Sentencia Definitiva N° 372/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 24 de agosto de 2021. No. 372 VISTOS : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “COLMAN ÁLVAREZ, JUAN CON ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Acción de nulidad” (Ficha No. 1/2019). RESULTANDO : I) En este proceso, el actor Juan COLMAN ÁLVAREZ, dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución No. 73, Acta 51 dictada el 21 de setiembre de 2017 por la que se dispuso: “Aplicar al funcionario Juan Ramón COLMAN ÁLVAREZ, C.I. 2.659.297-2, una sanción consistente en una observación escrita con anotación en el legajo funcional (art. 124 lit. b EFND) (fs. 69 - 70 de los A.A.). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria alegó que el acto impugnado le causa agravio por cuanto lo sanciona por una tarea de la cual él, como Encargado del Departamento de Gestión Previsional, no es responsable. Al respecto, adujo que existió un error en la liquidación de sueldos a favor de la Sra. De los Santos. Sin embargo, remarcó que dicha tarea no es responsabilidad suya, ya que no existe un procedimiento específico en el cual conste que es el compareciente quien debe realizar la liquidación de haberes salariales. Afirmó que la persona encargada de realizar la liquidación de los salarios de la Sra. De los Santos se jubiló y, en consecuencia, no sería responsable. Destacó que él no cometió error alguno. Manifestó que, en el caso concreto, la Sra. De los Santos por imperio legal de la normativa del BPS no percibiría prejubilatorio y la comunicación de ello no corresponde a Gestión Previsional, sino al Consejo mismo comunicando su voluntad. Lo relatado, a su entender, no hace más que reafirmar que al dicente lo sancionan por la comisión de una falta administrativa por algo que no debía hacer. Se agravió por cuanto no se diligenció la prueba por él solicitada y por cuanto se lo sancionó sin un fundamento normativo y por la errónea interpretación de los hechos acontecidos por parte del instructor sumariante, lo que -a su entender- evidencia que existe una persecución laboral. En definitiva, bregó por la nulidad del acto enjuiciado. III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. Liminarmente, adujo defecto en el modo de preparar la demanda, por carecer de los elementos básicos que requiere el Tribunal para ser acogida (D.L. 15.524). Destacó que el actor omitió especificar la lesividad del acto. El accionante es el Encargado del Departamento de Gestión Previsional, sector donde se cometió un error inexcusable en relación a la tramitación del subsidio transitorio prejubilatorio de la Sra. María De los Santos. Especificó que el mentado Departamento omitió comunicar en el listado respectivo a la Sra. De los Santos, extremo expresamente reconocido por el actor, en mérito a lo cual se configuró una falta administrativa que consiste en la transgresión de los arts. 3 literales b y k del Estatuto del Funcionario No Docente por parte de dicho Departamento. Se le dio vista al actor, mas sus conclusiones no lograron enervar las conclusiones alcanzadas por la División Jurídica en cuanto a su responsabilidad. Frente a un error cometido en el ejercicio de sus funciones, se le aplicó al demandante una sanción disciplinaria, luego de una investigación administrativa y, por tratarse de una sanción disciplinaria menor no requiere sumario administrativo previo (Estatuto del Funcionario No Docente, art. 125 y 124 lit. b y k). Concluyó que la demanda incoada por el actor carece de fundamento, existiendo responsabilidad de éste en su función como Encargado del Departamento Previsional. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. IV) Por Resolución No. 5971/2019 se abrió a prueba por el plazo de 60 días, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 36, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 412 fojas). V) La parte actora fue acusada en rebeldía (fs. 39 de infolios); por su parte, la demandada alegó de bien probado a fs. 42 - 43 vto. VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el Dictamen No. 472/2020, aconsejando declarar que caducó el plazo para interponer la acción anulatoria (fs. 46 de infolios). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 48). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). El acto impugnado fue notificado al accionante el 11 de octubre de 2017 (fs. 71 de los A.A.) quien lo resistió el 13 de octubre de 2017 mediante la interposición de los recursos de revocación y jerárquico, en subsidio (fs. 76 - 77 de los A.A.). Por Resolución No. 114 Acta 72 de fecha 21 de diciembre de 2017, el Consejo de Educación Secundaria desestimó el recurso de revocación (fs. 95 - 95 vto. de los A.A.) y por Resolución No. 7 Acta 61 de fecha 25 de setiembre de 2018, el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública desestimó el recurso jerárquico (fs. 127 - 128 de los A.A.) siendo notificado el actor el 25 de octubre de 2018 (fs. 133 de los A.A.). En la emergencia, la Corporación no tiene el honor de compartir la solución propuesta por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, en lo que refiere a la caducidad de la acción anulatoria. Al respecto, cabe señalar que el 24 de diciembre de 2019 fue día inhábil de acuerdo con lo dispuesto por la Corporación en Acta No. 20 de fecha 21 de noviembre de 2019. En consecuencia, por imperio de lo dispuesto por el art. 10, inc. 4º, de la Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, dado que el plazo de caducidad venció en un día inhábil (24 de diciembre de 2019), el referido plazo se extiende hasta el día hábil inmediato siguiente, por lo cual la acción de nulidad fue tempestivamente promovida el 1° de febrero de 2019. II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la Resolución No. 73, Acta 51 dictada el 21 de setiembre de 2017 por la que se dispuso: “Aplicar al funcionario Juan Ramón COLMAN ÁLVAREZ, C.I. 2.659.297- 2, una sanción consistente en una observación escrita con anotación en el legajo funcional (art. 124 lit. b EFND) (fs. 69 – 70 de los A.A.). III) En lo que refiere al fondo del asunto, la demanda refirió a que la sanción impuesta obedeció a la imputación de haber liquidado erróneamente haberes jubilatorios, extremo que no era su competencia funcional. La sanción se basó en los supuestos de responsabilidad funcional por violación del art. 3, lits. “B” y “K” del Estatuto del Funcionario no Docente, a cuyo tenor constituyen deberes funcionales: “B. desempeñarse de modo eficiente y ser responsable por la correcta ejecución de su tarea, tanto el funcionario que debe realizarla, como su supervisor inmediato y el Director del Servicio (…) K. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones reglamentarias”. Las actuaciones administrativas que meritaron la sanción impugnada tuvieron su origen en el pago en demasía realizado a la Sra. María del Rosario De los Santos (fs. 8 y 9 de los antecedentes), lo cual determinó la realización de una investigación administrativa (Resolución No. 52, acta No. 53, del Consejo de Educación Secundaria de 28 de noviembre de 2018, agregada de fs. 25 a 25 vto. de los A.A.). Las conclusiones de la investigación administrativa determinaron la existencia de una serie de errores procedimentales en los trámites de desvinculación del Organismo de la Sra. De los Santos, aunque no imputó responsabilidades (fs. 59 a 61 de los A.A.). No obstante, posteriormente, mediante informe del Encargado de División Jurídica se precisó que el actor incurrió en incumplimientos funcionales por omisiones y errores en relación a los trámites jubilatorios de la Sra. Dos Santos, por lo cual se sugirió la aplicación de una sanción de escasa entidad (fs. 64 a .64 vto. de los A.A.). De las actuaciones precedentes se confirió vista al actor, que fue evacuada mediante comparecencia obrante de fs. 68 a 68 vto. de los antecedentes y, finalmente, fue dictado el acto objeto de impugnación (fs. 69 a 69 vto. de los A.A.). Pues bien, en obrados, en donde el actor no ofreció medio probatorio alguno (ver certificación de prueba a fs. 36) y ni siquiera formuló sus alegatos de bien probado, no surgen elementos de convicción que permitan apartarse de lo resuelto por la Administración. En efecto, pese a la alegación de la demanda, relativa a que estarían fuera de las competencias funcionales del actor las deficiencias procedimentales que determinaron pagos en demasía a la Sra. De los Santos, ello no se condice con las resultancias de los antecedentes administrativos. Así, quedó demostrado la existencia de errores en la tramitación imputables a la oficina que preside el actor, las cuales ocasionaron el pago en exceso con el consecuente perjuicio para la Administración. IV) Por su parte, no se advierte que exista la persecución laboral denunciada por el actor y, ante la falta de elementos probatorios que avalen sus dichos, el agravio no es de recibo. En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).