Tribunal de lo Contencioso Administrativo · Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Sentencia Sentencia N° 406/2021
7 de setiembre de 2021
- Ficha (IUE)
- 620/2020
- Procedimiento
- Acción de nulidad
- Materia
- Derecho administrativo
- Resultado (estimado)
- Desestima o rechaza
- Fallo: otro
Texto de la sentencia
DECRETERO DE SENTENCIAS
//tevideo, 7 de setiembre de 2021.
No. 406
VISTOS :
Para resolución, estos autos caratulados: “J. MALUCELLI AGROPASTORAL DEL URUGUAY S.A. con PODER EJECUTIVO.
Acción de nulidad” (Ficha Nº 620/2020).
RESULTANDO :
I) En autos se demandó la nulidad del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 60/020, de 14 de febrero de 2020, que resolvió la ampliación del “Área Natural Protegida Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal” y comprende el padrón Nº 9.904 de la 5ª Secci ón Catastral del departamento de Treinta y Tres, propiedad de la compareciente.
II) Abierto el juicio a prueba por auto Nº 562/2021 (fs.
107), la parte actora, ofreció prueba documental y testimonial (fs. 1 -2, foliatura provisoria, carpeta actora).
III) Ordenado su diligenciamiento, con citación (auto Nº 1492/2021, fs. 4 ibídem), compareció, en plazo, el representante del Poder Ejecutivo, a formular oposición parcial, respecto de los siguientes medios probatorios ofrecidos:
Prueba documental : a) copia del Decreto Nº 60/2020 en tanto consiste en una norma jurídica y no una prueba ; b) copia del recurso de revocación interpuesto y certificado de propiedad del padrón Nº 9004, de la 5ª Sección Catastral del departamento de Treinta y Tres, por ser manifiestamente innecesario, en tanto ya fueron agregados; c) testimonio del acta notarial de la audiencia pública realizada el 6 de diciembre de
2019. Invocó defectos formales y falsedad ideológica del documento, por cuanto no refleja fielmente lo dicho en la audiencia, constatado a partir de la comparación con el archivo de audio contenido en CD, agregado por la actora; d) mapa identificado con la letra “C” , por ser manifiestamente impertinente e inconducente; e) documento con firmas recolectadas a “vecinos de la zona”, por impertinente e inconducente; f) actuación administrativa del Director General de Secretaría del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, de 15 de octubre de 2020, en tanto resulta manifiestamente impertinente e inconducente; g) informe realizado por Fernando SANSALONE, sobre supuesta disminución del valor de los inmuebles incorporados al SNAP , señalado como impertinente e inconducente.
Prueba testimonial:
Se opuso a la declaración del Sr. Fernando SANSALONE ARAÚJO, por no indicar la actora el objeto de su deposición.
IV) Por auto Nº 2 458/2021 (fs. 20 ib.), se confirió traslado de la oposición a la parte actora, quien la evacuó en los términos que surgen del escrito agregado a fs. 22-35, bregando por su rechazo.
V) Se citó para resolución (fs. 37), la que se acordó en legal y oportuna forma.
CONSIDERANDO :
I) El Tribunal desestimará la oposición deducida por la parte demandada, por las consideraciones que pasará a desarrollar.
II) Al analizar el a lcance del principio de libertad en materia de prueba y su trascendencia a efectos de rechazar en forma liminar un medio probatorio, se ha señalado que: “La cabal comprensión del principio justifica el criterio judicial que debe mediar al examinar la admisibilidad de los medios de prueba. La calificación que se efectúa -de regla- en la audiencia preliminar u otro acto similar, concerniente a su admisibilidad, conducencia, pertinencia y necesariedad (arts. 24, nral. 6, 144 y 341 nral. 6 del CGP) debe ser respetuosa del principio en examen.
El rechazo liminar debe ser estricto porque puede afectar el derecho de defensa en juicio y se corre riesgo de incurrir en prejuzgamiento. Por ende, en caso de duda y en estricta aplicación del principio de libertad de la prueba, corresponde admitir el medio probatorio y -en todo caso- volver a examinar el tema al momento del dictado de la sentencia definitiva…” (así: Selva KLETT, Cecilia BALUGA, Federico ÁLVAREZ, Juan CASTILLO – “Principios de prueba en el sistema procesal civil” en Revista Uruguaya de Derecho Procesal, Nº 1/2000, FCU, Montevideo, p. 88).
Dicho criterio ha sido reconocido en forma constante por la jurisprudencia de este Tribunal, admitiendo que: “…siempre debe optarse, en caso de duda por la solución má s favorable a la incorporación de elementos probatorios convictivos, sin perjuicio de su oportuno examen y posterior exclusión fundada, pues el interés prioritario es la recepción con amplitud de la prueba solicitada, sin desmedro del derecho de defensa, como forma de que el Tribunal llegue al conocimiento de la legitimidad o no del acto administrativo impugnado”. (Cf. Sentencias Nos. 391/2005, 372/2009, 719/13, 626/14, 521/15, 3/216, 95/19, entre muchas otras).
III) A partir de los entendimientos precedentes, se impone el rechazo de la oposición formulada por la accionada.
En efecto, no se advierte en la prueba objetada la s notas d e impertinencia o inconducencia alegadas desde que, conforme se expone en el libelo introductorio, apuntan a acredit ar o bien los vicios en el procedimiento administrativo seguido o la inconveniencia de la declaración de protección del área dispuesta por el Decreto encausado.
III.1) En referencia a los documentos identificados en el escrito de ofrecimiento de prueb a con los literales (ii), (iii) y (iv): copia de decreto Nº 60/2020, copia de escrito recursivo y certificado notarial de propiedad del inmueble, respectivamente, a juicio del Tribunal, resulta claro que han sido agregados conjuntamente con el acto de prop osición inicial, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 59 del Decreto Ley Nº 15.524 y la acreditación de la legitimación activa.
III.2) Tampoco habrá de acogerse la oposición deducida respecto del testimonio del acta notarial de audiencia pú blica (v), por no advertirse los vicios invocados.
El Tribunal, en conceptos que resultan reeditables al caso de autos, expuso en reciente sentencia Nº 284/2021: “Siendo el acta notarial un instrumento público, “hacen plena fe en cuanto al hecho de haber se otorgado y su fecha” (art. 1575 CC). Por lo tanto, como señala Couture, “cuando el art. 1574 del C.C. dice que la escritura pública hace plena fe en determinados aspectos, sienta un principio de prueba legal, que excluye toda idea de sana crítica o de l ibre convicción” (Estudios de Derecho Procesal Civil, Tomo II, 3º edición pág. 87).
Dicha prueba legal es aplicable al instrumento público contenido en la definición del citado 1574, “aunque el hecho sea inverosímil, aunque la fecha sea sospechosa...” y agrega que dicha solución, “solo podría ceder ante la prueba de la falsedad...” (Cfme. Sent. 497/2006).
Conforme a las disposiciones que rigen la materia, art. 33 de la Ley No. 13.355 y art. 172 del Código General del Proceso, el objeto de la querella o tacha de falsedad consiste en obtener la declaración de falta de veracidad o autenticidad, que afecta al documento en todo o en parte, en su propia esencia, como objeto representativo; pero no en su “contenido ideológico” (VESCOVI, E.: Código General del Proceso. Comentado, anotado y concordado. Ed. Ábaco, Buenos Aires, 1998, Tomo V, págs. 234-
236).
De lo expresado por el opositor, no se deduce que la referida acta notarial adolezca de falsedad material. Lo señalado por aquel, allende el reconocimiento de la actora acerca de la existencia de errores de oído o tipeo, lo que eventualmente indicaría falsedad ideológica, no puede ser objeto de querella de falsedad (art. 172.2 C.G.P.).
En consecuencia, se trata de un tema relacionado con el mérito de la causa principal, por cuya virtud es un extremo a dilucidar en la cuestión de fondo planteada en la pretensión anulatoria (Cfme. Simón, Luis María, en IX Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, págs. 158 y ss.) (Cfme.
Sents. 676/01, 497/06, 864/15, 28/18)”.
III.3) En cuanto a la documental identificada por la actora en su escrito: (vii), mapa; y (viii), firmas recolectadas a vecinos de la zona, ha justificado la pretensora su procedencia, para la acreditación de los vicios formulados en la pretensión anula toria, por lo que no se avizora, en esta instancia, su manifiesta impertinencia o inconducencia.
III.4) También habrá de rechazarse la oposición deducida respecto a la agregación de la actuación administrativa del Director General de Secretaría del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, de 15 de octubre de 2020, identificado (x). Sin perjuicio de que los vicios que alega la accionada corresponde sean analizados por el Tribunal, en la sentencia definitiva, surge de autos que la demandada agregó dicho recaudo como parte de los antecedentes administrativos (fs.
38-40 ibídem).
III.5) Asimismo, respecto del informe técnico del Técnico Fernando SANSALONE, identificado (xiii), como expone la promotora en su escrito de traslado de oposición , dicho medio probatorio no se trata de una pericia, sino de un informe de parte y como tal será valorado por el Tribunal, oportunamente (artículo 170.3 C.G.P.).
III.6) Finalmente, con relación a la prueba testimonial, ésta ha sido ofrecida en forma, adjuntándose el interrogatorio correspondiente. Corresponde considerar , además, que el objeto de la citación del testigo incluye el reconocimiento de la firma puesta en el documento también ofrecido (xiii).
Por los fundamentos expuestos y lo dispuesto p or el artículo 52 de la Ley Nº 13.355, el Tribunal,
RESUELVE :
Desestímase la oposición deducida por la parte demandada, con costas a su cargo.
Diligénciese la prueba ofrecida, conforme fuera dispuesto por auto Nº 1492/2021, cometiéndose a la oficina la fijación de nueva fecha de audiencia.
Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.).
Dr. Marquisio (Sec. Letrado).
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).