Sentencia Definitiva N° 353/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de agosto de 2021. No. 353 VISTOS : Para sentencia definitiva , estos autos caratulados: “BENTACOR DÍAZ, MARÍA GEMA con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de nulidad” (Ficha Nº 461/2019). RESULTANDO : I) Surge de fs. 18 que el 6 de agosto de 2019 la actora dedujo demanda anulatoria contra la Resolución Nº DP 139/2019 de fecha 26 de setiembre de 2016, dictada por la Gerencia de Prestaciones del Banco de Previsión Social, que le denegó la soli citud de pensión por invalidez oportunamente movilizada por no carecer de recursos para subvenir a sus necesidades vitales, conforme a lo establecido por el artículo 43 de la Ley Nº 16.713 (fs. 25 vta. de los A.A.). Como fundamento de su pretensión, afir mó que la Administración había realizado una incorrecta apreciación de su situación socioeconómica y que, por tanto, había concluido que tenía ingresos suficientes para cubrir sus necesidades. Indicó que padecía escoliosis, hipertensión, diabetes y virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y que la Comisión Técnica del organismo había estimado un baremo de casi 67% de incapacidad, cuando la normativa exigía un 66%. Manifestó que el criterio utilizado por el demandado para negar la pensión solicitada no se ajustaba a lo establecido por la R.D 4 -19/2013 y que no se podía considerar que el ingreso que percibía su hija, con quien convivía junto a su nieto, era suficiente para poder cubrir sus necesidades. Citó jurisprudencia al respecto y solicitó la anul ación del acto administrativo impugnado. II) A fs. 28, el 25 de setiembre de 2019 el representante de la demandada contestó la demanda incoada. Señaló que el acto impugnado era producto de la lícita aplicación de las normas vigentes en la materia y que la situación de la accionante no encuadraba en la hipótesis regulada por el artículo 43 de la Ley Nº 16.713, por lo que no tenía derecho a acceder a la prestación solicitada. Destacó que la actora padecía una discapacidad no severa por lo que, tratándose de una prestación no contributiva, se imponía el estudio de “carencia” de recursos económicos a efectos de determinar si tenía derecho a que le fuera otorgada. Expuso que, del estudio efectuado por el BPS, emergía que no era una persona carente de recursos y que mantenía sus necesidades básicas satisfechas con los ingresos que percibían los obligados principales, su hija y su nieto. Indicó que existían obligados directos en servirle alimentos con capacidad para efectivizarlo. Concluyó que, po r la naturaleza no contributiva y residual de la prestación, ésta constituía el último recurso ante la inexistencia de otros, hipótesis que no se configuraba en el caso de autos. En definitiva, solicitó que se desestimara la demanda entablada. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 51. IV) Alegaron las partes por su orden: la actora a fs. 54 y ss. y la demandada a fs. 58. V) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que produjo el Dictamen No. 292/2020 que obra a fs. 61, aconsejando confirmar el acto impugnado. VI) Se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal. CONSIDERANDO : I) Se han acreditado los extremos legales habituales requeridos por la normativa vigente (artículos 4 y 9 de la Ley Nº 15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. En efecto, se procesa la nulidad de la Resolución Nº DP 139/2019 de fecha 26 de setiembre de 2016, dictada por la Gerencia de Prestaciones del Banco de Previsión Social, que denegó la solicitud de pensión por invalidez oportunamente movilizada por la actora, por no carecer de recursos para subvenir a sus necesidades vitales conforme a lo establecido por el artículo 43 de la Ley Nº 16.713 (fs. 25 vta. de los A.A.). Contra dicho acto, notificado personalmente a la promotora el 22 de octubre de 2018 (fs. 25), interpuso en tiempo y forma recursos de revocación y jerárquico en subsidio (el 30 de los mismos mes y año -fs. 26 vta. a 28 de los A.A.), a cuyo respecto operó la denegatoria ficta el 27 de mayo de 2019. Finalmente, la demanda de nulidad se dedujo en tiempo útil (el 6 de agosto de 2019 - nota de cargo a fs. 22). II) El Tribunal, por unanimidad y apartándose de lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, procederá a acoger el planteo anulatorio impetrado en mérito a los fundamentos que se desarrollan en los siguientes numerales. III) Emerge de los antecedentes administrativos allegados al proceso que el 8 de agosto de 2018 la actora solicitó pensión por invalidez (fs. 9 vta. y ss. A.A.). En la misma fecha se le confirió vista “de posible denegatoria atento a que la titular declara convivir con su hija María Custiel quien estaría superando los topes establecidos por el banco.” (fs. 10 y 13 vta. A.A.). En informe emitido el 24 de agosto de 2018 por la Oficina de Estudio y Liquidación de la Gerencia de Prestaciones y que obra a fs. 14 vta. A.A., se consignó que: “La solicitante tiene 51 años de edad, es divorciada y sus padres son fallecidos. En el domicilio actual es propietaria, vive allí desde hace 20 años. Tiene dos hijos mayores de edad, convive con la hija María y una nieta menor de edad. De la información del sistema surge que no tiene causal jubilatoria. Declara no tener ingresos propios. La hija está en actividad laboral y percibe Afam, es quién cubre los gastos de la casa. Presenta gastos fijos de $ 4.990, incluye luz, agua, teléfono, tv cable, tributos y contribución. La hija María tiene ingresos en 07/2018 tomando en cuenta los rubros fijos: sueldo y antigüedad de $ 16.036 quedando líquido legal de $ 12.648 (…), siendo el tope para la hija de $ 11.030 (con un menor a cargo), se encuentra superado el tope establecido por $1.618. Se hace la salvedad que hijo Ángel figura con igual domicilio y no se visualizan ingresos en sistema.” Con fecha 27 de agosto de 2018 se solicitó a la accionante la presentación de los últimos 12 rec ibos de sueldo de su hija (fs. 16 A.A.) y presentó listado de gastos de su nieto Santino Gabriel Custiel Bentacor (fs. 16 vta. y 17 A.A.) y recibos de ingresos a nombre de María Victoria Custiel Bentacor (fs. 19 vto. a 21 A.A.). Por nuevo informe de fech a 17 de setiembre de 2018, la Oficina de Estudio y Liquidación de la Gerencia de Prestaciones concluyó que los ingresos de la hija superaban los topes por $ 3.440 (fs. 22 vta. A.A.). La Oficina Atención Personalizada Pensión Vejez e Invalidez en informe emitido el 21 de los mismos mes y año consideró que: “El análisis de los presentes obrados muestra una convivencia de la solicitante con su hija quien por su trabajo y aun considerando sus ingresos líquidos y el hecho de que ésta a su vez tiene un menor a cargo, se mantiene superando los topes vigentes para hijo soltero convivient e por más que el escaso margen. Considerados los gastos médicos aportados, la forma de presentación de éstos no permite definir sí respetan las consideraciones recogidas en la norm ativa vigente para el abatimiento de ingresos por lo que no se toman; no obstante, si se los hubiera hecho el importe promedial mensual no abatiría el tope de superación” (fs. 23 vta. A.A.). Finalmente, se emitió el proyecto de resolución con fecha 26 de setiembre de 2018 que consideró que la solicitante no carecía de recursos para subvenir a sus necesidades vitales, según lo establecido en el artículo 43 de la Ley N°16.713 (fs. 25 vta. A.A.). IV) La actora se agravió del acto encausado señalando que no contemplaba su situación real. A juicio de la Sede, le asiste razón en su planteo. Es de verse que la cuestión a resolver en el caso radica en determinar si la situación de la promotora encuadra o no en las previsiones del artículo 43 de la Ley N°16.713. En lo relativo a la prestación asistencial no contributiva por vejez o invalidez, la citada norma dispone que: “Será beneficiario de la pensión a la vejez e invalidez, todo habitante de la República que carezca de recursos para subvenir a su s necesidades vitales y tenga setenta años de edad o, en cualquier edad, esté incapacitado en forma absoluta para todo trabajo remunerado”. La accionante debía cumplir dos requisitos para acceder a lo peticionado: por un lado, tener una incapacidad abso luta para todo trabajo remunerado y, por otro, carecer de recursos para subvenir a sus necesidades vitales. La Administración previsional le denegó el beneficio solicitado argumentando que no cumplía con el segundo requisito, desde que consideró que “ no carece de recursos para subvenir a sus necesidades vitales”. Estima el Tribunal que, a partir del análisis del expediente administrativo y de la prueba producida en el proceso contencioso, existió en el caso una errónea valoración de la situación socioe conómica de la actora. De las probanzas recolectadas por la Administración surge que la Sra. Bentacor es portadora de patologías de “escoliosis, no especificada, hipertensión esencial (primaria) diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de c omplicación, enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (HIV) sin otra especificación, retraso mental leve: deterioro del comportamiento significativo, que requiere atención o tratamiento, trastorno de labilidad emocional (asténico) orgánico”, con una incapacidad laboral permanente para toda tarea, a la que se le asignó un Baremo de 66.39 % desde el 17/11/2017 con fecha de revisión 13/12/2020, según la evaluación de incapacidad realizada por los peritos médicos de la demanda el 2 de enero de 2018 y que se encontraba vigente a la época del dictado del acto enjuiciado (fs. 35 A.A.). También surge de esas probanzas que residía junto a su hija y su nieto, y que los ingresos de dicha hija promediaban los $ 14.400 (recibos de sueldo a fs. 18 vta. y ss. A.A.), suma con la que subsistían los tres. Por otra parte, la prueba testimonial recabada en sede jurisdiccional da cuenta de una situación económica angustiosa y de extrema necesidad (fs. 44 y vta. y 46 y vta. infolios). Por ende, asiste plena razón a la a ctora respecto al agravio vinculado con la aplicación de la invocada RD 4-19/2013. Esta última reglamentación, cuya legalidad en cuanto establece topes de ingresos a verificar en los convivientes obligados ha sido cuestionada por el Cuerpo en distintos pronunciamientos (entre otros, en las Sentencias Nos 435/15 y 555/09), establece los requisitos necesarios para obtener la prestación solicitada. Entre ellos, dispone que se deberá atender a la situación de ingresos de las personas convivientes obligadas al sustento del solicitante (artículo 5) y a la de aquellos familiares obligados no convivientes hasta el primer grado ascendente y descendente, padres e hijos naturales o adoptivos (artículo 6). Pues bien, aun en aplicación de la reglamentación del pr opio Ente demandado, el acto atacado se apartó de ella en forma manifiesta al valorar la situación económica de la persona que convivía con la actora, siendo que quedó acreditado que los ingresos del hogar promediaban los $ 14.000. Al respecto, correspo nde invocar lo expresado por el Tribunal en la Sentencia 555/09 por ser de plena aplicación al presente caso, a saber: “De manera que, resultando incuestionable que el accionante perdió su posibilidad de trabajar y con ello obtener el sustento, la conti enda planteada en autos se centra en valorar la condición socio -económica del accionante en los términos del art. 43 de la ley 16.713, como circunstancia relacionada con su reclamo de ser beneficiado con una pensión por invalidez. En ese orden, cabe subrayar desde ya, que la ley no requiere que la persona solicitante del beneficio se encuentre en situación de indigencia o pobreza extrema, como lo ha dejado sentado el Cuerpo en anteriores decisiones (Cfr. Sents. 391/03 y 628/04). De manera que la carencia de recursos económicos para solventar sus necesidades, debe relacionarse con las posibilidades que el solicitante tenga de obtenerlos mediante su trabajo o de sus familiares directos. En ese sentido, la carencia que invocó el accionante resulta acreditada por diversos elementos de juicio que lucen en las actuaciones administrativas”. En el caso, no se acreditó que la accionante poseyera recursos para subvenir sus necesidades vitales. En efecto, la prueba recabada, valorada individualmente y en su conjunto, a la luz de las reglas de la s ana crítica -esto es, las reglas del correcto entendimiento humano, en las que interfieren las reglas de la lógica con las de la experiencia del Juez, al decir del Maestro COUTURE - da cuenta de un nivel de vida y un est ado socio económico precarios, que permiten perfectamente concluir que correspondía otorgar el beneficio solicitado por estar acreditado los extremos requeridos por el multicitado artículo 43 de la Ley N°16.713. En definitiva, estima la Sala que está su ficientemente acreditado que la pretensora carece de recursos para subvenir sus necesidades vitales, tal como lo exige la norma en análisis, razón por la cual corresponde amparar la demanda incoada y, en consecuencia, anular la resolución encausada. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, FALLA : Acógese la demanda de nulidad incoada y, en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación procesal. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).