Sentencia Definitiva N° 371/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 24 de agosto de 2021. No. 371 VISTOS : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “LATAM AIRLINES GROUP S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Acción de nulidad” (Ficha No. 185/2019). RESULTANDO : I) En este proceso, Gonzalo YELPO en representación de LATAM AIRLINES GROUP S.A., dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución No. 232/2018, de 13 de junio de 2018, dictada por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (en adelante: DINACIA), por la cual se dispone: “1º.- Aplicar una sanción consistente en un “Apercibimiento” con anotación en su legajo de la Dirección de Transporte Aéreo Comercial, a la empresa LATAM por no reintegrar al Sr. Carlos Herrero el 80% del precio del pasaje, según lo establecido por la normativa vigente”. (Fs. 30-31 de los A.A. y 3 y 4 de infolios). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria alegó que el acto impugnado adolece de vicios formales y sustanciales por lo que se impone su nulidad. Adujo que la volición que resiste sanciona a su mandante por no haber devuelto una parte del valor del pasaje de quien desistió de utilizar el servicio de transporte contratado, a un tercero que dijo ser su esposo. Expresó que conforme surge de los antecedentes administrativos existió una denuncia ante la DINACIA, formulada por el Sr. Carlos HERRERO quien habría celebrado con la actora dos contratos de transporte de México a Montevideo, ida y vuelta y que, a su regreso, su esposa, habría decidido no volar. Conforme al relato del denunciante, éste pretendió utilizar dos asientos en dicho vuelo lo que le fuera negado por la compañía, reclamando entonces mediante su petición ante la DINACIA la devolución del dinero supuestamente pagado. Afirmó que el denunciante nada probó de sus dichos. Se agravió por entender que éste carece de legitimación activa para presentar un reclamo ante la DINACIA. A su vez, manifestó que no existió un análisis serio de la legislación aplicable al caso, por lo que la fundamentación de la sanción, basada en el artículo 142 inc. 2º del Código Aeronáutico implica una ilegítima motivación de la decisión que se resiste. Por el contrario, considera que la norma aplicable lo sería la norma mexicana, al tenor de lo dispuesto por el artículo 2399 del Código Civil y artículos 34 a 38 del Tratado de Derecho Civil de 1889. Considera como lugar de cumplimiento el destino final que era México. Adujo que, a su entender, el reclamo de devolución de dinero debió ventilarse en la justicia ordinaria, en tanto, la DINACIA carece de facultades para obligar a un transportador a reembolsar dinero a un pasajero, menos a un tercero carente de legitimación. Por último, se agravió por entender que se violaron los principios de legalidad y tipicidad, dado que, al momento de los hechos, no existía la reglamentación prevista por el artículo 192 del Código Aeronáutico que impusiera infracciones y sanciones. Entiende que no hay conducta típica sancionable. En definitiva, solicitó que se declare la nulidad del acto enjuiciado. III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. Afirmó que su actuar se ha dado dentro de su marco de competencia, en tanto, su potestad sancionatoria en la materia resulta indiscutible. Indicó que, entre sus cometidos, está el entender en todos los asuntos relacionados con la actividad aérea comercial, privada y deportiva, de acuerdo con las disposiciones nacionales e internacionales, y ello aparece consagrado en el artículo 21 del Dto. Ley 14.747 y artículo 106 de la Ley No. 17.296. Continuó señalando que, entre los cometidos asignados a la DINACIA, se encuentra el de juzgar las transgresiones a las normas aeronáuticas, potestad consagrada por el Decreto 507/002 y los artículos 121 y 192 y siguientes del Código Aeronáutico. Sobre la aplicabilidad de la norma mexicana, controvirtió ese criterio, por cuanto no se trata de disponer el cumplimiento del contrato, sino de determinar si existió y sancionar una eventual falta cometida en el territorio nacional. Señaló que, de acuerdo con el art. 142 del Código Aeronáutico, el pasaje se había vendido y lo que corresponde es evitar un enriquecimiento sin causa a favor de la transportista. Destacó que el procedimiento seguido ha contado con las debidas garantías de defensa, resultando la sanción recaída, razonable y ajustada a la entidad de la infracción cometida, la que, por otra parte, se encuentra acabadamente demostrada. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. IV) Por Resolución No. 4467/2019 se abrió a prueba por el plazo de 60 días, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 43, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 47 fojas). V) Las partes alegaron por su orden (fs. 46 - 48 vto. y fs. 51 - 53vto. respectivamente) VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el Dictamen No. 477/2020, aconsejando la confirmación del acto impugnado (fs. 56 - 63 vto.). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 65). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). El acto impugnado fue notificado a la accionante el 22 de junio de 2018 (fs. 32 - 33 de los A.A.) quien lo resistió el 17 de julio de 2018 mediante la interposición de los recursos de revocación y jerárquico, en subsidio (fs. 35 - 36 de los A.A.). Habiendo transcurrido 200 días desde la interposición de los recursos, al 2 de febrero de 2019 operó la denegatoria ficta (Ley No. 15.869, art. 5°, en la redacción dada por la Ley No. 17.292, art. 41), siendo deducida la demanda anulatoria el 3 de abril de 2019 (nota de cargo fs. 22 infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la Resolución No. 232/2018, de 13 de junio de 2018, dictada por la DINACIA, por la cual se dispone: “1º.- Aplicar una sanción consistente en un “Apercibimiento” con anotación en su legajo de la Dirección de Transporte Aéreo Comercial, a la empresa LATAM por no reintegrar al Sr. Carlos Herrero el 80% del precio del pasaje, según lo establecido por la normativa vigente”. (Fs. 30-31 de los A.A. y 3 y 4 de infolios). III) Reseña de los antecedentes. Para realizar un correcto análisis de la cuestión, conviene ensayar una reseña de los hechos establecidos, a partir de las actuaciones que precedieron el dictado del acto enjuiciado. El 5 de enero de 2017, el pasajero de la Aerolínea actora, Sr. Carlos HERRERO, formuló un reclamo ante la DINACIA, denunciando que tenía dos pasajes para el vuelo de ese día, uno propio y otro de su señora esposa, quien no viajaría ese día, por lo que solicitó se le permitiera utilizar el asiento ya pago para viajar más cómodo, a lo que la compañía se negó, vendiéndolo a otro pasajero. La DINACIA dio curso al reclamo, confiriendo vista a la empresa en sendas oportunidades (fs. 5, 11, 23 de los A.A.). Asimismo, se requirió ampliación de información al denunciante (fs. 15-16 de los A.A.). Se expidió la Junta de Infracciones de la DINACIA aconsejando la aplicación de un apercibimiento a la actora (fs. 18-19) y a fs. 29 de los A.A.), dictándose, en definitiva, el acto sancionatorio impugnado (fs. 30-31 de los A.A.). IV) Habiendo analizado los argumentos de la actora y la normativa vigente, el Tribunal, compartiendo lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. V) El primero de los agravios esgrimidos por la accionante, guarda relación con la invocada falta de legitimación del denunciante. A juicio del Tribunal, no le asiste razón a la promotora en su planteo. En efecto, tal como resalta la accionada, para denunciar no se requiere de una legitimación especial, pudiéndose incluso investigar las denuncias anónimas. Por su parte, la Administración y sus funcionarios tienen la obligación de recibir y dar trámite a las denuncias que se le formulen, al amparo de lo prevenido en el artículo 175 del Decreto 500/991, en cuyo mérito dicho agravio resulta de rechazo. VI) Sobre la normativa aplicable, los hechos y la ausencia de prueba, tampoco le asiste razón a la reclamante en su defensa. Debe de verse que el conflicto se verificó en el territorio nacional, en el Aeropuerto de Carrasco, resultando de aplicación la normativa nacional. La actuación de la DINACIA se enmarca, pues, en la potestad punitiva que ostenta, genéricamente consagrada por el artículo 192 del Código Aeronáutico, de acuerdo con los amplios cometidos de contralor de la referida unidad ejecutora (art. 21 del Decreto Ley No. 14.747, de 28 de diciembre de 1977). (Cfme. Sentencia No. 790/2019). La actividad de LATAM, como compañía aérea autorizada a explotar servicios de transporte aéreo comercial en la República, se encuentra regulada por la autoridad aeronáutica nacional, esto es, la DINACIA, al amparo de lo previsto por el artículo 106 del Código Aeronáutico. De igual modo, el Decreto del Poder Ejecutivo No. 507/002, de 31 de diciembre de 2002 cometió al Director Nacional a convocar a la Junta de Infracciones y a ésta a: “Realizar las investigaciones e instrucciones que la Dirección Nacional disponga en ocasión de la presunta comisión de infracciones aeronáuticas administrativas” y a “Asesorar a la Dirección Nacional en cuanto a las sanciones a aplicar por la comisión de las referidas infracciones y las eventuales medidas correctivas”. Así, pues, en el caso, la demandada no ejerció función jurisdiccional, como lo afirma la promotora, sino que actuó dentro del ámbito administrativo, conforme a sus potestades y competencias. VII) En cuanto a la veracidad de los dichos del denunciante, cabe estar a lo contestado por LATAM en ocasión de evacuar la vista de fecha 14 de febrero de 2017: “…ponemos en conocimiento del Sr. Director, que el pasajero comunicó que la persona que iba a viajar con él no lo iba a hacer, solicitando entonces que se le deje libre el asiento de esa persona para hacer él uso del mismo. El vuelo en cuestión no tenía lugares disponibles por lo que no se podía acceder a tal solicitud, desde el momento además que no es transferible el asiento que no se va a hacer uso de él. En definitiva y al encontrarse el vuelo con un total índice de ocupación, no resultaba factible, ni tenía la Compañía la posibilidad de acceder a lo planteado por el pasajero”. (Fs. 7 de los A.A.). Asimismo, al formular descargos a fs. 24 de los recaudos adjuntos, la actora reconoce que la esposa del denunciante no se presentó y expresa que como el pasaje se vendió en México, LATAM no conoce las condiciones en que se debería disponer el reintegro al pasajero, del porcentaje del precio del pasaje. El artículo 142 del Código Aeronáutico reza: “(Interrupción del viaje). Si el viaje previsto hubiese sido interrumpido o no se hubiese realizado, el pasajero tiene derecho al reembolso de la parte proporcional del precio del pasaje por el trayecto no realizado y al pago de los gastos ordinarios de desplazamiento y estada, desde el lugar de aterrizaje al lugar más próximo para poder continuar el viaje, en el primer caso, y a la devolución del precio del pasaje, en el último. El pasajero que no se presentase o que llegase con atraso a participar del vuelo para el cual se le haya expedido el pasaje o interrumpiese el viaje, no tendrá derecho a exigir la devolución total o parcial del importe del pasaje. Sin embargo, si la aeronave partiese con todas las plazas ocupadas, el transportador debe reintegrarle el 80% (ochenta por ciento) del precio del pasaje”. (El resaltado y subrayado no se encuentran en el texto original). El Tribunal comparte lo expuesto por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, en el sentido que: “lo apropiado habría sido contemplar la situación planteada con la máxima buena voluntad y buena fe y no haberse embolsado el valor del pasaje que consiguió venderle a otra persona. Correspondía, de conformidad con la ley, el reembolso del 80 % de lo pagado por el pasaje y se estaba en presencia de quien expresaba ser el esposo y disponía del comprobante. Habría sido adecuado, quizás, reclamar recaudos para asegurar que la devolución de los fondos se haría en la forma y a la persona debida en vez de darle a la acreedora por perdido su dinero”. (Fs. 63 vuelto de infolios). En definitiva, conforme la normativa reseñada, la Corporación entiende que la demandada actuó conforme a Derecho, luciendo razonable la sanción de apercibimiento a la postre impuesta. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).