Sentencia Definitiva N° 370/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 24 de agosto de 2021. No. 370 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados : “VIDELA BLANCO, DARDO con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de nulidad” (Ficha No. 655/2019). RESULTANDO : I) A fs. 2 compareció DARDO VIDELA BLANCO, demandando la nulidad de la Resolución Nº DP 100/2016 de fecha 13 de julio de 2016, emitida por la Gerencia de Prestaciones Económicas – Área Pasivos del Banco de Previsión Social (B.P.S.), que había desestim ado su solicitud de subsidio transitorio por incapacidad parcial por no cumplirse con los extremos exigidos por el art. 5 de la Ley Nº 18.395 de fecha 24 de octubre de 2008 (fs. 9 infolios). Expresó que el 29 de julio de 2015 se había presentado ante el B.P.S. a iniciar trámite de jubilación por incapacidad física, y que el 28 de enero de 2016 se le otorgó por Dictamen Final de Comisión Técnica un porcentaje de Baremo de 69,89%, estableciéndose que la incapacidad se configuraba partir del 28/12/2015. Señaló que, de la documentación aportada por la Sección Registros Médicos del B.P.S., no surgía que ese Dictamen Final le hubiera sido notificado formalmente y de manera personal, sino que en la misma fecha de emisión de ese Dictamen (el 28 de enero de 201 6) se le había dado vista de otro Dictamen de Incapacidad en el que lucía un Baremo inferior de 54,86% y del que no surgía cuáles habían sido las patologías y/o los criterios utilizados para asignar tal porcentaje. Por lo tanto, existían dos dictámenes contradictorios, con la misma fecha, carentes de debida y suficiente motivación. El segundo Dictamen médico mencionado y el Baremo otorgado constituían los antecedentes administrativos directos del acto administrativo cuya nulidad se impetraba en el presente procedimiento, que había denegado su solicitud de subsidio transitorio por incapacidad parcial , y declarado que no tenía derecho a acceder a ninguna causal jubilatoria por no contar con los servicios ni la edad suficiente. En definitiva, solicitó la anulación del acto impugnado. II) Conferido el correspondiente traslado, a fs. 26 compareció el Banco de Previsión Social, contestando la demanda. Expresó que el marco jurídico que regulaba la situación del actor estaba constituido por los arts. 1 9 y 22 de la Ley N°16.713, modificados por los arts. 4 y 5 de la Ley N° 18.395, del 24 de octubre de 2008, y Decretos Nos 381/998 y 306/2013. En virtud de lo establecido por las disposiciones citadas, el accionante no configuraba causal de otorgamiento de subsidio transitorio por incapacidad parcial, por cuanto esta no había sobrevenido en actividad o en períodos de inactividad compensada del afiliado. A la luz de los antecedentes administrativos allegados a la causa, surgía que el accionante había ce sado sus tareas en la empresa BEITI S.A . el 16 de octubre de 2012 y que no había estado amparado a alguna actividad compensada luego de esa ocasión, habiéndose presentado al Organismo Previsional a solicitar el Subsidio con fecha 29 de julio de 2015, esto es, casi tres años después del cese en su última actividad. Por otra parte, emergía de los dictámenes de la Comisión Técnica, a través del Área de Medicina Laboral, que el Sr. Videla tampoco configuraba un porcentaje de Baremo que determinara su incapacidad total, lo que imposibilitaba la formación de la causal de jubilación por incapacidad total, a lo que cabía agregar que el supuesto Dictamen que le daría un 69,89% de Baremo no surgía de ningún antecedente administrativo. Manifestó que los Decretos Nos 381/998 y 306/013 eran claros en el sentido que era el Área de Medicina Laboral la única que debía expedirse acerca de la eventual incapacidad que pueda ostentar el afiliado, y que el primero de ellos determinaba que la incapacidad absoluta para todo t rabajo se configuraba con un 66% o más de invalidez, Baremo que no alcanzaba el promotor. Citó jurisprudencia en su apoyo y, en definitiva, bregó por la confirmatoria del acto resistido. III) Abierto el juicio a prueba (fs. 34), se produjo la que luce certificada a fs. 49. IV) Alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 54-55 y 75-78). V) Conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, aconsejó por Dictamen Nº 160/2021 (fs. 81) declarar la caducidad del accionamiento incoado, por haber operado la caducidad bienal de la acción (art. 9, inc. 4º de la Ley Nº 15.869). VI) Se citó a las partes para sentencia (fs. 83), la que se acordó dictar en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) El Tribunal se ve impedido de ingresar al análisis del mérito del asunto por el incumplimiento de aspectos formales que hacen a la admisibilidad del accionamiento. En efecto, se advierte que operó la caducidad bienal de la acción, ya que transcurrieron más de dos años desde la fecha de interposición de los recursos administrativos (art. 9, inciso 4º, de la Ley N°15.869). Obsérvese que el actor fue notificado de la Resolución impugnada el 1º de setiembre de 2016 (fs. 13 vto. A.A.), interpuso recursos de revocación y jerárquico en subsidio el 7 de setiembre de 2016 (fs. 14 y 15 A.A.), que fueron denegados por Resoluciones Nº 746/2019 de 21 de junio de 2019 (fs. 41 vto.) y Nº 23 -22/2019 de 10 de julio de 2019 (fs. 47 vto.), respectivamente, y que fue n otificado del agotamiento de la vía administrativa el 19 de agosto de 2019 (fs. 52 A.A.). En su demanda alegó que había presentado los recursos administrativos contra la impugnada el 22 de mayo de 2018, pero eso no es lo que surge de fs. 14 y 15 de los antecedentes administrativos, donde está glosado el escrito introductorio de los recursos que, según sello fechador, fue presentado el 7 de setiembre de 2016. Por otra parte, lo que el impugnante presentó el 22 de mayo de 2018 fue un escrito aportando nuev a documentación (fs. 31 vto .), y no el que instrumentó la interposición de los recursos administrativos. La demanda de nulidad fue presentada el 17 de octubre de 2019 (fs. 2 infolios), o sea, más de tres años después de la interposición de los recursos administrativos. Como se expuso en la Sentencia Nº 836/2016, en términos enteramente trasladables al caso de marras: “Si bien la denegatoria expresa recaída con posterioridad a la denegatoria ficta opera como un medio útil de reapertura del ámbito jurisdiccional cuando no se ocurrió previamente en función de aquélla, dicha hipótesis se reproduce sólo si no ha operado en la especie la caducidad bienal del accionamiento. Como lo ha destacado la Corporación en reiterados pronunciamientos: “… del contexto y de una interpretación armónica de las disposiciones de la Ley No. 15869 se extrae que lo previsto en el inc. 5º del art. 9º mencionado, que establece que la resolución expresa tardía, dictada por la Administración reabriría el plazo de 60 días para acci onar, solo resulta aplicable a los casos en los cuales no existió la caducidad de la acción, atento a que no puede hacer nacer un derecho ya extinguido” (Cf. Sents Nos. 145/2010, 147/2009, 683/06, 432/05, 509/04). Se estima que la restitución del plazo previsto en el inciso 5º del art. 9 citado, tiene la limitación emergente del inc. 4º del mismo artículo. En la medida que esa disposición (inc. 5º) alude al “plazo del inciso primero” sea sólo referido para accionar de nulidad, se estima que también incide la previsión del inc. 4º caducidad a los dos años de la interposición de los recursos, en forma tal que la restitución señalada tendría ese plazo tope, pues “la acción de nulidad caducará siempre a los dos años”. Por lo tanto, en virtud de lo dispuesto por el art. 9, inc. 4º de la Ley N°15.869, que prevé que “…la acción de nulidad caducará siempre a los dos años contados desde la fecha de la interposición de los recursos administrativos”, corresponde desestimar el presente accionamiento, por haber operado la caducidad bienal de la acción de nulidad en la causa. Por estos fundamentos, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Declárase la caducidad de la acción de nulidad incoada. Sin especial condenación procesal. Oportunamente, devuélva nse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).