Sentencia Definitiva N° 400/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 7 de setiembre de 2021. No. 400 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “PÉREZ DE LEÓN, ALDO Y OTROS con PODER EJECUTIVO. Acción de Nulidad” (Ficha No. 46/2019) RESULTANDO: I) Los comparecientes dedujeron pretensión anulatoria contra los siguientes actos administrativos: a) Decreto del Poder Ejecutivo N° 104/2018 , de 24 de abril de 2018 , que dispuso un nuevo proceso de concursos de oposición y mérito para el acceso a las funciones de Encargaturas de Departamento y Sección en la Dirección General Impositiva (artículo 1º), aprobando las bases generales de los concursos (artículo 4º); b) Resolución del Poder Ejecutivo , de 2 de julio de 2018 (asunto Nº 1892), que dispuso la convocatoria a concurso en las referidas funciones correspondientes a las áreas de especialización incluidas en los procesos de Auditoría y Gestión Tributaria (numeral 1º), para proveer las vacantes que se detallan en el anexo 1, aprobándose las bases específicas (numeral 2º); y c) Resolución del Poder Ejecutivo , de 2 de julio de 2018 (asunto Nº 1894), que aprobó el manual de competencias para las Encargaturas de Departamento y Sección de la DGI (numeral 1º), el manual de funciones (numeral 2º) y las bases generales para los concursos (numeral 3º). En su demanda, los comparecientes relataron que todos son funcionarios y Encargados de diversas Secciones de la División Fiscalización o la División Grandes Contribuyentes. Tal desempeño como Encargados de Sección se concretó como consecuencia de las correspondientes asignaciones de funciones, dispuestas en el marco de lo preceptuado por el artículo 8 del Decreto Nº 166/2005, y se ha desplegado a total satisfacción de las jerarquías de la Administración. En necesaria síntesis, sostuvieron que la contrariedad del acto impugnado a la regla de derecho resulta de los siguientes extremos: a) La improcedencia del llamado a concurso para las Encargaturas asignadas a los accionantes, considerándolas vacantes; y b) La ilegitimidad de las bases aprobadas para su provisión, puntualmente en los ítems de antigüedad y del límite de quince años en la consideración de esta. Sobre lo primero , en resumidos términos cuestionaron que a partir de los llamados a Encargaturas se vulnera la disposición del artículo 298 de la Ley No. 18.719, de 27 de diciembre de 2010, que estableció la realización de una evaluación a los efectos de renovación de Encargaturas en la Dirección General Impositiva. En consecuencia, razonaron que a partir de los llamados cuestionados se dejarían sin efecto las Encargaturas que actualmente desempeñan, de modo ilegal, ya que no se realizaría la evaluación establecida por la norma que viene de citarse. Sobre lo segundo , referente a las bases del llamado, se agraviaron básicamente respecto del modo en que se computa la antigüedad. Así, estimaron que era ilegítimo, por irracional, establecer como máximo a efectos del cómputo de la antigüedad un máximo de quince años, cuando algunos de los actores, eventuales contendientes, tienen más años de antigüedad en la Administración. En suma, por estos argumentos, solicitaron el amparo de la demanda y la anulación de los actos objeto de impugnación (fs. 2 a 18). II) Conferido el correspondiente traslado compareció -en representación del Estado, Poder Ejecutivo- el Dr. Mario Rosas, quien se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. En lo central de sus defensas, analizó el plexo normativo que informa al Estatuto de las Encargaturas en la Dirección General Impositiva, para concluir la legalidad del concurso ordenado por los actos impugnados. En tal sentido, sostuvo que el Decreto Nº 104/2018, ha sido dictado en un todo conforme a Derecho, en consideración a lo dispuesto en los artículos 291 y 297 de la Ley No. 18.179 y el artículo 102 literal B) de la Ley No. 19.121. El artículo 291 de la Ley No. 18.719, es claro en cuanto a que es necesaria la existencia de concursos de oposición y méritos para la designación de Encargados de la DGI, salvo las excepciones expresamente establecidas. Por lo tanto, aquellas designaciones que no se basen en un concurso de oposición y méritos revisten, en puridad, la calidad de vacantes, si bien interinamente son desempeñadas por determinadas personas, que no tienen derecho alguno a permanecer desempeñando dichas funciones, con independencia de sus evaluaciones positivas. Las Encargaturas para las cuales se llama a concurso se encuentran, de conformidad con el marco legal reseñado, vacantes. La Administración los designó interinamente en sus funciones, sin existencia de un concurso de oposición y méritos previo, por lo que, existiendo una norma legal que establece la obligación que dichas Encargaturas se designan por tales concursos, existe la obligación jurídica que las mismas sean provistas según la referida disposición. Lo expuesto anteriormente no implica contradecir que las personas que incoan la presente acción se encuentren negativamente evaluadas, sino simplemente que sus nombramientos, interinos, respondieron a designación directa, sin que existiera un proceso formal de concurso de oposición y méritos, por lo que corresponde adecuar las designaciones interinas conforme a la normativa vigente. La nueva y actual redacción dada al artículo 291 de la Ley no enerva las conclusiones anteriores, ya que la parte omitida simplemente era aclaratoria de lo que a todas luces resultaba evidente, esto es, que quienes estuvieran desempeñando tales cargos interinamente continuarían cumpliéndolos hasta la designación por concurso, e incluso podrían ser cesados en los casos de evaluaciones desfavorables. Asimismo, se refirió al carácter ilesivo de los actos impugnados , en tanto, de generarse agravio a los actores, estos devendrían del cese en las Encargaturas, extremo ajeno a las resoluciones procesadas. Por otra parte, respecto de las bases del llamado , tras referir a la discrecionalidad de la Administración, indicó que ninguna ilegitimidad surge de la forma en que se computa la antigüedad. Así, dicho modo de computar la antigüedad se aplica a todos los participantes, sin distinciones, a la vez que se enmarca en los poderes discrecionales de la Administración a efectos de analizar los requisitos y perfiles de los cargos. En el caso de los Encargados de Departamento y Sección, teniendo en cuenta las competencias esperadas que surgen de los manuales, resulta esperable y razonable que tenga un peso mucho mayor la prueba técnica (Etapa I), como la evaluación de competencias organizacionales, liderazgo y técnicas (Etapa III), en relación con los antecedentes funcionales, entre ellos, la “Antigüedad en DGI”. La cantidad de años no implican necesariamente reunir las competencias deseables para un Encargado de Departamento o Sección. Por lo cual, tanto el tope de cinco puntos al factor antigüedad en el inciso, así como el límite de quince años de antigüedad como máximo a considerar dentro del factor citado, resultan coherentes y razonables en atención a los criterios fijados en la norma reglamentaria. Por último, la experiencia adquirida por los accionantes se verá reflejada en la prueba por competencias. En definitiva, por estas razones, postuló la confirmación de los actos impugnados (fs. 25 a 41 vto.). III) Por Decreto Nº 2893/2019, se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 88. IV) Las partes alegaron por su orden (fs. 91-102 y fs. 106-116 vto.). En dicha etapa, los comparecientes Claudia López Carbajal, Adriana Fazzino Aguirre, Julio César Varela González, María Victoria Echinope Canales y Alejandro Federico Alesina Lezama formularon desistimiento del proceso, al amparo de lo preceptuado en el artículo 94 del Decreto-Ley No. 15.524, de 9 de enero de 1984 (fs. 101 a 102). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se expidió mediante Dictamen Nº 348/2020 y aconsejó no hacer lugar a la demanda promovida en autos (fs. 119 a 121). VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 123). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal , corresponde relevar el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución de la República artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4, 8 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. El Decreto Nº 104/2018, se emitió el 24 de abril de 2018 y se publicó en el Diario Oficial el 3 de mayo de 2018. En tanto las Resoluciones del Poder Ejecutivo, de 2 de julio de 2018, asuntos Nº 1892 y 1894, no fueron notificadas personalmente a los accionantes, ni publicadas en el Diario Oficial, según manifestaciones de la parte actora (fs. 3 vto.) no contradichas por la demandada (fs. 25 a 25 vto.). El 11 de mayo de 2018, interpusieron en tiempo y forma el correspondiente recurso de revocación contra el Decreto Nº 104/2018 (según manifestaciones de la parte actora, fs. 3, corroboradas por la demandada, fs. 25). El 24 de julio de 2018, dedujeron tempestivamente recurso de revocación contra las Resoluciones del Poder Ejecutivo, de 2 de julio de 2018, dictadas en los asuntos Nº 1.892 y Nº 1.894 (según manifestaciones de la parte actora, fs. 3, corroboradas por la demandada, fs. 25 vto.). El recurso dirigido contra el Decreto Nº 104/2018, se desestimó mediante denegatoria expresa , a través del dictado de la Resolución del Poder Ejecutivo de 19 de noviembre de 2018 (asunto Nº 2114) que desestimó el recurso y confirmó el impugnado. Dicho acto se notificó personalmente el 29 de noviembre de 2018 (según manifestaciones de la parte actora, fs. 3, no contradichas por la demandada, fs. 25 vto.). Mientras que el recurso interpuesto contra las Resoluciones del Poder Ejecutivo, dictadas en los asuntos Nº 1.892 y Nº 1.894, se desestimó mediante denegatoria ficta, la cual se configuró a los ciento cincuenta días sin que la Administración lo resolviera, el 21 de diciembre de 2018. La demanda se interpuso el 19 de febrero de 2018, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 19). II) El Tribunal, habrá de compartir la solución desestimatoria aconsejada por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 119 a 121) y desestimará la demanda, por los fundamentos que a continuación se habrán de explicitar. En lo inicial, corresponde poner de manifiesto que los integrantes de la parte actora, plurisubjetiva, Sres. Claudia López Carbajal, Adriana Fazzino Aguirre, Julio César Varela González, María Victoria Echinope Canales y Alejandro Federico Alesina Lezama formularon desistimiento del proceso, al amparo de lo preceptuado en el artículo 94 del Decreto-Ley No. 15.524, de 9 de enero de 1984 (fs. 101 a 102). De manera que, en la actualidad, la acción anulatoria únicamente comprende a los restantes comparecientes, Sres. Aldo Pérez, María Cecilia Cabral, Alejandra Pérez, Jorge Amarillo, María Inés Lujambio, Roberto Pellegrino y Carlos Cardozo. Precisado lo anterior, la mayoría compuesta por los Sres. Ministros, Dres. Selva Klett, Luis Simón y Nilza Salvo, considera que procede desestimar la demanda , atento al carácter ilesivo de los actos impugnados. En tal sentido, señalan que basta estar al escrito de demanda para comprobar que la lesión jurídica invocada por los actores radica en el ilegítimo cese de las Encargaturas que ostentan, sin la realización de las evaluaciones correspondientes. De esta manera, advierten que el contenido de los actos impugnados nada tiene que ver con el cese de dichas Encargaturas , sino que contiene una materia diversa, extremo que hace a la ausencia de lesión jurídica de los actos objeto de impugnación. Seguidamente, refieren a que el interés que los actores aducen tener no es directo , por lo que en este sentido no quedaría comprendido en el ámbito de aplicación del art. 309 de la Constitución. En este contexto, recuerdan que Giorgi enseñaba que: “Interés directo significa interés inmediato, no eventual ni futuro. La existencia de un interés directo implica que el particular se encuentra en una situación jurídica definida y actual con relación a la Administración” (Cf. Héctor Giorgi, “El Contencioso Administrativo de Anulación”, Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Montevideo, 1958, p.188). Del mismo modo, indican que Jiménez de Aréchaga al analizar el artículo 258 de la Constitución, señalaba, en términos revalidables a la cuestión ahora analizada, que: “En mi opinión interés directo es todo interés que resultaría inmediatamente vulnerado por la aplicación de la ley inconstitucional; no lo es, en cambio el interés que remotamente pudiera llegar a ser comprometido si la ley se aplica (…)” (Cf. Justino Jiménez de Aréchaga, “ La Constitución del Uruguay de 1952 ”, Centro de Estudiantes de Derecho, Montevideo, 1965, t. IV, p. 818) (la negrilla no está en el original). Por último, citan la posición de Augusto Durán Martínez, en opinión que parte de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha adoptado, quien sobre el punto ha dicho: “ De manera que el calificativo “directo” por oposición a “indirecto”, rechaza así lo eventual pero no necesariamente lo futuro. Si lo futuro es inequívoco no vemos por qué no debe comprenderse. Creemos que la expresión “directo” refiere al nexo causal y no al momento en que se produce la lesión del interés. Lo importante es que la lesión se produzca por el acto jurídico correspondiente sin que interese si ella es hoy o mañana ” (Cf. Augusto Durán Martínez, “Contencioso Administrativo”, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2007, p. 117 y 118) (la negrilla no está en el original). Así, concluyen que las voliciones resistidas no afectan el interés directo de los pretensores, por cuanto la lesión jurídica , en los términos que surgen de la demanda, no emanan de los actos impugnados. En efecto, entienden que en la emergencia no ha habido lesión alguna en la esfera jurídica de los actores ya que no se ha dispuesto el cese de sus Encargaturas , extremo que reviste la nota de eventual , es decir, hasta tanto se provean tales funciones por concurso. En forma complementaria, la Sra. Ministra, Dra. Nilza Salvo señala también que las evaluaciones de desempeño previstas en el artículo 298 de la Ley No. 18.719, no son cuestionadas por el Decreto y las Resoluciones impugnadas. Además, agrega que, sin perjuicio del concurso por las Encargaturas, las evaluaciones anuales denotan el carácter provisorio de las mismas. En suma, dicha evaluación no cesa; lo que eventualmente puede cesar es la encargatura en el caso de que el concursante no acceda al puesto, pero esto es producto de la aplicación de la Ley y no entraña una lesión actual de los accionantes. En definitiva, en función de los argumentos planteados, consideran que la parte actora carece de legitimación en la actualidad para cuestionar el mecanismo empleado por la demandada para llenar las vacantes. IV) Por su parte, el Sr. Ministro, Dr. William Corujo y este redactor entienden que, si bien es cierto que las disposiciones impugnadas no refieren al cese concreto de las Encargaturas asignadas a los actores , el alcance de los actos en proceso comprende la situación subjetiva de los reclamantes. En efecto, por aplicación del Decreto, y particularmente por disposición de la Resolución del Poder Ejecutivo de 2 de julio de 2018, asunto Nº 1892, se llamó a concurso para proveer las funciones asignadas a los actores en régimen de Encargatura, las que a dichos efectos se consideran vacantes. Obviamente, en algún momento recaerá un acto que disponga el cese, pero igualmente se considera, que al entender ahora vacantes tales posiciones abriendo el concurso (al que los actores también deberán presentarse si aspiran a seguir en funciones), les provoca una lesión en su interés, en forma directa y personal. Así las cosas, y sin dejar de reconocer que el punto puede resultar opinable, se está en condiciones de examinar el fondo del asunto. En primer lugar, no ha sido controvertida la posición de los accionantes en cuanto titulares de Encargaturas de funciones en Departamentos o Secciones, en las áreas objeto de regulación. El detalle de puestos, resolución y fecha de la encargatura luce en la contestación de la demanda y en la prueba aportada. Resulta medular señalar que dichas asignaciones de funciones fueron todas de forma interina , y sin que mediara concurso , sino mediante designación directa. Con relación al primer agravio , no se observa que el Decreto o la Resolución del Poder Ejecutivo de 2 de julio de 2018, que convocó al concurso resulten actos ilegítimos. Los actores son titulares de asignaciones interinas , que como es sabido, consiste en un vínculo dotado de las notas de inestabilidad, precariedad y provisoriedad , otorgando únicamente el derecho a percibir los haberes correspondientes a las funciones que se asignan al funcionario, pero que no genera un derecho al cargo, sino una mera expectativa (sentencias No. 275/2009, 460/2009, 682/2011, 76/2014, 795/2017, 622/2018, 156/2019, 581/2019, 580/2020 y 87/2021, entre otras). Como destacaba Cassinelli Muñoz, los principios de continuidad de la gestión administrativa y responsabilidad del jerarca , habilitan a reconocerles la potestad de encargar provisionalmente el desempeño de funciones, mientras se realizan los trámites necesarios para la provisión ordinaria -o aún interina- de un cargo (Cf. Horacio Cassinelli Muñoz, en “Cesación del funcionario interino” , Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración No. 74, p. 124; y en “Derecho Constitucional y Administrativo”, La Ley Uruguay, Montevideo, 2010, p. 1337) ( sentencias No. 682/2011, 280/2013, 655/2014, 438/2015, 341/2016, 795/2017, 622/2018, 156/2019, 581/2019, 580/2020, entre otras). Dichas Encargaturas fueron dispuestas al amparo del Decreto Nº 166/2005, en forma directa. Sobrevenida la Ley No. 18.719, cuya aplicación se vio reafirmada por el Estatuto del Funcionario, Ley No. 19.121 (artículo 102 literal b), se estatuyó para la Administración la obligación de proveer las Encargaturas por concurso , cuestión que el Decreto impugnado viene a reglamentar. En efecto, el artículo 291 de la Ley No. 18.719, en la redacción vigente a la fecha del Decreto impugnado (Ley No. 19.535, artículo 9), estableció lo siguiente: “Las funciones de Encargados de Departamento y de Sección de la Dirección General Impositiva deberán ser provistos mediante concursos de oposición y méritos entre los funcionarios pertenecientes a dicho Organismo , salvo las funciones de Encargados de las Asesorías , Departamento Apoyo Técnico - Administrativo y Sección Apoyo Administrativo del Departamento Apoyo Técnico - Administrativo de la Dirección General, el Auditor Interno , Adjuntos a los Directores de División y el Subdirector General de Rentas” (la negrilla y el subrayado no pertenecen al texto original). Por lo tanto, los actos impugnados no hacen sino ejecutar la norma legal. La parte actora, esgrime que se modificaron las condiciones que el ordenamiento jurídico imponía para el cese de las Encargaturas, entendiendo que la solución legal del citado artículo 291 de la Ley se aplica en forma retroactiva e improcedente. Desde su perspectiva, la exigencia de concurso solo rige para proveer aquellas funciones que se encuentren efectivamente vacantes o queden vacantes cuando los funcionarios asignados cesen en las Encargaturas, tras cumplir con los condicionamientos que exige para ello el ordenamiento jurídico (resultado desfavorable en la evaluación de desempeño correspondiente). Fundamenta dicho aserto en que el artículo 291 en cuestión resultó modificado, siendo suprimida la “disposición en contrario” que habilitaba su proyección retroactiva. Al respecto, debe de señalarse que la redacción original del artículo 291 de la Ley 18.719 establecía, en un segundo inciso, lo siguiente: “A partir de la vigencia de la presente ley, los Encargados de Departamento y de Sección, continuarán desempeñando las funciones que les fueron encomendadas, hasta la provisión efectuada mediante los concursos referidos en el inciso primero .” (la negrilla y el subrayado no pertenecen al texto original). De esta manera, interpreta que, bajo la vigencia de aquella disposición, la exigencia de concurso se requería para quienes ya eran Encargados y este precepto dejó de ser requerido al suprimirse dicha referencia por las Leyes siguientes (Leyes Nos. 19355 y 19535). No se comparte la lectura que realiza la actora. Ya había sostenido el Tribunal y resulta ilustrador para esta circunstancia que: “A juicio de la Sala, es de recibo la posición del demandado, en cuanto consigna que el artículo 291 de la ley 18.719 se está refiriendo a aquellos funcionarios que, al momento de su entrada en vigencia: “…A partir de la vigencia de la presente ley…”, se encontraban en la situación jurídica que la norma describe, esto es, como: “….Encargados de Departamento y de Sección….”, razón por la que, “…continuarán desempeñando las funciones que les fueron encomendadas….”. Es decir, el universo subjetivo al que se dirige el inciso en cuestión es aquél constituido por los funcionarios que, al entrar en vigencia la ley, ocupaban funciones asignadas mediante designación directa como Encargados de Departamento y Sección. Si se analiza el texto del artículo 291 se advierte que , e l primer inciso, establece la forma cómo se proveerán los cargos de Encargados de Departamento y Sección, esto es, por concurso de oposición y méritos. Este inciso primero también establece excepciones a la forma de proveer determinadas encargaturas, las que relaciona, las que, a su vez, se proveerán en la forma prevista en el inciso segundo del artículo 291, esto es, por designación directa. El inciso 3º, a su vez, determina o establece la solución transitoria , luego de la entrada en vigencia de ley 18.719, respecto de aquellos cargos que, según el inciso 1º , deben ser provisto por concurso y mientras éste no se celebre , los actuales Encargados: “…continuarán desempeñando las funciones que les fueron encomendadas...”. A juicio del Colegiado , el propósito de la norma no es otro que evitar el colapso en el funcionamiento del servicio , determinado por el cese simultáneo de las encargaturas por imperio de lo dispuesto en el inciso 1º, cuando se verificara la entrada en vigencia de la ley. El designio legislativo fue el mantenimiento del statu quo en el entretanto, es decir, mientras se implementan de las medidas correspondientes para alcanzar el objetico fijado en el inciso 1º. Media una suerte de ultractividad del régimen anterior de designación para tales cargos ; y tan son las cosas de esta manera que, en el caso del actor, vigente ya la ley 18.719, su designación para ocupar la encargatura del caso se realizó por designación directa. El artículo 135 de la ley 18.834 no modificó la situación a que hace referencia el inciso 3º del artículo 291 , sino que su propósito fue introducir modificaciones acerca del elenco de funcionarios que podían ser designados para aquellas funciones que se excepcionaban en el inciso 1º: funciones de Encargados de las Asesorías, Departamento Apoyo Técnico - Administrativo y Sección Apoyo Administrativo del Departamento Apoyo Técnico - Administrativo de la Dirección General, el Auditor Interno y Adjuntos a los Directores de División y el Sub Director General de Rentas. En suma , la repetición de los textos legales respecto al punto en estudio, la redundancia legislativa que nada agrega a textos ya vigentes , fue analizada por la Sala, tal como señala la demandada en sentencia N.º 555 y 725 del año 2014: “…Como lo explican magistralmente (con más de cien años de diferencia), tanto GUIBOURG como VAZ FERREIRA, si partimos de la ficción de que el legislador es racional, razonamos diciendo: “bueno, por algo “el legislador”, puso a texto expreso que la Administración tributaria puede pedir información a terceros aún fuera del marco de una inspección. Es porque antes no podía”. Esta forma de razonar tiene como premisa implícita, que hay “un legislador”, “una voluntad”, que no puede reiterarse o contradecirse. Sin embargo, todos los días vemos que ello no es así. Hay disposiciones que se contradicen con otras anteriores; diríamos: “el legislador se contradice”. Y mucho más a menudo aún, vemos (constantes) redundancias. Sobre todo, en la legislación reciente, en la que muchas leyes contienen en sus primeros artículos verdaderas “declaraciones de derechos”. Se trata, por cierto, de redundancias en sentido lato...” (Cfme. Sent. 725/2014. Ver más ampliamente sentencias citadas). En suma, las normas en cuestión dicen relación con un universo de funcionarios en el que no se encuentra incluido el actor. Ahora bien, aunque esta postura no se comparta y se participe de la tesis del demandante en cuanto a que se encuentra comprendido en la previsión legal, de igual forma no se comparten sus conclusiones. En efecto. El accionante interpreta que la regla de derecho establece que los encargados “...continuarán desempeñando las funciones que les fueron encomendadas...hasta su provisión a realizarse mediante concurso de oposición y méritos ...” (fs. 54 de obrados). Esta interpretación que se postula , una suerte de inamovilidad temporal , colisiona con la naturaleza del instituto de asignación de funciones , el que se caracteriza por su esencial interinidad o provisoriedad, por revestir las notas inestabilidad, precariedad y provisoriedad; no otorgando derecho alguno al cargo, aunque sí a percibir, mientras dura, la diferencia de remuneración entre el cargo del funcionario y el cargo al que corresponden las funciones encargadas. Tampoco tal interpretación se condice con el mecanismo que la propia ley estableció para evaluar a los Encargados . En efecto, el artículo 298 de la ley 18.719 dispuso que: “…La permanencia en las funciones de Encargados estará sujeta a la evaluación de desempeño en la misma. El desempeño de los Encargados será evaluado por un Tribunal Asesor integrado por un representante de la Administración, un representante de los funcionarios y un tercer miembro electo en común acuerdo. Dicho Tribunal actuará sobre la base de un sistema de evaluación por competencias y cumplimiento de objetivos previamente establecidos. Deberá realizarse una evaluación anual, revocándose la Encargatura en forma automática en el caso de resultar inferior al 70% (setenta por ciento) del puntaje total a otorgar en la calificación. Sin perjuicio de lo anterior, al finalizar el primer año de desempeño en la función el Tribunal Asesor evaluará si el funcionario efectivamente reúne las competencias requeridas para el cumplimiento de la misma. Cada tres años se realizará una evaluación del trienio, que se hará promediando los puntajes anuales. En caso de resultar inferior al 80% (ochenta por ciento) del puntaje total se procederá a la revocación de la misma, salvo las excepciones que contemple la reglamentación. Dispuesto el cese en la función de Encargado, los funcionarios cesantes se reintegrarán al ejercicio de su cargo original…”. Tal como señala la demandada . “...desde el punto teleológico atendiendo a la finalidad de la disposición normativa...respondió al proceso de mejora de gestión y perfeccionamiento dentro de la Administración buscando que el personal más idóneo accediera a las funciones de mando...” (fs. 83 de autos). No resulta convincente postular una suerte de inamovilidad del encargado por designación directa y, por otro lado , que la misma ley imponga evaluaciones periódicas para quienes accedan a los mismos cargos por concurso, mecanismo querido por la ley para proveer aquéllos, y que su permanencia en los mismos esté sujeta al resultado de tales evaluaciones. En suma, a juicio de la Sala, los agravios del actor respecto a los aspectos tratados deben ser desestimados.” (sentencia No. 116/2019 ) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En estos términos, se comparte el razonamiento de marras, según el cual el artículo 291 de la Ley Nº 18.719 estableció la obligación de proveer por concurso aquellas Encargaturas que otrora fueran dispuestas en forma directa. Más la intención de la disposición original , que luego se suprimió, apuntaba a evitar que el cese fuera “automático” , persistiendo la Encargatura hasta tanto se realizara el concurso. Desde este punto de vista, la supresión del inciso en que se establecía que las Encargaturas ya designadas (antes de la vigencia de la Ley) continuarían hasta la provisión de éstas por concurso, no puede ser entendida -en una interpretación conteste con las características de precariedad de las Encargaturas- como una alusión a la vigencia de la exigencia de concurso ya no aplicable, sino para extender la exigencia -ya no importa la circunstancia temporal- a todo el elenco de asignaciones directas de funciones, previas o posteriores a la Ley. Así, el art. 298 de la Ley y su previsión de evaluaciones periódicas también aplicará a todas las Encargaturas. De modo que, la preceptividad de proveer por concurso las Encargaturas alcanza por igual a Encargaturas ya proveídas de forma directa (bajo la égida de otras disposiciones como lo fue el Decreto Nº 166/005), como a aquellas nuevas a proveerse luego de la vigencia de la Ley No. 18.719 y también sus modificativas. En esta línea, el Decreto impugnado y la también procesada resolución que convocó a concurso, no resultan ilegítimas, sino lo contrario. En lo que respecta al segundo agravio, relacionado con las bases de los concursos, se entiende de recibo la posición de la accionada cuando postula la legitimidad de los criterios de evaluación que en dichas bases se asientan. Al respecto, debe de repararse que el tenor de los agravios esgrimidos contra la Resolución del Poder Ejecutivo de 2 de julio de 2018, en el asunto Nº 1894, se centra en afirmar la ilegitimidad del puntaje conferido a la antigüedad y el límite de quince años para la consideración de esta. No así a otros aspectos de las bases o al manual de competencias y funciones. Sobre el particular, rige la potestad discrecional de la Administración, en la que no se le puede objetar, ni siquiera por irrazonable, la opción adoptada entre el elenco de muchas posibles e igualmente legítimas. Otorgar un puntaje determinado a la antigüedad, sin discriminar si ésta es en el ejercicio de las mismas funciones que se abren a concurso, se alinea con la máxima de inexistencia de derechos adquiridos. En el mismo sentido, va la opción de no conferir mayor peso a la antigüedad en el inciso que a otros méritos, en el puntaje global. Así, y en consonancia con el sistema previsto por el legislador, la Administración procura seleccionar a los más aptos mediante el procedimiento del concurso de oposición y de méritos, sin premiar a quienes ya se desempeñaron bajo otras modalidades (como la designación directa), en las funciones encargadas. En virtud de las razones expresadas ut supra , el Sr. Ministro, Dr. William Corujo y este redactor, estiman que no le asiste razón a la parte actora en su intento anulatorio. Sin perjuicio de ello, cabe consignar que la mayoría compuesta por los Sres. Ministros, Dres. Selva Klett, Luis Simón y Nilza Salvo, igualmente consideran que, a partir de un análisis del fondo del asunto, procede desestimar la demanda , máxime si se tiene presente la situación estatutaria de la encargatura o asignación de funciones. Asimismo, destacan que el artículo 291 de la Ley No. 18.719 alcanza tanto a las Encargaturas proveídas en forma directa como por concurso y agregan que las pautas de valoración de la antigüedad carecen de las notas de arbitrariedad o irrazonabilidad, no implicando ningún tipo de decisión discriminatoria o carente de justificación. V) En definitiva, sea que se sostenga la ilesividad, la falta de legitimación activa , o la ausencia de ilegitimidad de los actos impugnados, los diversos argumentos planteados determinan que deba desestimarse la presente demanda de nulidad. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución de la República, FALLA : Desestímase la demanda anulatoria entablada, s in sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).