Tribunal de lo Contencioso Administrativo · Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Sentencia Sentencia N° 364/2021
24 de agosto de 2021
- Ficha (IUE)
- 531/2019
- Procedimiento
- Acción de nulidad
- Materia
- Derecho administrativo
- Resultado (estimado)
- Desestima o rechaza
- Fallo: otro
Texto de la sentencia
DECRETERO DE SENTENCIAS
//tevideo, 24 de agosto de 2021.
No. 364
VISTOS :
Para resolución estos autos caratulados: “GRUMBERG AIZENAS, JOSÉ LUIS con BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO.
Acción de nulidad” (Ficha No. 531/2019).
RESULTANDO :
I) Abierto el juicio a prueba por auto Nº 9044/2020, de 21 de diciembre de 2020 (fs. 85), la parte actora, entre otros medios probatorios, solicitó se intime a la contraparte comunique al Tribunal si los funcionarios profesionales que lista en el numeral 1.5 de su libelo (fs. 1 y vto. foliatura provisoria, carpeta parte actora), continúan en actividad en el Banco de Seguros del Estado y qué edad tiene cada uno de ellos.
Asimismo, peticionó se oficie al Banco de la República Oriental del Uruguay y al Banco Hipotecario del Uruguay (numerales iii y iv), a efectos de que en ambos casos se informe: “a. Si existe en el Banco una causal de cese de los funcionarios por razón de edad y desde qué fecha; b. En caso afirmativo, a partir de qué edad y si para que la causal de cese por edad sea aplicada es necesario tener causal jubilatoria; c. En caso de que la causal jubilatoria sea un requisito para configurar el cese, que informe al Tribunal cómo aplica este requisito. Precisamente informe: (i) si refiere a causal jubilatoria común o por edad avanzada, (ii) Si refiere a la configuración de causal jubilatoria en Caja Bancaria exclusivamente o en algún otro instituto de seguridad social, (iii) Si para el caso de funcionarios que tienen aportaciones en más de un organismo previsional, y entre todos suman más de treinta años de servicio se aplica la causal de cese; d) Informe las modificaciones operadas en la causal de cese desde el 2017 a la fecha”.
II) Ordenado su diligenciamiento, con citación (auto Nº 952/2021, fs. 7 ibídem), compareció, en plazo, el representante del Banco de Seguros del Estado, a formular oposición.
Adujo que lo solicitado por la actora como intimación, en el numeral
1.5, es impertinente, puesto que se trata de funcionarios que no guardan relación alguna con el presente proceso. Igual consideración efectuó respecto a la prueba por informe identificada con los numerales iii y iv, en el entendido que no se condice con el objeto del presente proceso la reglamentación, aplicación, implementación de causales jubilatorias que pueden existir en el BROU o en el BHU.
Sostuvo, además, que la probanza solicitada es inconducente –ambas de forma manifiesta-, ya que no es hábil para probar la legitimidad o ilegitimidad del acto atacado en este proceso.
III) Por auto No. 2329/2021 (fs. 12 ib.) se confirió traslado de la oposición a la parte actora, quien la evacuó en los términos que surgen del escrito agregado a fs. 17-19, bregando por su rechazo.
Solicitó, asimismo, se tenga presente el hecho nuevo denunciado (Resolución de la Institución de Derechos Humanos, Nº 944/021, de 11 de mayo de 2021).
IV) Se citó para resolución (fs. 21), la que se acordó en legal y oportuna forma.
CONSIDERANDO :
I) El Tribunal, en mérito a las consideraciones que expondrá, desestimará la oposición deducida por la parte demandada.
II) Al analizar el alcance del principio de libertad en materia de prueba y su trascendencia a efectos de rechazar en forma liminar un medio probatorio, se ha señalado que: “La cabal comprensión del principio justifica el criterio judicial que debe mediar al examinar la admisibilidad de los medios prueba. La calificación que se efectúa -de regla- en la audiencia preliminar u otro acto similar, concerniente a su admisibilidad, conducencia, pertinencia y necesariedad (arts. 24, nral. 6, 144 y 341 nral. 6 del CGP) debe ser respetuosa del principio en examen.
El rechazo liminar debe ser estricto porque puede afectar el derecho de defensa en juicio y se corre riesgo de incurrir en prejuzgamiento. Por ende, en caso de duda y en estricta aplicación del principio de libertad de la prueba, corresponde admitir el medio probatorio y -en todo caso- volver a examinar el tema al momento del dictado de la sentencia definitiva…” (así: Selva KLETT, Cecilia BALUGA, Federico ÁLVAREZ, Juan CASTILLO – “Principios de prueba en el sistema procesal civil” en Revista Uruguaya de Derecho Procesal, Nº 1/2000, FCU, Montevideo, p.
88).
Dicho criterio ha sido reconocido en forma constante por la jurisprudencia de este Tribunal, admitiendo que: “…siempre debe optarse, en caso de duda por la solución más favorable a la incorporación de elementos probatorios convictivos, sin perjuicio de su oportuno examen y posterior exclusión fundada, pues el interés prioritario es la recepción con amplitud de la prueba solicitada, sin desmedro del derecho de defensa, como forma de que el Tribunal llegue al conocimiento de la legitimidad o no del acto administrativo impugnado”. (Cf. Sentencias Nos. 391/2005, 372/2009, 719/13, 626/14, 521/15, 3/216, 95/19, entre muchas otras).
III) A partir de los entendimientos precedentes, se impone el rechazo de la oposición formulada por la accionada.
En efecto, tal como fue relevado al evacuar el traslado de la oposición, la prueba objetada refiere al cúmulo de alegaciones contenidas en el acto de proposición. Así, con relación a la oposición a la prueba por intimación (1.5), el promotor adujo como agravio que se lo discriminó respecto de otros funcionarios que se encuentran en su misma situación. Y respecto de la prueba por informe requerida al BROU y BHU (iii y iv), el actor afirmó que está destinada a acreditar que la volición impugnada carece de motivación, habida cuenta del fundamento expuesto en el Decreto Nº 22/2018 que modificó el Estatuto del Funcionario del BSE: “… equiparar dicho Estatuto al resto de las Instituciones Financieras Oficiales (BCU, BROU y BHU)”. (fs. 18 vto. foliatura provisoria ib.).
Igualmente, no hay obstáculos relativos a la “ admisibilidad” de los medios de prueba propuestos, en tanto no son “ prohibidos por la ley ”, a la vez que no se avizora que ostenten la nota notoriamente dilatorios, de conformidad con lo establecido por el art. 74, inc. 1º del Decreto Ley No.
15.524.
En consecuencia, el análisis de los medios probatorios objetados, así como su pertinencia, informa a la valoración de la prueba a realizarse en la sentencia definitiva, so riesgo de incurrir en prejuzgamiento en caso de proceder a tal análisis en la presente instancia procedimental.
Por los fundamentos expuestos, el Tribunal
RESUELVE :
Desestímase la oposición deducida por la parte demandada; con costas.
Del hecho nuevo denunciado, traslado al demandado.
Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.).
Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).