Sentencia Sentencia N° 381/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 31 de agosto de 2021. No. 381 VISTOS : Para resolución estos autos caratulados “VILA NUÑEZ, SILVANA GRACIELA con FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Suspensión de ejecución” (Ficha No. 685/2020), pieza separada del expediente de Acción de Nulidad Ficha No. 535/2020. RESULTANDO : I) Con fecha 8 de setiembre de 2020 compareció la parte actora a promover demanda anulatoria contra la resolución de fecha 18 de noviembre de 2019 emitida por el Tribunal de Concurso, por la cual se la excluyó del concurso para proveer un cargo de Director I para el Departamento Jurídico Notarial - Escalafón PC, Grado IX, autorizado por resolución Nº 696/2019 del Director General de la Fiscalía General de la Nación. Conjuntamente con la demanda, en el capítulo II) de su libelo (fs. 30- 31), solicitó la suspensión de la ejecución del acto. Señaló que la Administración, por resolución Nº 224/2020, de 8 de mayo de 2020, ante la solicitud de suspensión del acto impugnado en vía de recursos, dispuso suspender el acto resistido, hasta la resolución de los medios impugnativos presentados. En virtud de ello, solicitó se mantenga por parte de la Corporación, dicha suspensión, hasta la finalización del proceso anulatorio, debido a que de continuar el mismo se produciría para la compareciente, un perjuicio grave e irreparable en caso de dictarse ulteriormente un fallo anulatorio, debido a que resultaría imposible la restauración del daño causado. Añadió que conforme lo manifestado por el propio jerarca de la Institución, no existe grave perjuicio a la Administración al suspender los efectos del acto, debido a que, como la misma lo ha considerado en el acto de suspensión citado, se cumple con las funciones que se concursa desde hace más de un año y medio, sin ningún inconveniente. II) Conferido traslado del pedido de suspensión (fs. 50), compareció a evacuarlo la representante de la demandada a fs. 54-55, postulando por su rechazo. En lo medular, sostuvo que la situación en el Departamento Jurídico Notarial es diferente a la que existía al momento de dictarse la resolución Nº 224/2020 que dispuso la suspensión del acto, en virtud que cambió su integración y aumentó sustancialmente la carga de trabajo. Asimismo, se partió de la premisa que los plazos de los recursos administrativos son acotados y la premisa cambia sustancialmente si se está a la espera de la resolución de la acción de nulidad ante el TCA. Por tanto, corresponde no hacer lugar a la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, debido a que no contar con un Director mientras se resuelve la acción de nulidad ante el Tribunal, genera problemas de funcionamiento. III) Se abrió el incidente a prueba (fs.57), diligenciándose la que luce certificada a fs. 78; alegaron las partes por su orden, haciéndolo la actora a fs. 81-82; y la demandada a fs. 85 y vto. IV) Fue oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 342/2021, fs. 88 y vto.), quien aconsejó rechazar la suspensión impetrada; y por auto No. 3843/2021 (fs. 90) se citó para resolución, la que fue acordada en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que el Tribunal, en concordancia con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, considera que no se verifican en autos los requisitos contemplados en el artículo 2º de la Ley No. 15.869 a los que debe sujetarse a los efectos del otorgamiento del beneficio solicitado. II) La actora funda el pedido de suspensión de ejecución del acto, en el “perjuicio grave e irreparable en caso de dictarse ulteriormente un fallo anulatorio, debido a que resultaría imposible la restauración del daño causado”. Para ello resalta que ningún grave perjuicio se ocasiona a la Administración con dicha suspensión, la que fue dispuesta, en vía recursiva, hasta la resolución de los medios impugnativos presentados, con el fundamento “que se cumplen con las funciones que se concursan desde hace más de un año y medio, sin ningún inconveniente”. Ahora bien, la circunstancia de que en vía recursiva la Administración haya suspendido los efectos del acto, no es en sí misma demostrativa de que el mayor perjuicio lo padezca la parte actora, si se considera, como lo alegó y acreditó la accionada, que la situación varió desde el momento en que se dictó dicha suspensión. En efecto, en informe de la Secretaría General de la Fiscalía General de la Nación, de fecha 14 de diciembre de 2020, incorporado como prueba en este incidente, se da cuenta de que la situación en el Departamento Jurídico Notarial es diferente a la que existía al momento de dictarse la resolución Nº 224/2020, tanto en integración, como en volumen de trabajo. Así, se expone: “(…) En dicho contexto, actualmente la cantidad de trabajo que realiza el Departamento Jurídico Notarial es de importancia, teniendo a estudio a la fecha 65 expedientes, de los que salvo excepciones, todos dependen para su resolución de las funcionarias que se desempeñan como abogadas, las Dras. Fernández y Vila. Asimismo, si bien la integración del Departamento en cantidad de funcionarios que realizan las tareas de Abogado Asesor I, es de igual número que en el año 2019, la cantidad de expedientes a estudio aumentó significativamente. (…) el aumento sustancial en la cantidad de investigaciones administrativas y de sumarios (…) generó la necesidad de que la institución designe como instructores a funcionarios de otras unidades organizativas a tales efectos, lo que implica que desatiendan las tareas que tienen a su cargo para la realización de éstas- Debido a la vacancia del cargo de Director del Departamento Jurídico Notarial, la supervisión se realiza directamente por parte de la suscrita, debiendo no solo supervisar la prestación de las tareas, sino que también autorizar las licencias, salidas y otras tareas operativas, requiriendo para ello un esfuerzo, que podría dedicarse a solucionar otras temáticas más estratégicas para la institución. Esta Secretaría se encuentra actualmente abocada a la realización de diversas tareas relacionadas con el avance en la implementación del Código del Proceso Penal, entre otras, las de mejorar la infraestructura física y la seguridad existente en diversas sedes, realización de concursos públicos y abiertos de oposición y méritos, procedimientos de contratación de diversos servicios, siendo de importancia por tanto para la suscrita y para la institución que se pueda a la brevedad contar con un Supervisor en el Departamento que permita a mejora en la prestación del servicio”. (fs. 70-74). Por lo anterior, el Tribunal estima que en el balance de los perjuicios, el daño que la suspensión del acto pudiere ocasionar a la organización y funcionamiento del órgano involucrado, en alcance y entidad, resulta superior al que derivaría de su ejecución. III) Finalmente, y sin perjuicio de que la Sra. VILA, en el pedido de suspensión, no invocó la causal de ilegitimidad manifiesta, el Tribunal no advierte prima facie que surjan indicios de una manifiesta o evidente ilegalidad, sin que ello, obviamente, signifique prejuzgamiento sobre la cuestión de fondo planteada. Por lo expuesto y lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley No. 15.869, el Tribunal RESUELVE : No hacer lugar a la solicitud de suspensión del acto administrativo impugnado. Agréguense a los principales. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dra. Klett (r.). Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).