Tribunal de lo Contencioso Administrativo · Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Sentencia Sentencia N° 385/2021
31 de agosto de 2021
- Ficha (IUE)
- 613/2020
- Procedimiento
- Acción de nulidad
- Materia
- Derecho administrativo
- Resultado (estimado)
- Confirma en parte
- Fallo: otro
Texto de la sentencia
DECRETERO DE SENTENCIAS
//tevideo, 31 de agosto de 2021 No. 385
VISTOS:
Para resolución estos autos caratulados: “BENSICH GONZALEZ, NORA Y OTROS con PODER EJECUTIVO. Acción de Nulidad” (Ficha Nº 613/2020).
RESULTANDO:
I) Los accionantes dedujeron pretensión anulatoria contra el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 60 de fecha 14 de febrero de 2020, que amplió el Área Natural Protegida “Quebrada de los Cuervos”
II) Abierto el juicio a prueba por decreto Nº 372/2021 (fs. 120), el 3 de marzo de 2021se presentó la parte actora (fs. 1 a 5 de Carpeta de Prueba Actora), ofreciendo los siguientes medios probatorios:
a.- Intimación a la demandada para que agregara diversos antecedentes;
b.- Oficios al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Ministerio de Ambiente, Congreso de Intendentes, Federación Rural, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Dirección Nacional de Minería y Geología, Junta Departamental de Treinta y Tres, Asociación Rural del Uruguay, Dirección Nacional de Catastro; c.- Testigos;
d.- Documentos.
Por auto Nº 1437/2021 de 12 de marzo de 2021 se dispuso su diligenciamiento, con citación de las partes (fs. 7 ibídem).
III) El 14 de junio de 2021 (fs. 9 ib.) se presentó la parte demandada a deducir oposición contra algunos de los medios de prueba admitidos.
En primer lugar, señaló que: “En el numeral 7º del literal “B” de su escrito, la parte actora solicitó se oficie a la Junta Departamental de Treinta y Tres, a los efectos que informe si los padrones de propiedad de los accionantes “(…) tienen prohibición de (realizar) alguna actividad productiva (…) y en su caso el alcance de la prohibición; de conformidad con el Decreto Departamental Nº 7/013 por el que se aprueban las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenibles del departamento de Treinta y Tres ”, así como que “Remita copia del Decreto Departamental Nº 7/013 y sus modificativas (…)”, y que se oponía “ en tanto la actora pretende incluir en el objeto de la prueba normas jurídicas, lo cual resulta manifiestamente impertinente, inconducente e innecesario”.
En segundo término, se opuso a la declaración de los testigos Ingenieros Agrónomos Juan José Fossati y Nelson Ledesma, e Ingeniero Miguel Curbelo, porque el objeto de sus declaraciones involucraba en forma genérica a los inmuebles rurales que integraban el área protegida, sin hacer referencia concreta a ninguno de los predios de los accionantes, y porque los planteos sobre el valor de los inmuebles excedían claramente el ámbito del presente proceso jurisdiccional. También consideró que dichas declaraciones eran manifiestamente impertinentes, en tanto se pretendía incorporar a la prueba del presente proceso la declaración de técnicos que habían sido elegidos unilateralmente por la actora, vulnerándose claramente la imparcialidad que debía caracterizar a los medios de prueba para ser considerados idóneos, y que –además- iban a expedirse sobre una serie de aspectos que debían ser analizados en una pericia elaborada por un experto con especialización en la materia.
IV) De la oposición se dio traslado a la parte actora (decreto N° 2481/2021, fs. 13 ib.) que lo evacuó el 19 de julio de 2021 (fs.
18 ib.) solicitando su rechazo.
V) Por providencia N° 3228/2021 (fs. 21 ib.) se pusieron los autos para resolución, la que se acordó en legal y oportuna forma.
CONSIDERANDO:
I) El Tribunal hará lugar parcialmente a la oposición deducida, por los argumentos que a continuación se explicitarán.
II) En lo que respecta a la solicitud de remisión de copia del Decreto Departamental Nº 7/013 y sus modificativas, corresponde revalidar la posición del Cuerpo en el sentido que “la agregación de testimonio de sentencias, dictámenes, consultas doctrinarias, de material normativo, etc., no pueden considerarse de otra forma que refuerzo o complementación de la fundamentación jurídica (Cfe. Revista Uruguaya de Derecho Procesal, No. 3, año 1988, caso 483)” (Cfe. Sentencias Nos.
303/93, 938/99, 242/00, 718/06, 59/2012, 544/2013 433/2015; entre otras).
En función de ello y como la norma de derecho no constituye un medio probatorio, corresponde rechazar su diligenciamiento.
III) A distinta conclusión se llega en lo relativo a la prueba testimonial cuestionada, a cuyo respecto se desestimará la oposición deducida.
En primer término, se debe tener presente que los citados profesionales fueron propuestos como testigos. De modo que sus declaraciones serán oportunamente valoradas como prueba testimonial y no como pericia, y será también en ese momento que se apreciará su imparcialidad y/o su idoneidad.
En segundo lugar, se estima que el objeto de su declaración -que incluye la alusión genérica a los padrones que comprende el decreto impugnado- no extralimita el objeto de análisis del presente, que involucra el alcance de dicho decreto, independientemente de la valoración que se realice en la etapa correspondiente.
IV) Finalmente, viene al caso recordar que la Sede ha recalcado en múltiples pronunciamientos que rige el principio de libertad de la prueba, que se manifiesta, por ejemplo, en el derecho de las partes a desplegar todas sus fuerzas probatorias con el fin de aportar elementos a la causa que permitan acreditar sus dichos, por lo que la Corporación ha de ser cautelosa a la hora de rechazar los medios probatorios propuestos (Cf.
KLETT, Selva y colaboradores, “Principios de la prueba” en R.U.D.P.
1/2000). (Cf. Sentencias Nos. 805/2012 332/2013, 410/2013, 141/2014, 649/2016, 727/2027, entre muchas otras).
Por los fundamentos expuestos, el Tribunal,
RESUELVE :
Hacer lugar parcialmente a la oposición deducida por la parte demandada y, en su mérito, rechazar el diligenciamiento de la prueba por oficios solicitada por la actora en lo que refiere a la remisión del Decreto Departamental Nº 7/013, sin sanción procesal específica.
Dra. Salvo (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo.
Dr. Marquisio (Sec. Letrado)
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).