15 minutos de duración fijado por el art. 139 de la Ley No. 19.307. Es por ello, que los agravios relativos a los hechos diversos a los invocados en la impugnada no son de recibo. Cabe precisar que el art. 139 de la multicitada ley prevé el tiempo y espacio destinado a publicidad: “Los servicios de comunicación audiovisual podrán emitir un máximo de quince minutos de mensajes publicitarios por cada hora de transmisión, por cada señal, cuando se trate de servicios de radiodifusión de televisión y quince minutos cuando se trate de servicios de radiodifusión de radio. En ningún caso estos tiempos serán acumulables. Se deberá incluir en el cálculo del tiempo máximo previsto el tiempo de un mensaje publicitario emitido en la modalidad de publicidad no tradicional, cuando la duración del mensaje supere los quince segundos”. Emerge de los antecedentes que la radiodifusora de televisión se excedió en el tiempo previsto por la norma como máximo para las tandas publicitarias lo que conllevó, necesariamente, a la aplicación de la sanción impuesta y que fuere impugnada por la accionante. El Tribunal ha sostenido, en casos similares al de autos, que la Ley no prevé un aumento de tiempo de las pautas publicitarias comerciales, y que, la única excepción a dicha regla es la publicidad electoral, que como lo establece el art. 145 in fine, rige a partir del 1° de enero de 2019 (Cfme. Sentencia No. 145/2019). Como ya lo ha sostenido este Tribunal en la Sentencia No. 185/2019, que “la limitación de las tandas publicitarias alberga su ratio en evitar el atosigamiento de los televidentes y en que la libertad -como lo es concebida contemporáneamente- se encuentre garantida por las emisoras responsables”. En virtud de estos argumentos es que no corresponde realizar al Tribunal ninguna consideración sustancial sobre el abatimiento de la multa solicitado”. (Cfme. Sentencia No. 669/2019). La URSEC ha previsto ciertos criterios a fin de cuantificar las sanciones a imponer en caso de incumplimiento de la norma citada. El hecho de que la Unidad prevea pautas para la aplicación de las multas no significa que deba considerarse que se ha extralimitado en sus competencias. VIII) Sobre la alegada ilegitimidad de la calificación de la falta como “grave” y la desproporcionalidad de la sanción aplicada . Otro de los agravios esgrimidos por la accionante, refiere a la calificación de la falta como “grave” y al quantum de la sanción aplicada. A su entender, la misma, resulta ser desproporcionada en comparación al incumplimiento observado. A su vez, adujo que la Administración omitió explicitar las razones en las cuales se fundó para aplicar aquél monto exorbitante de 1.722 UR. A juicio del Tribunal, los agravios tampoco son de recibo. En lo que respecta a la gravedad de la sanción, no se repara que la calificación de la falta como “grave” haya sido desacertada. La reprimenda aplicada a la actora obedece a que se comprobó que la misma incumplió con el límite dispuesto por el art. 139 de la Ley No. 19.307, el cual establece que “Los servicios de comunicación audiovisual podrán emitir un máximo de quince minutos de mensajes publicitarios por cada hora de transmisión (…)”. Así, conforme emerge del detalle que luce a fs. 19 vto. y 20 de los antecedentes, el tiempo utilizado por Canal 12 para la emisión de pautas publicitarias en el mes de junio de 2016, excedió el límite establecido por más de dos horas (más precisamente: “02 horas, 12 minutos con 55 segundos”). (Fs. 2 de los A.A.). En el casus, la infracción se calificó como una falta grave, por entenderse encuadrada dentro del lit. C) del art. 179 de la Ley No. 19.307 y, conforme a su art. 181, lit. D). Así, la primera de las normas citadas califica como falta grave: “El incumplimiento de las obligaciones asumidas al otorgarse la autorización o licencia, cuando no constituya infracción muy grave”. Por su parte, el art. 181, lit. D. del mismo cuerpo normativo dispone bajo el acápite “Tipos de sanciones”, que: “La comisión de infracciones dará lugar a la aplicación de las sanciones que se enumeran a continuación, las cuales se graduarán según su gravedad y considerando la existencia o no de reincidencia: (…) D) Multa”. Sobre la calificación de la falta, corresponde remitirse a lo manifestado por el Cuerpo, en reciente Sentencia No. 669/2019, donde tuvo oportunidad de analizar similar agravio que el aquí esgrimido, sostuvo: “En función de lo antedicho, a criterio del Cuerpo, la calificación de la infracción como grave, al amparo de lo establecido por el literal C) del art. 179 de la Ley N° 19.307, no merece objeciones. Asimismo, la graduación (que tiene como límite un máximo de 10.000 U.R.) no luce manifiestamente desproporcional ni evidencia un supuesto de desviación de poder. Por el contrario, se advierte la existencia de un justo y sensato equilibrio entre el perjuicio sufrido por los usuarios y el beneficio reportado a la infractora (parámetros expresamente consagrados por el art. 182 de la Ley N° 19.307).” El monto de la sanción aplicada fue de 1.722 UR. Este se encuentra dentro de los márgenes legales previstos, siendo 10.000 UR el monto máximo imponible, según el art. 182 de la Ley No. 19.307. A su vez, cabe señalar que la accionante ya contaba con antecedentes por irregularidades semejantes, habiendo sido sancionada con la aplicación de dos multas: una por la suma de UR 60 y otra de UR 20, mediante el dictado de las Resoluciones de la URSEC Nos. 176/016 y 096/2017, respectivamente. No se aprecia que la Administración se haya excedido de los márgenes de discrecionalidad que le confiere la Ley para imponer sanciones; en cambio, se advierte la existencia de equilibrio entre el perjuicio sufrido por los usuarios y el beneficio reportado a la infractora (art. 182 lit. b y c de la Ley No. 19.307), entendiéndose acertada la calificación de la falta como “grave”. Es jurisprudencia constante de este Tribunal sostener que la fijación del quantum de las sanciones administrativas constituye una potestad discrecional de la Administración, en tanto no se verifique manifiesta arbitrariedad, desproporción o irrazonabilidad en la misma. Por lo que si la multa resistida resultó finalmente establecida en la cantidad de 1.722 U.R., dicho monto no luce como arbitrario, irracional o desproporcionado, y consecuentemente, no puede la Sala ingresar en una esfera donde domina lícitamente la potestad discrecional de la Administración, especialmente cuando ésta es ejercida con total razonabilidad, como ocurre en el caso. (Cfme. Sentencia No. 345/2018, entre muchas otras). Respecto a la alegada ausencia de motivación del quantum sancionatorio, no se comparte el temperamento esgrimido por la promotora, en tanto, la misma surge, no sólo del propio acto impugnado, sino también de sus antecedentes. El Tribunal ha examinado multiplicidad de asuntos similares al de autos y desde larga data ha señalado que: “(...) esa fundamentación del acto puede y debe surgir del acto mismo, o de sus antecedentes. Como enseña MARIENHOFF, la motivación del acto administrativo -aunque ella fuera obligatoria- puede resultar acreditada en cualquiera de los dos momentos que integran o pueden integrar la forma del acto, en el proceso de “formación” o en el de “expresión” de la voluntad de la Administración Pública. En otras palabras, la motivación puede ser concomitante o contemporánea con la expresión de dicha voluntad o anterior a tal expresión apareciendo en este último caso en el proceso de formación de la voluntad administrativa. En suma, debe tratarse de una motivación idónea y eficaz, para lo cual se requiere que ella sea “suficiente” para apreciar con exactitud los motivos determinados del acto (Op. Cit. págs. 334/336).” (Sentencia No. 21/2006). Esta postura que se afilia a la opinión de Miguel Marienhoff (Cf. Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, tomo II, Abeledo Perrot, Buenos Aires, p. 330 a 332) ha sido reiterada sistemáticamente en los distintos pronunciamientos del Tribunal (Sentencias Nos. 881/2010, 374/2011, 325/2012, 312/2013, 539/2016, 311/2017, 397/2017, 342/2018, 130/2019 y 581/2019) por la mayoría de sus miembros. En el casus, resulta particularmente ilustrativo el informe letrado, emitido el 9 de abril de 2018 en el cual se señala que: “Por el exceso constatado en la primera semana corresponde aplicar una multa equivalente a UR 468,23 (Unidades Reajustables Cuatrocientos sesenta y ocho con 23/100). Por los ocurridos en la segunda semana corresponde aplicar una multa equivalente a UR 352 (Unidades Reajustables Trescientos cincuenta y dos). En la tercer semana correspondería una multa de UR 481,46 (Unidades Reajustables cuatrocientos ochenta y uno con 46/100). En la cuarta semana el monto de la multa sería de UR473/54 (Unidades reajustables cuatrocientos setenta y tres con 54/100). Ello da un total de UR 1775,23 (Unidades reajustables mil setecientos setenta y cinco con 23/100)”. (Fs. 26 de los A.A.). A su vez, la fundamentación del quantum de la sanción aplicada se complementa con lo dispuesto en el segundo informe elaborado por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Económicos. En lo medular, ésta determina: “A los efectos de la graduación de la sanción, por el exceso en los mensajes publicitarios dispuestos por el artículo 139 de la Ley No. 19.307 (15 minutos por cada hora de transmisión) se deberá considerar si la permisionaria registra antecedentes referentes a la conducta tipificada de la falta. Con relación a los antecedentes de sanción, surge del Registro que Sociedad Televisora Larrañaga S.A. cuenta con los dos antecedentes de sanción por la misma conducta: multa de UR60 y UR 20 impuesta por Resolución 176/016 y 096/017, respectivamente”. (Fs. 33 vto. de los A.A.). Finalmente, en el Considerando XV) del acto impugnado se explicita la razón por la cual se reduce el monto primeramente considerado a aplicar como multa, estableciendo: “Que sin perjuicio de lo expuesto y con relación a lo invocado por la parte sobre los excesos constatados los días 10, 11, 17 y 18 de junio, se entiende que basado en el único fundamento de que en el caso no se cuenta con el material probatorio a fin de verificar los dichos de la misma, correspondería hacer lugar a los descuentos solicitados”. (Fs. 47 de los A.A.). Por lo tanto, la justificación del quantum sancionatorio se encuentra suficientemente explicitada en atención a la entidad de los excesos y los antecedentes que ya tenía la actora ante situaciones similares. En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dr. Simón Dr. Marquisio (Sec. Letrado)