Sentencia Definitiva N° 403/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 7 de setiembre de 2021 No. 403 VISTOS: Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “ALVAREZ PASSARELLA, BLANCA GRACIELA con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha Nº 307/2019). RESULTANDO : I) Surge de fs. 6 que el 29 de mayo de 2019 la actora dedujo demanda anulatoria contra la Resolución Nº 03-936-2018-1071 de fecha 15 de mayo de 2018, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social, que declaró que no se había acreditado la invocada unión concubinaria con el fallecido Sr. Enrique Mill Miller por no haberse probado los extremos requeridos por los artículos 1, 2 y 14 de la Ley Nº 18.246 (fs. 131 A.A.). Manifestó que la resolución había sido dictada por un órgano incompetente, ya que por Resolución del Poder Ejecutivo Nº 264/996 se había delegado el otorgamiento de las prestaciones de jubilación y de pensión en el Directorio del BPS, por lo que la Dirección Técnica de Prestaciones era incompetente para denegar el reconocimiento de la unión concubinaria. Sostuvo que el BPS había concluido que no se había acreditado la unión concubinaria con el Sr. Enrique Mill Miller porque había realizado una errónea valoración de la prueba, y no había tenido que había elementos probatorios suficientes para determinar que dicha unión había existido. Analizó la declaración de varios testigos, señaló que la Administración se había centrado en la idea de un acuerdo de tipo económico en la relación entre el causante y la solicitante, y que se había basado en conjeturas y presunciones de testigos que no habían tenido una relación de amistad o conocimiento certero de la pareja. Consideró que se había probado la existencia de una comunidad de vida ininterrumpida de al menos 5 años, y concluyó que había cumplido con todos los requisitos de los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 18.246 para acceder a la pensión solicitada. Por otra parte, indicó que para la demandada no cabía la posibilidad que dos personas que se habían vinculado primero por una relación laboral, se involucraran en el mismo año en una relación afectiva, como había sucedido en el caso. En definitiva, solicitó la anulación del acto administrativo impugnado. II) A fs. 25, el 2 de agosto de 2019 la representante de la demandada contestó la demanda incoada. Manifestó que el BPS había actuado conforme a derecho, y realizado una valoración de la prueba en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Citó las declaraciones testimoniales producidas en la instancia administrativa, y sostuvo que la situación merecía ser catalogada como de orfandad probatoria casi total a favor de la relación concubinaria invocada y del tiempo que supuestamente se había mantenido. Se remitió al informe de la Asesoría Letrada de Pasivos de fecha 15 de noviembre de 2018 que aconsejó el rechazo de la recurrencia y concluyó en la legitimidad del acto dictado. En definitiva, solicitó que se desestimara la acción de nulidad incoada. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 51. IV) Alegaron las partes por su orden: la actora a fs. 54 y ss. y la demandada a fs. 64 y ss. V) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que produjo el Dictamen Nº 379/2020 por el que aconsejó confirmar el acto administrativo en cuestión (fs. 70). VI) Se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal. CONSIDERANDO : I) Se han acreditado los extremos legales habituales requeridos por la normativa vigente (artículos 4 y 9 de la Ley Nº 15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. En efecto, se procesa la nulidad de la Resolución Nº 03-936-2018- 1071 de fecha 15 de mayo de 2018, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social, que declaró que no se había acreditado la invocada unión concubinaria de la actora con el fallecido Sr. Enrique Mill Miller por no haberse probado los extremos requeridos por los artículos 1, 2 y 14 de la Ley Nº 18.246 (fs. 131 A.A.). Contra dicho acto, notificado personalmente con fecha 4 de junio de 2018 (fs. 133 A.A.), se interpusieron en tiempo y forma recursos de revocación y jerárquico en subsidio (el 14 del mismo mes y año - fs. 135 A.A.). Por Resolución RD Nº 8-31/2019, dictada por el Directorio del BPS con fecha 20 de marzo de 2019, se desestimó el recurso jerárquico (fs. 155 A.A.) lo que fue notificado el 1º de abril de 2019 (fs. 159 A.A.). Finalmente, la demanda de nulidad se dedujo en tiempo útil (el 29 de mayo de 2019 - nota de cargo a fs. 19). II) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes y coincidiendo con lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, procederá a desestimar el planteo anulatorio impetrado por los fundamentos que se desarrollan en los siguientes numerales. III) Emerge de los antecedentes administrativos allegados al proceso que el 23 de octubre de 2017 la accionante solicitó pensión por unión concubinaria (fs. 3 y ss. A.A.) por el fallecimiento del Sr. Enrique Mill Miller, ocurrido el 1º de octubre de 2017 (fs. 2 vta. A.A.), adjuntando documentación y ofreciendo testigos (fs. 4 a 7 A.A). Se tomó declaración a los testigos, el 20 de diciembre de 2017 a Elsa Itati Gómez (fs. 9 y 10 A.A.), el 15 de enero de 2018 a Ruben Lacuesta, Orlando Cardozo, Ruben Balbi, Rosalía Siffo, Miriam y Teresita Cardozo (fs. 14 a 20 A.A.), el 22 de los mismos mes y año a Carmen Vanesa Menéndez y a Natalia González (fs. 21 y 22 A.A.), y el 26 siguiente a Lucy Mary Mautone Lanza y a Rosa Nurimar Gonzalvez (fs. 23 vta. a 26 A.A.). En informe de esta última fecha, la funcionaria Yanina Maglioni de la Dirección Técnica de Prestaciones concluyó que: “Teniendo en cuenta todos los elementos obtenidos en la investigación, valorados conforme los criterios de la sana crítica, no surge probada la unión concubinaria de los titulares, en tanto no se acreditaron en la especie, los presupuestos de hecho exigidos por el art. 2º de la Ley Nro. 18.246” (fs. 26 vta. y 27 A.A.). Del referido informe, se otorgó vista a la actora (fs. 32 A.A.) que ofreció tres nuevos testigos y adjuntó documentación (fs. 34 a 120 vta. A.A.). Con fecha 1º de marzo de 2018, declararon los testigos Héctor Iguini Costa, María Antelo y Rodolfo Martínez (fs. 121 a 125 A.A.). Por nuevo informe de fecha 10 de abril de 2018, la funcionaria Yanina Maglioni de la Dirección Técnica de Prestaciones concluyó que: “Teniendo en cuenta todos los elementos obtenidos en la investigación, valorados conforme los criterios de la sana crítica, no surge probada la unión concubinaria de los titulares, en tanto no se acreditaron en la especie, los presupuestos de hecho exigidos por el art. 2º de la Ley Nro. 18.246” (fs. 127 A.A.). Acto seguido, se dictó el acto enjuiciado en obrados (fs. 131 A.A.) IV) En primer lugar, la actora adujo que la resolución fue dictada por un órgano incompetente, por lo que corresponde analizar la competencia de la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social para el dictado del acto impugnado. El Tribunal ha tenido oportunidad de analizar el punto en diversas oportunidades, entre ellas en la Sentencia Nº 433/2018 en la que, en términos enteramente aplicables al presente, sostuvo: “En primer término corresponde relevar que la pensión pretendida por la actora es de tipo civil, por originarse en la prestación de servicios de tal naturaleza (vide: fs. 16, 27 a 29 y 34 A.A.). Ello determina que el órgano con competencia para otorgar la pensión, y por consecuencia para denegarla, sea el Poder Ejecutivo, por así disponerlo el art. 168 núm. 3° de la Constitución de la República. Ante un acto de idéntico contenido al aquí impugnado, señaló el Tribunal en su reciente Sentencia N° 570/2017: “Por el acto impugnado, la Dirección Técnica de Prestaciones del BPS persistió en su negativa a reconocer la existencia de la unión concubinaria que operaba, en los hechos, como condicionante legal para acceder al derecho a la pensión. Esa negativa, al reconocimiento del vínculo, no es otra cosa que la apreciación de la efectiva ocurrencia del presupuesto de hecho para el otorgamiento/concesión o denegación del derecho de pensión. Ahora bien, este acto declarativo (de cumplimiento de las condicionantes legales o de su inobservancia) ingresa, en el concepto de “otorgamiento” de pensiones civiles que compete exclusivamente al Poder Ejecutivo (art. 168, núm. 3, de la Constitución de la República). En efecto, verificadas las condicionantes legales, nace el derecho a la pensión, esto es a la prestación pensionaria, siendo el dictado de tales actos declarativos de concesión de pensiones civiles resorte competencial del Poder Ejecutivo” (Cfme. Sentencia N° 570/2017). En la especie, el presupuesto de competencia del órgano para dictar el acto no fue objeto de agravio por parte de la actora, ni tampoco fue señalado por el demandado, no obstante lo cual, el control de la competencia es relevable de oficio, conforme lo ha entendido la Sede en múltiples oportunidades (véase las Sentencias N° 319/2016, 737/2015 y 631/2013, entre otras). En el caso, el acto fue dictado por la Gerencia de Prestaciones Económicas del BPS, sin que surja expresamente de la resolución que ésta haya sido dictada en ejercicio de atribuciones delegadas. Sí así fuera, esto es, si la Gerencia de Prestaciones Económicas del BPS hubiera dictado la resolución en ejercicio de (supuestas) atribuciones propias, es claro que el acto sería nulo por incompetencia del órgano emisor, puesto que, como fuera anotado previamente, la competencia para el dictado de actos que conceden o deniegan pensiones civiles corresponde al Poder Ejecutivo. Sin embargo, no puede soslayarse que en el “ATENTO” del acto consta una referencia expresa a “(…) lo dispuesto por las Resoluciones R.D. 32-60/2005, 32-61/2005 del 28/09/2015 y 7-19/2006 del 15/03/2006”, con lo cual es posible interpretar que la presente volición fue dictada en ejercicio de atribuciones delegadas por el Directorio del BPS, las que a su vez le habían sido delegadas a éste por el Poder Ejecutivo, mediante la Resolución N° 264/996 (véase la Sentencia N° 388/2017, en la que se analiza la competencia del órgano ante una situación similar a la de obrados). Cabe recordar a este respecto lo expresado por la Corporación en la Sentencia N° 449/2014, en relación a la competencia para el dictado de actos que otorgan o deniegan pensiones civiles: “Liminarmente, el Tribunal, considera conveniente hacer referencia a la competencia del Ente previsional demandado para dictar el acto en causa. Ello, sin perjuicio de que la parte actora en ningún momento expresó agravios relativos a dicha cuestión, habida cuenta de que es de público conocimiento que por la Resolución No. 264/996, el Poder Ejecutivo delegó en el Directorio del B.P.S. el otorgamiento de jubilaciones y pensiones civiles. En efecto; la mencionada Resolución del Poder Ejecutivo, refiere primeramente a que en virtud del artículo 168, num. 3, de la Constitución de la República, compete al Presidente de la República, actuando con el Ministro o Ministros respectivos o con el Consejo de Ministros, “dar retiros y arreglar las pensiones de los empleados civiles y militares conforme a las leyes”. Y, en su Considerando IV), dispone que por razones de buena administración, orientadas a crear mecanismos más ágiles en el procedimiento, se hace aconsejable delegar en el Directorio del Banco de Previsión Social dicha competencia, resolviéndose en consecuencia a través de su artículo 1º “Delegar en el Banco de Previsión Social las atribuciones del Poder Ejecutivo en lo concerniente al otorgamiento de jubilaciones y pensiones civiles”. Imponiendo, seguidamente en el artículo 2º de su parte resolutiva, el deber a cargo del Directorio del B.P.S. de enviar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, copia de las resoluciones adoptadas en el ejercicio de las atribuciones delegadas en el numeral 1º de dicha resolución. Pues bien; teniendo en cuenta lo precedentemente expuesto, cabe señalar que en el caso que nos ocupa, se cumplió cabalmente con la normativa vigente; en tanto, el Directorio del Ente previsional dictó el acto que se resiste en estos obrados, concerniente a una pensión de sobrevivencia, comunicándolo al Poder Ejecutivo a través del órgano encargado en la materia (Num. 3 del acto resistido, que ordena la comunicación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; A.A., fs. 111). Y, claro está que, estando facultado el Directorio del B.P.S. para resolver el otorgamiento de pensiones civiles, implícitamente, también lo está para resolver el no otorgamiento de las mismas, cuando advierta que no se reúnen los requisitos exigidos por la normativa aplicable vigente” (Cfme. Sentencia No. 449/2014). En suma, en la especie, emerge de la invocación de normas contenida en el “Atento” que el acto encausado fue dictado por la Gerencia de Prestaciones Económicas, en ejercicio de atribuciones subdelegadas por el Poder Ejecutivo. Por lo cual, no se advierte la existencia de un vicio de incompetencia en el dictado del acto impugnado. VII) Legitimación Pasiva. Considerando que el acto impugnado fue correctamente dictado por la Gerencia de Prestaciones Económicas del BPS en ejercicio de atribuciones subdelegadas por el Poder Ejecutivo, corresponde indagar qué sistema orgánico tiene legitimación pasiva en la presente causa. En relación a esta cuestión, ha dicho reiteradamente el Tribunal que cuando un acto administrativo se dicta en ejercicio de atribuciones delegadas, el acto se imputa al órgano delegante, y en consecuencia, corresponde entablar la demanda de nulidad contra el sistema orgánico al que pertenece dicho órgano. De acuerdo con tales conceptos, el legitimado pasivo en el presente caso sería el Poder Ejecutivo, y no el Banco de Previsión Social, puesto que el acto se imputa al órgano delegante, que lo es el nombrado en primer término. Concluir de este modo conduciría al rechazo de la demanda entablada, por no haberse emplazado al organismo con legitimación pasiva: Poder Ejecutivo. Sin embargo, en la especialidad del caso, debe tomarse en cuenta que en el cuerpo del acto impugnado no se dice expresamente que el mismo se dicta en ejercicio de atribuciones delegadas por el Poder Ejecutivo, y tampoco se hace referencia al punto en la resolución del Directorio del BPS por la cual se desestima expresamente el recurso jerárquico. A su vez, cabe tener presente lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 18.246, en el cual se establece que “Para determinar los derechos y obligaciones de seguridad social a que hubiere lugar, la prueba de los extremos requeridos por los Artículos 1° y 2° de la presente ley se realizará en el organismo previsional que correspondiere según la inclusión de los servicios respectivos, sin perjuicio de la eficacia que a tal fin tendrá, en lo pertinente, el reconocimiento judicial obtenido conforme a lo previsto en la ley”. Ello también puede abonar en el sentido de la confusión de la reclamante, en cuanto a la procedencia de presentarse ante el BPS a fin de acreditar las circunstancias de concubinato que a su juicio hacen nacer su derecho a pensión, lo que la habría llevado luego a dirigir la acción de nulidad contra ese organismo. En consecuencia, teniendo en consideración tales extremos, y en virtud del principio pro actione, se estimará correcta en el caso la actitud procesal adoptada por la demandante, al haber dirigido su impugnación contra el Banco de Previsión Social. La falta de claridad del acto impugnado, en el que no se especifica expresamente que la decisión se adopta en ejercicio de atribuciones subdelegadas por el Poder Ejecutivo, no puede derivar en el rechazo liminar de la acción entablada por la actora, quien presumiblemente fue inducida en confusión a raíz de la señalada omisión.” De lo que se viene de transcribir surgen las razones que llevan al rechazo del planteo de incompetencia del órgano que dictó la resolución atacada, así como a la admisión de la legitimación pasiva del BPS. V) En cuanto al fondo del asunto, la cuestión a resolver radica en determinar la existencia o no de vínculo concubinario entre la Sra. Alvarez Passarella y el Sr. Mill Miller. V.1) El artículo 2 de la Ley N° 18.246 establece que: “A los efectos de esta ley se considera unión concubinaria a la situación de hecho derivada de la comunidad de vida de dos personas -cualquiera sea su sexo, identidad, orientación u opción sexual- que mantienen una relación afectiva de índole sexual, de carácter exclusiva, singular, estable y permanente, sin estar unidas por matrimonio entre sí y que no resulta alcanzada por los impedimentos dirimentes establecidos en los numerales 1°, 2°, 4° y 5° del Artículo 91 del Código Civil.” Por su parte, el literal E) del artículo 25 de la Ley Nº 16.713 (agregado por el artículo 14 de la Ley Nº 18.246) consagró el derecho a pensión de los concubinos/as en los siguientes términos: “Las concubinas y los concubinos, entendiéndose por tales las personas que, hasta el momento de configuración de la causal, hubieran mantenido con el causante una convivencia ininterrumpida de al menos cinco años en unión concubinaria de carácter exclusivo, singular, estable y permanente, cualquiera sea su sexo, identidad, orientación u opción sexual y que no resultare alcanzada por los impedimentos dirimentes establecidos en los numerales 1º, 2º, 4º y 5º del artículo 91 del Código Civil”. Por lo tanto, la promotora debía acreditar en la instancia administrativa la existencia de un vínculo con esas características y con una duración, al menos, de cinco años a la fecha del fallecimiento del Sr. Enrique Mill Miller. V.2) Pues bien, el Tribunal entiende que la prueba diligenciada en la instancia administrativa fue insuficiente para concluir en la existencia del vínculo concubinario con las características reclamadas por la ley. En ese sentido, corresponde analizar la prueba aportada y los testimonios diligenciados ante el BPS. De la prueba documental producida por la actora en oportunidad de solicitar la pensión por unión concubinaria, surge que el Sr. Mill Miller consultó con fecha 4 de setiembre de 2013 al BPS, “… si al tramitar la inscripción del “Concubinato” el mismo puede afectar el derecho a seguir persiviendo (sic) la pensión ” (fs. 4 vto. A.A.), y que falleció el 1° de octubre de 2017 (fs. 2 vta. A.A.) por lo que, si bien los referidos documentos podrían ser indicativos de la posibilidad que el causante se encontraba en concubinato, no son concluyentes para acreditarlo y, menos aún, su duración ya que, a lo sumo, acreditarían un período menor a cinco años. También agregó el testamento abierto solemne otorgado con fecha 17 de agosto de 2009 por el Sr. Mill Miller en su favor (fs. 31 A.A.) y la compraventa de la nuda propiedad de fecha 10 de diciembre de 2010 del padrón Nº 19.554 de Montevideo, celebrada entre ella y el causante (fs. 28 vta. a 30 A.A.). Por otra parte, aunque obran algunas declaraciones en favor de la versión de la promotora, no es menos cierto que varias otras cuestionaron seriamente que el vínculo fuera afectivo o de pareja. En ese sentido, Ruben Lacuesta , que declaró hacía 30 años que vivía en ese domicilio y que conocía a Enrique (el causante) desde que se mudó a la casa de al lado, reconoció la imagen de la solicitante y expresó que “… la conoce hace tres o cuatro años, cuando empezó a vivir en el mismo domicilio que el causante.” y continuó explicando que: “Ella vivía a la vuelta, así fue que la conoció ella vendió todo lo que tenía un apartamento y un auto y se vino a vivir al lado con Enrique, asumiendo por eso que eran pareja, pero la verdad no lo parecían, no se trataban con afecto y ella se iba a Portezuelo, a veces por toda la semana. Dejaba con Enrique una persona que lo cuidaba.” Luego, cuando se le preguntó si se trataba de una relación estable y permanente, respondió que: “No”, y respecto a si era una relación afectiva de índole sexual, afirmó que : “No, no se mostraban afecto de pareja. El estaba en una situación (...) de salud y ella manejaba todo pero no con afecto que se espera en una pareja.” (fs. 14 y 15 A.A.). Orlando Cardozo afirmó ser “vecino desde julio de 1998” y que: “… Cuando Enrique enviudó yo le presenté a Graciela, es decir, le dije a Graciela que Enrique estaba solo y que ganaba muy buen dinero, le dije que se ennoviara con él” e, interrogado acerca de cuántos años habían vivido juntos, contestó que: “La verdad que no sé cuánto tiempo vivieron juntos. Ella se iba a Maldonado y él quedaba en la casa” . Acerca de la estabilidad y permanencia de la relación, sostuvo que “No puedo decir que fueron pareja, para mí no lo eran, tenían un arreglo de convivencia. El precisaba compañía y ayuda en su casa” y, respecto a si era una relación afectiva de índole sexual, manifestó que: “No te puedo decir que fueran pareja,…. No sé si para Enrique ella era su pareja, nunca hablé de eso con él. Ella no le demostraba afecto de pareja, se trataban como si fueran vecinos del barrio.” (fs. 15 vto. y 16 AA). También Ruben Balbi, que declaró conocer al Sr. Mill Miller por vivir en el barrio desde hacía 38 años, declaró que: “Dos o tres años vivieron juntos. A lo último él estuvo en una casa de salud. No se veían como una pareja más bien parecía que ella lo cuidaba como una empleada.”, y agregó que: “No parecían pareja” (fs. 17 y 18 A.A.). A su turno Rosalía Siffo, vecina desde hacía muchos años, sostuvo que: “Yo sé que ella cuidaba de él. No sé el tipo de relación entre ellos” (fs. 19 AA). Miriam Teresita Cardozo, que dijo ser la titular del Residencial Nuevo Cielo, Nueva Tierra , relató que “Enrique Mill fue un paciente que tuvimos muy poco tiempo pero que recuerdo muy bien. El era abusado, violentado físicamente y fue realizada una denuncia por parte de familiares de Enrique Mill hacia esa señora, Blanca Alvarez, quien lo ingresó y se lo llevó de este Residencial.”, agregando que “Es una situación indignante, esa señora se hacía pasar por su esposa y lo maltrataba” (fs. 19 vta. y 20 A.A.). A su vez , en oportunidad de evacuar la vista conferida, la actora agregó prueba documental y ofreció la declaración de tres nuevos testigos. Hector Iguini Costa, que declaró ser amigo de la accionante, al ser preguntado sobre el vínculo con el fallecido respondió que: “Eran pareja”, sobre la duración de la relación, contestó que “Los conocí en 2009-2010 y por lo que tengo entendido siempre estuvieron juntos”, y sobre la convivencia hasta el fallecimiento del Sr. Mill, afirmó que: “Sé que ella lo llevo a una casa de salud porque se tenía que operar” (fs. 121 y 122 A.A.). En términos coincidentes, María Florita Antelo afirmó que “Formaron una pareja, (...)”“Ella convivía con él, lo llevaba al médico, le compraba ropa” y que vivieron juntos: “Del 2009 hasta que el señor falleció” (fs. 122 vto. a 124 A.A.). Rodolfo Martínez Alonzo sostuvo que era amigo de la actora, que “Eran pareja”… “porque vivían juntos y andaban juntos para todos lados. Era lo que ella me decía, que eran pareja.”, que desconocía que la promotora hubiera sido empleada del causante y, en cuanto al comienzo de la convivencia, respondió que: “ No sé decir. Ponéle 2007-2008” (fs. 124 vta. y 125 A.A.). Posteriormente, produjo su informe la Inspectora Yanina Maglioni, que obra a fs. 126 y 127 A.A. y en el que asentó que: “ De algunas declaraciones recabadas surge que existió una relación laboral entre solicitante y causante. De los dichos de la Sra. Blanca Álvarez surgen contradicciones, situando la fecha de inicio de la relación laboral y de la relación sentimental en el mismo año, coincidiendo a su vez con el año en que fue realizado Testamento Solemne Abierto que luce de fs. 59 a 61, en el que el causante nombra como única y universal heredera a la solicitante. Por lo que viene dicho, los elementos obtenidos a lo largo de la investigación, incluido el diligenciamiento de la prueba ofrecida en evacuación de vista, no acreditan la existencia de una relación sentimental de pareja con vínculo sexual estable y permanente entre los titulares, desprendiéndose por contrario la posibilidad de un acuerdo entre las partes de brindar cuidados a cambio de retribución económica”. Finalmente, en la etapa probatoria de este proceso, ratificaron sus declaraciones los testigos Héctor IGUINI COSTA (fs. 38 y 39 infolios), Elsa ITATI GÓMEZ (fs. 41 y vto. infolios) y Rodolfo MARTÍNEZ ALONZO (fs. 43 y vto. infolios). Es de verse que de estos últimos testimonios -contradictorios con los de los primeros deponentes- emerge que los declarantes manifestaron ser amigos de la solicitante, o no residír en forma permanente en Montevideo, y/o apenas frecuentar el domicilio del causante, por lo que es dable concluir que escasamente compartieron algo de su tiempo con los presuntos concubinos. Además, del análisis de esos últimos testimonios surge que, si bien los testigos afirmaron la existencia de una relación de concubinato, desconocían aspectos fundamentales tales como la fecha o época de comienzo de la relación de convivencia con carácter exclusiva y singular, y que ostentan inconsistencias que horadan su credibilidad y fuerza convictiva. De lo que se viene de exponer, resulta que la Administración valoró adeucadamente la prueba rendida, de acuerdo a las reglas de la sana crítica y, en su mérito, tuvo por no acreditado el vínculo entre la Sra. Blanca Alvarez y el Sr. Enrique Mill Miller, relación que se asemejó más a un acuerdo de compañia y cuidados a cambio de ciertos beneficios económicos, que a los propios de una relación concubinaria. Como manifestara en su voto la Sra. Ministra Dra. Selva Klett: “Sin perjuicio de lo cual, y dado que existieron otras pruebas “a favor” del pretendido vínculo concubinario, considero que no fueron suficientes para rebatir las lapidarias declaraciones sumariales recabadas en la instancia de inspección. Así, pues, debe verse que el testamento realizado por el Sr. Mill en favor de la actora es, cuando menos, concomitante a la fecha en que comenzó la relación laboral entre ambos, por lo que da cuenta de una contraprestación a cambio de los servicios de cuidado. Por su parte, las demás declaraciones y elementos obrantes informan, a mi criterio, a un claro designio de la Sra. Álvarez, cual era dotar de apariencia de unión concubinaria el vínculo que tenía con el Sr. Mill Miller. Esta es la única explicación razonable y plausible para la existencia de testimonios diametralmente opuestos: entre quienes manifestaban que se trataba de un vínculo de pareja y quienes no; entre quienes dijeron que los veían actuar como pareja en la casa de Portezuelo y quienes dijeron que el Sr. Mill quedaba un mes solo en la casa cuando la actora se iba del inmueble en el que convivían; entre quienes señalaron que la Sra. Álvarez se preocupaba por el bienestar del Sr. Mill y quienes apuntaron que la relación era “abusiva” o para usufructuar el dinero y los bienes del causante.” V.3) En consecuencia y como se anunció, corresponde desestimar la pretensión de anulación deducida, puesto que no asiste razón a la actora cuando señala la deficiente valoración del cúmulo probatorio efectuada por la Administración. En suma, no se acreditó la existencia de los requsisitos legalmente reclamados para la configuración del concubinato, el Organismo previsional actuó de acuerdo con el principio de verdad material que rige el procedimiento administrativo y la materia objeto de contienda (artículos 2 Decreto N°500/991 y 149 de la Ley N°16.713) y, por ende, corresponde confirmar el acto resistido. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado)