Sentencia Sentencia N° 386/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 31 de agosto de 2021. No. 386 VISTOS: Para resolución estos autos caratulados : “EGEDA URUGUAY con ESTADO. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. Suspensión de ejecución ” (Ficha No. 498/2020 ), pieza separada del expediente de Acción de Nulidad (Ficha No. 188/2020). RESULTANDO : I) El 1 de junio de 2020 comparecieron en el expediente principal el Dr. Gustavo Fischer y la Dra. Mercedes Castells, en representación de la Entidad de Gestión de Derechos de lo s Productores Audiovisuales Uruguay (en adelante EGEDA Uruguay) a promover demanda anulatoria y suspensión de ejecución de la Resolución del Consejo de Derechos de Autor de fecha 3 de junio de 2019, en el expediente 2018 -11-0001-2378, en virtud de la cual se aprueba: “el informe del consejero Dr. José Antonio Villamil de fecha 3 de junio de 2019 (erróneamente consignado en la Resolución como de fecha 16 de mayo de 2019), que forma parte de la presente Resolución, haciendo el Consejo de Derechos de Autor suy as las conclusiones que surgen del mismo, referente a las observaciones realizadas a EGEDA Uruguay por la Resolución No. 0314/2018 de 9 de abril de 2018 del Ministerio de Educación y Cultura”, y se resuelve, “(…) Otorgar un plazo de 180 días a los efectos que EGEDA Uruguay adecue su actuación de acuerdo con las conclusiones del informe aprobado en el Resuelve 1) (…)”(fs. 21 y ss.). Conjuntamente con la demanda, en el capítulo V) de su libelo (fs. 48 vto. y ss.) solicitaron suspensión de la ejecución del acto. Por un lado, se expresó , en breve síntesis, que la ejecución de la resolución ha irrogado y continúa irrogando, daños mayores a los que podría causar al propio Estado, Ministerio de Educación y Cultura. La actora sostiene que la ejecución del acto administrativo de marras: “(…) ha provocado desorientación entre usuarios obligados al pago, titulares de licencia y la opinión pública en cuanto a la procedencia del pago de derechos por los actos de comunicación pública que vienen realizando; dando lugar a exhortaciones bien de no pago, bien de cesar en el cumplimiento de licencias otorgadas, aduciendo estar amparadas por la Resolución del CDA y las consideraciones que el CDA formula en la misma. Ello se suma al daño ya ocasionado por el proceso de Auditorí a con las irregularidades y duración razonable ya anotada. Con la consecuente pérdida de licencias y entorpecimiento de la actividad de gestión colectiva de la Entidad” (fs. 50). Por otro, se alegó que en este caso: “ la ilegitimidad manifiesta surge en forma patente de la mera apreciación de la Resolución del CDA en la Parte que Causa Agravio, sin necesidad de bucear ni escudriñar más allá de la misma (…)” ; “La resolución del CDA viola no uno, sino toda una serie de principios fundamentales -tanto formales como sustantivos - que son los que hemos enunciado en esta comparecencia” (fs. 54 vuelto). Se invocó vulneración de principios de Juridicidad, Separación de Poderes, Ejercicio de la función Jurisdiccional, Acceso a la Justicia, entre otros. En virtud de l o anterior, se solicitó la suspensión de la ejecución del acto impugnado. Conferido el correspondiente traslado, compareció -en representación del Ministerio de Educación y Cultura - la Dra. Valeria Martínez Hagopian, quien se opuso al accionamiento (fs. 64 y ss.). En lo medular, adujo que la medida de suspensión impetrada no puede prosperar, ya que no se acreditó daño causado por el acto administrativo, ni verificación de la causal de la Teoría del Balance (fs. 116). Añade que la verificación de la caus al de ilegitimidad manifiesta tampoco se encuentra acreditada, debido a que para que prospere, debe ser patente, inobjetable, considerando que su representada actuó en el marco de las facultades de fiscalización y vigilancia que la Ley de Derechos de Autor puso a su cargo (fs. 72 y ss.). Además, arguye que el acto cuestionado no cumple la nota de definitividad exigida por el artículo 309 de la Constitución de la República, por lo que no sería procesable. Y remata diciendo: “(…) Suspender los efectos de ta les observaciones en el ámbito judicial, implicaría dejar sin efecto tales requerimientos, en clara contravención a la competencia que el legislador nacional otorgó a mi mandante; no siendo éste el objetivo del proceso incidental de suspensión del acto” (fs. 73 vuelto). En suma, aboga por el rechazo de la suspensión de ejecución del acto parcialmente impugnado. III) Se abrió el incidente a prueba por Decreto 6315/2020 (fs. 78) diligenciándose la que luce certificada a fs. 96; alegaron las partes por su orden, haciéndolo la parte actora de fs. 99 a 109 y la demandada de fs. 112 a 117. IV) Fue oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 314/2021, fs. 120 y vto.) quien aconsejó rechazar la suspensión impetrada. CONSIDERANDO : I) Que esta Corporación, en concordancia con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, considera que no se verifican en autos los requerimientos exigidos por el artículo 2 de la Ley No. 15 .869, a los que corresponde sujetarse a los efectos del otorgamiento del beneficio solicitado. II) Resulta claro que, por un lado, aquella parte del acto en cuestión que dispensa un plazo de 180 días para adecuar su actuación de acuerdo con las conclus iones del informe citado, no resulta pasible de suspensión, por cuanto el referido plazo ya ha transcurrido, por lo que actualmente no puede ya ocasionar ningún daño. Sobre la aprobación de las observaciones formuladas , esto es , el informe realizado por el Consejero Dr. José Antonio Villamil, cabe decir, como ha sostenido esta Sala en diversas oportunidades: “(…) la suspensión de la ejecución del acto administrativo es un instituto de amparo de carácter preventivo, contra la actuación arbitraria o antiju rídica de la Administración y es una excepción al principio según el cual los recursos y acciones no suspenden la eficacia de tales actos. Dada la naturaleza de instituto de excepción, el legislador lo disciplinó como potestad del T.C.A. siempre que el a cto impugnado sea susceptible de causar un perjuicio en las condiciones prevenidas por la norma. En tal sentido, esta medida especial puede ser decretada cuando, a juicio del Tribunal, la ejecución del acto impugnado sea susceptible de irrogar a la parte actora daños graves o de difícil reparación, cuyo alcance y entidad superen los que la suspensión pudiere ocasionar a la organización y funcionamiento del órgano involucrado” (sentencia No. 102/2016). Y, tal como indicó el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo a través del Dictamen No. 314/2021, las observaciones realizadas en el informe que forma parte de la resolución impugnada, ya han sido levantadas por sentencia No. 785/2019 en autos Ficha No. 26/2019, lo que reafirma la ejecución efectiva de la resolución en proceso. Por consiguiente, así como lo ha expresado reiteradamente la Corporación, no cabe considerar la suspensión de actos cumplidos, sino eventualmente su anulación, lo que corresponde a la sentencia definitiva. (Cf. Sent encias Nos. 123/06, 598/07,508/09, 604/09, 1023/10, 181/11, 440/11, 127/2014, 527/2019, 642/2019, entre otras). Por lo expuesto y dispuesto por el artículo 2 de la Ley No. 15.869, el Tribunal, RESUELVE: No hacer lugar a la solicitud de suspens ión del acto administrativo impugnado, con costas de precepto de cargo de la perdidosa sin especial condena en costos. Agréguense a los principales. Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón (r.). Dr. Marquisio (Sec. Letrado).