Sentencia Definitiva N° 354/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de agosto de 2021. No. 354 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “RODRÍGUEZ SALVATIERRA, MARÍA SUSANA con PODER EJECUTIVO. Acción de nulidad” (Ficha No. 187/2019) y sus acumulados: “BENTANCOURT ALCARAZ, MÓNICA RAQUEL con PODER EJECUTIVO. Acción de nulidad” (Ficha No. 188/2019), “ OJEDA LEÓN, CONSUELO con PODER EJECUTIVO. Acción de nulidad” (Ficha No. 189/2019), e “ INETTI, MARÍA CONCEPCIÓN con PODER EJECUTIVO. Acción de nulidad” (Ficha No. 190/2019). RESULTANDO : I) En la causa Ficha No. 187/2019 se demandó la nulidad de la Resolución Nº 521/19 de fecha 12 de febrero de 2019 , dictada por la Encargada de la Subdirección de Asistencia y Seguridad Social Policial en uso de atribuciones subdelegadas, que no hizo lugar a la petición formulada por la Sub Oficial Mayor (R) María Susana RODRÍGUEZ SALVATIERRA (fs. 95 a 100 A.A.). En la causa Ficha No. 188/2019 se demandó la nulidad de la Resolución Nº 1435/18 de fecha 3 de diciembre de 2018 , dictada por la Encargada de la Subdirección de Asistencia y Seguridad Social Policial en uso de atribuciones subdelegadas, que no hizo lugar a la petición formulada por la Sargento (R) Mónica Raquel BENTANCOURT ALCARAZ (fs. 4 y 5 infolios). En la causa Ficha No. 189/2019 se demandó la nulidad de la Resolución Nº 106/19 de fecha 14 de enero de 2019, dictada por la Encargada de la Subdirección de Asistencia y Seguridad Social Policial en uso de atribuciones subdelegadas, que declaró que no le asistía derecho a lo peticionado por la Sub Oficial Mayor (R) Consuelo OJEDA LEÓN (fs. 66 vta. a 68 A.A.). En la causa Ficha No. 190/2019 se demandó la nulidad de la Resolución Nº 155/19 de fecha 16 de enero de 2019, dictada por la Encargada de la Subdirección de Asistencia y Seguridad Social Policial en uso de atribuciones subdelegadas, que no hizo lugar a la petición formulada por la Cabo (R) María Concepción INETTI (fs. 131 a 135 A.A.). Las actoras, retiradas policiales, habían pedido que se recalcularan sus haberes de pasividad conforme a derecho, incorporándose las compensaciones establecidas en el artículo 118 de la Ley No. 16.320 y sus modificativos, artículos 36 de la Ley No. 16.462 y 144 de la Ley No. 16.736, y artículo 21 de la Ley No. 16.333, el incremento salarial dispuesto por Ley No. 16.911, las incidencias del gravamen progresivo de montepío a “Servicios de terceros” (artículo 222 Ley No. 13.318), y la compensación por riesgo de función y la prima técnica, viáticos de alimentación (artículo 43 Ley No. 18.405) (fs. 116 A.A., fs. 2 ppal., fs 2 ppal., y fs. 6 ppal., respectivamente). Manifestaron que las compensaciones previstas en las citadas normas debían ser calculadas sobre el total de las retribuciones sujetas a montepío, lo que había sido incumplido por la Administración cuando liquidó sus primeros haberes de retiro. Indicaron que la expresión “sobre el total de las retribuciones sujetas a montepío” no podía limitar su alcance temporal exclusivamente a las partidas vigentes al tiempo de la sanción de la disposición legal porque, de ser así, se debería haber consagrado en forma expresa. Señalaron que la circunstancia que las compensaciones en cuestión hubieran sido creadas en un presupuesto no implicaba que en el posterior ejercicio presupuestal no se continuaran pagando, por lo que la interpretación de la demandada, en el sentido que en cada presupuesto se debía renovar la partida, no solo no era razonable sino que tampoco tenía fundamento legal alguno. Agregaron que era irrelevante que se hubiera aportado o no estando en actividad o que se hubieran jubilado por la Ley No. 18.405, ya que era obligación del organismo previsional, y no del administrado, la retención de la contribución de seguridad social en actividad. Concluyeron que correspondía la anulación del acto impugnado por su ilegalidad y por haber sido dictado con desviación de poder. II) Conferidos los correspondientes traslados, compareció la representante de la demandada y contestó las demandas incoadas en los siguientes términos. Luego de reseñar los antecedentes vinculados al trámite de retiro voluntario iniciado por cada una de las actoras, puntualizó que no correspondía al organismo previsional revisar las liquidaciones salariales realizadas por la Unidad Ejecutora de la que dependían las titulares. Manifestó que de la documentación emergente de los antecedentes administrativos, se advertía que el haber jubilatorio de las accionantes había sido legítimamente calculado en atención a la normativa vigente a la fecha de cada uno de los ceses, incluyéndose todas las partidas y compensaciones sujetas a montepío percibidas, Leyes No. 13.792 y No. 16.333. Indicó que, tal como surgía de la documentación incorporada, el haber jubilatorio había sido correctamente liquidado al tenor de la Ley No. 18.405, vigente a la fecha de retiro de las actoras. En definitiva, solicitó la confirmación de los actos impugnados. III) Por Decreto No. 5142/2019 de fecha 29 de julio de 2019 se dispuso la acumulación de los expedientes Fichas Nos 188/2019, 189/2019 y 190/2019 (fs. 35). IV) Abierto el juicio a prueba en el cúmulo, se produjo la que obra certificada a fs. 44. V) Alegaron las partes por su orden: las actoras a fs. 47 y ss. y la demandada a fs. 55 y ss. VI) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que produjo el Dictamen No. 274/2020 que obra a fs. 62, aconsejando confirmar los actos administrativos en cuestión. VII) Se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal. CONSIDERANDO : I) Corresponde analizar si las accionantes han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente para el correcto accionamiento de nulidad (artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.869). En lo que refiere a los aspectos formales, cabe señalar lo siguiente: i) Ficha Nº 187/2019 Se demanda la nulidad de la Resolución Nº 521/19 de fecha 12 de febrero de 2019 , dictada por la Encargada de la Subdirección de Asistencia y Seguridad Social Policial en uso de atribuciones subdelegadas, que no hizo lugar a la petición formulada por la Sub Oficial Mayor (R) María Susana RODRÍGUEZ SALVATIERRA (fs. 95 a 100 A.A.), la que fue notificada a la actora el 21 de febrero de 2019 (fs. 102 A.A.) Habiendo operado previamente denegatoria ficta de dicha petición, el 5 de diciembre de 2018 se interpusieron los recursos de revocación y jerárquico (fs. 109 a 111 de los A.A.), a cuyo respecto también recayó denegatoria ficta el 11 de mayo de 2019. La demanda de nulidad fue interpuesta prematuramente (el 4 de abril de 2019 - nota de cargo a fs. 16) y las actuaciones convalidadas. ii) Ficha Nº 188/2019 Se demanda la nulidad de la Resolución Nº 1435/18 de fecha 3 de diciembre de 2018 , dictada por la Encargada de la Subdirección de Asistencia y Seguridad Social Policial en uso de atribuciones subdelegadas, que no hizo lugar a la petición formulada por la Sargento (R) Mónica Raquel BENTANCOURT ALCARAZ (fs. 4 y 5 infolios), la que fue notificada a la actora el 25 de febrero de 2019 (fs. 6 infolios). Habiendo operado previamente denegatoria ficta de dicha petición, el 5 de diciembre de 2018 se interpusieron los recursos de revocación y jerárquico (fs. 38 de los A.A.), a cuyo respecto también recayó denegatoria ficta el 11 de mayo de 2019. La demanda de nulidad fue interpuesta prematuramente (el 4 de abril de 2019 - nota de cargo a fs. 11) y las actuaciones convalidadas. iii) Ficha Nº 189/2019 Se demanda la nulidad de la Resolución Nº 106/19 de fecha 14 de enero de 2019, dictada por la Encargada de la Subdirección de Asistencia y Seguridad Social Policial en uso de atribuciones subdelegadas, que declaró que no asistía derecho a lo peticionado por la Sub Oficial Mayor (R) Consuelo OJEDA LEÓN (fs. 66 vta. a 68 A.A.), la que fue notificada a la actora el 21 de febrero de 2019 (fs. 70 A.A.) Habiendo operado previamente denegatoria ficta de dicha petición, el 5 de diciembre de 2018 se interpusieron los recursos de revocación y jerárquico (fs. 78 de los A.A.), a cuyo respecto también recayó denegatoria ficta el 11 de mayo de 2019. La demanda de nulidad fue interpuesta prematuramente (el 4 de abril de 2019 - nota de cargo a fs. 12) y las actuaciones convalidadas. iv) Ficha Nº 190/2019 Se demanda la nulidad de la Resolución Nº 155/19 de fecha 16 de enero de 2019, dictada por la Encargada de la Subdirección de Asistencia y Seguridad Social Policial en uso de atribuciones subdelegadas, que no hizo lugar a la petición formulada por la Cabo (R) María Concepción INETTI (fs. 131 a 135 A.A.), la que fue notificada a la actora el 22 de febrero de 2019 (fs. 137 A.A.). Habiendo operado previamente denegatoria ficta de dicha petición, el 5 de diciembre de 2018 se interpusieron los recursos de revocación y jerárquico (fs. 147 vto y 148 de los A.A.), a cuyo respecto también recayó denegatoria ficta el 11 de mayo de 2019. La demanda de nulidad fue interpuesta prematuramente (el 4 de abril de 2019 - nota de cargo a fs. 12) y las actuaciones convalidadas. II) En cuanto al fondo del asunto, el Tribunal, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la demanda y confirmará el acto impugnado. III) Viene al caso relevar que las actoras solicitaron el recálculo de sus haberes de retiro, incluyendo las siguientes compensaciones: a) la establecida en el artículo 118 de la Ley No. 16.320 y sus modificativos, que se percibía por ser funcionario del Ministerio del Interior; b) la creada por el artículo 21 de la Ley No. 16.333, que se abonaba a todo el personal policial; c) el incremento salarial dispuesto por Ley No. 16.911; d) las incidencias del gravamen progresivo de montepío a “Servicios de terceros” (art. 222 de la Ley No. 13.318), compensación por riesgo de función y la prima técnica, viáticos de alimentación (art. 43 de la Ley No. 18.405). III.1) Ahora bien, en lo concerniente a las compensaciones previstas por el artículo 118 de la Ley No. 16.320 y a la regulada por el artículo 21 de la Ley No. 16.333, este Tribunal - con distintas integraciones - ha tenido oportunidad de pronunciarse en casos análogos (sentencias Nos. 703/2018, 697/2018, 167/2019, 265/2019, 323/2019, entre otras), en los que desestimó su inclusión. Así, en la citada sentencia No. 697/2018 sostuvo: “En el casus, el análisis se centra exclusivamente en la procedencia de la reforma jubilatoria, incluyendo las compensaciones referidas. Sobre dicha cuestión, la Ley Nº 18.405 -de Reforma del Régimen del Servicio de Retiros y Pensiones Policiales- dispuso en su artículo 20:“(Sueldo básico de retiro). Se denomina sueldo básico de retiro, aquel que se toma como base de cálculo para la obtención de la asignación de retiro y será el correspondiente al promedio mensual actualizado, de todas las asignaciones computables sujetas a montepío, de los sesenta meses computados anteriores al cese. Si fuera más favorable para el funcionario y en tanto lo pueda acreditar fehacientemente, el sueldo básico de retiro será el promedio de los cinco años de mejores asignaciones computables actualizadas. Tratándose de retiro por acto directo de servicio o por incapacidad total, si el tiempo de servicios computados no alcanza a sesenta meses, se tomará el promedio mensual actualizado correspondiente al período o períodos efectivamente registrados. En todo caso esas remuneraciones deberán estar debidamente documentadas en el Servicio de Retiros y Pensiones Policiales. La actualización de las asignaciones computables a efectos del cálculo del sueldo básico de retiro se hará hasta el mes inmediato anterior al inicio del servicio de la pasividad, de acuerdo con el Índice Medio de Salarios, elaborado conforme al artículo 39 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968.” En lo que refiere a las asignaciones computables que deben tomarse como base para el cálculo del haber jubilatorio el artículo 46 de la Ley estableció: “(Principio de congruencia). A los efectos de la presente ley, se entiende por asignaciones computables, aquellos ingresos individuales que, provenientes de actividades amparadas por esta normativa, constituyan materia gravada para las contribuciones especiales de seguridad social (…)”. Con relación a la materia gravada, el artículo 42 de la Ley la definió así: “(Materia gravada). Constituye materia gravada para las contribuciones especiales de seguridad social todo ingreso que el funcionario policial perciba, sea en dinero o en especie susceptible de apreciación pecuniaria, en concepto de retribución y con motivo de su tarea personal cumplida en tal carácter. Cuando el ingreso referido se recibiera en todo o en parte mediante asignaciones en especie o cuya cuantía real sea incierta, el Poder Ejecutivo determinará los fictos por los cuales se habrá de aportar por dicha asignación, en función del valor promedio de las mismas. Los aportes correspondientes a la Dirección Nacional de Sanidad Policial y al Servicio de Tutela Social Policial serán de cargo del personal policial y se calcularán sobre la totalidad de las partidas que constituyan materia gravada.” A los efectos de la elucidación del presente, resulta de utilidad lo analizado por la Sala en sentencia Nº 522/2014, en la que se consignaba: “…la ley consagra el principio de congruencia, que consiste en que, para que una partida integre la base de cálculo de las prestaciones de seguridad social, debe constituir materia gravada. Como enseña GRZETICH, el principio de congruencia, establece que debe existir una correspondencia entre los elementos que conforman la materia gravada y la base de cálculo de las prestaciones. Y como bien apunta el actor, la contracara de que una partida no constituya materia gravada para la seguridad social, es que -al menos de regla- se produce un achicamiento de la base de cálculo para los beneficios prestacionales (véase sobre estas cuestiones GRZETICH, Antonio: “Derecho de la Seguridad Social N° 3, Montevideo”, s/f, págs.. 36 y 37). La Ley Nº 18.405 (al igual que la Ley Nº 16.713), es muy clara al consagrar el principio de congruencia en el art. 46. Establece que constituirán asignaciones computables los ingresos provenientes de actividades comprendidas en el régimen de inclusión del Servicio de Retiros y Pensiones Policiales, que constituyan materia gravada para las contribuciones de seguridad social. (…) Pero este mismo inciso segundo, consagra dos excepciones a esa regla de la congruencia: lo dispuesto en los arts. 39, inciso 3º, y 53, inciso 2º, de la Ley. A nuestros efectos interesa lo previsto en el inciso 2º del art. 53. Como vimos, dicho precepto ordena computar debidamente actualizadas, las retribuciones percibidas por el “Servicio 222” de los últimos 60 meses a efectos de cuantificar el sueldo básico de retiro de quienes -como el caso del actor- hayan configurado causal de retiro con anterioridad al 30.6.2011. Y lo hace sin restricción alguna, no interesa si aportaron o no a la seguridad social por esas retribuciones, que ordena computar de todos modos. Del análisis contextual de las distintas disposiciones, es posible concluir que, en la economía de la ley, hay dos casos en que corresponde computar las retribuciones percibidas por el “Servicio 222” o por las otras partidas referidas en el art. 43 de la Ley, aun cuando no se haya aportado a la seguridad social. Estos dos casos son: i) Quienes -como el actor- hubieran configurado causal con anterioridad a la vigencia de la ley, o que la configuraran hasta el 30.6.2011 (art. 53 inciso 1º); y ii) Quienes estuvieran en el régimen de transición (art. 39). Para estos casos, aun cuando la totalidad de las partidas no hayan tributado a la seguridad social, se establece que igualmente corresponde incluirlas a efectos de calcular el sueldo básico de retiro. Es una excepción al principio de congruencia, para estos casos concretos (…)”. Dicho artículo 43 menciona varias partidas. A saber: “La compensación por riesgo de función y la prima técnica, creadas por los Artículos 141 de la Ley No. 16.736, de 5 de enero de 1996, con las modificaciones introducidas por el Artículo 87 de la Ley No. 18.046, de 24 de octubre de 2006; y 29 de la Ley No. 16.002, de 25 de noviembre de 1988, en la redacción dada por el Artículo 142 de la Ley No. 16.736, de 5 de enero de 1996, y con la modificación introducida por el Artículo 88 de la Ley No. 18.046, de 24 de octubre de 2006, respectivamente, así como los viáticos de alimentación, tendrán el mismo régimen de aportación previsional”, además de los ingresos por servicios prestados al amparo de artículo 222 de la Ley Nº 13.318. Sin embargo, no refiere a las partidas que la actora reclama. El Tribunal, desde la sentencia Nº 474/2012 hasta la reciente Nº 160/2018, ha reconocido el derecho de los accionantes a percibir en la base de cálculo de sus liquidaciones salariales la partida de compensación por permanencia prevista por el artículo 118 de la Ley 16.320 y de prima por antigüedad dispuesta por el artículo 21 de la Ley 16.333 la totalidad de las partidas sujetas a montepío y compensaciones sujetas a montepío creadas con posterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, el casus difiere de aquellos por cuanto la actora ya no está en actividad y pretende reformar su cédula jubilatoria en función de la inclusión de sumas que según señalara el Tribunal en aquellas sentencias les correspondía a los funcionarios, pero que esta nunca percibió”. En tanto el principio general es que las asignaciones computables para el haber jubilatorio son aquellas percibidas y por las cuales se tributó (principio de congruencia), y las sumas cuya liquidación pretende la actora no se encuentran dentro de las excepciones a dicho principio, no se advierte ilegitimidad alguna en el proceder de la Administración por no haber incluido las partidas de compensación previstas por el artículo 118 de la Ley No. 16.320 y de prima por antigüedad dispuesta por el artículo 21 de la Ley No. 16.333. III.2) Asimismo, por aplicación del mentado principio de congruencia y por no estar previsto el incremento salarial dispuesto por la Ley No. 16.911 en alguna de las hipótesis de excepción, tampoco se observa ilegitimidad en el cálculo del haber jubilatorio por no haber incluido dicha partida. III.3) Luego y en lo relativo a las incidencias del gravamen progresivo de montepío a “Servicios de terceros” (art. 222 de la Ley No. 13.318) y compensación por riesgo de función y la prima técnica, viáticos de alimentación (art. 43 de la Ley No. 18.405), el Tribunal entiende que fue correcta su exclusión, conclusión a la que se llega luego de analizar las particularidades del caso concreto a la luz de lo dispuesto por la multicitada Ley No. 18.405. En ese enfoque, corresponde tener presente que en el inc. 1° del art. 1º de dicha ley se dispone: “(Ámbito subjetivo de aplicación).- Queda comprendido en el nuevo sistema previsional (Título I, II, IV y V), el personal policial activo amparado por el Servicio de Retiros y Pensiones Policiales que, al momento de entrada en vigencia de la presente ley, sea menor de treinta y siete años de edad en el caso de la mujer, y de cuarenta años de edad en el caso del hombre, o aun teniendo más años de edad, cuente con menos de quince años de servicios efectivos , sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 al 41 de la presente ley” (el subrayado y negrilla no pertenecen al original). La disposición transcripta establece expresamente el ámbito subjetivo de aplicación de le ley y fija las condiciones que debe reunir el personal policial interesado en ampararse al nuevo sistema previsional, sin perjuicio del régimen de transición regulado por los artículos 36 a 41. En similar sentido a la formulación gramatical referente al ámbito subjetivo de aplicación del régimen general, regulado por dicha norma, el artículo 36 regula el ámbito subjetivo de aplicación del régimen de transición en la siguiente forma: “(Ámbito subjetivo de aplicación).- El personal policial activo amparado por el Servicio de Retiros y Pensiones Policiales, que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, cuente, en el caso de la mujer, con treinta y siete o más años de edad, y en el caso del hombre, con cuarenta o más años de edad, y quince o más años de servicios efectivos, y no configure causal de retiro al 30 de junio de 2011, se regirá por las disposiciones de este Título, salvo que realicen la opción prevista por el artículo 58 de la presente ley” (el subrayado y negrilla no pertenecen al original). Como puede apreciarse, ambas disposiciones refieren expresamente al “ personal policial activo ”, como primer requisito para ampararse en dicho régimen. Por otro lado y como ya se expuso, el nuevo régimen de seguridad social establece en su artículo 46 el principio de congruencia: “(Principio de congruencia).- A los efectos de la presente ley, se entiende por asignaciones computables, aquellos ingresos individuales que, provenientes de actividades amparadas por esta normativa, constituyan materia gravada para las contribuciones especiales de seguridad social. Las retribuciones a que refieren los artículos 42 y 43 de la presente ley constituirán asignación computable, sin perjuicio de lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 39 y el inciso segundo del artículo 53 de la presente ley, en idéntica medida en que sean materia gravada” (el subrayado no pertenece al original). De modo que incluye en la base de cálculo del sueldo básico de retiro a ciertas retribuciones, las indicadas en los arts. 42 y 43, considerándolas como asignaciones computables, al disponer que se encuentren gravadas para las contribuciones especiales de seguridad social. En el mencionado art. 42 se prevé que: “…todo ingreso que el funcionario policial perciba, sea en dinero o en especie susceptible de apreciación pecuniaria, en concepto de retribución y con motivo de su tarea personal cumplida en tal carácter...” y en el art. 43 que: “Las remuneraciones que el personal policial perciba por los servicios prestados a personas públicas o privadas, fuera del horario de servicio y del destino correspondiente a su función pública, bajo contrato celebrado por aquéllas con el Ministerio del Interior al amparo del artículo 222 de la Ley Nº 13.318, de 28 de diciembre de 1964, o normas análogas, con cargo a esos terceros (…) la compensación por riesgo de función y la prima técnica, creadas por los artículos 141 de la Ley Nº16.736, de 5 de enero de 1996, con las modificaciones introducidas por el artículo 87 de la Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006; y 29 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, en la redacción dada por el artículo 142 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y con la modificación introducida por el artículo 88 de la Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006, respectivamente, así como los viáticos de alimentación, tendrán el mismo régimen de aportación previsional”. Principio de congruencia cuya aplicación se podría entender que se encuentra exceptuada para dos situaciones concretas (arts. 39 y 53). Sin embargo, el régimen particular que dispone el art. 53 no resulta aplicable a la especie ya que dispone: “(Regulación e incidencia de algunas partidas en el sueldo básico de retiro). Los afiliados activos amparados por el Servicio de Retiros y Pensiones Policiales que han configurado causal de retiro o la configuren hasta el 30 de junio de 2011 , se regirán por el estatuto vigente a la fecha de promulgación de la presente ley. No obstante, las partidas referidas en el artículo 43 de la presente ley, se considerarán para el cálculo del sueldo básico de retiro tomando el promedio mensual actualizado de los últimos sesenta meses de servicios ” (el subrayado y negrilla no pertenecen al original). Tal como surge de su transcripción, la norma refiere al personal policial activo que, al 30 de junio de 2011, hubiera configurado causal de retiro o la configurara antes de esa fecha, solución que se encuentra en armonía con lo previsto para el régimen de transición. De lo contrario, el funcionario policial activo que reuniera, además, el resto de los requisitos exigidos en relación a dicho régimen (…mujer, con treinta y siete o más años de edad,…hombre, con cuarenta o más años de edad, y quince o más años de servicios efectivos…) ingresaría en dicho sub sistema, cuando el art. 53 regula una situación particular, a saber: la de quienes no ingresan ni al régimen general ni al de transición previstos en la ley. Ahora bien, de acuerdo con lo indicado en párrafos anteriores, la aplicación de la solución final que adopta dicho artículo respecto a la consideración de las partidas referidas en el art. 43 ya transcripto a los efectos del cálculo del sueldo básico de retiro (excepción al principio de congruencia), no solo requiere que el funcionario policial haya configurado o esté por configurar causal de retiro al 30 de junio de 2011, sino que se trate de personal policial activo. Esta solución armoniza con lo dispuesto por el art. 1º de la Ley en cuanto dispone que: “Queda comprendido en el nuevo sistema previsional (Título I, II, IV y V), el personal policial activo amparado por el Servicio de Retiros y Pensiones Policiales…” ya que el art. 53 se ubica en el “Título V”. Entonces, a partir de una interpretación literal y lógico sistemática del sistema normativo analizado, en virtud de las mismas referencias subjetivas a “ personal policial activo ”, presentes en los distintos artículos mencionados que integran el mismo cuerpo normativo, los funcionarios policiales no activos a la fecha de vigencia de la Ley No. 18.405 no ingresan en el ámbito subjetivo de aplicación de los regímenes y excepciones particulares por esta regulados. En el caso en análisis, de las actuaciones relevadas surge que: a) la actora María Susana RODRÍGUEZ SALVATIERRA accedió a una jubilación mixta normal con fecha 30 de noviembre de 2005, según emerge de la Resolución No. 1028/05 del 7 de octubre de 2005 de la Dirección Nacional de Sanidad Policial, (fs. 79 de los A.A.) y oficio agregado a fs. 41 A.A.; b) la actora Mónica BENTANCOURT ALCARAZ pasó a situación de retiro con fecha 30 de marzo de 2003, por Resolución No. 71/03 del 29 de enero de 2003 de la Dirección Nacional de Sanidad Policial, (fs. 16 de los A.A.) y oficio agregado a fs. 18 vta. A.A.; c) la actora Consuelo OJEDA LEÓN pasó a situación de retiro con fecha 30 de noviembre de 2005, por Resolución No. 1061/05 del 18 de octubre de 2005 de la Dirección Nacional de Sanidad Policial, (fs. 34 de los A.A.) y oficio agregado a fs. 35 A.A.; y d) la actora María Concepción INETTI pasó a situación de retiro con fecha 30 de diciembre de 2009, por Resolución No. 1754/09 del 7 de diciembre de 2009 de la Dirección Nacional de Sanidad Policial, (fs. 73 de los A.A.), y oficio agregado a fs. 78 A.A.; Por ende, las accionantes Sras. María Susana RODRÍGUEZ SALVATIERRA, Mónica BENTANCOURT ALCARAZ y Consuelo OJEDA LEON no eran afiliadas activas al 1º de enero de 2009 conforme lo exige la Ley, por lo que la Administración actuó legítimamente al denegar las partidas peticionadas. Mientras que la accionante Sra. María Concepción INETTI configuró causal por el régimen anterior a la Ley No. 18.405 y pasó a retiro durante su vigencia, por lo que no se encuentra comprendida en forma obligatoria en el ámbito subjetivo de la Ley. En su artículo 58 se previó que el personal policial no comprendido de forma obligatoria en las disposiciones de los Títulos I, II y III (funcionarios policiales activos al 1º de enero de 2009) podía optar, en forma voluntaria e irrevocable, por el estatuto de retiro previsto en los Títulos I y II dentro del plazo de caducidad de 180 días corridos siguientes a la vigencia de dicha ley. No obstante, no consta en los antecedentes agregados que la Sra. INETTI hubiera realizado la opción de aplicación del nuevo régimen, por lo que la Ley No. 18.405 ninguna incidencia puede tener en el cálculo de su haber de retiro. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, FALLA : Desestímanse las demandas instauradas y, en su mérito, confírmanse los actos administrativos impugnados en las Fichas Nos. 188/2019, 189/2019, 190/2019 y en el presente. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).