Sentencia Definitiva N° 404/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 7 de setiembre de 2021. No. 404 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “GONZÁLEZ COX, JORGE LUIS con ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE COMBUSTIBLES, ALCOHOL Y PORTLAND. Acción de Nulidad” (Ficha No. 323/2018). RESULTANDO : I) El 28 de mayo de 2018, a fs. 2-7, compareció el actor a promover demanda anulatoria contra la evaluación de desempeño emitida por la Jefatura de Planta de la Tablada, de ANCAP, por los períodos julio 2014-2015 y julio 2015-2016. Ello, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 60 del Decreto Ley No. 15.524, por cuanto el accionante se agravia del acto que puso fin a la vía administrativa: resolución Nº 22/1/2018, de 18 de enero de 2018, dictada por el Directorio de ANCAP. Como fundamento de su pretensión expresó, en breve síntesis, que el acto atacado fue dictado incumpliendo el Reglamento de Evaluación de Actuación. Explicó, en tal sentido, que no fueron tomados en cuenta los elementos que prevé dicho reglamento para realizar las evaluaciones. Sostuvo que la Administración actuó con desviación de poder. El Jefe de Planta, Luis COUTO, cambió sin fundamento alguno, su evaluación, con clara intención de perjudicar al compareciente. Indicó que el acto carece de motivación debida y fue dictado sin recepción efectiva de descargos. Añadió que no se respetó el principio de buena administración, por cuanto la Administración no ejerció sus poderes públicos con la debida diligencia, en procura de satisfacer el interés general. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda. II) Corrido el correspondiente traslado, fue evacuado por los representantes de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP), el 28 de agosto de 2018 (fs. 19-26). Destacaron que n o existió la falta de motivación alegada. Surge de los antecedentes administrativos que se adjuntan, el informe elaborado por el superior del Sr. GONZÁLEZ COX, donde se establecen los motivos por los que se adjudicó al funcionario el puntaje obtenido. La Administración respetó el procedimiento de evaluación y efectuó ésta con objetividad y criterio técnico. Las afirmaciones vertidas por el actor respecto a la aplicación irregular e ilegítima del reglamento, aparecen vacías y sin el respaldo de ningún fundamento. Citaron jurisprudencia de la Corporación, a efectos de resaltar que solo excepcionalmente es revisable un juicio de calificación, en sede anulatoria. Afirmaron que no existió, en la especie, abuso o desviación de poder por parte de la Administración. Las aseveraciones del actor referidas a este punto son incoherentes y contradictorias, ya que asegura haber sido perseguido sistemáticamente por su superior, pese a que éste no tiene ningún contacto con él ni cree que conozca su voz. El promotor no prueba sus dichos ni agrega dato alguno que permita a la Administración contestar sus alegaciones. En definitiva solicitaron se desestime la demanda incoada. III) Se abrió el juicio a prueba por auto Nº 7316 (fs. 28) y se diligenció la que luce certificada a fs. 80, producida por ambas partes. IV) Alegaron las partes por su orden, haciéndolo la parte actora a fs. 83-85; y la demandada a fs. 88-95. V) Fue oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien luego de requerir el pronunciamiento de la Comisión Nacional del Servicio Civil (fs. 98, 102-107), se expidió mediante Dictamen Nº 416/2020, aconsejando el rechazo de la demanda (fs. 111). VI) Se citó a las partes para sentencia por decreto Nº 6650/2020 (fs. 113), la que se dictó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal se ha cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869, artículos 4º y 9º). II) El Tribunal, por unanimidad, acompañando la solución aconsejada por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la demanda promovida, por las razones que a continuación se desarrollarán. III) El actor se desempeña como operador logístico en la Planta La Tablada de la ANCAP, según consta a fs. 2 AA en 68 fs.; y en ese carácter se efectuó la evaluación de su desempeño por los años 2014 y 2015-2016, obteniendo un puntaje total de 65,6 puntos. Dicho puntaje se desglosa de la siguiente manera: Rendimiento 16 puntos; Responsabilidad 19,6 puntos; Conocimiento del Trabajo 16 puntos y Relaciones Interpersonales 14 puntos. Todos los factores encartan en la calificación de “Bueno”, excepto el factor Conocimiento del Trabajo, que corresponde a la calificación de “Muy bueno”. (fs. 3 AA en 45 fs.). En etapa recursiva y conforme con lo previsto en el Reglamento de Evaluación de Actuación, las calificaciones fueron sometidas a revisión de la Comisión Evaluadora Central (fs. 40 y vto. AA en 45 fs.). La referida Comisión, por informe de 20 de diciembre de 2017 consignó: “(…) la Comisión Evaluadora (Jefe y Gerente) mediante informes obrantes a fs. 32, 32,35 y 38 (rectius: fs. 36, 37 y 39) manifiesta que “…la fundamentación de la evaluación realizada, fue de acuerdo a los puntajes, no siendo un mal puntaje, pero al analizar el caso de este funcionario, no dio como para dar una puntuación mayor, debido a que este funcionario tiene un menor grado de compromiso comparado con el resto de los funcionarios del área, aparte de tener un alto grado de ausencias…”. En tal sentido, se entiende que ni los argumentos esgrimidos en la solicitud de revisión ni el informe de la Comisión Evaluadora (Jefe y Gerente) aportan elementos que permitan modificar la evaluación realizada…” (fs. 40 AA en 45 fs.) (destacado no se encuentra en el original). Como viene de relacionarse, la evaluación del funcionario se verificó conforme mandata el artículo 2º del Reglamento de Evaluación de Actuación (aprobado por resolución del Directorio de ANCAP, Nº 982/7/2014, modificada por resolución Nº 886/10/2016, fs. 57-64 AA en 68 fs.), en tanto fue efectuada por una Comisión integrada por el superior inmediato del funcionario y el Gerente del 2º nivel respectivo. Por otra parte, una vez formulada la revisión del puntaje, a solicitud del funcionario, se expidió la Comisión Evaluadora Central, cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento, quien elaboró informe, ratificando lo actuado por la primera Comisión Evaluadora. Así, pues, nada cabe objetar a la accionada respecto al cumplimiento del Reglamento de Evaluación de Actuación, por lo que resulta de rechazo el agravio en tal sentido. IV) Sobre la ausencia de motivación, tiene dicho el Tribunal, en referencia a este tipo de actos que “no cabe exigir el preciso detalle de las razones que conducen a asignar un determinado puntaje a título significativo numérico del juicio que el calificador se forma sobre determinados factores de la actividad funcional del calificado, por cuanto, incluso, la propia doctrina señala que, en ausencia de texto normativo expreso que requiere como requisitos de validez , la precisa fundamentación, la exigencia debe interpretarse con latitud y atendiendo a la naturaleza del acto (Cf. SAYAGUÉS LASO, Enrique: “Tratado de Derecho Administrativo” T. I, Págs. 460/461; CASSINELI MUÑOZ, Horacio: R.D.J.A., T. 7, Pág. 326).” (Sentencia No. 59/2008 ) (en similar sentido, Sentencias No. 378/2009, 632/2009, 500/2010, 603/2011, 992/2011, 97/2012, 106/2012, 605/2012, 388/2013, 54/2014, 623/2014, 506/2016, 63/2017, 761/2017, 467/2019, 586/2019, 51/2020, 53/2020 y 125/2020, entre otras). Al respecto, la doctrina ha observado que “La jurisprudencia ha venido sosteniendo un criterio flexible en los casos de actos de calificaciones de desempeño de funcionarios (a diferencia de los actos de promoción, que veremos más adelante, en los que puede decirse que el criterio es el opuesto, es decir, existe una particular exigencia en cuanto a la fundamentación de la selección del funcionario ascendido). Esta latitud, según ha sostenido el TCA, obedece a que en general las calificaciones están sujetas a pautas preestablecidas en las normas reglamentarias , por lo que la mera asignación de un determinado puntaje supone la remisión implícita al concepto de los rubros en que se asignan tales puntajes y, por ende, la propia expresión del juicio valorativo que merece el funcionario en los rubros correspondientes resulta suficiente motivación del acto (...) (Cf. Viviana Pérez Benech, “Motivación del acto administrativo: análisis de criterios jurisprudenciales y admisibilidad de su omisión alegando la reserva de las actuaciones”, en Revista de Derecho, Universidad de Montevideo, Año VIII, No. VIII, No. 15, 2009, p. 43). (Sentencias No. 623/2014 y 63/2017, entre otras).” (Cf. Sentencia No. 709/2020). En la especie, al actor se le asignó un concepto y puntuación por cada factor de evaluación: “Rendimiento”, “Responsabilidad”, “Conocimiento del Trabajo” y “Relaciones Interpersonales” ; de acuerdo a pautas y definiciones preestablecidas en la Reglamentación, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5º, 6º y 7º del Reglamento de Evaluación de Actuación (fs. 58-60 AA en 68 fs.). Por lo demás, no puede soslayarse, que el Sr. GONZÁLEZ obtuvo una buena evaluación de su actuación, ya que se lo ubicó en un desempeño superior al nivel básico de BUENO (artículo 5º del Reglamento), hecho que, por otra parte, el mismo reconoce en sede recursiva. Y no obtuvo mayor puntaje, pues, como se explicita en el informe de la Comisión Evaluadora Central, que hace suyos los informes del Jefe de Planta La Tablada y de la Gerencia de Logística: “el funcionario presenta un grado menor de compromiso comparado con el resto de los funcionarios en el área”. (fs. 39 y 40 AA en 45 fs.). En suma, resulta de rechazo el agravio fincado en la ausencia de motivación debida, así como el fundado en el apartamiento del principio de buena administración. V) Finalmente, el actor alega una actuación desviada y antijurídica de la Administración, planteo que no comparte la Corporación. Señala ROTONDO que la desviación de poder se perfila cuando el fin querido por el órgano emisor del acto, se aparta del fin de interés general debido, según las normas atributivas de competencia. (ROTONDO TORNARÍA, Felipe: “Las causales en el Contencioso Administrativo de Anulación” en Temas de Derecho Administrativo, Editorial Universidad Ltda., Montevideo, Circa, 1989, pág. 21; Cfe. Sentencia No. 265/2013, entre otras). El Tribunal, ha exigido desde siempre una prueba contundente y seria para acreditar la existencia de tal vicio. Y, en la emergencia, de la prueba aportada, no surge acreditada la desviación o el abuso de poder en el que habría incurrido el Sr. Luis COUTO, Jefe de Planta La Tablada, según alega el actor. Ni los testimonios recabados ni la documentación agregada aportan ningún elemento referido a ello, y asiste razón a la Administración cuando señala que resulta contradictorio que el accionante afirme que el Sr. COUTO lo perseguía sistemáticamente, pero al mismo tiempo, que no tiene contacto con él ni le conoce la voz. Por lo expuesto y lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados, de la parte actora y demandada, en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil), cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).