Sentencia Definitiva N° 365/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 24 de agosto de 2021. No. 365 VISTOS: Para resolución la oposición a la prueba deducida en estos autos caratulados: “RAMA COIROLO, ANDREA co n BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO - Acción de Nulidad” (Ficha Nº 447/2020). RESULTANDO: I) Surge de autos que el 12 de agosto de 2020 la actora interpuso demanda de nulidad contra la Resolución R.D. Nº 907/2019, dictada por el Directorio del Banco de Seguros del Estado el 18 de diciembre de 2019, por la que se designó en el cargo técnico “Actuario” a Rosa Laura de la Asunción Sosa Josendi y Pedro González Guidobono, quedando la accionante en el primer lugar de la lista de prelación que fuera conformada (fs. 13-28). II) Conferido traslado (decreto Nº 4871 /2020 de 1° de setiembre de 2020 a fs. 30), compareció el Banco de Seguros del Estado a contestar y a solicitar la citación de los funcionarios que habían sido designados por la resolución impugnada, peticionando –en definitiva - el rechazo de la demanda incoada y la confirmatoria en todos sus términos del acto resistido (fs. 35-42). III) Por providencia Nº 7395/2020 de 5 de noviembre de 2020 (fs. 47) se tuvo por contestada la demanda y se dispuso noticiar a los terceros denunciados, a fin de que compa recieran en un plazo de 10 días con lo que entendieren corresponder. IV) Por Decreto Nº 8540/2020, de fecha 7 de diciembre de 2020 (fs. 51), se abrió el juicio a prueba por 60 días. V) La parte actora solicitó se dispusiera la agregación de la documentación que detalló en el Numeral 1º de su escrito de prueba, y ofreció el diligenciamiento de los siguientes medios probatorios: - Prueba testimonial: declaración de diez testigos, detallados en el Numeral II de su escrito de prueba. - Prueba por intimac ión: se intimara a la demandada a agregar, con copia íntegra para la accionante: - Los antecedentes administrativos completos del acto encausado, incluyendo todas las comunicaciones entabladas por los funcionarios del BSE y la funcionaria Rama que no fueron incluidas en los expedientes adjuntados. - La totalidad de las pruebas de los concursantes. - La totalidad de los méritos presentados por los concursantes. - Copia íntegra del expediente 2019-53-50000-00829. - Copia del Legajo Personal de la accionante. - Todas las actuaciones/etapas realizadas de la Evaluación de Desempeño de la Sra. Rama por el período 2016 -2017, aunque no se hubieran completado por haberse ido en Pase en Comisión. - Copia íntegra del Estatuto de los Funcionarios del BSE. - Copia íntegra del sistema de evaluación del desempeño por competencias, Título V reglamentación del capítulo IC del estatuto para el funcionario. - Por oficios a: - La UdelaR – Facultad de Ciencias Sociales, a los efectos de que informara cuál había sido la fecha de egreso de la Sra. Rama en la carrera de Posgrado del Diploma en Economía, con especialización en Econometría. - La UdelaR – Facultad de Química, a los efectos de que informara si la Sra. Rama había tenido un cargo docente en la mencionada Facultad. - Banco de Seguros del Estado, Departamento de Recursos Humanos, para que informara las licencias reglamentarias, médicas o de cualquier naturaleza gozadas por los Sres. Consuelo Lacassy, Jessica Sobrera y Gerardo Caprani durante el año 2019. - Banco de Seguros del Estado, De partamento de Recursos Humanos, a efectos de que informara las etapas realizadas de la Evaluación de Desempeño de la Sra. Rama por el período 2016-2017. VI) Por decreto Nº 401/2021 de 5 de febrero de 2021 el Tribunal dispuso que, estando en tiempo y c on citación personal de las partes, se agregara la documentación presentada; se practicara la intimación referida, cometiéndose; se oficiara a dónde se solicitaba; y fijó un plazo de tres días a la actora para que indicara a la Sede cuáles eran los 7 testi gos a declarar en caso que fuera de aplicación lo dispuesto por el art. 397 CPC, carga con la que la compareciente cumplió a fs. 6 de su Carpeta de Prueba. VII) Con fecha 17 de marzo de 2020, la demandada dedujo oposición a la prueba solicitada. Expresó que, desde un punto de vista formal, no correspondía oficiar al BSE porque era parte en el presente proceso, y que, desde un punto de vista sustancial, tampoco era procedente la información requerida, ya que ni la licencia de los funcionarios identif icados en el escrito de la parte actora, ni la evaluación por competencia de la contraria, estaban vinculados con los actos resistidos por la accionante. En lo relativo a la solicitud de informes a las Facultades de Economía y de Química de la UdelaR, afirmó que no debían haber sido admitidos porque en este proceso no se discutía la existencia de los extremos objeto de la solicitud, sino la valoración del tribunal, su presentación por la funcionaria y la fecha de habilitación. En cuanto a las intimaciones de agregación de documentos, se opuso a que debiera acompañar copia, arguyendo que no era un requisito de la normativa que regulaba la prueba en procesos anulatorios ante el TCA y que, por ende, no se podía exigir una forma específica de cumplimiento de las intimaciones. También se opuso a la solicitud de inclusión de todas las comunicaciones entabladas por funcionarios del BSE con la actora por ser impertinente, no tener vinculación con el objeto del proceso, ser demasiado amplia y de imposible cumplimiento en tanto no delimitaba funcionarios ni período temporal; y por ser inadmisible por tratarse de comunicaciones privadas entre funcionarios, a las que -además- la institución no tenía acceso. Por último, aseveró que la intimación referida a las pruebas de conocimiento de los concursantes era impertinente puesto que en el presente proceso no se discutía su validez, ni correspondía a este Tribunal realizar valoración de su corrección, agregando que igual argumentación debía aplicarse respecto de los méritos de todos los participantes. En síntesis, solicitó se tuviera por deducida su oposición. VIII) El 26 de junio de 2021 la accionante evacuó el traslado conferido, manifestando que la prueba era admisible, conducente y pertinente para acred itar los hechos alegados en la demanda y que, por tanto, debía rechazarse la oposición deducida. IX) Por decreto Nº 2826/2021 de 29 de junio de 2021 se tuvo por evacuado el traslado conferido y se citó para resolución, la que fue acordada en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) El Tribunal hará lugar parcialmente a la oposición movilizada por la parte demandada, por los fundamentos que se exponen a continuación. II) En primer lugar, el opositor adujo que la prueba por oficios dirigida a su parte debió ser rechazada por la circunstancia formal de ser el demandado en este proceso, y que habría correspondido se le intimara la agregación de la documentación detallada. Si bien es cierto que, en puridad, esa prueba debió haber se pedido por intimación y no por oficios, en aplicación de un criterio garantista la oposición debe ser desestimada porque se funda en un tecnicismo que no puede primar sobre el derecho de la compareciente a ofrecer la prueba que entienda pertinente. Más aún se impone el rechazo de este argumento si se observa que en el último punto del Capítulo III del escrito de prueba (“Prueba por Intimación”) la actora solicitó “se intime al demandado a cumplir con la prueba por Oficios que se solicita a su respecto”. Por lo tanto, se entenderá que la prueba por oficios solicitada respecto del BSE constituye parte de la prueba por intimación que se dispuso practicar por Decreto Nº 401/2021. III) En cuanto a la prueba por informes de la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Química de la UdelaR, se hará lugar a la oposición deducida respecto del segundo de los informes solicitados. La demandada expresa en su escrito de oposición que no se discute la existencia de los extremos objeto de la solicitud, s ino la valoración del tribunal, su presentación por la funcionaria y la fecha de habilitación. La actora, al solicitar este medio probatorio, expresa que se dirige a que la Facultad de Ciencias Sociales informe cuál había sido la fecha de egreso de la S ra. Rama en la carrera de Posgrado del Diploma en Economía, con especialización en Econometría. Por lo tanto, el hecho que pretende acreditar es un hecho controvertido, carácter que el BSE reconoce expresamente al deducir su oposición, por lo que la agregación de prueba a su respecto es pertinente en el presente proceso. Sin embargo, no surge de autos controversia alguna respecto de la existencia del cargo docente en la Facultad de Química ostentado por la actora. Habiendo sido este hecho expresamente admitido por la demandada, la única controversia a su respecto radica en la valoración que de él realizó la Administración. En consecuencia, su acreditación ha devenido en innecesaria y deberá rechazarse el medio de prueba ofrecido. IV) En tercer lug ar, corresponde abordar la oposición relativa a la intimación de incluir, en los antecedentes administrativos a agregar, las comunicaciones entabladas por funcionarios del BSE con la accionante. El BSE arguyó que la referida intimación era demasiado amp lia e imposible de cumplir dado que no se delimitaban funcionarios ni período temporal, y que también era inadmisible porque refería a comunicaciones privadas entre funcionarios a las que la institución no tenía acceso. Al respecto y en ocasión de evacua r el traslado de la oposición, la actora formuló aclaraciones, especificando que se refería a las comunicaciones cursadas entre ella y los funcionarios del BSE en el marco de los expedientes que constituían los antecedentes administrativos que se solicitaban, que no se trataba de correos particulares sino institucionales, y que versaban sobre temas funcionales en el marco de las consultas que realizó sobre el concurso impugnado, que detalló en los numerales 34 y ss. de su demanda (fs. 20 vto.). Siendo as í, se comparte con la promotora que los correos electrónicos cuya agregación se solicita se intime al BSE están precisamente delimitados, por lo que no se observa imposibilidad de cumplimiento. En cuanto a la alegada inadmisibilidad de los referidos cor reos por tratarse de comunicaciones privadas entre funcionarios, tampoco se comparte lo argumentado por la demandada. En Sentencia Nº 600/2016, este Tribunal ha dicho, en términos enteramente trasladables al caso de marras, que: “…corresponde recordar que las casillas de correo electrónico institucionales, esto es, los continentes de la información emitida o recibida, son de propiedad exclusiva de la Administración demandada, razón por la cual, se descarta el argumento relativo a que dichos documentos son instrumentos privados. En efecto, el Tribunal ha sostenido en anteriores pronunciamientos que: “Siendo una herramienta de trabajo cuyo uso tiene por finalidad facilitar la ejecución de las tareas de los funcionarios públicos y mejorar los estándares de accesibilidad y relacionamiento entre los mismos, para cumplir la actividad con eficiencia y eficacia, no es posible sostener que la protección constitucional de la correspondencia privada, particular se extienda a otro supuesto radicalmente diverso cuyo e picentro es la Administración Pública”. (Sentencia No. 330/2014)”. En consecuencia, de lo expresado fluye que la prueba solicitada resulta admisible en el presente proceso. V) En cuanto a la manifiesta impertinencia atribuida a la solicitud de infor mes sobre la licencia de los funcionarios identificados en el escrito de la actora, a los informes sobre su Evaluación de Desempeño 2016-2017, a la intimación referida a las pruebas de conocimiento de los demás concursantes, y también a los correos electró nicos intercambiados entre la actora y los funcionarios del BSE en razón del concurso impugnado, se considera que tampoco es de recibo tal planteo. Es de verse que la actora atacó la resolución impugnada, imputándole haber sido dictada en flagrante vio lación de diversos artículos de la Metodología Interna de Concursos aprobada por RD 351/201 (que integraba las bases del concurso de marras) incluyendo los referidos a la integración del Tribunal de Concursos; manifestando que, en más de una oportunidad, n o todos los miembros que debían integrar el Tribunal firmaban las Actas labradas en el marco del concurso. También postuló que ese Tribunal había efectuado una incorrecta valoración de sus méritos, con desviación y abuso de poder, y que en el concurso se h abían violado los principios de imparcialidad, de transparencia, y su derecho de defensa. Por lo tanto, los medios de prueba solicitados no aparecen prima facie como manifiestamente impertinentes o inconducentes y, en consecuencia, no reúnen los requisi tos contemplados por el artículo 74 del Decreto Ley No. 15.524 para disponer su rechazo liminar; esto es, que sean prohibidos por la ley, notoriamente dilatorios, propuestos para entorpecer la marcha del juicio, o impertinentes a la materia litigiosa. El Tribunal ha señalado invariablemente que se debe ser cauteloso a la hora de rechazar los medios probatorios propuestos, habida cuenta que en la materia rige el principio de libertad de la prueba, que se manifiesta, por ejemplo, mediante el derecho de las partes a desplegar todos sus esfuerzos probatorios con el fin de aportar elementos a la causa que permitan acreditar sus dichos (cf. Sentencias Nº 721/2011 y 407/2013, entre otras, citando a KLETT, Selva y colaboradores, “Principios de la prueba” en R.U.D .P. 1/2000). De resultar discutible u opinable la procedencia de tal o cual medio de prueba, no resultaría sensato rechazarlo antes de su diligenciamiento, de su producción (Cf. TARIGO, Enrique; “Lecciones de Derecho Procesal Civil”, Tomo II, pág. 28); por lo que la impertinencia o inconducencia de estos medios probatorios, no siendo manifiesta, debe ser materia de decisión final y no liminar (Sentencias del T.A.C 1º Nos. 100/03, 403/05, 200/07 y 242/08 publicadas en R.U.D.P. Nº 1-2/09, c. 809, págs. 440 -441 y Sentencias del T.C.A. Nos. 554/09 y 1.034/11, publicadas en R.U.D.P. Nº 1/12, c. 996, págs. 606-607). Al no apreciarse como manifiestamente impertinente o inconducente la prueba objetada por el demandado, su valoración se hará en conjunto con el cúmulo probatorio al momento de dictarse sentencia definitiva, de lo que se deriva la decisión de rechazo de la oposición deducida. VI) Por último, tampoco asiste razón al opositor en lo relativo a la exigencia de aportar copia de la documentación. Y ello es así porque, como lo señaló la actora, conforme lo dispuesto por la Acordada Nº 8 del TCA de fecha 03/04/2006, corresponde que la demandada proporcione copia de la documentación cuya agregación se le intima. Por los fundamentos expuestos y lo dispuesto por el art. 52 de la Ley N° 13.355, el Tribunal RESUELVE : Acógese la oposición deducida por la parte demandada a la solicitud de prueba por informes de la Facultad de Química de la UdelaR, formulada por la parte actora. En lo demás, desestímase la oposición planteada. Cúmplase con el Decreto Nº 401/2021 en lo pendiente, con la salvedad referida. Dra. Salvo (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett. Dr. Marquisio (Sec. Letrado)