Sentencia Sentencia N° 419/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 14 de setiembre de 2021 No. 419 VISTOS : Para resolución, esta incidencia sobre suspensión de la ejecución del acto administrativo, en los autos caratulados: “CHRISTOPHERSEN S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL PNN. Suspensión de Ejecución” (Nº 632/2020) , pieza separada del expediente principal, Ficha Nº 472/2020. RESULTANDO : I) En autos, a fs. 42-64, compareció Ana Inés Terra en representación de la empresa CHRISTOPHERSEN S.A., pretendiendo la nulidad de la Resolución Nº134/19 de fecha 21 de octubre de 2019, dictada por el Prefecto Nacional Naval, que no hizo lugar a la petición impetrada por la compareciente solicitando se realice el cálculo de la Unidad Monetaria de Practicaje conforme a derecho y a su nuevo valor. Pretendiendo además la suspensión de ejecución de la Resolución impugnada. Manifestó que existe un error en la aplicación de la paramétrica de ajuste de la Unidad Monetaria de Practicaje (UMP) dispuesto en el art.124 del Reglamento General de Prácticos desde el año 2012 a la fecha. Precio público que deben abonar las Agencias Marítimas en las distintas operaciones portuarias. Sostuvo que, en el año 2012, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Nº 320/012 por el que se modificó el art. 124 del reglamento y estableció que la actualización de las tarifas se realizaría por la paramétrica aprobada por la Comisión de Reglamento y Tarifas. Comisión que, el día 25 de octubre del año 2012, en Acta Nº 005/11, aprobó una nueva paramétrica. Sin embargo, al momento de incorporar la nueva disposición utilizada para el cálculo de la UMP al Reglamento, la Oficina de Pilotaje de la Prefectura Nacional Naval invirtió las descripciones de los coeficientes IMSi e IMSo, por lo que entiende que los cálculos realizados con esta paramétrica son incorrectos. Lo que ocasionó un perjuicio económico a las Agencia Marítimas y un beneficio correlativo a la demandada. Ante lo cual, procedió a presentar una petición a efectos de obtener su corrección, la que fue rechazada expresamente por la demandada a través de la Resolución contra la que se acciona. Solicita la suspensión en la ejecución de la resolución contra la que se acciona, en base a lo que dispone el art. 2º de la Ley Nº 15.869, en el entendido de que la Resolución es manifiestamente ilegitima y le ocasiona en forma permanente y continuada graves perjuicios, en tanto se le sigue facturando un monto muy superior al debido por el servicio de practicaje obligatorio. II) De la solicitud de suspensión de ejecución del acto impugnado se dio traslado por Decreto Nº 7338/2020 (fs.75). A fs. 77-79, compareció Alejandra Otheguy en representación del Ministerio de Defensa Nacional. Citando doctrina y jurisprudencia, sostuvo que en el caso no se dan los presupuestos normativos para disponer la suspensión en la ejecución de la resolución que se impugna al no configurarse los elementos necesarios exigidos por el art. 2º de la Ley Nº 15.869. Expuso que se trata de un instituto excepcional y que no se advierte la ilegitimidad manifiesta que se alega, tampoco se expone en cifras el daño que le ocasiona, lo que no permite realizar un balance de los perjuicios que podría sufrir la actora si se ejecutara el acto en relación con los que pudiera padecer la Administración por la suspensión en la ejecución. III) Por Decreto Nº 8190/2020 (fs.81), se tuvo por evacuado el traslado, disponiéndose por Decreto Nº 846/2021 (fs.88) el pase de los autos en vista del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien, en Dictamen Nº 391/2021 (fs.90), aconsejó no hacer lugar a la medida incidental impetrada. IV) A continuación, por Decreto Nº 4093/2021 (fs.92), se dispusieron los autos para resolución, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que el Tribunal, en concordancia con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, no hará lugar al pedido de suspensión. II) Acerca de la viabilidad de las medidas provisionales en el proceso contencioso de anulación, la redactora, en reciente pronunciamiento, precisó: “Ha sostenido antes que “…el poder cautelar genérico constituye un poder implícito que deriva de los caracteres propios de la tutela jurisdiccional efectiva, al establecer el poder-deber del órgano judicial de decidir, en un tiempo razonable, acerca de la pretensión planteada, declarando el derecho de los litigantes. Pues bien, para que la tutela sea efectiva se requiere, además, que la jurisdicción incluya no solo la decisión de lo principal, sino -y fundamentalmente- la protección accesoria, de precaución, de prevención, de seguridad, a través del dictado de medidas cautelares de todo tipo, es decir, la potestad de instrumentar las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la ejecución de la sentencia o la protección inmediata de algunos derechos vulnerados que, por su naturaleza y características, la ley ha privilegiado con un resguardo especial. En el proceso de anulación de los actos administrativos, que tramita ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se puede disponer la suspensión de la ejecución del acto administrativo. En efecto, el art. 2 inc. 1 de la Ley Nº 15.869 prevé que el Tribunal “a pedido de la parte actora, que deberá formularse con la demanda y previa sustanciación con un traslado por seis días a la parte demandada, podrá decretar la suspensión transitoria, total o parcial de la ejecución del acto impugnado, siempre que la misma fuere susceptible de irrogar a la parte actora daños graves, cuyo alcance y entidad superen los que la suspensión pudiere ocasionar a la organización y funcionamiento del órgano involucrado”. A su vez, el inc. 3 del mencionado artículo prevé que “dicha suspensión también podrá ser decretada por el Tribunal cuando, a su juicio, el acto impugnado aparezca, inicialmente, como manifiestamente ilegal”. Evidentemente, se trata de medidas provisionales que deben adoptarse ante el supuesto de la irrogación de daños graves, de consuno con la previsión del art. 317 CGP que refiere a la lesión grave o de difícil reparación, ya que no aseguran la ejecución de la sentencia, sino que anticipan la decisión sobre el mérito de la cuestión” (KLETT, Selva, Las medidas cautelares innominadas en el Código General del Proceso de la República Oriental del Uruguay, Libro del XXXIV Congreso Colombiano de Derecho Procesal, Bogotá, Colombia, 2013, pgs. 995-1040). En concordancia con esta calificación ABAL, ante la interrogante sobre si los supuestos de suspensión de los efectos del acto, reglados en el art. 2º de la Ley Nº 15.869, son medidas cautelares o provisionales, concluyó: “Atendiendo a la primera de ellas (primera parte del art. 2º de la ley Nº 15.869) y si tomamos en cuenta que al disponerse la suspensión del acto administrativo, en realidad se está accediendo, provisionalmente pero desde ya, a lo peticionado en definitiva por el actor del proceso anulatorio, lo cual ninguna medida cautelar conlleva y en cambio es lo propio y necesario de las medidas provisionales, no podemos sino concluir que la suspensión provisional del acto administrativo regulada en primer lugar en el art. 2º de la ley debe ser considerada dentro de la categoría de medidas procesales provisionales y no dentro de las medidas procesales cautelares. Adviértase, además y en igual sentido, que la finalidad de esta suspensión no es evitar la inejecución forzada de una eventual sentencia de condena, sino algo que es propio de las medidas provisionales y ajeno a las medidas cautelares: evitar que se irroguen a la “parte actora daños graves, cuyo alcance y entidad superen los que la suspensión pudiere ocasional a la organización y funcionamiento del órgano involucrado. En cuanto a la segunda variante de suspensión del acto administrativo a que refiere el art. 2º de la ley Nº 15.869 (“cuando a su juicio, el acto impugnado aparezca, inicialmente, como manifiestamente ilegal”), también es definitivamente provisional y no cautelar, en tanto con la correspondiente resolución se está accediendo –provisoriamente, pero desde ese momento- a lo requerido en la pretensión y en tanto es por demás obvio que con esta medida el TCA no está garantizado la ejecución forzada de una eventual sentencia de condena” (ABAL, Alejandro. “Medidas cautelares y provisionales en el proceso contencioso administrativo de anulación” en Estudios en homenaje al Prof. Juan Pablo Cajarville, FCU, Montevideo, 2011, ps. 666-667, posición también ratificada por KLETT, Selva y VALENTIN, Gabriel. “La reforma del proceso contencioso administrativo de anulación” en Estudios sobre la Administración uruguaya: responsabilidad y contencioso administrativo: visión desde el Derecho Procesal, Financiero y Administrativo”, T. II, FCU, Montevideo, 2016, pgs. 389-390). La norma en examen contiene uno de los pocos ejemplos de consagración expresa de la potestad de los tribunales de disponer medidas cautelares de oficio (art. 311.3 CGP). Y ello por una razón que reconoce su origen en la Constitución, claramente desarrollada por la ley: el proceso de anulación de los actos administrativos constituye un proceso constitucional, de protección de dos ámbitos igualmente importantes: el de los derechos de los sujetos administrados y el deber de la Administración de ejercer una “buena administración”, al habilitar la promoción del proceso ante actos “contrarios a una regla de derecho” o dictados “con desviación de poder” (art. 309). La concepción de la tutela que debe brindar el Tribunal se enraíza en diversos centros de interés (para el caso, la persona y el Estado), ambos igualmente importantes. La síntesis armónica, a la que conduce la democracia descentralizada de CASSINELLI, debe traducirse en el respeto de las distintas competencias, de los diversos ámbitos, de la existencia de grupos interesados de composición variada, que deben funcionar de manera integrada. (CASSINELLI MUÑOZ, Horacio, La démocratie décentralisée en Uruguay, separata de la Revue internationalle de droit comparé, Paris, 1964, Nº 3, p. 557. La traducción es personal). Por ello, la ley -que desenvuelve los conceptos constitucionales- prevé la potestad cautelar de oficio, para dictar medidas provisionales, es decir, aquellas que adelantan o anticipan el resultado del proceso, ante situaciones de gravedad, tal como se plasma en la descripción de uno de los requisitos: “cuando el acto impugnado aparezca, inicialmente, como manifiestamente ilegal”, sin perjuicio de la consideración de los daños graves a que refiere el inc. 1 del art. 2 de la Ley Nº 15.869, ambos supuestos invocados por el promotor en su libelo. En palabras de la Profesora CHINCHILLA MARÍN: “La amenaza de que se produzca un daño irreversible en la demora del juicio está en la propia definición de las medidas cautelares que, como dijo CALAMANDREI, «son una anticipación provisional de ciertos efectos de la decisión definitiva, dirigidas a prevenir el daño que podría derivarse del retraso de la misma». Así pues, la medida cautelar tiene sentido si hay un derecho que necesita una protección provisional y urgente, a raíz de un daño ya producido o de inminente producción, mientras dure un proceso en el que se discute precisamente una pretensión de quien sufre dicho daño o su amenaza. Sólo desde una concepción de las medidas cautelares como instrumentos para asegurar la integridad de las situaciones jurídicas y, por tanto, la efectividad de la justicia mientras duran los procesos, puede hablarse (…) de un derecho fundamental a la tutela cautelar garantizado en (…)la Constitución” (CHINCHILLA MARÍN, Carmen, El derecho a la tutela cautelar como garantía de la efectividad de las resoluciones judiciales, en Revista de Derecho Administrativo, No. 131, mayo/agosto 1993, p. 173) (ver, en similar orientación: “Chinchilla Marín, Carmen, La tutela cautelar en la nueva justicia administrativa, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Editorial Civitas, Madrid, ]991; García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, t. II, 5ª edición, Editorial Civitas, Madrid, 1998, pp. 624-630; Cajarville Peluffo, Juan Pablo, Sobre la suspensión jurisdiccional de los efectos del acto administrativo, en Sobre Derecho Administrativo, t. II., 3ª edición, F.C.U., Montevideo, 2012, pgs. 733 y ss.; entre muchos otros). De modo que, una concepción restrictiva de este poder cautelar - expresamente consagrado- sería tanto como admitir un cercenamiento, una amputación de la competencia del Tribunal, en contraste con la protección prometida por la Carta. En las palabras de VIERA: “El Estado de Derecho se rige por la regla de jurisdicidad, por lo cual toda la actividad estatal debe sujetarse a normas jurídicas. Pero, este principio sería meramente platónico si al mismo tiempo no se establecieran garantías para su cumplimiento, entre los cuales, el contralor jurisdiccional de esa jurisdicidad todas las veces que así lo reclama quien se considere afectado por su violación.” (VIERA, Luis Alberto, “Los procesos contencioso-administrativos (El concepto, la materia, la jurisdicción y la competencia)”, en RUDP 3/75, Montevideo, 1975, pgs. 36-54). Este objetivo se alcanza, ya sea por la sentencia definitiva, ya por la tutela provisional. Debe verse que la regla de la declaración de los “efectos generales y absolutos” de la sentencia ubica al órgano jurisdiccional desde la perspectiva de la defensa de la legalidad, es decir, la regla de derecho o de la buena administración, dentro del marco de la tutela subjetiva. En la misma línea, se concibe la potestad de reservar la acción de reparación, en casos de sentencia confirmatoria, cuando no se alcanza el quórum previsto para la anulación. Y, desde la perspectiva de la tutela efectiva, la previsión en examen consagra un sistema de protección cautelar (en sentido lato) que hace gala de un afinado sentido jurídico: existen supuestos en que aguardar hasta la sentencia definitiva significa tanto como desconocer una grave vulneración de derechos. En este sentido, es menester subrayar la coincidencia de la doctrina procesal con la administrativa. Desde esta última se ha sostenido que “además de la posibilidad de suspensión del acto administrativo, debe proceder todo otro tipo de medidas cautelares y provisionales que sean necesarias para resguardar los derechos de las personas que son parte en un proceso administrativo de anulación. Más allá de la existencia o no de previsiones legislativas en materia cautelar, la nueva impronta del Derecho de nuestros días, caracterizado -como se dijo- por tener por centro a los derechos humanos sobre la base del Estado Constitucional de Derecho, caracterizado por el nuevo constitucionalismo, lo cautelar debe proceder como principio.” (FERRES RUBIO, Rodrigo. Proyección del principio de la tutela judicial efectiva sobre las medidas cautelares y provisionales en el proceso de anulación de actos administrativo. La Ley online. UY/DOC/405/2021) DELPIAZZO refiere que “es preciso no sólo que la jurisprudencia privilegie la índole cautelar de la suspensión para ampliar su aplicación, sino que reciba también otras medidas cautelares en los términos edictados en los arts. 311 a 317 del Código General del Proceso (CGP), es decir, todas las que se "estime indispensables" en cada caso (art. 316). Además, el principio de tutela jurisdiccional efectiva, reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos y más recientemente en el art. 11 del Código General del Proceso (CGP) según la redacción dada por la ley Nº 19.090 de 14 de junio de 2013, impone al Tribunal de lo Contencioso Administrativo admitir todas las medidas cautelares destinadas a asegurar la eficacia de sus sentencias.” (DELPIAZZO, Carlos. Amplitud de las pretensiones contencioso administrativas, en La Ley online, cita UY/DOC/402/2021). El art. 2 de la Ley Nº 15.869 puede interpretarse de dos formas: como regla de principio que regula la única forma cautelar de garantizar el resultado del proceso anulatorio, o como una regla especial frente al principio general de tutela efectiva, del que dimana el mandato constitucional para todos los poderes del Estado de garantizar los derechos fundamentales. Se entiende que esta última es la forma de interpretar rectamente la ley de acuerdo con la Constitución (interpretación conforme a la Carta, según ha sostenido reiteradamente este Tribunal). Finalmente, debe identificarse con claridad el contenido de la pretensión anulatoria en concordancia con el contenido de la sentencia respectiva, que, si es anulatoria, puede derivar en un dar, hacer o no hacer. Si bien el art. 310 de la Constitución parece ser extremadamente restrictivo en los alcances del fallo anulatorio, no es menos cierto que la doctrina ha identificado en tal fallo una naturaleza triple: declarativa, constitutiva y de condena. Esto último, por cuanto determina que la Administración habrá de dictar todos los actos administrativos necesarios para ajustar la actuación al bloque de juridicidad enunciado por la sentencia. De tal manera que la “anticipación” del resultado, que implica la adopción de la medida provisional del inc. 3 del art. 2 citado se adecue a la forma de ejecución correspondiente.” (Cf. Sentencia Nº 362/2021, de 24 de agosto de 2021) III) Examinados los autos, el Tribunal considera que no se verifican, en la especie, las condiciones requeridas por el art. 2º de la Ley No. 15.869 a los efectos del otorgamiento de la medida impetrada. La parte actora afirma que la suma que se cobra por concepto de UMP, es el resultado de una errónea aplicación de la paramétrica de cálculo de dicha unidad. Error ocasionado por la Oficina de Pilotaje de la Prefectura Nacional Naval que invirtió las descripciones de los coeficientes de la fórmula de cálculo. Lo que señala le ocasiona un perjuicio económico. Sin embargo, como lo indica la demandada, no se indica concretamente en que consiste dicho perjuicio, no se exponen cifras ni otros elementos que permitiesen individualizar el daño que se señala. Por lo que el Tribunal no puede advertir que los perjuicios que denuncia la actora que se le ocasionan con la ejecución del acto, sean superiores en entidad a los que la suspensión pudiere causarle a la Administración demandada (inc.1º, art. 2º, Ley Nº 15.869). Asimismo, de las afirmaciones de la actora surge que se trata de un criterio de facturación que, se viene practicando y ha sido tolerado, desde el año 2012 (Decreto Nº 320/012/Acta Nº 005/11). Tampoco el Tribunal advierte en forma inicial, la “ilegitimidad manifiesta” que exige el inc. 3º del art. 2º de la Ley Nº 15.869, sin que ello signifique prejuzgamiento sobre la cuestión de fondo planteada. Los agravios invocados requieren de la compulsa detenida y ponderada de las actuaciones administrativas y el análisis de las disposiciones normativas aplicables, lo que exorbita el examen limitado propio de esta etapa incidental. En virtud de lo expuesto, lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley Nº 15.869 y lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal, RESUELVE: No hacer lugar a la suspensión de ejecución del acto administrativo impugnado. Agréguense a los principales. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dra. Klett (r.). Dr. Marquisio (Sec. Letrado)