Sentencia Definitiva N° 382/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 31 de agosto de 2021. No. 382 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “GARGANO, JUAN JOSÉ con INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO. Acción de Nulidad” (Ficha No. 458/2018). RESULTANDO : I) El actor dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución No. 5610/17, de 12 de diciembre de 2017, mediante la cual el Intendente de Montevideo dispuso “1º.-Prorrogar, a partir del 1º de diciembre de 2017 y hasta el 30 de junio de 20 18, la asignación de las tareas y responsabilidades de los puestos que a continuación se detallan a los/las siguientes funcionarios/as del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente (…)” (fs. 6, en carpeta verde de 38 fojas, A.A.) (la negrilla no está en el original). En su demanda, se agravió específicamente contra la asignación de funciones de “Directo Especializado en la Jefatura de Administración de Sistemas al funcionario don Ramón DECIA” (fs. 2, infolios) (la negrilla no está en el original). En necesaria síntesis, identificó como “aspectos cruciales” los siguientes agravios: i) Al emitirse la Resolución encausada, el funcionario designado era titular de un cargo Grado 14, Nivel de Carrera V y el compareciente de un cargo Grado 16, Nivel I II. En ese momento, el actor era el funcionario de mayor grado y antigüedad en el Sector Administración de Sistemas; ii) Si se hubiera decidido proveer la plaza cubierta mediante concurso, el actor estaba en condiciones de postulación y no el funcionario R amón Decia; iii) Con arreglo a lo establecido por el artículo 131 del Digesto Municipal, no puede asignarse la responsabilidad de marras a un agente con inferior jerarquía ; iv) A lo anterior, cabe añadir la paradigmática ausencia de motivación del decisorio procesado aquí. La Administración debió explicar por qué prefería o seleccionaba a don Ramón Decia para ocupar dicha posición. Si bien se comparte con los Servicios Jurídicos de la Administración demandada que el acto impugnado no engendra una situaci ón definitiva, sino una precaria e inestable, ello no conmueve, ni un milímetro la exigencia republicana que todo cuanto decide el administrador de un Estado de Derecho debe hacerse dentro de los carriles de la fundamentación extendida. El comparecient e no tiene, por cierto, un derecho subjetivo a desempeñar esa posición superior, pero sí tiene una situación jurídica subjetiva digna de tutela jurisdiccional, de interés legítimo en que la Administración la cubra temporariamente con arreglo a las normas constitucionales y a su propio Digesto. Por consecuencia, la invocación que realizó el funcionario Gabriel Robaina pasado en punto a que “(…) las asignaciones de funciones (…) nunca contienen la motivación (…)” es, antes que todo, una grave auto- denuncia de ilegalidad permanente. La Administración no acompañó al decisorio los motivos de hecho y de Derecho que lo animaban y ello acarrea un triple efecto negativo porque: a) menoscaba el derecho de defensa de quien pretende demostrar su inconsistencia; b) desconoce un principio de buena administración ; y c) impide al Tribunal ejercer su ministerio constitucional de fiscalizador del accionar administrativo. En definitiva, solicitó la nulidad de la Resolución impugnada (fs. 2 a 6 vto.). II) Conferido el correspondiente traslado compareció -en representación de la Intendencia Departamental de Montevideo- la Dra. Soledad Dossetti, quien se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. En primer lugar, esgrimió como defensa la ausencia de legitimación activa del actor porque no se encuentra comprendido en la Resolución impugnada. La Resolución No. 5610, de 12 de diciembre de 2017, dispuso prórrogas de asignaciones de tareas y responsabilidades de otros funcionarios. Por lo tanto, lo s únicos funcionarios que podrían tener un derecho o interés legítimo vulnerado serían aquellos que, teniendo asignadas funciones en el período junio-noviembre 2017, no se las hubieran prorrogado. Notoriamente, no es el caso del actor. El Sr. Gargano tu vo entre mayo de 2010 y el 30 de junio de 2011, asignadas las funciones de Jefe de Administración de Sistemas. El actor no recurrió la Resolución que a partir del 1º de julio de 2011, le asignó dichas funciones a otro funcionario. El acto impugnado se li mitó a prorrogar asignaciones de otros funcionarios y como el demandante no tenía asignadas funciones en el semestre anterior, la Resolución no es hábil para lesionar derecho o interés directo alguno. En segundo término, argumentó la ilesividad del acto impugnado porque el acto creador de la situación jurídica lesiva fue la Resolución No. 1660/2015, de 14 de abril de 2015, que le asignó funciones correspondientes a la de Jefe de Administración de Sistemas al Ingeniero Ramón Decia. Las prórrogas son actos consecuenciales. El acto impugnado no es susceptible de irrogar perjuicio alguno al actor. En cuanto al fondo del asunto , sostuvo que en el Departamento de Desarrollo Sostenible la estructura del Escalafón Conducción es un área definida por la Administra ción Departamental como de funciones de contrato. No existen cargos presupuestales en esta. La asignación de tareas del funcionario Ramón Decia no corresponde a un cargo presupuestal, sino a una función de contrato. En consecuencia, las asignaciones de funciones y tareas son efectuadas al amparo de lo establecido en el literal b) del artículo 131.1 del Volumen III del Digesto Departamental. La asignación de las tareas y responsabilidades se hace en virtud de dicha norma y no del artículo 131 que cita el actor. La legitimidad del acto resistido debe apreciarse respecto del cumplimiento de las formas para concederla, es decir, la existencia de una evaluación favorable para su continuación. En el caso se verificaron los extremos necesarios para proceder a la prórroga de todas y cada una de las asignaciones de funciones de los contratos expresados en la Resolución. El funcionario Ramón Decia revista en la carrera de Ingeniero Informático. Por tanto, la asignación de funciones como Director Especializado d e la Dirección de Administración de Sistema s se revela como una decisión razonable. Además, es importante destacar que, a diferencia del Ingeniero Decia, el actor no tiene la función de contrato dentro de la carrera de ingeniero informático, sino la de analista informático, que es un título universitario intermedio. Se trata de carreras distintas y el diferente Nivel refiere a la antigüedad en la función, la cual no constituye un elemento decisivo para una designación que hace al ejercicio de facultades discrecionales. La decisión de la Administración se encuentra dentro del estándar de razonabilidad requerido, siendo el Ingeniero Decia un funcionario competente para la función. Por otra parte, debe señalarse que al tiempo de la asignación y de las sucesivas renovaciones, el Ingeniero Decia estaba habilitado para concursar por la función de contrato. En 2012 la Intendencia de Montevideo realizó un llamado a concurso para ocupar esa función definida para “función contrato”, el cual quedó desierto. A dicho concurso, se presentaron el actor y el Ingeniero Decia. Por tanto, no es cierto que este no pudiera postularse para ocupar la función de contrato a través de concurso. No se advierte que el acto impugnado de renovación sea ilegítimo porque el Depar tamento de Tecnología de la Información, al comunicar al Departamento de Gestión Humana que correspondía renovar la asignación de funciones, supone que la evaluación del funcionario se ha desempeñado satisfactoriamente y por tanto considera conveniente la renovación. La motivación se encuentra en la evaluación satisfactoria, no siendo necesario expresar otro motivo de los que se expresaron en la primera designación. Además, la regla de derecho del artículo D.131.1 del Digesto es motivo suficiente y adecua do para el dictado del acto impugnado, que prorroga la asignación de la función de contrato de Jefe de Administración de Sistemas del Ingeniero Decia. Como enseña Marienhoff, cuando la norma legal aplicable es suficientemente comprensiva, su mera refere ncia puede surtir efecto de motivación resultando así que la simple cita de la disposición valdría como motivación. En suma, abogó por el rechazo de la demanda incoada (fs. 13 a 19 vto.). III) Por D ecreto No. 7194/2018 (fs. 21) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 89. IV) Las partes alegaron por su orden (fs. 91 - 94 y fs. 97 - 100 vto., respectivamente). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante Dictamen No. 346/2020 (fs. 103 a 103 vto.) y aconsejó la anulación del acto. VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Señores Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 105). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal , corresponde relevar el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Resolución No. 5610/17, se emitió el 12 de diciembre de 2017 (fs. 6, A.A.) y según manifestaciones de la actora (fs. 2, infolios) no controvertidas por la demandada (fs. 13 a 19 vto., infolios), no le fue notificada personalmente. El 22 de diciembre de 2017, se interpusieron en tiempo y forma el recurso de reposición (fs. 19, A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta , la que se configuró a ciento cincuenta días sin que la Administración haya resuelto el recurso, el 28 de mayo de 2018. La demanda se interpuso el 24 de julio de 2018, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 7). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución del asunto. Surge de las actuaciones que el 19 de marzo de 2015, el Director de la División Tecnología de la Información se dirigió a la Directora de la División Administración de Personal de la Intendencia Dep artamental de Montevideo informando que: “ La jefatura de la Unidad 6532 - Administración de Sistemas que pertenece a la División Tecnología de la Información era ocupada desde mediados del año 2013 por el funcionario Ing. Guillermo Moncecchi (…). Eso fue p roducto de que el llamado realizado para cubrir ese cargo en el año 2012 quedó vacante y era muy importante que dicha Unidad tuviera un responsable. Administración de Sistemas tiene la difícil tarea de llevar adelante la correcta instalación y administra ción de los distintos servidores de aplicación y base de datos, lo cuales soportan los sistemas de información de la Intendencia y sitios externos. Lidera además todos los proyectos vinculados a la infraestructura y la arquitectura de tales servidores. Por lo expuesto resulta indispensable que dicha Unidad tenga un responsable y sabido es que el funcionario Moncecchi ha pasado a desempeñar el cargo de Subsecretario del Ministerio de Industria , Energía y Minería. Por consiguiente, esta Dirección solicita m ientras no se promueva una nueva convocatoria, que se asigne funciones y responsabilidades para la Jefatura de la Unidad 6532 -Administración de Sistemas, Grado SIR º18, al Ing. Ramón Decia (…), quien actualmente es integrante de dicha Unidad ” (fs. 4, en ca rpeta verde de 24 fojas, A.A.) (la negrilla no está en el original). Remitidas las actuaciones a la Dirección General del Departamento de Planificación, expresó su conformidad y envió el expediente al Servicio de Planeamiento y Desarrollo de Gestión Hum ana, que hizo lo propio, indicando que “El funcionario Ramón Decia revistaba “en la C arrera 5212-Ingeniero Informático , clasificada en el Escalafón Profesional y Científico, Subescalafón Profesional y Científico, Nivel de Carrera V, Grado SIR 14, desempeñá ndose en la Unidad 6532 -Administración de Sistemas” (fs. 5, en 24 fojas, A.A.) (la negrilla no está en el original). El 24 de marzo de 2015, la Directora del Servicio Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana precisó: “Ya que las funciones de conducción del Área Informática son funciones de contrato, tal situación se encuentra reglamentada por el Art. 79.39 del Vol. III del Digesto Departamental, el cual establece la no presupuestación de los cargos de Dirección vinculados a la Conducción del Área Infor mática; así como aquellos que se contraten para una tareas específica o con un plazo determinado, y dado que el funcionario ocupa un Nivel V de Carrera; será de aplicación el Art. D.131.1. del Vol. III del Digesto Departamental, reglamentado por el Art. R 351.2 y siguientes (que) establece las situaciones en que el Intendente o Intendenta, en caso de ser necesario podrá asignar a funcionarios tareas y responsabilidades que excedan y difieren a las de su cargo presupuestal o funciones de contrato en las siguientes situaciones : “(…) en áreas definidas por la Administración como funciones de contrato (…)” (fs. 7, en 24 fojas, A.A.) (la negrilla no está en el original). Seguidamente, el 14 de abril de 2015 se dictó la Resolución No. 1660/15, mediante la cual s e dispuso la asignación de las tareas y responsabilidades correspondientes al puesto IC536, Jefe de Administración de Sistemas, perteneciente al Escalafón de la División Tecnología de la Información, al Ingeniero Ramón Decia (fs. 7 vto., en 24 fojas, A.A.). El 4 de diciembre de 2017, el Director del Servicio Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana elevó nota a la División Administración de Personal enviando la nómina de asignaciones de tareas y responsabilidades del Departamento de Desarrollo Sostenib le, Área Informática, por el período del 1º de diciembre de 2017 al 30 de junio de 2018, al amparo de lo dispuesto por el artículo D.131.1 del Digesto Departamental. Asimismo, se indicaron determinados funcionarios que no fueron incluidos en la prórroga de renovación de asignaciones (fs. 1 vto. a 2 vto., en carpeta verde de 38 fojas, A.A.). Una vez recibidas las actuaciones en la División Administración de Personal, sugirió su envío al Sector Acuerdos para que propiciara el dictado de la Resolución corres pondiente (fs. 3 vto., en 38 fojas, A.A.), lo que en definitiva se dispuso por parte de la Dirección General del Departamento de Recursos Humanos y Materiales de la Intendencia Departamental de Montevideo (fs. 4 vto., en 38 fojas, A.A.). Finalmente, el 1 2 de diciembre de 2017, se dictó el acto encausado, por el cual se prorrogan a partir del 1º de diciembre de 2017 y hasta el 30 de junio de 2018, una serie de asignación de tareas y responsabilidades en el ámbito del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente, de conformidad con la nómina presentada por la Dirección del Servicio Planteamiento y Desarrollo de Gestión Humana (fs. 6 a 7, en 38 fojas, A.A.). III) El Tribunal, habrá de apartarse del dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Cont encioso Administrativo (fs. 103 a 103 vto.) y desestimará la demanda, por los fundamentos que se habrán de explicitar. En lo inicial, es menester analizar los planteos defensivos que guardan relación con: i) la ausencia de legitimación activa ; y ii) la ilesividad del acto. Dichas cuestiones ingresan dentro de los presupuestos procesales para el ejercicio de la acción, que requieren un examen previo puesto que de no verificarse obstan la decisión de mérito (Véase con carácter general, Eduardo J. Couture, “Vocabulario Jurídico” , tercera edición actualizada y ampliada por Ángel Landoni Sosa, editorial B de F, Montevideo - Buenos Aires, 2006, p. 583 a 584; Enrique Tarigo, “Lecciones de Derecho Procesal Civil según el nuevo Código” , tomo I, FCU, Montevideo, 2 ª Edición, julio de 1994, p. 279 a 280, Enrique Vescovi, Margarita de Hegedus, Selva Klett, Bernadette Minvielle, Luis Simón y Santiago Pereira, “Código General del Proceso. Comentado, anotado y concordado” , tomo 3, Editorial Ábaco, Montevideo, p. 395 a 396 y Selva Klett, “Proceso ordinario en el Código General del Proceso”, tomo I, FCU, Montevideo, 2014, p. 60. Específicamente, puede consultarse Eduardo J. Couture, “El agotamiento de la vía administrativa como presupuesto procesal”, en Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, tomo 52, Montevideo, 1954, p. 257 a 260, Enrique Tarigo, “Enfoque procesal del contencioso administrativo de anulación” , FCU, Montevideo, 2ª edición, octubre de 2004, p. 31 a 34, Augusto Durán Martínez, “Contencioso Administrativo”, FCU, 1ª edición, enero de 2007, p. 99 a 101, Felipe Rotondo, “Manual de Derecho Administrativo”, talleres gráficos Tradinco S.A., Montevideo, 8ª edición, marzo 2014, p. 432 a 434 y Maximiliano Cal, “La congruencia en las sentencias del Tribunal d e lo Contencioso Administrativo”, Revista de Derecho Público, Año Nº 24, Nº 47, FCU, Montevideo, julio 2015, p. 14 a 17. Otros autores también se han referido al tema como condiciones de admisibilidad de la acción de nulidad, en un enfoque que no difiere s ustancialmente del anterior. Así por ejemplo, Héctor Giorgi, “El Contencioso administrativo de Anulación” , Biblioteca de publicaciones oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Montevideo, 1958, p. 139, Enrique Sayagués Laso, “Tratado de Derecho Administrativo” , tomo II, FCU, Montevideo, 5ª edición, agosto de 1991, p. 580 a 582 y Juan Pablo Cajarville Peluffo, “Breve presentación de la jurisdicción contencioso - administrativa”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Nº 23, Montevideo, 2004, p. 127 a 129). En lo que respecta a la legitimación en la causa, ha sido identificada por la doctrina especializada como un presupuesto de la sentencia de mérito que implica un análisis en f orma previa a ingresar al fondo del asunto. Así, con carácter general se ha señalado que “Tanto el interés como la legitimación, por su relación con el derecho de fondo (sustancial ), deben ser juzgados normalmente al final del proceso , en la sentencia definitiva. Pero lógicamente antes de entrar a la cuestión de fondo . El tribunal, antes de considerar la causa en cuanto al fondo , para juzgar la razón o sinrazón de la demanda, debe analizar si existen estos elementos que son indispensables para entrar a dicho juicio (de mérito). Es decir que si no hay interés o legitimación en la causa no se podrá obtener una sentencia favorable (aunque exista el derecho ). En cambio, si se tiene interés y legitimación, se podrá también perder el juicio por no tener derecho.” (Cf. Enrique Vescovi, Margarita de Hegedus, Selva Klett, Raquel Landeira, Luis Simón y Santiago Pereira, “Código General del Proceso”, comentado, anotado y concordado, tomo 1, Editorial Ábaco, Buenos Aires, p. 227 a 228) (el subrayado no está en el original). Específicamente, Tarigo ha señalado: “En este proceso contencioso administrativo de anulación , y tal como acontecía en el proceso civil cuando él se regía por el Código del Procedimiento Civil, la legitimación causal es , en todo caso , considerada y decidida recién en la sentencia definitiva, naturalmente sin siquiera entrar a considerar la situación de fondo si considerara que falta la legitimación ” (Cf. Enrique Tarigo, “Enfoque procesal del contencioso administrativo de anulación” , 2ª Edición, reimpresión inalterada, octubre de 2004, FCU, p. 30) (la negrilla y el subrayado no está en el original). Conceptualmente, ha sido definida como “la posición de un sujeto que le permite una providencia eficaz sobre el objeto del proceso . Es decir que es, ante todo , una legitimación , relación entre el sujeto y el objeto jurídico. Luego es en la causa, esto es, en el objeto jurídico que reclama (defiende, etc.) el sujeto.” (Cf. Enrique Vescovi y coautores, “Código General del Proceso”, comentado, anotado y concordado, tomo 1, op. cit., p. 229) (el subrayado no está en el original). En una línea de razonamiento similar, la Corporación ha sostenido que: “ La legitimación en la causa surge de hallarse situado en una determinada situación jurídica subjetiva (d erecho subjetivo o interés legítimo, el que además debe ser directo y personal) , extremo que es totalmente independiente de la legitimidad o ilegitimidad del acto que se resiste con el accionamiento. La legitimación reclamada para accionar es previa o p reexistente a que se determine el arreglo o desarreglo a Derecho del acto administrativo objeto de la acción de nulidad . En otros términos: no nace como consecuencia de la inobservancia del Derecho por el acto encausado. (…) La situación jurídica que l egitima a accionar es un presupuesto del examen de regularidad del acto y existe o no existe antes de que se determine la legitimidad o ilegitimidad del acto, pues justamente, es un presupuesto que habilita examinar la regularidad del acto que se enjuicia. La situación jurídica legitimante del accionamiento no se produce a consecuencia de un obrar administrativo desarreglado a Derecho.” (sentencia Nº 289/2014 , citada -entre otras - en sentencias Nº 297/2018 , 540/2019 y 100/2020) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Como se explica en sentencia N° 399/2015 : “(…) Este requisito sustancial, expresamente exigido en el art. 309 de la Carta, también es puesto de manifiesto en la doctrina española… GARCÍA DE ENTERRÍA destaca: “…De modo que el dema ndante debe encontrarse en una determinada relación previa con un acto o disposición administrativa que haga legítima la presencia de un determinado sujeto en el concreto proceso en que se impugna ese acto o disposición. Esa relación sujeto objeto en que consiste la legitimación juega, pues, como una condición o presupuesto subjetivo de la admisibilidad de la pretensión, impidiendo, en los casos en que falte, entrar a decidir sobre la cuestión de fondo objeto de la litis ” (Cf. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo en “Curso de Derecho Administrativo”, T. II, Ed. Civitas, Madrid, 1981, p. 532) (…)” (véase también en idéntico sentido, sentencias Nº 479/2018 , 540/2019 y 100/2020) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Por otra parte, debe tenerse present e que como lo expresara en su oportunidad la Comisión de Reforma Constitucional de la Cámara de Representantes con relación a la redacción del actual artículo 309 de nuestra Carta Magna: “ No existe un derecho subjetivo a la legalidad; ni tampoco el sólo in terés legítimo a la legalidad, que pertenece a todos los habitantes de la República, es suficiente como legitimación para promover este contencioso . La acción de nulidad no es una acción popular. Por consiguiente, el titular de la acción debe justificar la existencia de un interés directo de inmediata satisfacción personal , fundado en una situación jurídica particular respecto al acto impugnado ” (citado por Héctor Giorgi, “El Contencioso Administrativo de Anulación” , op. cit., p 188; en la misma línea, E nrique Sayagués Laso, “Tratado de Derecho Administrativo”, tomo II, 5ª Edición, Octubre de 1988, Clásicos Jurídicos Uruguayos, FCU, pág. 574 y Julio Prat, “Derecho Administrativo”, tomo V, volumen III, Editorial Acali, Montevideo, 1982, p. 169) (la negrill a y el subrayado no están en el original). Pues bien, a partir de la aplicación de estos conceptos se procederá al análisis de la situación jurídica del accionante respecto del acto contra el cual contiende. La parte demandada sostuvo que se configuró ausencia de legitimación activa, argumentando que el actor no se encuentra comprendido en la Resolución impugnada . Así, señaló que la Resolución No. 5610, de 12 de diciembre de 2017, que dispuso prórrogas de asignaciones de tareas y responsabilidades, lo hizo respecto de otros funcionarios. Así, los únicos funcionarios que podrían tener un derecho o interés legítimo vulnerado serían aquellos que, teniendo asignadas funciones en el período junio -noviembre 2017, no se las hubieran prorrogado. No le asiste razón en el punto. El Tribunal ya ha tenido oportunidad de expedirse ante casos los que, con similar fundamentación, se ha esgrimido la ilesividad del acto. Al respecto, cabe replicar lo expresado en sentencia Nº 42/2019, en la cual, modificando su an terior jurisprudencia, la mayoría del Colegiado precisó: “(…) el hecho de que el accionante no se encuentre incluido en la lista de docentes que contiene el acto impugnado , no significa que el mismo no produzca efectos sobre la esfera de derechos e interes es del actor. La posición sostenida por el Procurador del Estado toma como dimensión subjetiva del acto impugnado la lista de docentes allí mencionada; y, por tanto, arriba a la conclusión de que dicho acto no crea una situación jurídica subjetiva efect iva y directamente lesiva en la esfera de derechos e intereses del actor. (…) Esta posición, sostiene que no resulta válido a un accionante agraviarse por lo que un acto administrativo no dice o no contiene (aspecto negativo o indirecto) sino por lo qu e efectivamente dice o es el contenido mismo del acto (aspecto positivo o directo). En cambio , para la mayoría del Tribunal , resulta atendible la posición esgrimida en la discordia de la sentencias No. 176/2016 (la que mereció un comentario favorable de l propio autor del concepto de “dimensión subjetiva del supuesto normativo” el Prof. CAJARVILLE, en su artículo "El carácter “directo ” del interés como requisito de la legitimación del actor", publicado en la Revista de Derecho Público, Año 25, No. 50, diciembre 2016, págs. 125-132) y la No. 226/2017. (…) Solo una lectura excesivamente literal y restrictiva del pensamiento del Prof. CAJARVILLE (“Conceptos constitucionales definitorios de la legitimación del actor. Relaciones entre derecho subjetivo, int erés legítimo e interés general", publicado como Conferencia Magistral en la Revista de Derecho Público, FCU, Año 22, Núm. 43, Agosto 2013) y que el propio autor se encargó de rechazar , puede conducir a pensar que si el actor no está mencionado en el acto que impugna , carece de legitimación para promover la declaración de nulidad. El término "individualizado" no significa necesariamente que quien acciona aparezca identificado expresamente en el acto impugnado. (…) La calidad de titular de un interés legí timo habilita a recurrir cualquier acto administrativo que se considere lesivo y no sólo los actos que deniegan peticiones (Constitución arts. 319, inc.1; y 317). En el caso, no parece razonable exigir al actor que recorra esa vía oblicua cuando ha recurrido el acto que considera lesivo (sea o no, lesivo en definitiva). Se debe privilegiar el derecho al acceso a la justicia (pro -actione) en la apreciación del interés directo, personal y legítimo del accionante . Así pues, corresponde ingresar al análisis del mérito del asunto y su legitimidad o ilegitimidad.” (en similar sentido, pueden verse las sentencias Nos. 48/2020 y 223/2021 ) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En el ocurrente, el actor se considera en cierto modo, con una suert e de “mejor derecho” para el desempeño de las funciones y responsabilidades que a la postre le fueron asignadas al Ingeniero Decia y se encuentra en una situación jurídica subjetiva de interés legítimo de que la Administración se ajuste a los procedimiento s previstos en el ejercicio de sus potestades para proveer sobre estas. Por tanto, es claro que cuenta con legitimación causal activa para cuestionar la legitimidad del acto impugnado. En lo que concierne a la ilesividad del acto, corresponde al Tribunal examinar si la Resolución impugnada resulta ser la originaria creadora de la situación jurídica lesiva de la actora, en cuanto presupuesto de fundabilidad de la sentencia exigido por los artículos 309 de la Constitución y 24, inciso 2º, in fine del Decreto - Ley Nº 15.524. Como señala Durán Martínez, “El acto administrativo susceptible de la acción anulatoria , además de definitivo , deber ser el originario , es decir el creador de la situación jurídica lesiva que se resiste con la acción de nulidad (art. 24 del decreto-ley Nº 15.524). (…) O sea, no basta la interposición y resolución de los recursos a los efectos de la interposición de la acción de nulidad; es preciso además que ese acto sea el creador de la situación jurídica lesiva que se resiste con la acción de nulidad .” (Cf. Augusto Durán Martínez, “Contencioso Administrativo”, FCU, 1ª edición, enero de 2007, p. 42 y 44) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En la tesis de la Administración, el acto creador de la situación jurídica lesiva fue la Resolución No. 1660/2015 , de 14 de abril de 2015, que le asignó funciones correspondientes a la de Jefe de Administración de Sistemas al Ingeniero Ramón Decia. Las prórrogas son actos consecuenciales. El acto impugnado no es susceptible de i rrogar perjuicio alguno al actor. No se comparte dicha postura desde que perfectamente puede ocurrir que el acto impugnado le ocasione agravios mientras que el inicial no. Tan es así, que el actor formuló planteo especificando que “El funcionario designado, al momento de emitirse la resolución encausada , era titular de un grado 14 nivel de carrera V y yo de un cargo grado 16 nivel III. En ese momento , yo era el funcionario de mayor grado y antigüedad en el Sector Administración de Sistemas. Si se hu biera decidido proveer la plaza cubierta mediante concurso yo estaba en condiciones de postulación y no el funcionario Ramón Decia” (fs. 2 a 2 vto., infolios) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Quiere decir que el agravio invocado por el promotor está referido concretamente al nuevo período de la encargatura que fue objeto de prórroga. En consecuencia, aun cuando existe un ineludible ligamen en la secuencia del acto inicial (que asignó determinadas funciones al Ingeniero Decia) y el impugnado (que las prorrogó por un cierto período ), no puede concluirse que el originario creador de la situación jurídica lesiva sea el primero. IV) Despejadas estas cuestiones que hacen al cumplimiento de los presupuestos procesales, se está en cond iciones de ingresar al fondo del asunto. La esencia de los agravios que articuló el actor puede resumirse así: 1º) Al emitirse la Resolución encausada, el funcionario designado era titular de un cargo Grado 14, Nivel de Carrera V y el compareciente de un cargo Grado 16, Nivel III. En ese momento, el actor era el funcionario de mayor grado y antigüedad en el Sector Administración de Sistemas. 2º) Si se hubiera decidido proveer la plaza cubierta mediante concurso, el actor estaba en condiciones de post ulación y no el funcionario Ramón Decia. 3º) Con arreglo a lo establecido por el artículo 131 del Digesto Municipal, no puede asignarse la responsabilidad de marras a un agente con inferior jerarquía. 4º) A lo anterior, cabe añadir la paradigmática a usencia de motivación del decisorio procesado aquí. La Administración debió explicar por qué prefería o seleccionaba a don Ramón Decia para ocupar dicha posición. V) Antes de ingresar al análisis del caso concreto, corresponde señalar que la situación contra la cual se agravia el actor se inserta en el marco del instituto de asignación o encomendación de funciones, que consiste en un vínculo dotado de las notas de inestabilidad, precariedad y provisoriedad , otorgando únicamente el derecho a percibir los haberes correspondientes a las funciones que se asignan al funcionario, pero que no genera un derecho al cargo, sino una mera expectativa (sentencias No s. 275/2009, 460/2009, 682/2011, 76/2014, 795/2017 , 622/2018, 156/2019, 581/2019, 580/2020 y 87/2021, entre otras). Como destacaba Cassinelli Muñoz, los principios de continuidad de la gestión administrativa y responsabilidad del jerarca , habilitan a reconocerles la potestad de encargar provisionalmente el desempeño de funciones, mientras se realizan lo s trámites necesarios para la provisión ordinaria -o aún interina - de un cargo (Cf. Horacio Cassinelli Muñoz, en “Cesación del funcionario interino”, Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración No. 74, p. 124; y en “Derecho Constitucional y Administrativo”, La Ley Uruguay, Montevideo, 2010, p. 1337) (sentencias Nos. 682/2011, 280/2013, 655/2014, 438/2015, 341/2016, 795/2017, 622/2018, 156/2019, 581/2019, 580/2020, entre otras). En este sentido, la Corporación ha manifestado que: “La asignación de funciones es una facultad discrecional de la Administración , con los naturales límites a los que debe ajustarse el ejercicio de la potestad , contemplando los bien entendidos intereses del Servicio ” ( sents. 548/1988, 1167/1992, 435/2004, 241/2005, etc.). De allí que no es posible desconocer el derecho que le asiste a la Administración en estos casos, de disponer el cese del “encargo” y, ello, a partir de una lícita motivación fincada en razones atinentes al mejor interés del Servicio .” (sentencia No. 460/2009, citada en sentencias Nos. 172/2018, 364/2018, 581/2019 y 729/2020, entre otras) (la negrilla y el subrayado no está en el original). Bajo estos parámetros conceptuales de la doctrina y jurisprudencia se habrán de analizar los agravios que articuló el pretensor. VI) El primer agravio, apuntó en cuestionar que al emitirse el acto impugnado el funcionario designado era titular de un cargo Grado 14, Nivel de Carrera V mientras que el actor ostentaba uno de Grado 16, Nivel III. En ese momento, el actor era el funcionario de mayor grado y antigüedad en el Sector Administración de Sistemas. Sobre el punto, la Administración Departamental indicó que “el funcionario Juan Gargano (…) es titular de un cargo de Analista Informático Nivel de Carrera III y que el funcionario Ramón Decia (…) es titular de un cargo de Ingeniero Informático Nivel de Carrera IV” (fs. 33 vto., en 38 fojas, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En este sentido, expresó que se trata de carreras distintas y e l diferente Nivel refiere a la antigüedad en un cargo , lo que no es decisivo para una designación que se realiza en ejercicio de facultades discrecionales (fs. 17, infolios). De la información puesta de manifiesto por la Intendencia Departamental de Mont evideo, emerge que el mayor grado que pudiera tener el actor respecto del designado no reviste la trascendencia que se pretende. En efecto, aun cuando el actor haya acreditado que en el año 2015, obtuvo el título de Ingeniero en Informática en la Faculta d de Ingeniería y Tecnologías de la Universidad Católica del Uruguay “Dámaso A. Larrañaga” (fs. 23, infolios), su vínculo funcional con la Intendencia Departamental de Montevideo continuó siendo como de Analista Informático, mientras que el del Ingeniero D ecia ya era de Ingeniero Informático. De ahí que, a los efectos de la asignación de las funciones como Jefe de Administración de Sistemas el grado inferior que pudiera tener el Ingeniero Decia no se revela como un elemento de relevancia desde que se trata de dos carreras funcionales distintas , revistiendo mayor importancia para el desempeño de las funciones la de Ingeniero que la de Analista Informático. Por otra parte, y en lo que respecta a la antigüedad que reflejan los niveles de uno y de otro, la m isma tampoco constituye un aspecto determinante per se. Al respecto, el Tribunal ha señalado que “la sola circunstancia de contar con mayor antigüedad en el cargo, no basta para acceder a la encargatura pretendida.” (sentencia Nº 636/2016). Por lo tan to, el Tribunal no encuentra razones que conduzcan a acoger el agravio de mención. VII) En cuanto al segundo agravio, centrado en que si se hubiera decidido proveer la plaza mediante concurso el actor estaba en condiciones de postulación y no el funcio nario Ramón Decia , constituye un supuesto que no integra el objeto del proceso. En efecto, en el sub - judice la Administración, en uso de sus facultades discrecionales, decidió aplicar al mecanismo de la asignación de funciones y no el del llamado a concurso. Por otro lado, tampoco surge acreditado de autos que el actor estuviera en condiciones de postulación y que el funcionario Decia no lo estuviera. Más allá ello, conviene recordar que, en principio, la Administración no tiene la obligación de proveer vacantes (ni de llamar a concurso a tales fines) y puede hacer un uso razonable de sus potestades discrecionales de asignación transitoria de funciones, en la medida en que no incurra en abuso o desviación de poder, extremo que por otra parte no ha sido alegado por el actor. Sobre lo primero, debe tenerse presente que “el principio general es que la decisión de proveer las vacantes y para ello llamar a concurso es discrecional, en el sentido de que la Administración no está obligada a hacerlo si n o lo considera necesario o conveniente (Sayagués Laso, Enrique en “Tratado de Derecho Administrativo” T I, p 285 -286; TCA Sentencia No. 64/01)” (sentencia Nº 819/2017 ) (la negrilla no está en el original). Como lo ha recalcado el Colegiado: “(…) la Administración posee una razonable discrecionalidad para determinar la necesidad o conveniencia en la provisión de vacantes presupuestales ; es más, se conviene en que la provisión de los cargos vacantes no configura una obligación para aquélla (Cf. SAYAGUÉS LAS O, Enrique: “Tratado de Derecho Administrativo”, T. I, págs. 285 -289). Si la Administración no tiene el deber de proveer las vacantes , menos aún tiene el deber de convocar al concurso pretendido.” (sentencia Nº 192/2015) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Sobre lo segundo , el Tribunal ha advertido que “(…) para asignar funciones, a diferencia de lo que ocurre cuando se provee un cargo en forma definitiva, el jerarca no se encuentra obligado a seguir la lista de prelación de un concurso, sino que cuenta con discrecionalidad para encargar las funciones al funcionario que estime más apto para cubrir las necesidades e intereses del servicio. Respecto a este punto, cabe consignar la jurisprudencia sostenida de la Corporación, en cuanto a que la asignación de funciones constituye una facultad discrecional de la Administración , en función de los intereses del servicio , que no confiere derechos al encargado, ni viola la carrera administrativa de otros funcionarios (sentencia N° 74/2012). La asignación de funciones de infolios tiene la doble característica de ser específica e interina. Por lo cual, dicho instituto no configura un progreso en la carrera administrativa, en tanto no involucra una designación definitiva del funcionario en el cargo de referencia. Desde esta postura jurisprudencial , el Tribunal ha expresado: “La asignación de funciones es una facultad discrecional de la Administración, con los naturales límites a los que debe sujetarse el ejercicio de la potestad , contemplando los bien entendidos intereses del Servicio” (sentencias Nos. 548/1988, 1167/1992, 435/2004. 241/2005, entre otras). Asimismo, el Maestro SAYAGUÉS LASO, haciendo referencia a la designación de los funcionarios , sostuvo: “ La potestad de designar es esencialmente discrecional o sea que el jerarca aprecia libremente la oportunidad y conveniencia de efectuar los nombramientos , forma de hacerlos, elección de los candidatos, etc. Es la regla de principio ” (Cf. SAYAGUÉS LASO, Enrique, “Tratado de Derecho Administrativo, T. I”, p. 285 y sgtes., FCU, Ed. 1988) (…)” (sentencia Nº 760/2015) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Con tales entendimientos, el agravio acerca de la eventual situación en la que se encontraría el actor frente al Ingeniero Decia, en el supuesto de que la Administración hubiese llamado a concurso, carece de asidero. VIII) Continuando con el estudio de los agravios, el actor afirmó que con arreglo a lo establecido por el artículo 131 del Digesto Municipal, no puede asignarse la responsabilidad de marras a un agente con inferior jerarquía. Por su parte, la Administración contestó que la norma aplicable al caso es el artículo D 131.1 literal b) del Digesto Departamental, que regula la asignación de funciones de funcionarios c ontratados (como el actor y el designado), pero no se aplica el artículo D 131, que no tiene relación con el caso. Comenzando por el artículo D 131 del volumen III del Digesto Departamental, su texto dice así: “La Intendencia podrá disponer las tareas q ue deberán desempeñar los funcionarios que revisten en los distintos escalafones , sin perjuicio de que dicha asignación de tareas tenga en cuenta , en todos los casos , la jerarquía presupuestal del cargo del que es titular cada funcionario. Establécese qu e sin perjuicio de los grados que ocupen los funcionarios de los Casinos de esta Intendencia, deberán realizar transitoriamente ante situaciones de necesidad o urgencia, las tareas que específicamente le encomienden los jerarcas respectivos, las que podrán corresponder a grados inferiores, los que en ningún caso serán menores a los grados de los cargos de los cuales eran titulares con anterioridad a las dos últimas promociones.”. Mientras que el artículo D 131.1 del mismo plexo normativo dispone lo sigui ente: “El Intendente en caso de considerar necesario , podrá asignar a funcionarios tareas y responsabilidades que excedan y difieran a las de su cargo presupuestal o funciones de contrato en las siguientes situaciones: a) Ante la inexistencia de cargos p resupuestales vacantes ya sea por reorganización de servicios existentes o creación de nuevas Unidades u otras circunstancias similares. b) En áreas definidas por la Administración como funciones de contrato. c) Cuando el funcionario a quien se asignen tareas, no está en condiciones reglamentarias de concursar para el cargo o función para el cual fue designado. La asignación de tareas tendrá un plazo máximo de un año y podrá ser renovada por períodos sucesivos, previa evaluación. El funcionario designado tendrá derecho a percibir la diferencia existente entre el sueldo del puesto o cargo asignado y el suyo propio, a partir de los treinta días consecutivos del desempeño de la nueva función, en cuyo caso dicha diferencia abarcará a la totalidad del perío do ejercido incluido los treinta primeros días. Terminada la asignación, el funcionario volverá a su tarea y remuneración presupuestal anterior.”. De los antecedentes administrativos surge que la asignación de funciones del Ingeniero Decia estuvo precedi da de un informe del Servicio de Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana de la Intendencia Departamental de Montevideo de 24 de marzo de 2015, en el cual se precisó que: “(…) las funciones de conducción del Área Informática son funciones de contrato , tal situación se encuentra reglamentada por el Art. 79.39 del Vol. III del Digesto Departamental, el cual establece la no presupuestación de los cargos de Dirección vinculados a la Conducción del Área Informática; así como aquellos que se contraten para una tareas específica o con un plazo determinado, y dado que el funcionario ocupa un Nivel V de Carrera; será de aplicación el Art. D.131.1. del Vol. III del Digesto Departamental, reglamentado por el Art. R 351.2 y siguientes (que) establece las situaciones en que el Intendente o Intendenta, en caso de ser necesario podrá asignar a funcionarios tareas y responsabilidades que excedan y difieren a las de su cargo presupuestal o funciones de contrato en las siguientes situaciones : “(…) en áreas definidas por la Administración como funciones de contrato (…)” (fs. 7, en 24 fojas, A.A.) (la negrilla no está en el original). Compulsado el artículo D.79.39 del volumen III del Digesto Departamental, efectivamente establece -en su primera parte - que “No serán presupue stados los funcionarios vinculados al Sub -Escalafón "Cultural y Educativo Superior" y sus cargos de dirección vinculados a la Conducción de sus respectivas carreras; los cargos de dirección vinculados a la Conducción del área informática , así como aquellos que se contraten para una tarea específica o con un plazo determinado (…)” (la negrilla no está en el original). Por tanto, al no ser presupuestados los cargos de dirección como el que se asignó, en el puesto IC536, de Jefe de Administración de Sistemas , correspondiente al Grado SIR 18 (fs. 5 y 7 vto., en 24 fojas, A.A.), decisión que fuera luego prorrogada mediante el impugnado (fs. 2 vto. y 6 a 6 vto., en 38 fojas, A.A.), no parece que resulte de aplicación la norma que invoca el accionante, que claramente alude a la necesidad que la Intendencia tenga en cuenta “la jerarquía presupuestal del cargo” al “disponer las tareas que deberán desempeñar los funcionarios que revisten en los distintos escalafones.” (la negrilla no pertenece al texto original). Por el contrario, tratándose de una asignación de funciones, en un área en la cual la normativa departamental preestableció que no serán cargos presupuestados , resulta de aplicación la norma prevista en el artículo D.131.1 del volumen III del Digesto, que e specíficamente regula este instituto, sin establecer el tipo de limitaciones que se pretenden. Aunado a ello, hay que reiterar que el actor se desempeña funcionalmente en la carrera de Analista Informático mientras que el Ingeniero Decia lo hace en la carrera de Ingeniero Informático, todo lo cual permite aventar toda duda respecto a la cuestión de grados y niveles que este plantea. IX) En último término, resta por examinar el agravio que se esgrime sobre la paradigmática ausencia de motivación del decisorio procesado aquí, argumentando que la Administración debió explicar por qué prefería o seleccionaba a don Ramón Decia para ocupar dicha posición. En respaldo de su afirmación, el demandante cuestiona que la invocación que realizó el funcionario Gab riel Robaina pasado en punto a que “(…) las asignaciones de funciones (…) nunca contienen la motivación (…)” es, antes que todo, una grave auto - denuncia de ilegalidad permanente. El Tribunal no comparte lo afirmado por el actor, quien realiza un análisis aislado del acto impugnado, sin tener en cuenta la naturaleza del instituto de la asignación de funciones ni sus notas características. En efecto, m as allá de ciertos matices que ha habido entre los distintos integrantes de la Corporación acerca del grado de concreción de la motivación exigida en la materia, se advierte que el caso concreto presenta determinadas particularidades que conducen a sostener que, aunque parca, la motivación se revela como suficiente. En primer lugar, no puede perderse de v ista que el acto impugnado contiene la decisión global de prorrogar una multiplicidad de asignación de funciones que ya se habían decidido antes. En este sentido, la explicitación de las razones de hecho que dieron mérito a la asignación de funciones del Ingeniero Decia, se encuentra fundamentalmente contenida en el acto inicial que lo designó. De este y sus antecedentes se desprende que quien hasta entonces venía desempeñando dichas funciones, Ingeniero Guillermo Moncecchi, fue designado como Subsecret ario del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Por ello, resultaba indispensable que la Jefatura de la Unidad 6532, Administración de Sistemas, perteneciente a la División Tecnología de la Información, tuviera un responsable, motivo por el cual su Director solicitó que esta recayera en el Ingeniero Ramón Decia (fs. 4, en 24, A.A.). En este contexto, es evidente que la designación se dio porque el Director de la División Tecnología de la Información consideró a dicho funcionario como el más adecuado para el desempeño de dichas funciones. En lo que respecta al acto impugnado, su contenido se reduce a la gestión de una prórroga de una serie de asignaciones de funciones que se solicitaron, las que, conforme al ordenamiento jurídico departamental, tendrán “un plazo máximo de un año y podrá ser renovada por períodos sucesivos, previa evaluación” (artículo D.131.1). De modo que, con la evaluación favorable del Director del Servicio Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana y la conformidad de la División Administración de Personal y la Dirección General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales, el Intendente de Montevideo procedió a disponer las prórrogas de asignaciones solicitadas, entre las cuales se encontraba la del actor, al am paro de lo dispuesto por el artículo D.131.1 del volumen III del Digesto Departamental (véase la Resolución Nº 5610/17, de 12 de noviembre de 2017, en sus Resultandos 1º) y 3º) y en su único Considerando, a fs. 6, A.A., en 38 fojas, A.A.). Por lo dicho, se estima que las expresiones vertidas por el Director de la División Planteamiento Estratégico y Desarrollo de Gestión Humana, Ingeniero Gabriel Robaina, al informar que “la asignación de funciones otorgada al funcionario Ramón Decia lo fue al amparo del artículo D.131.1. y que la resolución objeto del recurso, la Nº 5610/17 corresponde a la prórroga general de las asignaciones de funciones otorgadas a un conjunto de funcionarios por el período 1º de diciembre de 2017 -30 de junio de 2018, las cuales nunca contienen la motivación del acto administrativo” (fs. 33 vto., en 38 fojas, A.A.) no constituyen una “grave auto denuncia de ilegalidad permanente” (fs. 5, infolios), sino la mera explicación de un funcionario técnico que contestó con sinceridad y transparencia el modo como ha venido procediendo para gestionar las prórrogas de asignación de funciones, al amparo del artículo D.131.1. del Digesto. Por otro lado, se observa que las razones de derecho se encuentran contenidas tanto el acto inicial, como el q ue dispuso las prórrogas, que se fundan en el artículo D.131.1 del volumen III del Digesto Departamental. Como advierte Rotondo, la motivación “ Puede ser escueta si reúne los caracteres de “idónea y suficiente (…), también expresarse simultáneamente o se r anterior a él, pero nunca posterior porque trasladaría el problema al saneamiento del acto (…)” (Cf. Felipe Rotondo Tornaría, “Manual de Derecho Administrativo” , op. cit., p. 330) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Del mismo modo, y siguiendo a Marienhoff, el Tribunal ha señalado reiteradamente que “cuando la norma legal aplicable es suficientemente comprensiva, su mera referencia puede surtir efectos de motivación resultando así que la simple cita de la disposición legal valdría ento nces como “motivación”. En dos palabras: motivación idónea y eficaz requiere que ella sea “suficiente” para apreciar con exactitud los motivos determinados del acto ” (Cf. Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, t. II, p. 327 y ss.) ( sentencias No. 433/1988, 1181/1991, 1040/1994, 654/2001, 652/2003, 514/2004, 297/2006, 422/2006, 336/2007, 181/2008, 84/2009, 566/2010, 374/2011, 762/2012, 459/2013, 1017/2017, 475/2018, 588/2018, 802/2019, 130/2020 y 571/2020 , entre otras) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En definitiva, del cúmulo de circunstancias de hecho y fundamentos de derecho que se vienen de explicitar, el Tribunal considera que el acto impugnado se encuentra suficientemente motivado , permitiendo apreciar con exac titud sus motivos a partir de la ineludible conexión existente entre el acto inicial y este último , que contiene una prórroga global de sendas asignaciones de funciones, en cumplimiento de las exigencias previstas por el artículo D.131.1 del volumen III de l Digesto Departamental. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículo s 309 y 310 de la Constitución, FALLA : Desestímase la demanda anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antece dentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).