Sentencia Definitiva N° 389/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 31 de agosto de 2021. No. 389 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados : “MELONI ESCOBAR, AURORA con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha Nº 375/2019). RESULTANDO : I) Con fecha 20 de junio de 2019, a fs. 4, compareció AURORA MELONI ESCOBAR pretendiendo la anulación de la Resolución Nº DP 129/2018 de fecha 6 de setiembre de 2019, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social (BPS). Resolución que denegó la solicitud de jubilación Nº166749099, por no cumplir con los extremos exigidos para la causal Jubilación Común de Acto 9 por el art. 35, inc. A del Acto Institucional Nº 9 y Jubilación Común de Transición por el art. 67 de la Ley Nº16.713. Expresó que en el año 2015 inició ante el BPS (expediente APIA 2015-28-1-036075) una solicitud de jubilación denunciando los siguientes servicios: A) Daniel Banfi y Aurora Meloni (Sociedad de Hecho, período 01/05/1969 – 31/12/1972). B) Ley Nº 18.083 (computo ficto) perí odo 09/02/1973 – 28/02/1985. C) Meloni Escobar Aurora (Empresa Unipersonal), período 02/03/1985 -31/12/1990. Sostuvo que el BPS le deniega el acceso a la jubilación pretendida alegando que previamente debe cancelar la deuda que mantiene con el organismo por aportes a la seguridad social derivados de su actividad particular en la empresa unipe rsonal Meloni Aurora por el perí odo 02/03/1985- 31/12/1990. Afirmó que tal decisión es ilegítima, contraria a la regla de derecho, debido a que el organismo previsional no considera el período desempeñado en la empresa unipersonal, que fuera aprobado y reconocido por el organismo. Señaló que los adeudos pretendidos por el BPS prescribieron. Que según el art. 38 del Código Tributario, el t érmino de prescripción es de 10 años, considerando que la actividad fue acreditada hasta el año 1990, por lo que la acción del ente demandado para perseguir el cobro de los tributos venció indefectiblemente en diciembre del año 2000. Puntualizó que de ac uerdo con lo estipulado en el art. 152 de la Ley Nº 16.713, corresponde al BPS declarar de oficio la prescripción. Lo que omitió, además de pretender el cobro de un crédito que se extinguió por el medio prescripción. En definitiva, pretende se anule el a cto administrativo objeto de esta acción, declarando prescripta la deuda tributaria que le pudiera eventualmente corresponder, incluyendo en su historia laboral los servicios prestados como empresa unipersonal por el periodo 02/03/1985 – 31/12/1990 a efect os de poder acceder a la jubilación que por derecho le corresponde. II) Por Decreto Nº 6104/2019 de fecha 27 de agosto de 2019, se tuvo por iniciada la acción de nulidad y se dispuso el traslado de la demanda al BPS (fs. 14). III) Con fecha 17 de se tiembre de 2019, compareció Rodolfo Píriz Chiola en representación del BPS a solicitar prórroga para contestar demanda (fs. 19). Con fecha 4 de octubre de 2019, comparece a contestar demanda (fs. 22). Expuso que la titular se presentó ante el organismo pr evisional el día 12 de setiembre de 2014, solicitando el reconocimiento de servicios al amparo del art. 2 de la Ley Nº 18.033, el que le fue otorgado (fs. 48 del expediente 201-28-1-108796). Que se le informó que deberá contar con 60 años de edad y probar 10 años de servicios independientes del cómputo ficto otorgado, a efectos de acceder a la jubilación especial prevista por el art. 8 de la Ley No. 18.033. El día 09 de abril de 2015 la Sra. Meloni denuncia servicios como “feriante” por los perí odos 01/05 /1969 a 31/12/1972 y 02/03/1985 a 31/12/1990, siendo un total de 9 años, 5 meses y 29 días, con lo que probando y computando la totalidad de esos años, de todas formas, no configuraría la causal jubilatoria especial pretendida. Afirmó que la compareciente confunde el instituto de la prescripción del art. 38 del Código Tributario con la exigencia de la cotización efectiva para el cómputo de los servicios. Argumentó que dichos regímenes no coliden, sino que se complementan. Una vez declarada la prescripción no puede perseguirse el cobro de los adeudos. No obstante, en caso de pretender computarse los servicios por los cuales no se cotizó, las normas a aplicar son la Ley No. 9.999 (art. 12), Ley Nº 11.237 (art. 1), Ley Nº 15.840 (art. 10), Ley Nº 16.713 (arts. 77 y 86) y Ley Nº 17.963 (art. 13). Disposiciones que requieren la cotización o aportación como condición de computabilidad de los servicios, lo que consiste en el pago de la cuota o suma dineraria que los contribuyen tes deben a la Seguridad Social , com o producto de la relación jurídica tributaria impuesta por el carácter contributivo del sistema. Por lo que la prescripción no sería un medio admisible a tales efectos. Mientras que, en el caso de los servicios cumplidos por la titular, la “aportación regular” se asocia con el 30% de la deuda o el 50% del período de servicios que se aprecian. Señaló que posteriormente se aprobó la Ley Nº 19.185, que eliminó cualquier duda respecto de la interpretación del marco normativo señalado. Por último, indicó que puede soslayarse el hecho de que la parte actora procedió a reconocer en vía administrativa la existencia de los adeudos que se le imputan, lo que configura una renuncia expresa a la prescripción consumada. IV) Por Decreto Nº 7560/2019, se abrió el ju icio a prueba (fs. 30). Se produjo la que obra certificada de fs. 32 a fs. 35. V) Alegaron las partes por su orden, la actora lo hizo a fs. 39 y ss., la demandada a fs. 46 y ss. VI) Por Decreto Nº 2886/2020 (fs. 50), se confirió vista de las actuacio nes al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien produjo el Dictamen Nº 342/2020, aconsejando el amparo de la acción impetrada (fs. 51-52). CONSIDERANDO : I) Que en el proceso se han acreditado los extremos legales requeridos por la normativa vigente (arts. 4 y 9 de la Ley Nº 15.869), para el correcto accionamiento de nulidad. II) En autos se procesa la demanda anulatoria contra la Resolución Nº DP 129/2018 de fecha 6 de setiembre de 2018, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del BPS, mediante la cual se deniega la solicitud de jubilación Nº 166749099, por no cumplir con los extremos exigidos por la causal Jubilación Común de Acto 9 por el art. 35, inc. A del Acto Institucional Nº 9 y Jubilación Común de Transición por el art. 67 de la Ley No. 16.713. Reconociendo como probados los servicios en empresas que detalla: DANIEL BANFI Y AURORA MELONI (01/05/1969 – 31/12/1972), LEY No. 18.033 (09/02/1973 – 28/02/1985) y MELONI ESCOBAR AURORA EMILIA (02/03/198 5-31/12/1990). Computando un total de 14 años y 22 días de servicios (fs. 146 vto. de los A.A.) III) Resolución que le fue notificado a la actora el día 21 de setiembre de 2018 (fs. 145 vto.-147 A.A.), quien interpuso los recursos administrativos de rev ocación y jerárquico en subsidio, con fecha 1º de octubre de 2018 (fs. 147 vto.-148 A.A.). IV) El agotamiento ficto de la vía administrativa se configuró el día 26 de abril de 2019. V) La demanda de nulidad se interpuso en tiempo y forma el día 20 de junio de 2019 (según surge de nota de cargo de fs. 4). VI) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes y compartiendo el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, dispondrá la anulación del acto, por los fundamentos q ue se habrán de explicitar. En primer lugar, ingresando en las actuaciones administrativas, surge que la Sra. Aurora Meloni solicitó ampararse al régimen de la Ley Nº 18.033 (fs. 2 A.A.). Trá mite que culminó con resolución de fecha 3 de setiembre de 2014, dictada por la Comisión Especial de la Ley Nº 18.033, declarando amparada en las previsiones del art. 2 de la ley mencionada a la Sra. Aurora Meloni por el perí odo comprendido entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985 (fs. 45 A.A.). Lo que se traduce en un total de 12 años, 22 días conforme surge de planilla elaborada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del BPS (fs. 48 vto. A.A.). A continuación, en informe de fecha 12/09/2014, el BPS indica “Corresponde citar a la titular, a fin de i nformarle del reconocimiento de servicios efectuado, al amparo del art. 2 de la Ley No. 18.033 aprobado por la Comisión Especial Asesora. Asimismo se deberá comunicar que, contando con 60 años de edad y 10 años de servicios probados en BPS, independientes a los otorgados por la Comisión, podrá acceder a una jubilación especial a la que ampara el art. 8vo. de la mencionada Ley ” (el resaltado y subrayado no pertenecen al original -fs.49 vto.-) En similar sentido, en informe de fecha 07/09/2016 se indica: “Esta titular no hace causal para la ley 18033 (Jubilación Especial) hasta que no logre probar servicios. Los que intentó probar le fueron denegados. Y de esto debe notificarse al apoderado. El amparo a la ley 18033 es solo a efectos jubilatorios, ya que tie ne art.2 y posibilidad del 8 vo. , en el caso de probar 10 años de servicios, por fuera de los 12 que ya le dio la citada ley” (fs.100 A.A.). También, en informe de fecha 28/08/2018, se indicó: “Se remiten estos obrados a la sección Notificaciones a fin de notificar a la titular de que no configura causal jubilatoria por Ley 18.083 teniendo en cuenta el Articulo 8 de la presente ley” (el resaltado y subrayado no pertenecen al original -fs.144 vto. A.A.-). Ahora bien, continuando con el análisis de las ac tuaciones administrativas, surge que la compareciente denunció haber prestados servicios en la sociedad de hecho Daniel Banfi y Aurora Meloni (01/05/1969-31/12/1972) y en la unipersonal Meloni Escobar Aurora Emilia (02/03/1985 -31/12/1990), ofreciendo prueb a, la que se diligenció por el BPS (fs. 109 y ss. A.A.), quien tuvo por probados los servicios denunciados (fs. 116 y 117 vto. A.A.), los que fueron reconocidos por la Resolución que se impugna (fs. 146 vto. A.A.). No considerando los correspondientes a la empresa MELONI ESCOBAR AURORA EMILIA , perí odo 02/03/1985 a 31/12/1990, afirmando que se tenían adeudos sin cancelar. Así, en informe de fecha 04/09/2018 fue que manifestó: “…Se ratifica ISC NEGATIVO INGRESADO AL SISTEMA CON FECHA 16/8/2017, NO EXISTIÓ APORTACIÓN, NO ES POSIBLE EL INGRESO DE UN INFORME DEFINITIVO HASTA TANTO NO CANCELE LA DEUDA PENDIENTE…” (fs. 145 A.A.). El Tribunal, como ya ha sostenido en constante jurisprudencia, entiende que el fundamento en que se basa el BPS para no reconocer los servicios que la compareciente acreditó haber prestado en la empresa MELONI ESCOBAR por el período 02/03/1985 a l 31/12/1990, es ilegitimo. En efecto, en base a lo que disponen el art. 38 del Código Tributario y el art. 152 de la Ley Nº 16.713, operó la prescripción del crédito por contribuciones a la seguridad social pretendido por el organismo previsional. Como surge de las actuaciones, los adeudos corresponden al período 02/03/1985-31/12/1990, habiendo transcurrido ampliamente el plazo de prescripción del art. 38 del Código Tributario, no habiendo alegado ni probado la demandada ninguna causa de suspensión o interrupción del plazo de prescripción. Como lo sostuvo este Tribunal en Sentencia Nº 35/2021 : “ Cabe señalar que, si bien existen normas legales que, en aras de tutelar el crédito fiscal por aportes a la seguridad social, impiden el ingreso a los beneficios jubilatorios de aquellos trabajadores no dependientes que registren adeudos tributarios con el Ente previsional, dichas disposiciones -como lo ha señalado reiteradamente el Tribunal- no vuelven inaplicable el régimen general de prescripción tributaria, previsto en los artículos 38 y concordantes del Código Tributario. Para pretender el cobro de créditos el BPS debe tener un crédito exigible co ntra el interesado y, si el crédito que dice tener se encuentra extinguido por prescripción, entonces no lo tiene” (…) “El BPS condicionó ilegítimamente el otorgamiento de la prestación jubilatoria a la que tenía derecho el accionante a la regularización de los adeudos que mantiene con ATYR por sus aportes como trabajador independiente, los que se encontraban prescriptos. En efecto, la deuda generada por los respectivos aportes patronales no vertidos debe considerarse válidamente extinguida por modo prescripción de acuerdo con las reglas de principio preceptuadas en el artículo 38 del Código Tributario a la fecha del acto impugnado, y, por ende, no puede ser legítimamente reclamada por el Organismo demandado. Así pues, exigir la regularización de adeudos que se encuentran prescriptos a los efectos de proceder al otorgamiento de un beneficio jubilatorio, carece de fundamento legal e inficiona de nulidad los actos que se dicten en tal sentido, como sucede con el encausado”. Asimismo, respecto al argumento de la parte demandada, de que en el caso resulta aplicable el art. 4º de la Ley Nº 19.185 que establece: “A los efectos del registro de servicios y asignaciones computables previsto en el literal B) del artículo 86 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre d e 1995, y en el artículo 13 de la Ley N° 17.963, de 19 de mayo de 2006, declárase que la cotización efectiva, la cancelación de adeudos o la aportación regular no comprenden a la prescripción prevista en el artículo 38 del Código Tributario”. El Tribunal y a se ha pronunciado reiteradamente respecto de la eficacia temporal de dicha solución normativa, no existiendo elementos que permitan cambiar su posición. Así, en Sentencia Nº 332/2017 se indicó: “En esta instancia, a juicio de la Sede, cabe puntualizar que, por aplicación del art. 8 del Código Tributario, el art. 4 de la Ley 19.185 al tratarse de una ley material -pues niega valor cancelatorio y su consiguiente inoponibilidad a efectos jubilatorios por parte del administrado -, se aplica a los hechos generadores ocurridos a partir de su vigencia . Razón por la cual, no resulta posible aplicar el art. 4 de la Ley 19.185 respecto de hechos generadores de contribuciones especiales de seguridad social que se verificaron en el interregno comprendido entre el 1/2 /1977 y el 31/12/1995” (en similar sentido, sentencias Nos. 518/2017, 129/2018 y 562/2020). Argumentos que resultan aplicables al caso, ya que los adeudos por contribuciones especiales a la seguridad social pretendidos por el BPS se generaron en el perí odo comprendido entre el 02/03/1985 y 31/12/1990, crédito que como se indicó prescribió, por lo que corresponde el computo de dicho período a los efectos jubilatorios. V) En otro orden, también corresponde señalar que, en el caso, la parte actora como agr avios se limitó a señalar la prescripción de los adeudos tributarios correspondientes al período 02/03/1985-31/12/1990 y su có mputo a los efectos jubilatorios. Agravios que son acogidos, sin embargo, ello no determina necesariamente el acceso a la pasivida d pretendida, ya que, el sistema previsional se encuentra compuesto por distintos regímenes. Así, en la Resolución que se impugna se hace referencia a la denegación de las causales de Jubilación Común del art. 35, inc. A del Acto Institucional Nº 9 y de la Jubilación Común de transición del art. 67 de la Ley Nº 16.713, mientras que de las actuaciones, según se mencionó en considerandos anteriores, también surge que el BPS entendió que tampoco se configuraron los requisitos para acceder a la jubilación especial prevista por el art. 8 de la Ley Nº 18.033. Regímenes que establecen causales y requisitos específicos (no solo años de servicios reconocidos) que deberán cumplirse por el interesado para acceder a la pasividad que pretenda. Por los fundamentos expuestos, los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República y, compartiendo lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal por unanimidad, FALLA : Ampárase la demanda y, en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales del abogado de la parte actora en la suma de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dr. Simón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).