Sentencia Definitiva N° 375/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 24 de agosto de 2021 No. 375 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos ca ratulados: “VITACAR SOCIEDAD ANÓ NIMA con ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 3/2018). RESULTANDO : I) La parte actora compareció representada por el Sr. Rodrigo Gorrochategui y dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de 23 de noviembre de 2017, mediante la cual se dispuso: “REVÓCASE la resolución del 4 de noviembre de 2016, dictada en expediente No 415603, por la cual se desestimó la acción de anulación promovida por R… AND EVERYTHING ELSE INC., de ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA respecto de la renovación de la marca “RUSTY DUSTY” y en su lugar ANÚLASE el registro de la marca “RUSTY DUSTY”, denominativa, a favor de VITACAR S.A. de URUGUAY, para distinguir los productos comprendidos en la Clase internacional 25” (fs. 58, infolios y fs. 128 a 129, pieza 1, en carpeta verde de 412 fojas, A.A.) (la negrilla pertenece al texto original). En su demanda, reseñó la “cronología de los hechos”, desde la solicitud inicial del registro de la marca RUSTY DUSTY, con fecha 8 de diciembre de 1989, bajo Acta Nº 234.284, a favor de Gustavo Casas Portas, la cual no tuvo oposición de terceros, ni de oficio, concediéndose su registro el 17 de octubre de 1990, hace veintisiete años. Dicha marca fue transferida a la firma NERMER SOCIEDAD ANÓNIMA, que solicitó su renovación bajo Acta Nº 326.460. A su vez, esta le transfirió la marca a VITACAR S.A., que tramitó su renovación bajo Acta Nº 415.603, concedida por Resolución de 6 de setiembre de 2010. En el mes de julio de 2015, la firma R…AND EVERYTHING ELSE INC, interpuso acción de nulidad contra el registro de la marca RUSTY DUSTY. Una vez tramitada la misma, la Directora de la DNPI, Dra. Marianela Delor, dictó Resolución el 10 de noviembre de 2016, no haciendo lugar a la acción de nulidad pretendida. Luego se realizó una modificación parcial al Resultando III), el 17 de febrero de 2017. Contra dicha Resolución, la firma R…AND EVERYTHING ELSE INC. interpuso recursos de revocación y jerárquico a los que VITACAR S.A. contestó oponiéndose. Pero esta vez, mediante informe del Dr. Alberto Campelo, de 22 de noviembre de 2017, la Asesoría Jurídica aconsejó proceder en forma totalmente contraria a lo que había aconsejado con anterioridad: es decir, revocar la Resolución recurrida, y en su lugar anular el registro de la marca RUSTY DUSTY. Luego, la misma Encargada de la DNPI, el 23 de noviembre de 2017, resolvió todo lo contrario a lo dispuesto un año atrás, revocando la recurrida y anulando el registro de la marca RUSTY DUSTY. En necesaria síntesis, esgrimió los siguientes agravios: i) no se ha probado la mala fe, ni la condición de marca notoria al momento de la inscripción. Como consecuencia de ello, caducó la posibilidad para deducir la acción de anulación; ii) ilegitimidad del medio probatorio en que se basó la Resolución atacada: la prueba testimonial es totalmente improponible y se produjo en violación de las reglas más elementales para su producción, que exigen que deban ser recogidas en audiencia y con la consiguiente posibilidad de que la contraparte pueda controlarla, repreguntando; iii) inconsistencias y fallas administrativas procesales: a) se tomó como buena y válida la producción de prueba testimonial totalmente improponible; y b) la Dra. Brenda Justo, como Encargada del Área de Asuntos Jurídicos dio su conformidad a dos dictámenes totalmente contrarios. Pero lo más llamativo es que en el caso del segundo dictamen lo hizo en tan solo siete minutos de tiempo desde que este le fuera elevado. Es inverosímil que haya actuado con la debida diligencia de un buen padre de familia y se generan dudas sobre la seriedad del análisis que debió realizar. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda y la anulación del acto impugnado (fs. 59 a 69 vto.). II) Conferido el correspondiente traslado compareció -en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería- el Dr. Milton Fuentes, quien lo contestó oponiéndose al accionamiento. Se entiende que de las pruebas aportadas en los antecedentes administrativos surge que los signos marcarios fueron creados en el año 1984 y se comenzaron a comercializar en 1985. De la documentación presentada, surgen publicaciones realizadas en los Estados Unidos, refiriéndose a la trayectoria deportiva y actividades similares de su creador, así como a los estatutos de la fir ma R…AND EVERYTHING ELSE INC. Además, existen declaraciones coincidentes sobre la librería que traía estas publicaciones, en las que se incluía la promoción de camisetas, tablas y productos similares entre los cultores nacionales del surf. Por lo que siendo éste el sector vinculado al deporte estaba al tanto de la misma. En este sentido, debe tenerse presente que el artículo 6 bis del Convenio de París establece que no se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición del uso de marcas regist radas o utilizadas de mala fe, contemplando la invalidación de un registro que constituya la reproducción, imitación o traducción susceptible de crear confusión de una marca que la autoridad competente estime como notoriamente conocida. Del conjunto de las pruebas valoradas de acuerdo con las reglas de la sana crítica se concluye que la marca RUSTY era conocida en nuestro país por el círculo de personas interesadas en dichos productos con anterioridad a la fecha de inscripción de la marca RUSTY DUSTY, el 17 de octubre de 1990. Por otra parte, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 10 bis del Convenio de París, en cuanto refiere a los actos de competencia desleal, contrarios a los usos honestos en materia industrial o comercial. En la espec ie existe notoriedad restringida de la marca RUSTY ya que la misma era conocida en su sector desde su lanzamiento en el mercado estadounidense en el año 1985, llegando a nuestro país su publicidad tal como consta en los antecedentes, por lo que la inscripc ión de la marca RUSTY DUSTY fue realizada de mala fe. En suma, abogó por el rechazo de la demanda a la vez que solicitó se noticiara del pleito a la firma R…AND EVERYTHING ELSE INC, con arreglo a lo previsto por el artículo 55 del Decreto - Ley Nº 15.524 (fs. 90 a 93 vto.). III) Por decreto No. 3278/2018, se ordenó dar noticia del pleito al tercero (fs. 95). Una vez notificado (fs. 96) compareció el Dr. Gustavo Fischer, en representación de R…AND EVERYTHING ELSE, INC., quien contestó la demanda en calidad de tercero coadyuvante. La marca notoria RUSTY fue creada en la década de los 80, por el famoso surfista Rusty Preiseindorfer, quien la transfirió a su mandante, la firma de Estados Unidos R…AND EVERYTHING ELSE, INC. La actora, VITACAR SA, detentó ilegítimamente en Uruguay el registro de la marca RUSTY DUSTY. Ésta en todo momento evidenció una patente mala fe, intentando asociar sus productos a la firma R…AND EVERYTHING ELSE, INC. y aprovecharse del prestigio de su famosa marca y nombre comercial R USTY, comercializando productos de indumentaria vinculados o asociados al surf. No sólo eso, sino que además asoció la marca RUSTY DUSTY a la también famosa marca R, propiedad de R…AND EVERYTHING ELSE, INC., utilizando ambas marcas en forma conjunta. De ese modo, los productos y diseños que comercializó la firma VITACAR SA en Uruguay resultan ser idénticos o una imitación del vestido comercial ( “trade dress” ) de los productos de R…AND EVERYTHING ELSE. Inclusive lo realiza haciendo referencia a la historia o trayectoria de esta última. El registro y uso de mala fe de la marca RUSTY DUSTY no fue un hecho aislado, sino que se trató de un intento consciente y coordinado de varias personas físicas y jurídicas -con vinculación entre sí - de apropiarse ilegalmente en Uruguay de los signos distintivos de R…AND EVERYTHING ELSE, INC. Así, en el expediente administrativo quedó acreditado que la Sra. Andrea Regina Gorrochategui, la propia hermana de quien comparece en representación de VITACAR S.A., Sr. Rodrigo Gor rochategui, registró como propio el famoso diseño R de R…AND EVERYTHING ELSE, INC. Y, o h casualidad, también licenció dicho registro a la firma SKANTIL SA, para que lo explotara juntamente con la marca que detentaba la empresa que representa su hermano. Por ello, en el expediente de la DNPI del registro de la marca R en la clase internacional Nº 25, R…AND EVERYTHING ELSE, INC. también presentó demanda de anulación. Demás está decir, que todo lo anteriormente señalado irrogó un grave e importante perjui cio a su representada, quien se vio impedida de comercializar sus famosos productos RUSTY, en el mercado uruguayo y debió tolerar por años que un grupo de infractores se beneficiaran indebidamente de la trayectoria y prestigio de sus famosos signos distintivos. Ahora que la DNPI ha hecho justicia, VITACAR S.A. pretende indebidamente continuar impidiendo que su mandante pueda hacer un uso pacífico y legítimo de su propia marca y del diseño R. En cuanto a la contestación de los agravios , puede resumirse a sí: i) no caducó la posibilidad de deducir la acción de anulación porque VITACAR SA contravino lo dispuesto por el artículo 5 numerales 6 y 7 de la Ley de Marcas, como también lo establecido por el artículo 6 bis del Convenio de París. El artículo 27 de la Ley de Marcas y el artículo 6 bis del Convenio de París, son claros en la imprescriptibilidad de la acción de anulación en estos casos; ii) quedó fehacientemente acreditada la mala fe en el registro y el uso de la marca RUSTY DUSTY. VITACAR SA conoce perfectamente la marca notoria RUSTY, una de las más importantes del surf. De hecho, tuvo siempre la clara intención de beneficiarse de la similitud entre las marcas RUSTY y RUSTY DUSTY, que a todas luce pretende reproducir, de forma servil, la presentación de la primera; iii) quedó fehacientemente acreditada la notoriedad de la marca RUSTY en Uruguay al momento de su registro . En este momento, no cabe más que agregar lo expresado por el Asesor Letrado de la DNPI en su dictamen de 22 de noviembre de 2017; iv) se ha cumplido con las reglas en materia probatoria, según lo dispuesto por el artículo 70 del Decreto Nº 500/1991 y 146 del CGP. La normativa permite la presentación de cualquier medio probatorio que no se encuentre prohibido por la Ley; y v) los asesores letrados han obrado conforme a Derecho . De aceptarse el criterio de la actora, no debería existir la instancia recursiva. Bajo su concepto, la Administración no podría variar de criterio (fs. 103 a 130 vto.). IV) Por decreto No. 4061/2018 (fs. 132) se tuvo por deducida la tercería coadyuvante sin que se produjera oposición de las partes. Por decreto No. 313/2018 (fs. 144) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 175. V) Las partes y la tercerista aleg aron por su orden (fs. 178 -185; fs. 192; y fs. 1250 a 275 vto., respectivamente). En dicha oportunidad, la tercerista coadyuvante presentó como hechos nuevos : i) dictámenes y Resolución dictada por la DNPI en el expediente de la marca R, Acta Nº 410.681, en la clase internacional Nº 25, que detentaba la Sra. Andrea Gorrochategui, la cual se anuló; ii) publicación en Revista Galería del reportaje “Cuando los pioneros dominaron las olas” , donde se realiza una nota al Sr. Ariel González, pionero del surf que prestó declaración para el expediente administrativo que refiere este caso (fs. 274). Por decreto Nº 1616/2020 (fs. 280) se proveyó la agregación de la documentación con citación personal de las partes, según lo dispuesto por el artículo 374 del Códi go del Proceso Civil, sin que se dedujera ninguna oposición. De esta manera, quedó incorporada a estas actuaciones la referida documentación (fs. 195 a 207 y fs. 208 a 249 vto.). VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se p ronunció mediante dictamen No. 362/2020, aconsejando el rechazo de la demanda y la confirmación del acto resistido (fs. 285 a 286). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en lega l y oportuna forma (fs. 288). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 artículos 4 y 9) habilitan el examen d e la pretensión anulatoria. En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4, 8 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Resolución de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial se emitió el 23 de noviembre de 2017 (fs. 58, infolios y fs. 128 a 129, pieza 1, en 412 fojas, A.A.) y según manifestaciones de la actora (fs. 59 y 81, infolios) no controvertidas por la demandada (fs. 90 a 93 vto., infolios), se notificó el 24 de noviembre de 2017. Ambas partes, son contestes en que resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 36 del Decreto-Ley 15.524 (fs. 81 y fs. 90 vto. a 91, infolios), el cual establece lo siguiente: “La reforma o revocación parcial no hará exigible una nueva impugnación en vía administrativa. No habrá reposición de reposición. Tampoco será exigible otra impugnación administrativa al tercero, eventualmente agraviado en su derecho o interés directo, por la revocación parcial o la reforma del acto originario objeto de tal decisión expresa de los recursos.” (la negrilla no pertenece al texto original). Siendo ello así, la demanda interpuesta el 1º de febrero de 2018, lo fue dentro del término legal (nota de cargo, fs. 70). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. Conforme surge de las actuaciones allegadas a la causa, la solicitud original del registro de la marca denominativa RUSTY DUSTY -para proteger productos de la clase internacional Nº 25 - se tramitó el 8 de diciembre de 1989, bajo Acta Nº 234.284, a favor del Sr. Gustavo Casas Portas, la que no fue objeto de oposici ón de terceros, ni de oficio, concediéndose el registro el 17 de octubre de 1990 (cf. informe de la Asesoría Jurídica del MIEM de 31 de octubre de 2016, fs. 345, pieza 2, A.A.). Dicha marca fue luego transferida a NERMER S.A. (cf. informe de la Asesoría Jurídica del MIEM de 31 de octubre de 2016, fs. 345, pieza 2, A.A.). El 17 de marzo de 2009, NERMER S.A., representada por su Director, Sr. Rodrigo Gorrochategui, cedió sus derechos como titular de la marca RUSTY DUSTY, concedida el 17 de octubre de 20 00, para distinguir productos de la clase internacional Nº 25 a VITACAR S.A., representada por el mismo Sr. Rodrigo Gorrochategui, en carácter de apoderado, pactándose el precio de $ 1,00 (un peso uruguayo) (fs. 31 a 32, pieza 1, A.A.). Esta transferencia fue autorizada por Resolución de la DNPI, de 16 de setiembre de 2009 (fs. 35, A.A.). El 1º de setiembre de 2010, VITACAR S.A. presentó solicitud de renovación de la referida marca (fs. 1 a 5, pieza 1, A.A.), la que se concedió por Resolución de la DNPI de 6 de setiembre de 2010 (cf. informe de la Asesoría Jurídica del MIEM de 31 de octubre de 2016, fs. 345, pieza 2, A.A.). Con fecha 23 de julio de 2015, compareció la firma R…AND EVERYTHING ELSE, INC., de Estados Unidos de América y dedujo acción de anulación (fs. 166 a 218, piezas 1 a 2, A.A.). En lo medular de su planteo, argumentó que VITACAR S.A. no era la legítima titular de la denominación RUSTY y que el registro de la marca RUSTY DUSTY infringía el artículo 5, numerales 3, 6 y 7 y el artículo 10 de la Ley de Marcas, los artículos 6 bis, 8 y 10 bis del Convenio de París y el artículo 9 numeral 4 del Protocolo del Mercosur. La marca que detenta VITACAR S.A. no es de buena fe y constituye un caso de concurrencia desleal de apropiación y uso de un signo marcario ajeno. Conferida vista de la acción instaurada a VITACAR S.A. (fs. 221, pieza 2, A.A.), la evacuó contestando la demanda (fs. 222 a 228, pieza 1, A.A.). En resumidos términos, argumentó que la marca fue originariamente concedida al Sr. G ustavo Casas Portas el 17 de octubre de 1990 y que durante veintiséis años de vida registral y pública no hubo ningún cuestionamiento a su legitimidad, con tres traspasos de titularidad y la inscripción de licencias sucesivas de uso en favor de terceros. E l término RUSTY en inglés puede referirse a algo de color óxido y es también un apodo para las personas que tienen el pelo rojo o llevan el nombre de Rossen. Si R…AND EVERYTHING ELSE fue creada en 1987, como dice la accionante, será un arduo esfuerzo proba torio demostrar que RUSTY pudo ser una marca notoria dentro de los dos siguientes años. La buena fe se presume. No es sensato afirmar que la marca RUSTY DUSTY fue registrada con intención de concurrir deslealmente cuando su reivindicación tuvo por objeto u na marca que resultó tan desvirtuada a efectos de su registro, que seguramente perdería su valor evocativo del público seguidor por la agregación de una expresión tan diluyente del conjunto, como sin duda lo es DUSTY (del inglés, polvoriento). El 18 de d iciembre de 2015, se dispuso la apertura a prueba de las actuaciones (fs. 236, pieza 2, A.A.) y la accionante presentó escrito relacionando los distintos medios probatorios que ofreció (fs. 243 a 255, pieza 2, A.A.). Una vez diligenciada la prueba, las p artes realizaron sus alegaciones finales (fs. 303 a 335 y fs. 301 a 302, respectivamente, pieza 2, A.A.). Luego de ello, la accionante se presentó invocando un hecho nuevo (fs. 336 a 339, pieza 2, A.A.) y agregó recaudos documentales (fs. 340 a 344, pieza 2, A.A.). Seguidamente, el 31 de octubre de 2016, se emitió un dictamen del Área de Asuntos Jurídicos (fs. 345 a 352, pieza 2, A.A.) en el que, luego de examinar examinar las alegaciones formuladas y las probanzas diligenciadas, se consideró que: “1. No se probó que al tiempo de concederse el registro de autos existía difusión de las marcas notorias “RUSTY” y “R” en nuestro país. 2. De la prueba producida se concluye que la accionante no puede pretender la anulación del registro de la marca “DUSTY RUST Y”, en virtud de que se trata de marcas distintas con un elemento común, el término “RUSTY”, el que no puede ser apropiado en forma exclusiva por la accionante, por ser un término que además de ser un apodo del nombre de pila Russel, es un adjetivo en idioma inglés (…) 3. No se acreditó la mala fe alegada por la accionante , y como se expresó en el cuerpo de este escrito, no se puede pretender hacer valer una notoriedad superviniente en forma retroactiva con el fin de impugnar registros marcarios que tengan elementos comunes, como es en el caso de autos la impugnada “RUSTY DUSTY” y las marcas de la accionante “RUSTY” y “R”. 4. Por lo que esta asesoría entiende, que no es admisible proceder a la anulación del registro de la marca “RUSTY DUSTY” cuyo titular act ual es VITACAR SOCIEDAD ANÓNIMA , para distinguir productos de la clase int. 25 (…)” (fs. 351, pieza 2, A.A.) (la negrilla no está en el original). El 3 de noviembre de 2016, la Encargada del Área Asuntos Jurídicos elevó las actuaciones consignando lo sig uiente: “De conformidad con el dictamen del Asesor actuante , corresponde poner las presentes actuaciones a consideración de la Dirección para su resolución” (fs. 355, pieza 2, A.A.) (la negrilla no está en el original). El 10 de noviembre de 2016, la DNP I emitió una Resolución por la cual dispuso: “NO HACER LUGAR A LA ACCIÓN DE ANULACIÓN deducida por la firma R…AND EVERTYTHING ELSE INC , contra la Resolución de esta Dirección de fecha 6 de setiembre de 2019, que autorizó la renovación del registro de la ma rca Acta 415.603 “RUSTY DUSTY” a favor de VITACAR SOCIEDAD ANÓNIMA, para distinguir los productos de la clase internacional 25” (fs. 354, pieza 2, A.A.), la que fue objeto de una modificación parcial mediante Resolución de 17 de febrero de 2017, que rectif icó un error padecido en el Resultando III) (fs. 356, pieza 2, A.A.) (la negrilla pertenece al texto original). Una vez notificada R…AND EVERYTHING ELSE INC., interpuso tempestivamente los recursos de revocación y jerárquico (fs. 42 a 44, pieza 1, A.A.), los que fundamentó a posteriori, ofreciendo prueba (fs. 46 a 59, pieza 1, A.A.). Conferida vista a VITACAR S.A. (fs. 63, A.A., pieza 1, A.A.), la evacuó argumentando que la contraria sólo pretendía un nuevo análisis de los hechos alegados y probados en la instancia precedente (fs. 64 a 66, pieza 1, A.A.). El 26 de junio de 2017 se dispuso la apertura a prueba de las actuaciones (fs. 69, pieza 1, A.A.), etapa en la presentó escrito relacionando una serie de declaraciones con certificación de firmas real izadas por escribano público, dos actas de constatación notarial y copias certificadas por funcionario público de la DNPI de la Revista SURFING de 1987, 1988 y 1989 y de la Revista SURFER de 1988 y 1989 (fs. 70 a 72, pieza 1, A.A.). Una vez incorporada l a prueba, la recurrente presentó su escrito de alegación final, concluyendo que el cúmulo de hechos y pruebas aportados demostró que el solicitante o el titular de la marca la conocían perfectamente al tiempo de su registración (fs. 85 a 118, pieza 1, A.A.). Por su parte, VITACAR S.A. presentó escrito de alegación final (fs. 75 a 78, pieza 1, A.A.) en el que concluyó: “La prueba producida en esta instancia sólo suma más cantidad a la prueba producida en la instancia previa, pero no a su calidad. Ella no logra desvirtuar los fundamentos que oportunamente expresáramos. (…) Básicamente, la prueba producida en esta instancia consta de diversas declaraciones testimoniales unilaterales, certificadas notarialmente en su firma, que claramente violentan las reglas más básicas del recaudo de la prueba testimonial, que la ley exige : los de ser ofrecidos y recogidos en audiencia, y las vinculadas a la posibilidad de repreguntar la contraparte. En definitiva, la prueba complementaria aportada en esta instancia no rebate la justificación esencial del rechazo de la acción anulatoria, cual fuera la inexistencia de cualquier prueba de notoriedad de la marca cuestionada en el mercado local . La producida sólo acredita notoriedad SUPERVININIENTE y más o menos actual, pero no la que la ley exige como esencial para la nulidad que se pretende.” (fs. 77, pieza 1, A.A.) (la negrilla no está en el original). El 22 de noviembre de 2017, se expidió por la División Recursos y otras Acciones del Área de Asuntos Jurídicos mediante un por menorizado informe que dio cima al cambio de parecer de la Administración (fs. 119 a 126, pieza 1, A.A.). En lo medular del dictamen, se consignó: “En la acción de anulación se incorporó numerosa prueba documental, entre ella, diversas publicaciones de l os Estados Unidos, refiriendo la trayectoria deportiva y actividades conexas del Sr. Preisendorfer, así como los estatutos de la firma R…AND EVERYTHING ELSE INC, cuyo primer directorio integraba el mismo. Retomando lo expresado en el dictamen del 31/10/201 6, se expresaba : “No se probó que al tiempo de concederse el registro de autos existía difusión de las marcas notorias “RUSTY” y “R” en nuestro país.” Pero a la luz de la prueba adicional aportada en esta instancia, debe revisarse dicho aserto. (…) En part icular, lucen agregadas publicaciones de las revistas Breakout, Surfer y Surfing , y otras notas periodísticas , de fechas anteriores a la solicitud de la marca RUSTY DUSTY por el Sr. Casas Portas en 1989. Teniendo presente que el sector de personas vinculad as al surf es un reducto limitado , y lo era más aún en la década del 80, se carecía de información sobre la difusión o notoriedad que pudiera tener el Sr. “Rusty” Preisendorfer; pero los testimonios aportados permiten concluir que en esos años se recibían y difundían entre los seguidores de dicha disciplina publicaciones norteamericanas, como las agregadas infolios. En tal sentido puede verse las declaraciones coincidentes sobre la librería que traía dichas publicaciones , en las cuales se incluía publicidad sobre las actividades del Sr. Preisendendorfer , su conocimiento del mismo, la promoción de sus tablas y camisetas, e incluso el hecho de que algunos de los cultores del surf coleccionaban tales revistas (cf. Publicaciones agregadas con el escrito de anula ción, sumadas a las referidas en 5.1., así como las declaraciones aportadas); lo cual complementa la prueba documental relativa a las cesiones de derechos a favor de la firma recurrente, y en las cuales se refiere a que el Sr. Preisendorfer giraba comercialmente como Rusty Surfboards, distinguiendo artículos de Clase 25 y 28 con las marcas RUSTY y/o R. (…) Las pruebas aportadas , valoradas en su conjunto y de acuerdo a las reglas de la sana critica , llevan al suscrito a compartir las afirmaciones de la recur rente sobre el conocimiento que existía en nuestro país de la marca RUSTY, previo a la solicitud de la marca en cuestión . Y el hecho de adoptar un signo que constituye una imitación de la misma, así como la utilización del apodo por el cual se conocía al S r. Preisendorfer, dan total verosimilitud a la presunción del ánimo de competencia desleal , así como que un registro se solicitó de mala fe , y, como bien sostiene la recurrente, un signo de tales características, para distinguir productos de la misma Clase 25, implica la presunción de ánimo de competencia desleal (…)” (fs. 123 a 125, pieza 1, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). El 22 de noviembre de 2017, la Encargada del Área Asuntos Jurídicos elevó las actuaciones en los siguientes términos: “De conformidad con el dictamen del Asesor actuante , corresponde poner las presentes actuaciones a consideración de la Dirección para su resolución” (fs. 127, pieza 1, A.A.) (la negrilla no está en el original). Finalmente, el 23 de noviembre de 2017, se dictó el acto encausado (fs. 128 a 129, pieza 1, A.A.). III) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, habrá de compartir el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 285 a 286) y desestimará la dem anda, por los fundamentos que se explicitarán. En esencia, la parte actora expresó como agravios los siguientes: 1º) No se ha probado la mala fe, ni la condición de marca notoria al momento de la inscripción. Como consecuencia de ello, caducó la posibilidad para deducir la acción de anulación. 2º) Ilegitimidad del medio probatorio en que se basó la Resolución atacada: la prueba testimonial es totalmente improponible y se produjo en violación de las reglas más elementales para su producción, que exigen que deban ser recogidas en audiencia y con la consiguiente posibilidad de que la contraparte pueda controlarla, repreguntando. 3º) Inconsistencias y fallas administrativas procesales: a) se tomó como buena y válida la producción de prueba testimonial totalmente improponible; y b) la Dra. Brenda Justo, como Encargada del Área de Asuntos Jurídicos dio su conformidad a dos dictámenes totalmente contrarios. Pero lo más llamativo, es que en el caso del segundo dictamen lo hizo en tan solo siete minutos de tiempo desde que este le fuera elevado. Es inverosímil que haya actuado con la debida diligencia de un buen padre de familia y se generan dudas sobre la seriedad del análisis que debió realizar. A continuación, se realizará el análisis de los agravios formula dos por la pretensora. IV) La esencia del pleito estriba en determinar si corresponde hacer lugar a la pretensión de nulidad deducida por VITACAR S.A., la cual sostiene que no se probó que al tiempo de la inscripción de la marca RUSTY DUSTY en el año 1 990, se haya procedido con mala fe, ni tampoco la notoriedad de la marca RUSTY. Como consecuencia de ello, entiende que caducó la posibilidad de la acción de nulidad y que lo actuado por la Administración es nulo. El artículo 27 de la Ley Nº 17.011, regu la la acción de anulación en los siguientes términos: La acción de anulación basada en el artículo 4º de la presente ley podrá deducirse en cualquier tiempo. Transcurridos quince años desde la fecha de concesión del registro de la marca caducará el derecho a deducir la acción de anulación basada en el artículo 5º de la presente ley , salvo en el caso de marca notoria , cuando haya sido registrada de mala fe , en cuyo caso la acción podrá deducirse en cualquier tiempo .” (la negrilla y el subrayado no están en e l original). Como explica Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “La acción de anulación encuentra fundamento en tres tipos de causales: 1) Las hipótesis de los arts. 4º y 5º (…); 2) Razones de confundibilidad por similitud; 3) Uso anterior, cuando se trata de ma rcas notorias (art. 5º numeral 6 ) (…)” (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, Tercera Edición, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, 2009, p. 173 a 174) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En el presente caso, la acción de anulación, que a la postre amparó la Administración tuvo como fundamento la existencia de un caso de concurrencia desleal , con apropiación y uso de mala fe de VITACAR S.A. respecto de las marcas notorias de su propiedad, RU STY y R, relacionadas con los famosos productos de surf y vestimenta. Básicamente, el referido accionamiento fue inicialmente desestimado por no haberse probado la notoriedad de la marca RUSTY al tiempo de la inscripción del signo RUSTY DUSTY, extremo qu e luego cambió, a partir de las probanzas ofrecidas en vía recursiva por la empresa R…AND EVERYTHING ELSE, INC. La cuestión a dilucidar resulta compleja y opinable, en donde se enfrenta la tutela que brinda el artículo 9 de la Ley Nº 17.011 al titular de la marca RUSTY DUSTY, inscripta en el año 1990 en nuestro país, con la protección que otorgan a los titulares de marcas notorias los artículos 5 numerales 6) y 7) del mismo cuerpo, así como los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París. Normativamente, a los efectos de determinar la protección de las marcas notorias en nuestro país, la primera línea de análisis deberá realizarse a partir de lo dispuesto por el artículo 5 numeral 6°) de la Ley Nº 17.011 , que establece que no podrán ser registradas co mo marcas, irrogando nulidad relativa: “ 6º) Los signos o las palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial”. A su tiempo, en el artículo 5 numeral 7°) se prohíbe el registro como marca de “Las palabras , los signos o los distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal”. Las disposiciones transcriptas, corren en la misma línea que lo estatuido por el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial. En efecto, el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en L a Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967) , aprobado por el Decreto - Ley 14.910, de 19 de julio de 1979, dice así: “Artículo 6 bis [Marcas: marcas notoriamente conocidas] 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3) No se fijará plazo para recl amar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe .” (la negrilla y el subrayado no pertenecen al texto original). En tanto el artículo 10 bis del Convenio de París, establece lo siguiente: “Artículo 10 bis [Competencia desleal] 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberán prohibirse: 1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.” En el plano doctrinal, Bugallo Montaño explica la noción de marcas notorias de la siguiente m anera: “Notoriedad es la cualidad de notorio, implica nombradía, fama; notorio es aquello público y sabido por todos, claro, evidente; importante, relevante o famoso . En general, la fuerza de una marca se mide en parte por su notoriedad, por el número de p ersonas que conocen el significado del signo elegido para la individualización de un producto o servicio. La notoriedad de la marca es un concepto diverso del carácter distintivo: esta última deriva de la apreciación de quien será su titular luego será cal ificado por el Registro. La notoriedad se aprecia desde el público, los consumidores, la clientela es quien determina este valor en la marca. Se define a la marca notoria como marca usada , aun cuando no sea registrada , que se distingue y caracteriza por extenso grado de reconocimiento, cuantitativamente hablando , que hace de ella el mercado, al menos en los sectores interesados en el producto o servicio de que se trate . Se trata de marcas conocidas por una amplia fracción del público, que gozan de una re putación importante , sin que se requiera obligatoriamente una excepcional celebridad. (…) Antes, la notoriedad se fundaba necesariamente en la calidad del producto o servicio, mientras que actualmente es el fruto de una técnica de lanzamiento. (…) El alt o poder distintivo de esta marca determinó un tratamiento jurídico especial, consagrado en los textos jurídicos internacionales , que trasciende la aplicación del principio de territorialidad (su protección va más allá del ámbito estatal donde fue concedido el derecho de exclusiva), y que, además, trasciende el principio de especialidad (su protección va más allá de los productos o servicios para los cuales fue solicitada). La doctrina, en general es partidaria de la desaparición de la aplicación del princi pio de especialidad pues el empleo de una marca notoria en sector distinto de aquél en el cual se ha registrado responde a una voluntad parasitaria de quien lo realiza y puede llevar a la vulgarización, en perjuicio de la propia marca notoria. El fundamento se encuentra en diversos argumentos, entre los que destacamos: a. impedir el aprovechamiento abusivo, mediante ventajas desleales, del trabajo y la inversión ajenas; b. evitar que la mala utilización de un tercero de una marca posterior, perjudique a la anterior; (…) El derecho uruguayo vigente , siguiendo la tendencia mundial, atribuye a la marca notoriamente conocida un tratamiento jurídico privilegiado. En primer lugar, y como nota más destacada , no limita el ejercicio del derecho de exclusiva al t erritorio del Estado extranjero concedente el registro. Es decir, que la calificación de notoriedad para una marca significa que su titular podrá ejercer acciones marcarias en defensa de su signo, en nuestro país, aún en ausencia de registro nacional. En segundo lugar, el derecho de exclusiva trasciende los productos o servicios en los cuales efectivamente se aplica . La fuerza distintiva del signo es tal, en el caso de la marca notoriamente conocida, que tolerar que un tercero se apropie del signo para pro ductos o servicios diversos de los que utiliza el titular, aun cuando no fueran concurrentes, sería desconocer la inversión y desarrollo de la marca en cuestión. En tercer lugar , el texto actual que estamos analizando implica la extensión de la protección de la marca notoriamente conocida al registro de la imitación y traducción total o parcial de la marca protegida. La notoriedad debe ser apreciada en el territorio cuya protección se reclama, no requiriéndose que lo sea para el público en general ” (Cf. Beatriz Bugallo, “Propiedad Intelectual”, ob. cit. p. 111 a 114) (sentencias Nº 391/2016, 588/2019, 712/2019, 298/2020 y 737/2020, entre otras) (la negrilla no está en el original). De manera complementaria, es menester tener presente lo señalado por Gutiérrez Carrau, quien advierte: “El concepto de “marca notoria” se ha conformado por la doctrina y jurisprudencia y así se han elaborado los supuestos de “notoriedad amplia” y “notoriedad restringida” (…) Adelantando que la “notoriedad restringida” es la que existe entre los comerciantes del ramo concreto de que se trata y no a nivel del público en general (“notoriedad amplia”), podemos decir que se comprende en la hipótesis de “marcas notorias” a aquellas que un competidor del rubro no podría desconocer y qu e se las registra a su nombre , siendo de otro comerciante, será bajo una presunción de mala fe. Por tanto, nadie puede tener la absoluta y plena certeza sobre su registro de marca. Porque alguien puede plantear en cualquier tiempo su anulación, diciendo qu e le pertenece , porque tiene una marca igual o muy similar anterior , porque dice que el signo es genérico o de uso común, o porque su nombre comercial anterior es igual, etc., y así se anulan en la práctica muchas marcas que han estado registradas por varios años (…)” (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, Tercera Edición, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Montevideo, 2009, p. 16 a 17) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Por otra parte, y con relación a la causal de nulidad por competencia desleal, el autor señala: “Una de las conceptualizaciones más concretas de la “competencia desleal” surge del art. 10º bis del Convenio de París que dice textualmente: (…) Es decir, genéricamente existe “competencia desleal” cuando se compite de “mala fe”, cuando hay “deshonestidad”, cuando hay -valga la redundancia- “deslealtad” en el ejercicio del comercio. (…) La causal prevista en el numeral 7 (…) prohíbe el registro de signos, palabras o distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal. (…) Se aplicará el numeral 7 cuando la nueva marca que se solicita, más allá de generar confusión por identidad o similitud, hace presumir en el examinador una “mala fe ”, una “deslealtad ”, un intento de aprovechamiento o apropiación indebidos de un signo y prestigio ajenos. Naturalmente, el resultado que ello pueda traer aparejado podrá ser la confusión del consumidor, pero con un origen -como se ve - claramente distinto al de la mera similitud. Si bien, es difícil realizar la demarcación teórica de los conceptos, fácticamente basta enfrentarse al caso concreto para que se capte o huela ese “algo” desleal y deshonesto , que emerge de la adopción del propio signo. (…) En la doctrina nacional , se ha sostenido que el numeral 13º de la anterior ley Nº 9.956 (muy similar al actual numeral 7 del art. 5º en estudio) es una norma de carácter objetivo. En tal sentido, Eduardo Mezzera expresó:“la deslealtad presumida debe resultar del propio signo sin que corresponda analizar a los efectos de su registrabilidad o irregistrabilidad la conducta del solicitante.” (…) El signo será entonces irregistrable por el sólo hecho de que su configuración haga presumir la intención de una concurrencia desleal . Sin intención, sin concurrencia y sin daño. A nuestro juicio la interpretación de la norma debería ser más amplia, y de ello tenemos abundantes ejemplos en la jurisprudencia. En efecto, existirán casos claros donde el signo , por sí mismo , permita presumir una intención desleal. Pero habrá otros casos , en los cuales el mero examen del signo no resulte suficiente para que se genere la presunción. Y esta podrá generarse por el aporte de pruebas de conductas objetivas del solicitante en el comercio .” (Cf. Juan Manu el Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Tercera Edición, Montevideo, 2009, p. 101 a 104, citando la opinión de Eduardo Mezzera, en “La Competencia Desleal en el marco de la Ley Nº 9.956”, p. 101) (la negrilla y el subrayado no están en el original). De esta manera, y sobre la base de las pautas normativas y doctrinales que se vienen de explicitar, es menester ponderar si en el caso concreto R…AND EVERYTHING ELSE, INC. probó suficientemente la notoriedad de su marca RUSTY, al tiempo de la inscripción de la marca RUSTY DUSTY (artículo 5º, numeral 6 de la Ley Nº 17.011), como también la existencia de un supuesto que haga presumible un propósito de concurrencia desleal o mala fe (artículo 5º, numeral 7 de la Ley Nº 17.011), de manera tal que no resulte de aplicación la presunción de legitimidad en la propiedad de la marca inscripta establecida por el artículo 9 de la Ley Nº 17.011. IV) En lo inicial, corresponde pronunciarse sobre el vicio de forma en cuanto a la producción de la prueba testimonial , en virtud de su incidencia respecto de las demás causales de ilegitimidad del acto. La actora sostuvo que se violaron las más elementales reglas de producción de la prueba , que exige que la pru eba testimonial deba ser recogida en audiencia y con la posibilidad de su control de la otra parte, de manera tal que pueda repreguntar. El punto fue controvertido únicamente por la tercerista coadyuvante en el pleito, que fue quien en la instancia recur siva se valió de dicho medio probatorio. En concreto, argumentó que se cumplió con las reglas en materia probatoria, citando en su respaldo las disposiciones de los artículos 70 del Decreto Nº 500/1991 y 146 del Código General del Proceso, en el entendido que la normativa permite la presentación de cualquier medio de prueba que no se encuentre prohibido por la Ley. Desde la dogmática procesalista, se analizó el tema en los siguientes términos: “Cabe preguntarse, entonces, acerca de la validez de las declaraciones extrajudiciales, es decir, aquellas que no fueron tomadas dentro del proceso sino en forma privada, ante una autoridad policial, por ejemplo, y aun las que, tomadas durante el transcurso del proceso, no se produjeron en la audiencia de prueba correspondiente bajo la dirección del tribunal. En cuanto a la primera hipótesis, las tomadas en forma extrajudicial y que luego pretenden incorporarse al proceso a través de un documento, por ejemplo, declaraciones recogidas en una acta notarial, en un part e policial, etc., parece claro que la contundencia del art. 142, al establecer que todas las pruebas deben ser producidas en audiencia, salvo disposición legal en contrario, y lo preceptuado en el art. 161 que se comenta, relativo a la declaración de testi gos en audiencia, nos lleva a concluir que las declaraciones recogidas fuera del sistema legal referido no constituyen prueba testimonial . Podrán ser consideradas como prueba documental , no haciendo plena fe por su contenido, por lo que se las ubicaría dentro del criterio de valoración de la sana crítica. Nuestra jurisprudencia ha sido prácticamente unánime en no asignarle valor probatorio a las declaraciones tomadas fuera del juicio , sin las garantías del contradictorio. Así han expresado nuestros tribunal es que la prueba testimonial debe recibirse , para valer , con citación y con la garantía del contradictorio y, por tanto, la recibida antes del juicio por vía de información no era válida, aunque se hubiera solicitado su agregación y no hubiese mediado oposición de la contraparte. En otro caso, se sostuvo que la carta dirigida por un testigo a una de las partes carece de valor probatorio, ya que, como instrumento privado, no emana de la parte a quien se opone y como testimonio, es aportado por una vía irregular. Con iguales argumentos se rechazó por inadmisible la incorporación al proceso de declaraciones de testigos contenidas en un acta notarial, ordenándose su desglose y posterior devolución a la parte interesada” (Cf. Enrique Vescovi, Margarita de Hegedus , Selva Klett, Fernando Cardinal, Luis Simón y Santiago Pereira, “Código General del Proceso. Comentado, anotado y concordado” , tomo 5, editorial Ábaco, Buenos Aires, 1998, p. 107 a 108) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Por su parte, el Tribunal ha tenido oportunidad de examinar este tipo de cuestionamientos, particularmente en casos de sumarios, señalando que existe el derecho a controlar el diligenciamiento de la prueba de cargo con asistencia letrada, durante todo el procedimiento sumarial. Ello forma parte del derecho al debido proceso y las restricciones a su ejercicio suponen una afectación a las garantías de defensa ( sentencias Nos. 574/2012, 142/2013, 265/2013, 367/2014, 366/2016, 188/2017, 341/2017, 499/2017, 955/2017, 380/201 8, 445/2018, 660/2018, 416/2019, 605/2019, 632/2019, 789/2019, 110/2020, 72/2020, 117/2020 y 221/2020 , entre otras). De la compulsa de los antecedentes del sub - examine emergen una serie de declaraciones testimoniales con certificaciones notariales de firmas de las siguientes personas: i) Ariel González Teste (fs. 511 a 512, pieza 3, en carpeta rosada de 1420 fojas, A.A.); ii) Eduardo Bolioli (fs. 513 a 514 vto., pieza 3, ibidem); iii) Gonzalo Praderi (fs. 515 a 519, pieza 3, A.A., ibidem); iv) Fernando Vásquez (fs. 520 a 524, pieza 3, A.A., ibidem); v) Aldo Ramírez (fs. 525 a 529, pieza 3, A.A., ibidem); vi) Marcelo Tato (fs. 530 a 532, pieza 3, A.A., ibidem); y vii) Jordi Rossi (fs. 534 a 537, pieza 3, A.A., ibidem). Todos estos testimonios fueron tom ados como válidos por la Administración, pese a la objeción formulada por la contraparte (VITACAR S.A.), en cuanto a que el modo de producción de la prueba testimonial debe ser en audiencia y con el control de la otra parte. En efecto, en el dictamen que dio cima al acto impugnado se hizo referencia a que “los testimonios aportados permiten concluir que en esos años se recibían y difundían entre los seguidores de dicha disciplina publicaciones norteamericanas, como las agregadas infolios. En tal sentido p uede verse las declaraciones coincidentes sobre la librería que traía dichas publicaciones , en las cuales se incluía publicidad sobre las actividades del Sr. Preisendorfer, su conocimiento del mismo, la promoción de sus tablas y camisetas, e incluso el hec ho de que algunos de los cultores del surf coleccionaban tales revistas (cf. Publicaciones agregadas con el escrito de anulación, sumadas a las referidas en 5.1., así como las declaraciones aportadas); lo cual complementa la prueba documental (…)” (fs. 124 , pieza 1, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). A la luz de la lectura de los textos normativos, como de los pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales que se viene de referir, es claro, que dichas probanzas no pueden ser con sideradas como “prueba testimonial” porque, como ya se vio, este medio probatorio debe diligenciarse en audiencia, con el debido control de la otra parte. En cuanto al argumento que formula la tercerista coadyuvante, si bien se puede considerar que la de claración con certificación notarial no constituye un medio probatorio prohibido por la Ley, no es menos cierto que el procedimiento que esta previó para su producción es en audiencia, con el control de la otra parte, por lo que no parece admisible apelar a mecanismos que por vía oblicua sortean el medio probatorio idóneo previsto por el legislador. Al respecto, cabe tener presente lo dispuesto por el artículo 146.2 del Código General del Proceso, que establece que “ También podrán utilizarse otros medios probatorios no prohibidos por la regla de derecho, aplicando analógicamente las normas que disciplinan a los expresamente previstos por la Ley ”, como también lo dispuesto por el artículo 144.1 inciso 2), que dispone que el Tribunal “También rechazará el diligenciamiento del medio que manifiestamente tienda a sustituir otro que específicamente corresponda por la ley o por la naturaleza del hecho a probar, en cuyo caso el tribunal podrá disponer del medio de prueba que correspondiere” (la negrilla y el subrayado no están en el original). En el presente caso, no se observa que se hayan aplicado analógicamente las normas que disciplinan la prueba testimonial y, por el contrario, parecería que las declaraciones de testigos cuyas firmas fueron certificadas por acta notarial constituirían un medio probatorio que tiende a sustituir el que específicamente corresponde por Ley. El medio probatorio como tal no está prohibido por la Ley, pero naturalmente, deberá estarse al idóneo y al procedimiento específico previsto por el legislador. Esta cuestión ha sido particularmente estudiada por Abal Oliú, quien destaca: “El Código establece en su art. 161 que el interrogatorio del testigo debe ser realizado en audiencia (salvo claro las excepciones del art. 163). Sin emba rgo, veremos que quizás podría resultar posible en ciertos supuestos de excepción considerar la admisibilidad de declaraciones testimoniales no tomadas en audiencia sino, por ejemplo, a través de un interrogatorio recogido extrajudicialmente en acta notari al, o en forma administrativa, etc. ( por la vía de los medios de prueba no previstos expresamente en la ley )” (Cf. Alejandro Abal Oliú, “Derecho Procesal”, tomo IV, “Las funciones procesales (continuación)” , FCU, 1ª edición, noviembre de 2014, p. 215) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Luego, en sede de medios de prueba alternativos a los regulados por la Ley , se refiere a cuatro reglas que limitan su proposición, que básicamente están dadas por: a) la prohibición explícita o implícita de acudir a estos procedimientos alternativos, según lo dispuesto por el artículo 146.2 del CGP; b) la prohibición emanada de la regla de la subsidiariedad que establece el artículo 144.1 inciso 2) del CGP; c) la regla que establece que los medios de prueb a deben ser producidos en audiencia, prevista por el artículo 142 del CGP, debiendo entenderse excluidos a todos aquellos que, por su naturaleza, resulte imposible que se produzcan de esa manera; d) la regla de la parte final del artículo 146.2 del CGP, conforme a la cual los medios de prueba no previstos deben seguir analógicamente las reglas existentes en las normas que disciplinan los existentes (Cf. Alejandro Abal Oliú, “Derecho Procesal”, tomo IV, “Las funciones procesales (continuación)” , op. cit., p. 331) (la negrilla no está en el original). Más adelante, se centra de lleno en la declaración recogida extrajudicialmente por escribano público y plantea la siguiente hipótesis: “(…) si pensamos en la fuente de prueba constituida por un testigo, y que este es por ejemplo un turista que ha desembarcado de un crucero por unas pocas horas, lo que hace impensable considerar la posibilidad de que sea citado para declarar en audiencia ante el tribunal (ni siquiera como medida probatorio anticipada urgente ), entiendo que no habría obstáculo para que se le interrogue por un escribano labrando un acta notarial con las preguntas y respuestas (e incluso filmándose o grabándose el interrogatorio), y que luego se incorpore esa acta al proceso (citándose en todo caso al escribano como testigo para ser interrogado sobre todas las circunstancias vinculadas a dicho interrogatorio, y agregándose la filmación o grabación si también se hizo). Se tratará en ese caso de un procedimiento (es decir un medio de prueba) para incorporar al proceso una fuente de prueba (la declaración de un testigo) distinto del procedimiento (el medio de prueba) previsto en el código para ello . Y este medio de prueba no previsto no está prohibido por la ley, ni directa ni directamente, ni violenta lo dispuesto en el art. 144.1 del código (pues no sustituye al interrogatorio de testigo previsto en el código, en tanto sería imposible que en el caso ejemplificado se pudiera seguir el procedimiento previsto y conseguir interrogar al testigo) , ni tampoco violenta lo dispuesto en el art. 142.1 del mismo C.G.P. (pues como se ha indicado debe entenderse que también están excluidos de la regla de producción en audiencia todos los medios de prueba que es imposible que se puedan producir en audiencia ante el tr ibunal)” (Cf. Alejandro Abal Oliú, “Derecho Procesal” , tomo IV, “Las funciones procesales (continuación)” , op. cit., p. 332) (la negrilla no está en el original). Sin embargo, nada de ello se verifica en el sub - judice, en donde la parte que se sirvió de dicho medio probatorio no hizo otra cosa que apelar a una defensa genérica basada en que se trata de un medio no prohibido por la Ley, sin dar ninguna justificación que avale dicho proceder, en lugar de seguir el procedimiento de regla, que debe ser en audiencia. Por otro lado, no puede perderse de vista que la jurisprudencia ha hecho hincapié en la necesidad que se asegure a la contraparte un contradictorio, el que no se encuentra asegurado si la parte que se quiere beneficiar de dicho medio probatorio lo recaba en forma unilateral, sin permitir que la otra pueda siquiera ejercer su derecho de repreguntar. Ahora bien, aun cuando estas declaraciones se encuentren viciadas de nulidad por violación a la regla de derecho , ello no determina per se la anulación del encausado. Así, la Corporación ha sostenido que un acto administrativo puede mantener su validez en la medida que resulte posible dividir o separar las pruebas y que la obtenida en forma ilícita no irradie o afecte a las que no dependen de ella (sentencias Nº 700/2017, 333/2019 y 166/2020 , entre otras). En este sentido, tomando como fundamentos la “teoría de la fuente independiente”, la “teoría de la proporcionalidad” , la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso Al - Khawaja y Tahery v. Reino Unido, aplicaciones Nº 26766/05 y 22228/06, 15 de diciembre de 2011, con referencia a lo dispuesto por el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos), así como el “principio de trascendencia” , el Tribunal ha entendido ante casos similares que la infracción a la regla del contralor de la producción de la prueba testimonial no determina en todos los casos la nulidad del acto (sentencias Nº 333/2019 y 166/2020). Así, por ejemplo, el Tribunal sostuvo lo siguiente: “(…) PÉREZ NIETO admite la valoración de otras pruebas con tal de que no exista "conexión de antijuridicidad" entre la prueba viciada y la prueba posterior, la que puede ser "natural" cuando la posterior viene a partir de datos obtenidos por la ilícita , o "intelectual" cua ndo los datos obtenidos en forma ilícita permitieron el avance de la investigación (PÉREZ NIETO, Rafael. "Informe sobre Derecho sancionador Tributario" Valencia, Ed. Foro Jurídico, 2013, p.135). De acuerdo con el criterio expuesto, ha de verse que -en el c aso presente- las actuaciones comenzaron con una inspección y la verificación subsiguiente de la autenticidad de las facturas de doce empresas -que figuraban como proveedoras de la contribuyente - con la que pudo establecerse que tales facturas eran apócrif as, lo que indicaba una incuestionable infracción tributaria. Mucho después se tomó al actor la declaración, cuestionada por omisión de la debida advertencia. Durante casi dos años, el Fisco -actuando conforme a Derecho - había logrado reunir elementos pro batorios suficientes sobre las graves irregularidades de la contabilidad de la contribuyente SILDAN TRADING S.A. todo ello antes de la declaración impugnada. En ese contexto, a juicio del Tribunal el reconocimiento claro de la ilicitud de la confesión obtenida, no irradia ilicitud sobre pruebas que no dependen de ella , e incluso son anteriores en el tiempo .” (sentencia Nº 700/2017) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En tanto en otro pronunciamiento, señaló: “En el caso concreto se advierte que , aun cuando no se haya noticiado a la sumariada ni a su abogado de las audiencias de testigos que se recabaron durante la primera etapa del sumario, igualmente el acto no se vio afectado de nulidad por dicha irregularidad procedimental. En este se ntido, es menester advertir que las imputaciones que se endilgaron a la promotora tuvieron su sustento no sólo en la prueba testimonial, sino también en prueba documental , así como en las propias manifestaciones de la actora. (…) En el casus , tanto la pr ueba documental recabada en el procedimiento de Auditoría como la restante que se relacionó para dar sustento a las imputaciones contra la accionante , no se encuentra irradiada de ilicitud por las irregularidades en el diligenciamiento unilateral de prueba testimonial durante la primera etapa del sumario, por lo que el vicio adjetivo de mención deviene en intrascendente o ininfluyente” (sentencia Nº 166/2020) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Pues bien, algo similar sucede en el presen te caso, en el que a través de una valoración conjunta del resto de las probanzas igualmente puede concluirse que se encuentran suficientemente probadas las circunstancias que dieron mérito al dictado del acto que se procesa en autos. V) Comenzando por el estudio realizado por la Administración, esta tuvo presente los siguientes elementos de prueba documental: a) Publicaciones de los Estados Unidos en Internet que refieren a la trayectoria deportiva y actividades conexas del Sr. Russel Preisendorfer, comúnmente conocido en el mundo del surf como “Rusty” Preisendorfer, creador de las marcas RUSTY y R, con su peculiar y característico diseño “ ” (véase, por ejemplo, fs. 490 a 495, pieza 2, en carpeta rosada de 1420 fojas, A.A.). b) Estatutos de la firma R…AND EVERYTHING ELSE INC ., firmado el 3 de agosto de 1987, cuyo primer directorio integraba el Sr. Russel Preisendorfer, debidamente traducidos (fs. 37 a 50 vto., pieza 1, e n carpeta rosada, ibidem, A.A.). c) Publicaciones de las revistas BREAKOUT, SURFING y SURFER, anteriores a la fecha de inscripción de la marca RUSTY DUSTY efectuada por el Sr. Casas Portas en 1989 , que contienen una nota al Sr. Russel Preisendorfer y publi cidad de las marcas notorias RUSTY y R, con su diseño estilizado (véase, por ejemplo, fs. 1376 a 1377, Revista Surfing, edición especial de 1987; fs. 1387 a 1388, Revista Surfer, de agosto de 1988; fs. 1393 a 1394 vto., Revista Surfing, edición especial de verano de 1988; fs. 1396 a 1397 y Revista Surfing, de mayo de 1989, entre otras, en pieza 5 de la carpeta rosada, ibidem, A.A.). d) Contrato de transferencia de marcas , celebrado el 2 de octubre de 1987, entre Russel Preisendorfer, que opera con el nombre comercial RUSTY SURFBOARDS, y R…AND EVERYTHING ELSE INC, con su correspondiente traducción (fs. 23 vto. a 28 vto., en carpeta rosada, ibidem, A.A.). e) Contrato de cesi ón de derechos de autor sobre las marcas RUSTY y R , celebrado el 13 de setiembre de 1989, entre Russel Preisendorfer, que opera con el nombre comercial RUSTY SURFBOARDS, y R…AND EVERYTHING ELSE INC, con su correspondiente traducción (fs. 20 a 23, pieza 1, en carpeta rosada, ibidem, A.A.). Toda esta documentación se encuentra referida y fue especialmente valorada en el informe de 22 de noviembre de 2017, de la División Recursos y otras Acciones del Área de Asuntos Jurídicos, que dio mérito al acto encausado (fs. 119 a 126, pieza 1, A.A.). En este sentido, en lo medular de sus contenidos se consignó: “En la acción de anulación se incorporó numerosa prueba documental , entre ella, diversas publicaciones de los Estados Unidos , refiriendo la trayectoria deportiv a y actividades conexas del Sr. Preisendorfer , así como los estatutos de la firma R…AND EVERYTHING ELSE INC, cuyo primer directorio integraba el mismo. Retomando lo expresado en el dictamen del 31/10/2016, se expresaba: “No se probó que al tiempo de conced erse el registro de autos existía difusión de las marcas notorias “RUSTY” y “R” en nuestro país. ” Pero a la luz de la prueba adicional aportada en esta instancia , debe revisarse dicho aserto. (…) En particular , lucen agregadas publicaciones de las revistas Breakout, Surfer y Surfing , y otras notas periodísticas , de fechas anteriores a la solicitud de la marca RUSTY DUSTY por el Sr. Casas Portas en 1989. Teniendo presente que el sector de personas vinculadas al surf es un reducto limitado, y lo era más aún e n la década del 80, se carecía de información sobre la difusión o notoriedad que pudiera tener el Sr. “Rusty” Preisendorfer; pero los testimonios aportados permiten concluir que en esos años se recibían y difundían entre los seguidores de dicha disciplina publicaciones norteamericanas, como las agregadas infolios. En tal sentido puede verse las declaraciones coincidentes sobre la librería que traía dichas publicaciones, en las cuales se incluía publicidad sobre las actividades del Sr. Preisendorfer, su cono cimiento del mismo, la promoción de sus tablas y camisetas, e incluso el hecho de que algunos de los cultores del surf coleccionaban tales revistas (cf. Publicaciones agregadas con el escrito de anulación, sumadas a las referidas en 5.1., así como las decl araciones aportadas); lo cual complementa la prueba documental relativa a las cesiones de derechos a favor de la firma recurrente, y en las cuales se refiere a que el Sr. Preisendorfer giraba comercialmente como Rusty Surfboards, distinguiendo artículos de Clase 25 y 28 con las marcas RUSTY y/o R. (…) Las pruebas aportadas, valoradas en su conjunto y de acuerdo a las reglas de la sana critica , llevan al suscrito a compartir las afirmaciones de la recurrente sobre el conocimiento que existía en nuestro país de la marca RUSTY, previo a la solicitud de la marca en cuestión . Y el hecho de adoptar un signo que constituye una imitación de la misma, así como la utilización del apodo por el cual se conocía al Sr. Preisendorfer , dan total verosimilitud a la presunció n del ánimo de competencia desleal , así como que un registro se solicitó de mala fe , y, como bien sostiene la recurrente, un signo de tales características, para distinguir productos de la misma Clase 25 , implica la presunción de ánimo de competencia desleal (…)” (fs. 123 a 125, pieza 1, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Para el asesor letrado interviniente, las declaraciones testimoniales certificadas en acta notarial son complementarias de la prueba documental a la que hace referencia en su dictamen. Ahora bien, aun prescindiendo de dichas declaraciones , existen otros elementos probatorios e indiciarios que aportó R…AND EVERYTHING ELSE INC tanto en vía administrativa como jurisdiccional, que conducen a reafirmar las premisas en las que se basó la DNPI para el dictado del acto encausado. En sede administrativa , obran otros recaudos documentales que coadyuvan a la acreditación de la plataforma fáctica que afirmada en la acción de anulación. Así, se resaltan, por ejemplo, los siguientes: i) Declaración jurada del Sr. Russel Preisendorfer en la que manifiesta que no autorizó “a ninguna firma o persona en Uruguay a registrar y/o utilizar las marcas “RUSTY” o el diseño “R” “ ” (véase la declaración jurada (affidavit), debidamente certificada, apostillada y traducida, emitida por el Sr. Russel Preisendorfer, de fs. 1 vto. a 6, pieza 1, en carpeta rosada de 1420 fojas, A.A.). ii) Certificados de registro de las marcas RUSTY y R, con su diseño estilizado ante la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos de América , de diciembre de 1988 y mayo de 1987, respectivamente (fs. 29 a 36 vto., pieza 1, en carpeta rosada ibidem, A.A.). iii) Portafolio de las marcas RUSTY y R de R…AND EVERYTHING ELSE INC. en distintos países del mundo , en documento emitido por el Estudio Jurídico Corrs, Chambers, Westgarth Lawyers (fs. 51 a 95, pieza 1, en carpeta rosada, ibidem, A.A.). iv) Publicaciones nacionales de los locales comerciales “NAVY NEW CONCEPT” y “LA ISLA” en las que se ofrecen productos con los términos RUSTY, R, estilizada con el diseño (véase, por ejemplo, fs. 498 vto. a 499 y 501 a 502, piezas 2 y 3, en carpeta rosada, ibidem). v) Relevamiento fotográfico de productos de vestimenta con las marcas RUSTY y R, con el diseño estilizado en los locales comerciales “NAVY NEW CONCEPT” y “LA ISLA” , debidamente protocolizado por escribano público (fs. 1078 a 1096 vto., pieza 3, en carpeta rosada de 1156 fojas, A.A.). vi) Contrato de licencia exclusiva en el uso de la marca RUSTY DUSTY otorgada el 10 de setiembre de 2003, por el Sr. Rodrigo Gorrochategui, en su carácter de apoderado de NERMER S.A , a favor de SKANTIL SA (fs. 1104 a 1108, pieza 3, en carpeta rosada, ibidem). vii) Contrato de licencia exclusiva en el uso de la marca RUSTY DUSTY otorgada el 1º de junio de 2014, por el Sr. Rodrigo Gorrochategui, en su carácter de apoderado de VITACAR S.A ., en favor de SKANTIL SA (fs. 8 a 13, pieza 1, en carpeta verde de 412 foj as, A.A.). En tanto, en vía jurisdiccional, se destacan: 1º) El aporte como hecho nuevo del dictamen (fs. 195 a 204, infolios) y la Resolución dictados por la DNPI respecto de la marca “R”, Acta Nº 410.681, concedida para la clase internacional Nº 25, qu e detentaba la Sra. Andrea Gorrochategui, por la cual se anuló dicho registro (fs. 206 a 207, infolios), en virtud de la acción promovida por R…AND EVERYTHING ELSE INC, que no consta que haya sido recurrida por la afectada. 2º) La ausencia de aporte probatorio de la parte actora en autos (fs. 175, infolios). En estas últimas actuaciones, se emitió un dictamen de 19 de diciembre de 2019 (fs. 195 a 204, infolios), que da cuenta que estas refieren a una marca mixta que “incluye una letra R y un punto, con di seño gráfico particular”, se hace referencia a que se solicitó por VIDERSO S.A. de Uruguay, el 23 de agosto de 1999, para distinguir productos en la clase internacional Nº 25, siendo la Sra. Andrea Gorrrochategui la actual titular, quien además concedió li cencia sobre dicho registro a favor de SKANTIL S.A. (fs. 195, infolios). Así, luego de reseñar el trámite, se emiten razonamientos de similar tenor a los formulados respecto de la marca RUSTY DUSTY (fs. 195 a 204, infolios) y se hace hincapié en la importancia de determinadas revistas originales de Gonzalo Praderi, en los testimonios de surfistas que consumían estas revistas en donde figuraban las marcas notorias RUSTY y R, asociadas a la connotada figura del Sr. Russel Preisendorfer (fs. 202 a 203, infolios). Y más adelante, se pone de relieve que: “Obran asimismo como elementos favorables a la anulación solicitada: - El hecho de que se solicitara un registro idéntico, con las mismas notas gráficas, y que así se publicaba en las revistas reseñadas, pareciendo prácticamente imposible que ello constituya una mera coincidencia; - Las resultancias de las Actas Nos. 415603, 439995 y 439996, sobre notoriedad de las marcas de la accionante; - Que idéntica marca ya estuviera registrada con anterioridad y en países tan diversos como Costa Rica (1998), México (1998), Australia (1986, 1987 y 1988), argentina (1996), Benelux (1991), Brasil (1994, 1998 y 1999), Chile (2000) y Colombia (1999)” (fs. 203, infolios). Si bien, cada caso tiene sus particularidades, lo cierto es que R…AND EVERYTHING ELSE INC ha demostrado ser la titular de las marcas notorias en el mundo del surf, RUSTY y R (con su peculiar diseño ), en una amplia gama de países, incluyendo a nuestro país. En ese contexto, aun cuando pueda decirse que no se trata de una reproducción total en virtud del componente DUSTY que se adiciona, no cabe ninguna duda el término RUSTY constituye el elemento central de la marca RUSTY DUSTY. Aquí cobra especial relevancia la advertencia que formula Juan Manuel Gutiérrez en cuanto a casos en que se ha apelado a este tipo de mecanismos “para intentar colar en el Registro marcas que aisladas no serían aceptables por su similitud con otr as antecedentes . Ejemplo: se intenta registrar la marca “PLOPP” y es rechazada por preexistir la marca “PLOP” para cubrir los mismos productos y servicios. Entonces el solicitante presenta otras nuevas marcas “ PLOPP FLASH”, “ PLOPP STAR”, “PLOPP SUN”, “PLOPP WIND”. (…) Si bien se trata de una estrategia inteligente , no resulta admisible -a nuestro juicio- para lograr por vía indirecta lo que no se puede lograr por vía directa (…)” (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas” , Uni versidad de Montevideo, Facultad de Derecho, tercera edición, Montevideo, 2009, p. 157) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En lo que tiene que ver con el factor tiempo, del que se hace caudal por la accionante, no resulta per se determinante para impedir que quien se considere como el legítimo titular de una marca notoriamente conocida al momento de ser inscripta esgrima sus defensas haciendo caer la presunción otorgada por el artículo 9 de la Ley Nº 17.011. Así lo entendió el Tribuna l en los accionamientos deducidos por la titular de la reconocida marca BOMBRIL de Brasil (que adquirió notoriedad en el año 1948), contra las marcas BOMBRILL y MON BRILLANT de Uruguay (inscriptas por primera vez en nuestro país en 1976 y en 1952, respecti vamente) ( sentencias Nº 280/1999 y 405/2007 ) (Véase también Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, op. cit., p. 17). En el primero de los fallos, sostuvo el Tribunal: “(…) “BOMBRIL”, es una marca notoria en Brasil, extremo que autoriza a sostener, la prelación de la misma, porque dicha notoriedad, desplaza a nivel nacional, la señalada prelación de registro territorial que le podía asistir, en principio a “BOMBRILL” , conforme a los arts. 12 y 13 de la Ley No. 9.956 y 6 bis Nal 3 del Convenio de París. (…) La notoriedad de la marca “BOMBRIL” en el Brasil, ha resultado suficiente y ampliamente probada por la documentación incorporada a las presentes actuaciones; y el uso, por VIRUMETAL S.A. (tercerista coadyuvante en esta caus a), hace presumir un caso de competencia desleal en función del prestigio de los productos, tanto en Brasil como en el país (…)” (sentencia Nº 280/1999) (la negrilla no está en el original). En tanto, en el segundo pronunciamiento, la Corporación destacó: “(…) el carácter notorio de la marca de la actora resulta acreditado con la documentación agregada en vía administrativa (fs. 121 y ss. A.A. Fa. 765/02), la que debe entenderse como notoriedad restringida referida a la respectiva rama de actividad, no pudi endo ser desconocida al registrarse una marca similar en Uruguay. En este sentido el Tribunal ha entendido que la notoriedad exigida debe ser interpretada como “notoriedad restringida” y no como de conocimiento público, sino en el ramo en el cual desarrol lan sus actividades los administrados; es decir, teniendo en cuenta las normas del Convenio de París respecto a las prácticas desleales y las normas internas de nuestro país que permiten evaluar la trascendencia de la marca y el posible conocimiento que pu do tener la firma registrante, es permitido concluir que la procesada es un signo marcario que tiene necesaria difusión internacional como para que quien explota el mismo ramo de actividad, como es el caso del registrante de autos, pueda conocerla con anterioridad a su pedido de registro y que, en virtud de ello, basta para presumir que existió por parte del registrante el propósito de verificar una concurrencia desleal. De manera que, y por el juego de lo dispuesto en la Ley 9.956 y arts. 6 bis y 10 bis de l Convenio de París (que de acuerdo con la Ley 13.497 y decreto 588/67 constituye ley nacional), la solicitud de anulación es procedente, pues es claro el propósito de competencia desleal que llevó a solicitar el registro marcario que se impugna (…)” (sentencia Nº 405/2007) (la negrilla no está en el original). Por otra parte, se observa que las marcas RUSTY DUSTY y R, con el diseño estilizado ”, han sido utilizadas en for ma conjunta en locales comerciales del mercado nacional (“LA ISLA” y “NAVY NEW CONCEPT”), bajo licencias en cuyo otorgamiento tuvieron participación directa o indirecta los Srs. Rodrigo Gorrochategui (apoderado de VITACAR S.A.) y Andrea Regina Gorrochategu i, elemento que adquiere particular trascendencia para reafirmar la presunción de un supuesto de concurrencia desleal. Repárese que tanto VITACAR S.A ., titular de la marca denominativa RUSTY DUSTY , como la Sra. Andrea Regina Gorrochategui, titular de la marca mixta R, que -como lo advirtió la Administración- “incluye una letra R y un punto, con diseño gráfico particular”, concedieron licencias de sus marcas para la comercialización de vestimenta asociada al mundo del surf, en la clase internacional Nº 25. De esta manera, se observa la existencia de empresas y personas físicas que se dedican a otorgar licencias para comercializar productos identificados con marcas de reconocido prestigio dentro del segmento de público afín a ese tipo de prendas. Ante casos similares, la Sala afirmó: “(…) el sentido común indica que, existiendo un rico vocabulario, resulta realmente impensable que, fortuitamente, a una empresa, se le haya ocurrido adoptar una marca, cuya parte denominativa es idéntica a la de la actora , todo lo cual indica que ha existido un velado intento de concurrencia o competencia desleal prevenido en el numeral 5º del art. 7º de la Ley de Marcas (sents. Nos. 503/07 y 1021/10).” (sentencia Nº 349/2014 ) (la negrilla no está en el original). Del mismo modo, en el casus, no resulta verosímil que a quienes son conocedores de esta porción del mercado se les haya ocurrido crear la marca denominativa RUSTY DUSTY para operar en la clase internacional Nº 25, reproduciendo la marca notoria RUSTY como el componente principal de su marca, y operando al mismo tiempo con la marca R con el diseño estilizado , mediante la concesión de licencias otorgadas a los mismos locales comerciales nacionales. En cuanto al argumento que apela a la necesidad de probar la mala fe del Sr. Gustavo Casas Portas, que fue quien inscribió inicialmente la marca RUSTY DUSTY al solicitar su inscripción en el año 1989, carece de sustento. En primer lugar , porque, como ya se vio en el Considerando III) ut supra, lo que exige la normativa es la existencia de un supuesto que haga presumible un propósito de concurrencia desleal o mala fe (artículo 5º, numeral 7 de la Ley Nº 17.011), el que se puede inferir ta nto del propio signo como del aporte de otros elementos probatorios. En segundo término, debe tenerse presente también que en el caso de reproducciones o imitaciones de signos marcarios (artículo 6º, numeral 6 de la Ley Nº 17.011) la doctrina especializa da ha llegado a señalar que “va más allá de que se trate o no de una marca notoria, se configura con la demostración clara que el solicitante conocía la marca , por ejemplo, porque importaba los productos, porque tenía vinculaciones comerciales con su titul ar, etc., o debía conocerla , por ejemplo si se trata de un comerciante acreditado en el rubro a que se refiere la marca (…)”, criterio que la jurisprudencia sustenta en los numerales 6 y 7 del artículo 5 de la Ley Nº 17.011 (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, op. cit., p. 95) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En tercer lugar, hay que tener en cuenta que la actora, que era quien podía conocer al Sr. Gustavo Casas Portas, tampoco realizó ningún apor te probatorio tendente a demostrar las circunstancias en que se produjo la inscripción de la marca en el año 1989, que con posterioridad fue objeto de sendas transferencias hasta llegar a hacerse de su titularidad. En línea con lo anterior, se destaca la actitud procesal omisa de parte de VITACAR S.A., que no ha ofrecido ningún elemento de prueba tendente a rebatir la veracidad de los asertos de la titular de las marcas notorias RUSTY y R, con el diseño estilizado . Por todo lo expuesto, se coincide con el dictamen de la División Recursos y otras Acciones del Área de Asuntos Jurídicos de la DNPI, en cuanto concluye que: “(…) el hecho de adoptar un signo que constituye una imitación de la misma, así como la utilización del apodo por el cual se conocía al Sr. Preisendorfer , dan total verosimilitud a la presunción del ánimo de competencia desleal, así como que un registro se solicitó de mala fe , y, como bien sostiene la recu rrente, un signo de tales características, para distinguir productos de la misma Clase 25 , implica la presunción de ánimo de competencia desleal (…)” (fs. 123 a 125, pieza 1, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). VI) En último tér mino, resta por analizar los agravios vinculados a inconsistencias y fallas administrativas procesales porque: a) se tomó como buena y válida la producción de prueba testimonial totalmente improponible ; y b) la Encargada del Área de Asuntos Jurídicos dio su conformidad a dos dictámenes totalmente contrarios. Sobre este último punto, la pretensora agrega que lo más llamativo es que en el caso del segundo dictamen lo hizo en tan solo siete minutos de tiempo desde que este le fuera elevado. Es inverosímil q ue haya actuado con la debida diligencia de un buen padre de familia y se generan dudas sobre la seriedad del análisis que debió realizar. En lo que respecta a la inadmisibilidad de la prueba testimonial con certificación de firma notarial , cabe remiti rse brevitatis causae a la fundamentación planteada en el Considerando IV) ut supra de la presente, que habilita a tener por suficientemente probados los extremos que dieron cima al acto encausado. En lo que concierne al proceder de la Encargada de Asunt os Jurídicos de la DNPI, por aprobar dos dictámenes que se consideran como contradictorios, sin seguir el standard de la diligencia del buen padre de familia, el Tribunal considera que no le asiste razón a la actora. En primer lugar, debe tenerse present e la complejidad del asunto, como también la argumentación que específicamente se planteó por el dictaminante de la División Recursos y otras Acciones del Área de Asuntos Jurídicos, que específicamente reseñó las razones por las cuales con anterioridad se había aconsejado proceder en un sentido diverso. En segundo término, el mero hecho de la fracción de tiempo que transcurrió entre el momento en que el dictaminante firmó su informe letrado (fs. 119, pieza 1, A.A.) y la Encargada del Área de Asuntos Jurídicos lo compartió (fs. 127, pieza 1, A.A.) no significa que necesariamente no haya estudiado suficientemente el asunto y que previamente no haya dialogado con el colega bajo su supervisión. Ante un caso similar al presente, el Tribunal consignó: “ Si bien, se observa que la Administración fue cambiando de parecer en distintas oportunidades, se advierte que ello obedeció a que, en ejercicio de sus poderes - deberes, modificó su perspectiva del complejo fenómeno que debió resolver. ” (sentencia Nº 673/2020 ) ( la negrilla no está en el original). Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes FALLA : Desestímase la demanda anulatoria entablada y, en su mérito, confírmase la resolución impugnada Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados, de la parte actora y tercerista, en la cantidad d e $ 39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil), cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón Dr. Marquisio (Sec. Letrado)