Sentencia Sentencia N° 376/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 24 de agosto de 2021. No. 376 VISTOS : Para resolución estos autos caratulados: “BRITES LUZARDO ELIZABETH contra ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Acción de nulidad” (Ficha Nº 712/2020). RESULTANDO : I) La parte actora presentó demanda de nulidad, contra lo que llamó el acto administrativo dictado por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, que resolvió el ordenamiento del llamado a aspiracione s, para la provisión de cargos en carácter interno o suplente de profesor de Historia en el museo pedagógico “José Pedro Varela” 2020 -2022”, publicada en la página web de la Institución, el 20 de febrero de 2020 (fojas10/18 de autos). II) Por auto Nº 8 437/20, de 2 de diciembre de 2020, se confirió traslado de la demanda, emplazando a la Administración Nacional de Educación Pública, a contestarla (foja 20 infolios). III) El 12 de febrero de 2021, compareció la representante de la Administración Nacion al de Educación Pública, evacuando el traslado, manifiesta que el acto no es procesable y oponiendo la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, en tanto los recursos de revocación y jerárquico, fueron presentados fuera del plazo de 10 días corridos (fojas 28/35 infolios). IV) Por Decreto Nº 933/21, de 24 de febrero de 2021, se dispuso por contestada la demanda y se confirió traslado a la actora, de la cuestión formal planteada (foja 37 de autos). V) El 19 de marzo de 2021, comparece la actora evacuando el traslado de la excepción, expresando que los recursos fueron presentados, en tiempo y forma (foja 39 de autos). VI) Por Decreto Nº 2073/21, de 27 de mayo de 2021, se dispuso por evacuado el traslado conferido y que pasaron los autos, en vista al Sr. Procurador del Estado (foja 41 infolios). VII) Por auto Nº 3620/21, de 3 de agosto de 2021, el Tribunal citó para resolución, la que se acordó en tiempo y forma (foja 44 de autos). CONSIDERANDO : I) El Tribunal, apartándose de la solución propuesta por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, declarará que el concreto acto impugnado en autos, no es procesable ante esta jurisdicción. II) La pretensión anu latoria no se dirige en reali dad contra un acto dictado por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, que resolviera sobre el orden del llamamiento a aspiraciones, para la provisión de cargos en carácter interino o suplente de profesor de Historia en el museo pedagógico “José Pedro Varela” 2020 -2022; publicado en l a página web respectiva el 20-02-2020, como fuera aludido en el exordio de la demanda. Lo que ese día se publicó fue simplemente el ordenamiento final de quienes se habían presentado al llamado, proveniente del tribunal actuante y no del Consejo D irectivo Central de la ANEP, com o resulta fs. 34 de los antecedentes administrativos y además de las actuaciones de fs. 12 y 13 de esos antecedentes (que contienen las actas de fecha 14 -2-2020 d e aquel tribunal; 20/23 (actuaciones para identificar correctamente el acto y tomarlo como petición, por entender la Administración que los recursos no procedían); 24 -25 de junio de 2020, acto éste sí del Consejo Directivo Central, que resuelve no hacer lugar a lo que tomó como petición. III) El Colegiado, en su actual integración, entiende que actos como el único y verdaderamente atacado, que establecen los puntajes y el orden de prelación en Concursos, no son actos procesables ante esta jurisdicción, por cuanto no constituyen la última voluntad de la Administración; es decir, el Tribunal Evaluador, per se, no tiene vocación decisoria, en tanto no es el órgano competente para dictar el acto final, definitivo. Como expresa MÉNDEZ, citando a WALINE, en el procedimiento de formulación del acto jurídico existen tres períodos perfectamente definidos: el preparatorio, el decisorio y el ejecutivo. “El decisorio, que nos interesa inmediatamente, puede reputarse como creador del acto. En él, agotada la eta pa preparatoria la voluntad del órgano da el “fiat” que trae el acto a la luz. Esta decisión es la creación misma del negocio jurídico pero entre el instante del alumbramiento, diríamos, y el momento en que el acto es capaz de proyectar todos sus efectos, hay un camino a recorrer, variable en extensión, en tiempo y en contenido según el sistema orgánico en que se esté actuando o la naturaleza de la actividad. El nacimiento del acto representa la voluntad definitiva de la Administración en tal sentido: de ah í aquel carácter. El acto es, pues, definitivo, cuando el esfuerzo físico, intelectual y jurídico de un sistema u orden orgánico, expresan su voluntad creadora. Definitivo es, -lo decimos una vez más -, el acto cuya formulación ha agotado los procedimientos requeridos en un orden o sistema orgánico.” (Cf. MÉNDEZ, Aparicio, “Caracteres de los actos anulables” , publicado en LA LEY, cita Online: UY/DOC 59/2010)”. (Cf. Sentencia Nº 420/2019). Como ha expresado el Prof. CAJARVILLE, en opinión que el Tribunal h a citado repetidamente: “Los actos de procedimiento, preparatorios o de trámite, son impugnables jurisdiccionalmente si “hacen imposible o suspenden en forma indefinida la tramitación, decidiendo así directa o indirectamente el fondo del asunto”; para la l ey, estos actos adquieren el carácter de definitivos en cuanto resuelven sobre el fondo del asunto planteado, y por eso se les aplica el régimen de impugnación jurisdiccional”.(Cf. CAJARVILLE, Juan Pablo, “Recursos Administrativos”, FCU, 4ª Edición, 2016, págs. 151-152). Distinto podría haber sido este pronunciamiento si lo impugnado por nulidad fuera un acto del Consejo aprobando el orden expedido por el tribunal actuante en el Concurso, pero no fue ello lo introducido al demandar. En virtud de la natu raleza del acto atacado fue que la parte demandada consideró intempestiva la recurrencia y la tomó como petición; y en la presente causa, por esa naturaleza, pierde relevancia la cuestión de la tempestividad o no de los recursos que también se había plante ado al contestar la demanda, que no requiere por ende de análisis. Por tales fundamentos y lo dispuesto en los artículos 309 de la Constitución de la República y 24 del Decreto Ley Nº 15.524, el Tribunal. RESUELVE : Declárase que el acto im pugnado no es procesable en esta Sede, clausurándose por ende el presente proceso; con costas de precepto legal para la parte actora principal, sin especial condena en costos. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Vázquez Cruz (r.), Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).