Sentencia Definitiva N° 378/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 24 de agosto de 2021 No. 378 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “MONTE CARLO TELEVISION S.A. con PODER EJECUTIVO - URSEC. Acción de Nulidad” (Ficha No. 29/2019) RESULTANDO : I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución Nº 028, Acta Nº 005, de 8 de marzo de 2018, emitida por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, mediante la cual se dispuso: “Imponer a Monte Ca rlo TV S.A. una multa de 71 UR por incumplimiento de lo establecido por el artículo 139 de la Ley 19.307 de 29 de diciembre de 2014” (fs. 45 a 45 vto., A.A.). En necesaria síntesis, sostuvo como causales de ilegitimidad del acto las siguientes: i) la URSEC carece de competencia para aplicar multas; ii) la Resolución impugnada violenta el principio de seguridad jurídica ; iii) mediante la aplicación de un criterio de responsabilidad objetiva, exorbita el texto y espíritu de la LSCA, en perjuicio de MONTE CA RLO S.A.; iv) ausencia de motivación ; y v) la URSEC carece de competencia para reglamentar la Ley 19.307. Sobre el primer agravio, transcribió lo dispuesto por los artículos 65 literal E) de la Ley Nº 19.307 y 87 literal T) de la Ley Nº 17.296, en la redacción dada por la Ley Nº 18.046 y sostuvo que la aplicación de multas es competencia del Poder Ejecutivo (artículo 94, Ley Nº 17.296, en redacción dada por el artículo 147 de la Ley Nº 18.719). Con respecto al segundo agravio , indicó que el artículo 113 de la LSCA instaura la obligación de conservar las emisiones por un plazo máximo de tres meses. Las emisiones que motivaron la Resolución impugnada corresponden al mes de marzo de 2016, pero el procedimiento administrativo se inició en noviembre de 2016. La primera vista a MONTE CARLO TV, el 7 de diciembre de 2016, fue seis meses después de que venciera el plazo legal por el que se debían conservar las grabaciones. El accionar culpable de la Administración inhibió a la actora de la posibilidad de aportar l as grabaciones. Se modificó un criterio y una conducta desarrollado por cuarenta años para efectuar controles retroactivos que excedieron los plazos previstos en el artículo 113 de la ley Nº 19.307, lo que se da de bruces con el principio de seguridad jurídica. En cuanto al tercer agravio, afirmó que las causas que motivaron el desfasaje por el que se pretende sancionar a MONTE CARLTO TV en ningún momento constituyeron un hecho querido (dolo) o que hubiese podido preverse o evitarse (culpa por imprudenc ia). Del estudio conjunto de los sucesivos informes en vista y las consiguientes comparecencias en las que MONTE CARLO TV justificó su accionar, no puede menos que concluirse que lo que la Administración pretende es imputarle una infracción en base a un cr iterio de responsabilidad objetiva, que en modo alguno puede ser aplicable en la materia. Con referencia al cuarto agravio, expresó que los Considerandos de la Resolución Nº 028, Acta Nº 005, no contienen mínimamente la motivación del acto y mucho menos referencia a los presupuestos que determinarán la cuantía de la sanción impuesta (artículo 182 de la Ley Nº 19.307). Acerca del quinto agravio , manifestó que resulta obvio que la Resolución cuestionada apunta a conformar un reglamento de ejecución , que procura establecer los mecanismos tendentes a la determinación de las multas que por Ley no puede aplicar, mediante la creación de una paramétrica desconocida por los operadores. La URSEC se ha arrogado la potestad reglamentaria del artículo 18 de la Ley Nº 19.307, mediante la creación de una paramétrica de desconocida génesis e irregular aplicación. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda (fs. 41 a 58 vto.). II) Conferido el traslado al demandado Poder Ejecutivo, Unidad Reguladora de Servici os de Comunicaciones, lo evacuó oponiéndose al accionamiento. La URSEC tiene competencia para imponer la sanción de multa. En el marco de la Ley Nº 19.307, le corresponde a la URSEC -en forma transitoria- imponer todas las sanciones dispuestas por el ar tículo 181, con excepción de las que corresponden al Poder Ejecutivo (la suspensión de hasta noventa días en la prestación de la actividad, y la revocación de la concesión, licencia o registro según corresponda). El régimen transitorio previsto respecto del Consejo de Comunicación Audiovisual surge de lo dispuesto por el artículo 198 de la Ley Nº 19.307, que establece que hasta tanto se creen los cargos integrantes del mismo las competencias estarán a cargo de los órganos que actualmente la ostentan, con excepción de las que se crearon por dicha Ley, las que serán ejercida por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. La Ley impone un plazo de tres meses para la conservación de la grabación de emisiones, pero ello no obsta, ni i mpide a la permisaria de conservarlas por el tiempo que considere necesario. La URSEC no tiene obligación de dar vista para realizar un control que fue establecido por una Ley que entró en vigor el 1º de enero del año 2015. Y no puede contradecirse, como lo hace la actora, la circunstancia que esos controles no se realizaron inmediatamente porque los mismos implicaron la instrumentación de los debidos procedimientos. Cabe señalar que el régimen de limitación en los tiempos de emisión de tandas publicitarias establecido por la Ley Nº 19.307, es diferente al que establecía el Decreto Nº 734/1978, de 20 de diciembre de 1978. De acuerdo con el régimen actual, el control de tandas publicitarias alcanza a todos los horarios de emisiones, centrales y laterales, no estableciéndose -a diferencia del régimen anterior - extensiones de estos. Entonces, resulta totalmente absurdo sostener que la URSEC cambió un criterio que se venía aplicando “hace cuarenta años” . Lo que cambió fue el régimen jurídico aplicable, al que URSEC debió y debe ajustarse a fin de cumplir con sus cometidos y poderes jurídicos en la materia. La Ley Nº 19.307 mantiene el tiempo que estaba dispuesto para la emisión de pautas publicitarias en la normativa anterior, pero no lo hace en relación a s u horario de aplicación, ni tampoco en cuanto a la ampliación del tiempo de tanda que en determinados casos se contemplaba en el régimen anterior, lo que requería previa autorización. La legislación actual no establece excepción alguna. Ni en lo referente al horario de su emisión, la modalidad del servicio, la ubicación geográfica del medio, ni de fechas de especial consideración comercial. En mérito a lo expuesto, debe descartarse de plano el argumento que sostiene que URSEC ha violentado el principio de seguridad jurídica. Tampoco resulta admisible el argumento de la actora cuando afirma que la URSEC aplica en el caso un criterio de responsabilidad objetiva. La responsabilidad puede ser a título de dolo o de culpa. La culpa es una desviación o apartamiento de una regla de conducta. En el caso, la culpa se reputa acreditada al establecerse el incumplimiento a lo dispuesto por la normativa. Se exige una conducta determinada, que está establecida en leyes y reglamentos y su inobservancia se resuelve en ne gligencia, imprudencia o impericia. No puede argumentarse desconocimiento de la falta de control de tales imposiciones normativas ya que el interesado debe centrarse en observar las normas que se vinculan a su actividad. En la culpa no existe intención de dañar, pero el daño ocurre, que en el caso es en perjuicio de los derechos de los consumidores protegidos por la Ley Nº 19.307. El acto administrativo se fundamentó en la comisión de la infracción constatada, considerando para la determinación de la medi da sancionatoria los antecedentes de la permisionaria. Ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 182 de la Ley Nº 19.307. No se pretende realizar una reglamentación a la aplicación de las multas en general, como lo establece el propio artículo 182 in fine de la Ley Nº 19.307, sino de la obligación de respetar el tiempo de duración de las tandas. El quantum sancionatorio se encuentra fundado en lo que hace a su aplicación en la especie. La URSEC no ha reglamentado las disposiciones legales relativas al control de publicidad, ni con relación a la determinación de las medidas sancionatorias que debe aplicar en el caso. En suma, abogó por la confirmación del acto impugnado (fs. 65 a 76 vto.). III) Por decreto No. 2197/2019 (fs. 78) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 110. IV) Las partes alegaron por su orden (fs. 113 a 121 vto. y fs. 124 a 134, respectivamente). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pron unció mediante dictamen No. 392/2020 y aconsejó el rechazo de la demanda (fs. 137 a 137 vto.). VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Señores Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 139). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal , corresponde relevar el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Resolución Nº 028, Acta Nº 005, se emitió el 8 de marzo de 2018 (fs. 45 a 45 vto., A.A.) y se notificó a la actora el 11 de abril de 2018 (fs. 3, infolios). El 20 de abril de 2018, se interpusieron en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico en subsidio (fs. 47 vto. a 48, A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativo se produjo mediante denegatoria ficta , a los doscientos días sin que la Administración resolviera el recurso jerárquico, el 6 de noviembre de 2018. La demanda se interpuso el 11 de febrero de 2019, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 59, infolios). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. Las actuaciones administrativas comenzaron con el informe de la Secretaría General de la URSEC de 4 de noviembre de 2016, dando cuenta que Canal 4 se excedió en el espacio de tandas publicitarias (fs. 1 a 2, A.A.), agregando el estudio de datos aportado por la empresa auditoria AV AUDITOR MEDICIONES Y MERCADO (fs. 2 vto. a 12 vto., A.A.). Notificada de la vista la accionante (fs. 13 vto., A.A.), la evacua presentando descargos en los que en síntesis señaló que el sábado 1 2 de marzo de 2016, en el horario comprendido entre las 16:04:36 y las 16:53:46, se produjo un retraso en la participación de los artistas musicales del programa “AGITANDO”, el cual se emite en vivo. Dicha circunstancia retardó la continuidad programada y determinó que saliesen tandas en una hora. Nótese que en el horario comprendido entre las 17:00 y las 18:00 horas no se registraron tandas. El exceso que señala la Administración en la última de las tandas del programa culminó ya comenzadas las 17:00 horas , motivo por el cual no deberá ser computado como un exceso el tiempo de la tanda comprendida entre las 16:00 y las 17:00 horas, el que deberá ser reducido de manera acorde (fs. 15 vto. a 16 vto., A.A.). Seguidamente, el 20 de febrero de 2017, se expidió Asuntos Jurídicos desestimando el planteo de la actora y aconsejando una medida de observación atento a la falta de antecedentes (fs. 18 vto., A.A.). Notificada de una nueva vista de las actuaciones (fs. 20 vto., A.A.), la accionante insistió en su argume ntación de lo que consideraba como razonable, afirmando que no hubo una extensión del tiempo publicitario, sino que lo que se hizo fue correr una tanda que estaba prevista para una determinada hora. La continuidad preveía una última tanda entre las 16:00 y las 17:00, a las16:38, pero por imponderables de un programa en vivo, hubo de tirarse una cuarta tanda -prevista originariamente para ser la primera en el horario comprendido entre las 17:00 y las 18:00 - dentro de las 16:00 horas. Ello motivó el exceso y lo que es más importante, se justifica con el hecho que entre las 17:00 y las 18:00 horas no hubo tanda (fs. 23 a 23 vto., A.A.). El 22 de junio de 2017, volvió a pronunciarse Asuntos Jurídicos de la URSEC en informe en el cual se advirtió que se había pa decido un error y que en realidad sí existía un antecedente de una sanción (Resolución Nº 102/2016, de 21 de julio de 2016) y se aconsejó volver a otorgar vista a la interesada con la sugerencia de la imposición de una multa de veinte unidades reajustables (fs. 25, A.A.). Elevadas las actuaciones a la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Económicos (fs. 25 vto., A.A.), se tuvo en cuenta que previamente se había impuesto a MONTE CARLO TV S.A. una multa de sesenta unidades reajustables por excesos de tandas y rec omendó la imposición de otra por un monto equivalente a treinta unidades reajustables (fs. 26, A.A.). El 6 de setiembre de 2017, se expidió la Comisión, la que en su sesión de 21 de julio de 2017 y por Acta Nº 21/017, entendió que procedía aplicar, previa vista al interesado, una multa de setenta y una unidades reajustables, dejando constancia que se tuvo en cuenta los antecedentes de sanciones en la conducta reprochada y en la entidad de la falta (fs. 27, A.A.). Una vez notificada de esta instancia de vista (fs. 29 vto., A.A.), la actora volvió a presentar descargos enfatizando que no se tuvo la posibilidad de actuar de otra manera y que MONTE CARLO TV S.A. no podía ser sancionada por el desfasaje constatado, que, por otra parte, era absolutamente insigni ficante en el total de horas de emisión del mes de marzo de 2016 (fs. 30 vto. a 35 vto., A.A.). El 20 de febrero de 2018, se emitió otro informe por el Departamento de Asuntos Jurídicos (fs. 40 a 42, A.A.), el que no fue compartido por la Gerencia de Asun tos Jurídicos y Económicos en lo que respecta a la paramétrica y quantum sancionatorio, ratificando que correspondía una multa equivalente a setenta y una unidades reajustables, por un exceso de tres minutos con treinta y cinco segundos (fs. 44, A.A.). Finalmente, el 8 de marzo de 2018, se emitió el acto encausado (fs. 45 a 45 vto., A.A.). III) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, habrá de compartir la solución aconsejada por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs . 137 a 137 vto.) y desestimará la demanda, por los fundamentos que se explicitarán. La Corporación ya ha tenido oportunidad de pronunciarse ante casos análogos al presente, en términos que resultan plenamente reeditables (sentencias Nº 185/2019, 204/2020 y 538/2020, entre otras). En tal sentido, respecto del vicio de incompetencia de la URSEC para la imposición de multas , el Colegiado indicó: “El primero de los agravios esgrimidos por la parte actora, refiere a que -a su entender - la URSEC carece de competencia para imponer multas a los prestadores de servicios de telecomunicaciones. A juicio del Tribunal, el agravio no es de recibo. La Ley No. 19.307, denominada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue dictada el 22 de diciembre de 2014 y pu blicada en el Diario Oficial el 15 de enero de 2015. En su artículo 68 literal R) establece que es competencia del Consejo de Comunicación Audiovisual (en adelante: CCA) aplicar todas las sanciones salvo las que son de exclusiva competencia del Poder Ejecu tivo (artículo 181 literales E Y F - suspensión de hasta noventa días y revocación de la concesión, autorización, licencia o registro) y las que aplique el Poder Judicial. Por tanto, el resto de las sanciones establecidas en el artículo son de competencia exclusiva del CCA, entre las cuales se encuentra la multa. Ahora bien; al momento de ser sancionada la parte actora el CCA no se encontraba implementado, por lo que corresponde analizar el régimen transitorio previsto por el mismo cuerpo normativo. Así, el artículo 198 de la mencionada norma establece: “(Régimen Transitorio del Consejo de Comunicación Audiovisual) A partir de la vigencia de la presente ley, y hasta tanto se creen los cargos integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual, las compet encias del órgano desconcentrado estarán a cargo de los órganos que actualmente las ostentan , con excepción de las que se crean por la presente ley, las que serán ejercidas por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.” A partir de lo dispuesto por la norma transcripta y siendo que en el régimen normativo anterior regía la Ley No. 17.296 (arts. 86 y 89), el Decreto Ley No. 14.670 de 23 de junio de 1977 y su Decreto reglamentario No. 734/978 (éstos últimos, derogados expresamente por la Ley No. 19.307) según los cuales la competencia de sancionar los incumplimientos en materia de servicios de telecomunicaciones era de la URSEC, la Sede arriba a la conclusión de que es a ésta a quien le correspondía y tenía la potestad legal para ado ptar la resolución sancionatoria, por lo que nada cabe objetar al proceder de la Administración.” (sentencia Nº 185/2019 ) (la negrilla no está en el original). En lo que refiere a la violación del principio de seguridad jurídica , el agravio tampoco resul ta de recibo. Al respecto, cabe remitirse a lo expresado en sentencia Nº 538/2020, recaída entre las mismas partes, en la cual se consignó: “Sobre el punto, la actora postuló, en síntesis, la mala fe de la Administración, en tanto el período de emisiones y tandas publicitarias auditado comprende el mes de mayo del año 2016, mientras que la vista conferida lo fue en noviembre de 2016, es decir, transcurrido el plazo de 3 meses, legalmente estatuido, a efectos de conservación de las emisiones (art. 113, lit. “C”, de la citada ley Nº 19.307). En consecuencia, a juicio de la accionante, el modo de proceder de la Administración le generó indefensión en tanto no dispondría de las pruebas necesarias para refutar las imputaciones realizadas . El agravio esgrimido resulta rebatido por la actitud asumida por la accionante, tanto en sede de procedimiento administrativo, como en la presente instancia jurisdiccional. Así, en el procedimiento administrativo se esgrimió como defensa la situación acaecida durante la trasmisi ón de un programa en vivo el 14 de mayo de 2016, lo cual determinó la extensión de los espacios publicitarios (fs. 15 vto. de los antecedentes), lo cual fue replicado en la presente instancia (fs. 51 vto.) al insistir en las dificultades de contralor de las tandas publicitarias en los programas en vivo. Las afirmaciones de la accionante, lejos de resultar inculpatorias, vienen a confirmar los fundamentos de la sanción impuesta, dados por el incumplimiento de los límites legalmente previstos de tandas publicitarias, a la vez que evidencian que no se generó ninguna indefensión. En efecto, la actora, lejos de contradecir la imputación, pretendió justificarla, indicando que se trató de excesos en publicidad como consecuencia de la emisión de un programa en viv o. Su justificación, en definitiva, estriba en el principio de continuidad de servicio, conforme el cual, estima hizo todas las previsiones posibles para que no suceda un desfasaje -y por ende lo sucedido - es imprevisible e irresistible en programas en viv o, como el que se emitía al tiempo de los controles efectuados. Por lo tanto, no hay ninguna explicación a la alegada violación del principio de seguridad jurídica, ya que no se justificó el por qué debía contarse con las grabaciones. El reconocimiento efectuado por la actora descarta la necesidad de grabación alguna de los programas y echa por tierra el referido vicio. Por otra parte, bajo ninguna circunstancia puede endilgarse como violatorio del principio de seguridad jurídica el hecho de que se apliqu e una ley. Sobre el punto, la accionante señaló que durante 40 años no fueron controladas las tandas publicitarias en horarios laterales, a la vez que insistió en la falta de trascendencia de los incumplimientos constatados. Pues bien, lo que viola la seg uridad jurídica es el incumplimiento de la normativa. Nada puede achacarse a la Administración por velar la observancia de una ley mediante la aplicación de sanciones por su incumplimiento. En la misma línea de razonamiento, la demanda pretendió que se le confiriera vista previa al inicio de los controles. Dicho argumento no merece mayores análisis, máxime cuando en obrados se confirió vista en tres oportunidades previo a la aplicación de la sanción. El hecho de que la Administración adopte las medidas pe rtinentes para controlar el cumplimiento de las leyes, sin dudas, no requiere de conferir vista previa.” (la negrilla no está en el original). En lo que respecta a la aplicación de un criterio de responsabilidad objetiva, que exorbita el texto y espíritu de la LSCA, no surge en modo alguno demostrado que ello haya sido así. La actora fue sancionada por su negligencia en no haber prevenido que se incurriera en un exceso de duración en una tanda publicitaria en un programa en vivo y en ello no hay ninguna imposición de un criterio de responsabilidad objetiva. Acerca de la alegada ausencia de motivación , cabe remitirse -en buena medida - al pronunciamiento emitido por la Corporación mediante sentencia Nº 538/2020, en donde se examinó: “Al respecto, y en térm inos que corresponde replicar dijo el Tribunal en una reciente sentencia que dirimió un asunto análogo: “Cabe referirse primeramente a la ausencia de motivación del quantum sancionatorio, a cuyo respecto debe tenerse presente que esta surge, no sólo del ac to en sí mismo, sino también de sus antecedentes. El Tribunal ha examinado multiplicidad de asuntos similares al de autos y desde larga data ha señalado que: “(…) esa fundamentación del acto puede y debe surgir del acto mismo, o de sus antecedentes . Como enseña MARIENHOFF, la motivación del acto administrativo -aunque ella fuera obligatoria- puede resultar acreditada en cualquiera de los dos momentos que integran o pueden integrar la forma del acto, en el proceso de “formación” o en el de “expresión” de la voluntad de la Administración Pública. En otras palabras, la motivación puede ser concomitante o contemporánea con la expresión de dicha voluntad o anterior a tal expresión apareciendo en este último caso en el proceso de formación de la voluntad adminis trativa. En suma, debe tratarse de una motivación idónea y eficaz, para lo cual se requiere que ella sea “suficiente” para apreciar con exactitud los motivos determinados del acto (Op. Cit. págs. 334/336).” (sentencia Nº 21/2006) (la negrilla y el subrayad o no están en el original). Esta postura que se afilia a la opinión de Miguel Marienhoff (Cf. Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, tomo II, Abeledo Perrot, Buenos Aires, p. 330 a 332) ha sido reiterada sistemáticamente en los distint os pronunciamientos del Tribunal (sentencias Nº 881/2010, 374/2011, 325/2012, 312/2013, 539/2016, 311/2017, 397/2017, 342/2018, 130/2019 y 581/2019 ) por la mayoría de sus miembros.” (sentencia No. 204/2020). El caso no resulta complejo, en tanto es pacífic a, y lógicamente sustentable, el silogismo normativo en materia de infracciones. Así, el art. 139 de la citada ley Nº 19.307 prevé, bajo la denominación: “tiempo y espacio destinado a publicidad”, que: “Los servicios de comunicación audiovisual podrán emitir un máximo de quince minutos de mensajes publicitarios por cada hora de transmisión, por cada señal, cuando se trate de servicios de radiodifusión de televisión y quince minutos cuando se trate de servicios de radiodifusión de radio. En ningún caso estos tiempos serán acumulables. Se deberá incluir en el cálculo del tiempo máximo previsto el tiempo de un mensaje publicitario emitido en la modalidad de publicidad no tradicional, cuando la duración del mensaje supere los quince segundos”. Pues bien, la acto ra brinda un servicio de comunicación audiovisual, de radiodifusión de televisión, que se excedió en el tiempo de tandas publicitarias, lo cual meritó la imposición de una sanción. Incumplió la norma y fue sancionada. En lo que refiere a la graduación de l a sanción, tampoco merece ningún reproche el proceder administrativo. (…) La multa impuesta se encuentra dentro del elenco de sanciones legalmente establecidas, en donde se ha previsto un máximo de 10.000 UR para las sanciones pecuniarias (art. 181 de la mentada ley Nº 19.307), habiéndose aplicado en autos, conforme se señalara, una sanción de 10 UR.” (la negrilla y el subrayado no están en el original). Del mismo modo, en el presente caso se brindó una justificación razonable del presupuesto de hecho, los fundamentos de derecho y las circunstancias tenidas en cuenta para la imposición de la sanción a partir de la paramétrica aplicable. Sobre este último aspecto, resulta ilustrativo el informe de 7 de marzo de 2018, en el cual se indicó : “(…) cabe señalar que la aplicación de la paramétrica ya sea por semana o tomando el total mensual de los excesos da un idéntico resultado. Por tanto, en el caso no corresponde dividirse el monto total de la multa por el número de semanas controladas. En efecto, la paramétrica parte de considerar el tiempo excedido, independientemente del período controlado. En mérito a lo expuesto, en el caso corresponde aplicar una multa equivalente a 71 UR (Setenta y uno Unidades Reajustables) por un exceso de tres minutos con 35 segundos” (fs. 44, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En último término, resta por descartar el agravio por el cual se le atribuye a la URSEC el haber dictado un reglamento de ejecución para la determinación de multas mediante la cre ación de una paramétrica de desconocida génesis e irregular aplicación. Otra vez resulta pertinente acudir a la multicitada sentencia Nº 538/2020, en la que, ante análogo planteo, el Colegiado señaló: “(…) cabe concluir el carácter infundado del agravio esgrimido, en cuanto a que la URSEC se habría excedido en su potestad reglamentaria al establecer criterios de graduación de la sanción. Conforme se argumenta en la demanda la resolución de la URSEC estableciendo una paramétrica para aplicar sanciones des borda sus competencias, para insertarse así dentro de la competencia reglamentaria del Poder Ejecutivo. A juicio de la Corporación, la circunstancia de que la URSEC prevea criterios, a efectos de cuantificar las sanciones que la ley le ha conferido la potestad de aplicar, no puede interpretarse como un exceso o extralimitación de competencias, sino como un corolario de los poderes implícitos acordes a la potestad punitiva legalmente otorgada. Al respecto, el Prof. Delpiazzo ha señalado que: “…en lo que di ce relación con los poderes jurídicos, salvo norma expresa que diga lo contrario, la atribución de los mismos no puede interpretarse como taxativa en virtud del principio de los poderes implícitos. De acuerdo a dicho principio, la asignación de un cometido o actividad a un órgano o persona jurídica supone implícitamente la atribución de poderes jurídicos que sean necesarios para cumplirlo (…) Según enseña Juan Pablo CAJARVILLE PELUFFO, “la atribución expresa de cometidos a un órgano público supone implícita mente la atribución de los poderes imprescindibles para cumplirlos adecuadamente, siempre que el uso de tales poderes no le esté prohibido directa o indirectamente ni esté atribuido expresamente a otro órgano público” (…) Consecuentemente, la interpretación de las normas que fijan la competencia de las personas públicas debe ser lógica, sin preconceptos a favor o en contra de la entidad, admitiéndose una mayor amplitud cuando la solución no afecte la competencia de otras personas públicas” (así: Carlos E. D ELPIAZZO - Derecho Administrativo General, 2da. Edición, AMF, Montevideo, 2015, p. 249). En igual sentido, la jurisprudencia del Colegiado ha referido, al analizar el alcance de la competencia bancocentralista, en términos extensibles a los diversos órga nos estatales, que: “Desde el momento en que el BCU puede prohibir o autorizar, en todo en parte, operaciones en general o en particular, es claro a juicio del Tribunal que aquel cuenta con poderes implícitos para observar y exigir a los operadores la reconducción de una operativa negocial que se proyecte sobre la base de una tipología contractual determinada, que refleje fielmente el interés y finalidad buscada a efectos de otorgar la autorización requerida. Resulta aplicable, en la emergencia, la llamada “Teoría de los Poderes Implícitos”, puesto que, como enseña nuestra mejor doctrina, cuando se otorga legalmente competencia a un órgano público, implícitamente se le otorgan los medios para hacerla cumplir. Dependen para su existencia de un poder expreso a l que adhieren, por el cual existen y al cual sirven en ejercicio de una competencia (Cfme. CAGNONI, José Aníbal: “¿Qué son los poderes implícitos?”, Revista de Derecho Público, No. 33, 2008, págs. 195 -197); en jurisprudencia véanse, entre otras, la Senten cias N° 438/2013 y 372/2015)” (sentencia Nº 42/2018 de 12 de abril de 2018). En la emergencia, no se acude a un desborde de competencia, como pretende la actora, sino al corolario lógico de la competencia otorgada, relativa a la imposición de multas pecun iarias y consecuente necesidad de establecer criterios para su cuantificación .” (la negrilla no está en el original). Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes, FALLA : Desestímase la acción anulatoria y, en su mérito, confírmase la resolución impugnada. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la par te actora en la cantidad de $ 39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado)