Sentencia Definitiva N° 358/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de agosto de 2021 No. 358 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “LUJÁN ROJAS, LIRIA con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha N° 397/2019). RESULTANDO : I) Surge de fs. 2 que el 28 de junio de 2019 la actora dedujo demanda anulatoria contra la Resolución Nº DP 157/2018 de fecha 31 de octubre de 2018, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social, que le denegó el reconocimiento de los servicios prestados a Rensa Ltda. por el período 01/02/1976 a 15/08/1976, a Manuel Rodríguez Vázquez por los períodos 01/01/1985 a 15/01/1993 y 01/09/1993 a 30/03/1996, y también la jubilación por no cumplir los extremos exigidos por el artículo 18 de la Ley N°16.713 (fs. 36 vta. de los A.A.). Como fundamento de su pretensión, alegó que la enjuiciada reconoció determinados servicios prestados, pero no así los realizados para Rensa Ltda. por el período 01/02/1976 a 15/08/1976, y para Manuel Rodríguez Vázquez por los períodos 01/01/1985 a 15/01/1993 y 01/09/1993 a 30/03/1996, esto último en base a una valoración de la prueba desajustada a derecho y contraria a lo dispuesto por los artículos 140 y 141 del CGP. Refirió a las reglas de la sana crítica y manifestó que se habían soslayado todas las declaraciones testimoniales, citando jurisprudencia al respecto. Agregó que también se había afectado su derecho de defensa por no haber diligenciado la prueba ofrecida por su parte, lo que implicó violación de la regla de derecho. En definitiva, solicitó se anulara el acto administrativo impugnado. II) A fs. 12, el 4 de setiembre de 2019 la representante de la demandada contestó la demanda incoada. Manifestó que el inciso 1° del artículo 77 de la Ley Nº 16.713 disponía que los servicios anteriores a la vigencia de la historia laboral debían probarse -en principio- por vía documental, y que el inciso 2º establecía que la reglamentación podía admitir otros medios de prueba a los efectos de acreditar dichos servicios. Afirmó que la prueba testimonial propuesta y recogida había sido correctamente valorada, y que había resultado estéril a fin de acreditar los períodos denegados (los indicados como prestados a Rensa Ltda y al Sr. Manuel Rodríguez Vázquez), ya que adolecía de serias inconsistencias y contradicciones. Indicó que, en el caso, no habían existido aportes sobre la actividad laboral durante el período que fuera denegado, ni prueba fehaciente que acreditara que la actora había prestado los servicios denunciados. Controvirtió que se hubiera cercenado el derecho de defensa, y afirmó que se había diligenciado toda la probanza propuesta durante el trámite administrativo. Concluyó que la resolución dictada se ajustaba a derecho, y solicitó que se desestimara la acción de nulidad incoada. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 38. IV) Alegaron las partes por su orden: la actora a fs. 41 y ss. y la demandada a fs. 47 y ss. V) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que produjo el Dictamen Nº 364/2020 por el que aconsejó confirmar el acto administrativo en cuestión (fs. 51). VI) Se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal. CONSIDERANDO : I) Se han acreditado los extremos legales habituales requeridos por la normativa vigente (artículos 4 y 9 de la Ley 15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. En efecto, se procesa la nulidad de la Resolución N° DP 157/2018 de fecha 31 de octubre de 2018, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social, que le denegó a la actora el reconocimiento de los servicios prestados a Rensa Ltda. por el período 01/02/1976 a 15/08/1976 y a Manuel Rodríguez Vázquez por los períodos 01/01/1985 a 15/01/1993 y 01/09/1993 a 30/03/1996, y también la jubilación por no cumplir los extremos exigidos por el artículo 18 de la Ley N°16.713 (fs. 36 vta. de los A.A.). Contra dicho acto, notificado a la gestionante con fecha 13 de noviembre de 2018 (fs. 36 A.A.) , interpuso en tiempo y forma recursos de revocación y jerárquico (el 20 de los mismos mes y año - fs. 52 de los A.A.), a cuyo respecto operó la denegatoria ficta el 17 de mayo de 2019. Finalmente, la demanda de nulidad se dedujo en tiempo útil (el 28 de junio de 2019 - nota de cargo a fs. 6). II) El Tribunal, en decisión adoptada por unanimidad y coincidiendo con lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, acordó desestimar el planteo anulatorio impetrado en mérito a los fundamentos que se desarrollan en los siguientes numerales. III) Emerge de los antecedentes administrativos allegados al proceso que el 11 de enero de 2018 la accionante se presentó ante el BPS a efectos de iniciar trámite de jubilación común sin cese (fs. 1 y ss. A.A.), declaró haber trabajado para el Sr. Manuel Rodríguez Vázquez y Rensa Ltda. en distintos períodos (fs. 3 vta. A.A.), ofreció tres testigos para probarlo (fs. 4 A.A.) y prestó declaración el 18 de enero de 2018 (fs. 6 vta. A.A.). Ese mismo día efectuaron declaración jurada el Sr. Luis Renán Noble Lucero, la Sra. Hermelina Rodríguez Cabrera y el Sr. Elmer Pedroza Fraga (fs. 7 a 14 A.A.). El 19 de los mismos mes y año la Oficina Testigos de la Gerencia de Prestaciones produjo un informe, que obra a fs. 15 de los A.A. y en el que concluyó: “… no probada la actividad declarada por parte de la titular, en calidad de empleada para: MANUEL RODRIGUEZ VAZQUEZ – EMPLEADO RURAL- PERIODO 01/03/1972 A 15/01/1993. RENSA LTDA. – EMPLEADO - PERIODO 01/02/1976 A 15/08/1976” El 17 de marzo de 2018 la Oficina Testigos de la Gerencia de Prestaciones produjo nuevo informe, según surge de fs. 18 vto. de los A.A., en el que entendió: “… no probada la actividad declarada por parte de la titular, en calidad de empleada para: MANUEL RODRIGUEZ VAZQUEZ – EMPLEADO RURAL- PERIODO 01/03/1972 A 15/01/1993. MANUEL RODRIGUEZ VAZQUEZ – EMPLEADO RURAL- PERIODO 01/09/1993 A 30/03/1996. RENSA LTDA. – EMPLEADO - PERIODO 01/02/1976 A 15/08/1976” Se otorgó vista de las actuaciones a la actora (fs. 21 A.A.), que la evacuó ofreciendo nuevos testigos (fs. 22 A.A.) El 23 de julio de 2018 declaró el Sr. Manuel Adán Noble Lucero (fs. 24 vta. a 26 A.A.), y el 31 siguiente lo hicieron el Sr. Omar Pereyra Dutra y la Sra. Rosario Pírez García (fs. 28 a 30 y 31 a 33 A.A.). Posteriormente, a fs. 33 vto de los A.A. se pronunció la Sección Inspecciones y Certificaciones de la Dirección Técnica de Prestaciones, en el sentido que: “…se presume probada la actividad en: Manuel Rodríguez Vázquez – 1972 a 1984. Asimismo, no se reunieron elementos suficientes y en consecuencia se presume no probada la actividad en: Manuel Rodríguez Vázquez – 1985 a 1996. RENSA LTDA. – 2/1976 a 8/1976” Finalmente, la Gerencia de Prestaciones Económicas dictó la Resolución N° DP 157/2018, que reconoció los servicios prestados a Manuel Rodríguez Vázquez por el período 01/03/1972 a 31/12/1984 y a Rensa Ltda. por el período 16/08/1976 a 31/10/1980, y que no lo hizo por el período 01/02/1976 a 15/08/1976 en lo relativo a Rensa Ltda, y por los períodos 01/01/1985 a 15/01/1993 y 01/09/1993 a 30/03/1996 a Manuel Rodríguez Vázquez, denegándole, en consecuencia, la jubilación (fs. 36 vta. A.A.). IV) La controversia está centrada en la valoración de la prueba aportada para acreditar los servicios declarados para Rensa Ltda. por el período 01/02/1976 a 15/08/1976, y para Manuel Rodríguez Vázquez por los períodos 01/01/1985 a 15/01/1993 y 01/09/1993 a 30/03/1996, no así respecto de los reconocidos para los mismos empleadores por los períodos 16/08/1976 a 31/10/1980 y 01/03/1972 a 31/12/1984, respectivamente. Enseña el Maestro COUTURE que el cúmulo probatorio incorporado debe valorarse de acuerdo a las reglas de la “sana crítica” que son ante todo “las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez” (cf. COUTURE, Eduardo J. “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, 3ª Edición (14ª reimpresión), Ed. Depalma, Buenos Aires, 1987, pág.270). En este enfoque, estima la Sala que procede el rechazo de la demanda y la confirmación del acto impugnado, desde que el mismo deriva de una correcta valoración de la prueba por parte del Organismo previsional demandado. Respecto a los servicios para Rensa Ltda. emerge de la Planilla de Control de Trabajo que la actora ingresó a trabajar en agosto 1976 y egresó el 31 de octubre de 1980 (fs. 17 A.A.), pero los testimonios recabados no lograron acreditar el período anterior denunciado, esto es, desde el 01/02/1976 al 15/08/1976. En cuanto a los servicios prestados para el Sr. Manuel Rodríguez Vázquez, la Dirección Técnica de Prestaciones emitió el 21 de agosto de 2018 un informe en el que valoró las declaraciones recibidas (fs. 33 vto. A.A.) y consideró que: “… de los testigos surgen elementos suficientes de convicción acerca de la real prestación de los servicios por parte de la titular, por lo expuesto, analizando el expediente y las declaraciones en el contenidas en su conjunto, se presume probada la actividad en: Manuel Rodríguez Vázquez ---1972 a 1984 Asimismo, no se reunieron elementos suficientes y en consecuencia se presume no probada la actividad en: Manuel Rodríguez Vázquez --- 1985 a 1996. Testigo Noble --- Declaración clara y espontánea; demuestra conocimiento de la actividad como empleada del Sr. Rodríguez en el periodo 1972-1984. Testigo Pereyra --- Merece fe. Indica que conoce a la titular desde que la misma tiene 16 años” (año 1974) y desde esa época y al menos durante 10 años le consta esta actividad. Testigo Pírez --- Declaración válida. Manifiesta que la titular trabajó desde los 14 o 15 años y hasta 1984/85 aprox.” Es de verse que, en la instancia administrativa, el testigo Manuel Adán NOBLE LUCERO declaró que la actora “ habrá empezado más o menos por el año 1970 y hasta que me casé por lo menos estuvo, así que más o menos por el año 1984” y prosiguió “Liria habrá dejado de trabajar con Manuel entre 1985 y 1990” (fs. 25 vta. A.A.). Sin perjuicio, el mismo testigo en este proceso modificó su declaración, ya que preguntado en qué período trabajó la actora para el Sr. Manuel Rodríguez manifestó que “que yo me acuerde desde el año 72 como hasta el 96 o 97 por ahí...” (fs. 31 infolios), lo que denota una clara contradicción entre ambas declaraciones. Por otra parte, Omar Wilson PEREYRA DUTRA manifestó que “ A la vuelta de mi casa, al lado de la casa de Liria, había una Quinta de “DON MANUEL” y ella trabajaba allí ” y, preguntado por el tiempo que la vio trabajando en ese lugar, respondió: “ No sé decir cuánto tiempo, fueron muchos años” (fs. 28 vta. y 29 A.A.). En similar sentido, Rosario PÍREZ afirmó que “Liria empezó con 14 o 15 años a trabajar con Manuel Rodríguez que tenía quinta al lado de la casa de ella” e, interrogada por el tiempo que trabajó en la quinta, aseveró: “Y como 10 años aprox.; ella comienza con 14 o 15 años, así que sería por el año 1973/74 aprox. y habrá estado hasta el 80 y pico, 1984/85 aprox. Antes de tener 30 años”. (fs. 31 vta. y 32 A.A.). En consecuencia, de esos testimonios no se puede extraer que la actora hubiera trabajado para el Sr, Manuel Rodríguez entre los años 1985 a 1993 y 1993 a 1996. De modo que no se aportaron elementos suficientes para acreditar fehacientemente los períodos laborados por la actora para Rensa Ltda. y para Manuel Rodríguez Vázquez. Francamente, como con acierto afirma la demandada, esta prueba resulta estéril para acreditar los períodos de actividad denunciados como trabajados para Rensa Ltda. desde el 01/02/1976 al 15/08/1976, y para Manuel Rodríguez Vázquez desde el 01/01/1985 al 15/01/1993 y desde el 01/09/1993 al 30/03/1996. A la vaguedad de los testimonios y sin perjuicio de su opinable veracidad, se suma la clara contradicción de los períodos declarados laborados por la actora con lo que emerge de la prueba documental. Resulta evidente la insuficiencia de información aportada para justificar los períodos de trabajo para ambos empleadores. No se está ante diferencias de detalle que puedan justificarse en razón del tiempo transcurrido y que evidencien espontaneidad, sino que lisa y llanamente, a juicio del Tribunal, asiste razón a la accionada en relación a la existencia de orfandad probatoria. Como acertadamente sostuvo en su voto el Sr. Ministro, Dr. William CORUJO: “Compartiéndose los expresado por la demandada en su contestación “la insuficiencia probatoria queda de manifiesto al examinar las declaraciones de los testigos propuestos”, no siendo suficiente las declaraciones ofrecidas para probar que la actora trabajo el periodo que dice haber trabajado para la empresa RENSA LTDA. 01/02/1976 al 15/08/1976, MANUEL RODRIGUEZ VAZQUEZ 01/01/1985 al 15/01/1993, MANUEL RODRIGUEZ VAZQUEZ 01/09/1993 al 30/03/1996. La Administración reconoció a los efectos de su cómputo un total de 19 años, 8 meses y 3 días de servicio. En el caso en análisis se hace necesario puntualizar y tener presente que se trata de declaraciones sobre hechos que ocurrieron hace varios años, ello no puede significar “una suerte de franquicia probatoria en favor del interesado, que determine el auxilio anulatorio en base a una excesiva benignidad en la valoración del informativo testimonial aportado”. Aun sin dejar de advertir las dificultades probatorias que existen para el tipo de tareas referidas al servicio doméstico y su incidencia en las reglas de la sana crítica, entiendo que las declaraciones de los testigos propuestos fueron valoradas correctamente por el ente demandado.” La Corporación, ante casos similares, expresó que: “Examinados todos los elementos de prueba en su conjunto, de acuerdo con los estándares de la sana crítica, a juicio del Tribunal, no corresponde tener por probados los servicios denunciados por la actora. La prueba rendida es sumamente débil para respaldar la hipótesis sustentada por la accionante. (…) El momento de valoración de la prueba es, como señala FERRER BELTRAN, el momento de la racionalidad en el proceso. Se trata de la oportunidad en la que corresponde evaluar el apoyo empírico que un conjunto de elementos de juicio aportan en apoyo de una determinada hipótesis o de su contraria, y el juicio está sujeto a las reglas de la lógica y la racionalidad. La racionalidad a que está sujeta la valoración de la prueba en el proceso jurisdiccional, cuando no existen reglas específicas que impongan otorgar a determinada prueba un valor particular (v. gr. pruebas tasadas), no es distinta de la que impera en otros ámbitos de la experiencia. Los criterios empleados para valorar la prueba deben ser pasibles de ser controlados intersubjetivamente mediante juicios racionales y es así como se legitima la actividad valorativa del juzgador (FERRER BELTRAN, Jordi: “El contexto de la decisión sobre los hechos probados en el Derecho”, en AA. VV. “Proceso, prueba y estándar”, ARA Editores, Lima, 2009, pág. 75). Como enseña VIERA, recordando las enseñanzas de DEVIS ECHANDÍA, la apreciación de la prueba debe hacerse en conjunto, tomando en cuenta todos los elementos probatorios como una unidad y no aisladamente. Este es un principio general aplicable a la valoración de la prueba llamado “Unidad de la prueba”, que significa que el conjunto probatorio del juicio forma una unidad, y que, como tal debe ser examinado y apreciado por el juez, para confrontar las diversas pruebas, puntualizar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme (VIERA, Luis Alberto: “Valoración de la prueba”, Anales del Foro, 1992/1993 A 109-110, pág. 34)” (cf. Sentencia N° 370/2013). En el mismo sentido, en Sentencia Nº 181/2013 se señaló que: “Si bien no resulta posible adoptar un criterio absolutamente riguroso en la valoración de la prueba por el obstáculo que, para el conocimiento de los hechos a probar, supone el transcurso del tiempo y la avanzada edad de los testigos, la prueba rendida subespecie revela inconsistencias que hacen que, valorada en su globalidad, no constituya un soporte utilitario para viabilizar la solicitud de la reclamante. En tal sentido, como recientemente ha expresado la Sede: “Cierto es que, la circunstancia de que los testimonios refieran a hechos acontecidos hace muchísimos años, posiblemente provoque que los deponentes incurran en inexactitudes, pero aun cuando corresponde admitir que no cabe exigir una puntillosa pulcritud en la deposición de quienes atestiguan sobre servicios denunciados por el interesado en obtener el amparo jubilatorio, sobre datos de la vida ocurridos tiempo atrás (Cfe. Sentencias 457/2011, 434/2009, 193/2008, entre muchas otras), ello no significa una suerte de franquicia probatoria en favor del interesado, que determine el auxilio anulatorio en base a una excesiva benignidad en la valoración del informativo testimonial aportado” (Sentencia 809/2012)”. En conclusión, la valoración de las probanzas a la luz de las reglas y principios de la sana crítica, permite arribar a la convicción que no se acreditaron los servicios denunciados por la gestionante correspondientes a los períodos en análisis. V) Finalmente, tampoco es de recibo el agravio fincado en la vulneración del derecho a defensa por no haber diligenciado la prueba solicitada por la actora. Como fuera consignado supra, consta que con la solicitud de la jubilación la actora ofreció el testimonio de tres testigos (fs. 4 A.A.) que prestaron declaración jurada con fecha 18 de enero de 2018 (fs. 7 a 14 A.A.) y que, al evacuar la vista conferida, con fecha 22 de mayo de 2018 ofreció la declaración de tres nuevos testigos, que depusieron con fechas 23 y 31 de julio de 2018 (fs. 24 vta. a 26, 28 a 30 y 31 a 33 A.A.). Por ende, el organismo previsional diligenció la totalidad de la prueba ofrecida. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón Dr. Marquisio (Sec. Letrado)