Sentencia Definitiva N° 352/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de agosto de 2021 No. 352 VISTOS: Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “MONTECON S.A. con ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS. Acción de Nulidad” (Ficha Nº 222/2018). RESULTANDO: I) Surge de fs. 2 que, con fecha 17 de abril de 2018, compareció la accionante entablando demanda anulatoria contra la Resolución N° 181/3860 de fecha 29 de marzo de 2017, dictada por el Directorio de la Administración Nacional de Puertos, que obra a fs . 17 de los A.A. y que resolvió: “1. Encomendar al Área Operaciones y Servicios autorizar en forma precaria a los Operadores Portuarios designados por el agente marítimo, respetando la unidad en la cadena de mando, a brindar servicios de frío sólo en las áreas de transferencia o zonas contiguas al muelle, siempre que se verifique fehacientemente el carácter de equipamiento móvil, que sean otorgadas al operador y por el tiempo de permanencia del mismo. 2. Comunicar a todos los Operadores Portuarios que brind an servicios de frío y no tengan la calidad de concesionario o permisario, que sólo podrán brindar los mismos en las áreas de transferencia o zonas contiguas al muelle.” Entre los antecedentes al dictado del acto resistido, reseñó que era una empresa habilitada para realizar servicios portuarios a las mercaderías, que incluían la provisión de servicios conexos (artículo 9 del Decreto 412/92). Sostuvo que, a partir de la Ley Nº 16.246, la actividad de servicios portuarios había pasado a ser una activida d privada, enmarcada en el derecho constitucional al libre ejercicio del comercio, trabajo e industria, protegida por el artículo 36 de la Constitución. Describió su actividad e indicó que la desarrollaba en régimen de “almacenaje”, esto es, que alquil aba las áreas a la ANP en la medida que se generaban los servicios. Afirmó que los armadores de buques que operaban en muelles públicos requerían diversos servicios que eran indisociables de la propia carga y descarga de contenedores: almacenaje, provis ión de electricidad, enchufe y control de temperatura de contenedores refrigerados ( reefer), de lo que se derivaba que si no se podía brindar el servicio integral, tampoco se podía dar el principal de carga y descarga de contenedores. Consideró que era un derecho de todo operador de contenedores, el de proveer los servicios de enchufado, control y cuidado de contenedores reefer en las áreas de muelles públicos. Señaló como antecedente que podría explicar la actuación ilícita de la ANP, la revocación d e la autorización que se le había otorgado para instalar una estructura desmontable para alimentar 400 tomas de energía eléctrica en la zona contigua a COMFRIG, lo que la había obligado a promover reclamo judicial de daños y perjuicios que había culminado con sentencia condenatoria contra la Administración. Indicó que se había restringido en forma ilegítima la prestación de frío a contenedores que requerían almacenaje, servicio que se encontraba legalmente habilitada a brindar, cercenando de esa forma el derecho constitucional al trabajo y al comercio que solo podía limitarse por ley y por razones de interés general. Analizó los resultandos y considerandos de la resolución enjuiciada, y concluyó que contravenía lo dispuesto por la Ley Nº 16.246, el Decre to Reglamentario Nº 412/992, y la Ley Nº 18.159 y que los actos realizados tendían a favorecer monopolios de hecho en el Puerto de Montevideo. En definitiva, solicitó la nulidad del acto administrativo impugnado. II) A fs. 21, el 11/03/2019 la repre sentante de la demandada contestó la demanda incoada. Como cuestión formal previa, opuso excepciones de litispendencia, falta de jurisdicción y falta de lesividad del acto impugnado, argumentando que el origen de los agravios de la actora estaba en la R. 140/3863 de 15/3/2017 y no en la impugnada (R. 181/3860). Señaló que la actuación de la Administración había sido lícita, explicó el régimen de la operativa portuaria, e indicó que la accionante era una empresa habilitada pero que no era ni concesionari a ni permisaria de la ANP, sin perjuicio de haber ofertado en varias licitaciones y de haber resultado adjudicataria en alguna de ellas. Manifestó que ninguna de las disposiciones citadas por la contraria le prohibía el dictado de la resolución cuestion ada que, por lo demás, era acorde al ordenamiento jurídico vigente y se encontraba respaldada por los artículos 10 a 13 de la Ley N°16.246. Afirmó que la atacada revestía el carácter de acto administrativo discrecional y que se encontraba debidamente fun dada al tener como antecedente y fundamento la R 140/3863, en la que se había manifestado la voluntad de ANP de dar fin a la práctica transitoria. Sostuvo que la promotora no tenía un derecho subjetivo a prestar servicio de frío sin ser concesionaria o permisaria y que, con su habilitación en la categoría “Empresas Prestadoras de Servicios Varios y Conexos a la Mercadería, Mano de Obra o Equipos” , podía brindar servicio de frío siempre y cuando fuera asimismo titular de un título que le permitiera el uso del suelo de manera exclusiva, único caso en el que sería titular de derecho subjetivo. Concluyó que la transitoriedad del almacenaje surgía del propio régimen que lo regulaba, por lo que la expectativa de definitividad de la actora no resultaba ajustada a derecho. En definitiva, solicitó que se desestimara la acción de nulidad incoada. III) Por Sentencia Interlocutoria Nº 429/2019 de fecha 23 de julio de 2019 se desestimaron las excepciones interpuestas (fs. 69 a 75). IV) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 82. V) Por Decreto Nº 1465/2020 se tuvo por bien acusada la rebeldía de la actora (fs. 87) y alegó la demandada a fs. 88 y ss. VI) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que produjo el Dictamen Nº 236/2020 por el que aconsejó anular el acto administrativo en cuestión (fs. 94 a 96). VII) Se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal. CONSIDERANDO: I) Se han acreditado los extremos legales habituales requeridos por la normativa vigente para el correcto accionamiento de nulidad (artículos 4 y 9 de la Ley Nº 15.869). En efecto, se procesa la nulidad de la Resoluci ón N° 181/3866 de fecha 29 de marzo de 2017, dictada por el Directorio de la Administración Nacional de Puertos, que obra a fs. 17 de los A.A. y que resolvió: “1. Encomendar al Área Operaciones y Servicios autorizar en forma precaria a los Operadores Portu arios designados por el agente marítimo, respetando la unidad en la cadena de mando, a brindar servicios de frío sólo en las áreas de transferencia o zonas contiguas al muelle, siempre que se verifique fehacientemente el carácter de equipamiento móvil, que sean otorgadas al operador y por el tiempo de permanencia del mismo. 2. Comunicar a todos los Operadores Portuarios que brindan servicios de frío y no tengan la calidad de concesionario o permisario, que sólo podrán brindar los mismos en las áreas de tran sferencia o zonas contiguas al muelle.” Contra dicho acto, que no fue notificado y del que la actora tomó conocimiento el 28 de junio de 2017 según afirmaciones no controvertidas, se interpusieron (el 24 de julio del mismo año) recursos de revocación y anulación (fs. 30 a 33 vta. A.A.), a cuyo respecto operó la denegatoria ficta el 9 de febrero de 2018. Finalmente, la demanda de nulidad se dedujo en tiempo útil (el 17 de abril de 2018 - nota de cargo a fs. 17). II) En cuanto al fondo del asunto, e l T ribunal, apartándose del pronunciamiento de la Procuraduría el Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará el planteo anulatorio impetrado en mérito a los fundamentos que se desarrollan en los siguientes numerales. III) En primer término, corr esponde pronunciarse sobre la ilesividad del acto invocada por la demandada. La defensa de la Administración sostuvo que el acto era ilesivo porque no era el originario, siendo tal la R. 140/3863 de fecha 15/03/2017 relativa a los lineamientos estratégic os 2017- 2018 definidos y aprobados por el Directorio de la ANP. A juicio del Tribunal, no le asiste razón. La Resolución R.140/3863, que aprobó los lineamientos estratégicos para los años 2017 y 2018, procuró el incremento de los ingresos en forma independiente de la mercadería, y apuntó a ampliar las concesiones y los permisos aumentando su número y reduciendo las áreas de almacenaje (numeral 1.2 de la parte resolutiva, fs. 2 vto. A.A.) es un acto de carácter general que pudo haber sido lesivo para la accionante. Sin embargo, el acto que modificó su situación jurídica es el impugnado, ya que resolvió comunicar a todos los Operadores Portuarios que brindaban servicios de frío, y no tenían la calidad de concesionarios o permisarios, que solo podrían hacerlo en las áreas de transferencia o zonas contiguas al muelle. De modo que ese acto tiene carácter originario, no es reiterativo y, por ende, no es ilesivo para la promotora. Se trata de una concreción subjetiva del acto general que tiene expresamente habilitada la acción anulatoria, aunque se hubiera omitido la impugnación de aquél (Decreto Ley Nº 15.524, art. 25). De ahí las razones que llevan al rechazo de esta defensa. IV) En cuanto al fondo, se estiman de rechazo los agravios vertidos por la promotora. IV.1) La Ley de Puertos Nº 16.246 estableció en su artículo 9 que: “La prestación de servicios portuarios en el Puerto de Montevideo por parte de empresas privadas, se ejercerá en los términos y condiciones dispuestos por la reglamentació n que a los efectos dictará el Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Administración Nacional de Puertos. Dicha reglamentación establecerá los requisitos técnicos y económicos que deberán poseer tales empresas. Estas podrán emplear equipos, utilaje y personal propios. También podrán contratar el uso de equipos y utilaje de la Administración Nacional de Puertos. Sin embargo, en ningún caso, el uso de los muelles y de las grúas estatales existentes podrá constituir un monopolio de hecho en manos de agentes privados. Las empresas privadas que cumplan servicios portuarios, estarán sujetas a las normas de organización y funcionamiento del puerto y actuarán en todo conforme a las disposiciones de su Capitanía. Serán, asimismo, pasibles de las sanciones que procedan por el incumplimiento de dichas normas o disposiciones. Las reglas de este artículo relativas a equipos y utilaje de la Administración Nacional de Puertos, son aplicables a las empresas privadas que prestaran servicios en función del literal B) del artículo 11”. En su artículo 10 dispuso que: “Son cometidos de la Administración Nacional de Puertos: A) La administración, conservación y desarrollo del Puerto de Montevideo y de aquellos otros puertos que le encomiende el Poder Ejecutivo; B) A sesorar al Poder Ejecutivo en materia portuaria, pudiendo presentar iniciativas al respecto; C) Prestar servicios portuarios en forma directa o indirecta cuando así lo determine el Poder Ejecutivo" Por su parte, en el artículo 11 se previó que: “El Directorio de la Administración Nacional de Puertos tendrá los poderes jurídicos necesarios para el cumplimiento de sus cometidos y, en particular, podrá: A) Construir las obras y adquirir los elementos que sean necesarios; B) Con la aprobación del Poder Ejecutivo: 1) Otorgar concesiones, permisos o autorizaciones a personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado, a los fines de que: I) Realicen servicios portuarios tanto marítimos como terrestres; II) Utilicen determinados espaci os abiertos o cerrados dentro del recinto portuario, para almacenar en ellos productos o mercaderías, revisarlas, clasificarlas, agruparlas o fraccionarlas; III) Construyan las obras necesarias para el cumplimiento de sus actividades; 2) Contratar la prestación de servicios portuarios con terceros. 3) Asociarse con capitales privados para la prestación de servicios portuarios. La asociación se hará a través de la participación en sociedades comerciales, con integración de la Administración Nacional de Puertos en la dirección y capital, pudiendo ésta, aportar al efecto aquella parte de su patrimonio necesaria o conveniente a los fines de la empresa ”. (el destacado no luce en el original). Y el artículo 16 definió que: “A la Capitanía del Puerto de Montevideo compete: A) Dirigir, coordinar y supervisar las actividades que se desarrollen en el Puerto de Montevideo, especialmente las relacionadas con: 1) La entrada, visita y salida de buques; 2) El embarque y desembarque de personas; 3) La estiba y desestiba, carga y descarga, embarque y desembarque, transferencia y depósito de mercaderías, contenedores y demás objetos; B) Adoptar las medidas conducentes para que las diversas operaciones portuarias se desarrollen en todos sus aspectos con la mayor eficacia y eficiencia posibles; C) Coordinar con las autoridades competentes las condiciones de prestación de servicio, utilización de los sistemas, instalaciones y equipos y el mantenimiento de la infraestructura portuaria y, en especial, coordinar con aquéllas la racionalización en la realización de todas las operaciones, en materia de sanidad marítima, humana, animal y vegetal, migración y tramitación y formalidades de aduana, Banco de la República Oriental del Uruguay, de Prefectura Nacional Naval y de todo otro órgano u organismo actuante en lo relacionado con las diversas actividades portuarias.” De las disposiciones transcriptas se infiere que la organización del espacio portuario - administración, conservación y desarrollo - donde se prestan los servicios le compete a la ANP, en el marco de la Ley N°16.246 y su Decreto reglamentario Nº 412/992. En ese sentido, no parece razonable, como bien apunta la demandada, exigir que la ley establezca el orden de las áreas y de los servicios portuarios, sien do que este tipo de decisiones institucionales requieren celeridad y dinamismo, compatibles con los principios de eficiencia y de competitividad que deben regir la actividad, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Puertos. Desde esta ópt ica, el instrumento jurídico naturalmente apto para viabilizar la finalidad perseguida por dicha ley no puede ser otro que el acto administrativo, como la resolución que nos ocupa. Ahora bien, aunque los servicios portuarios están a cargo de particulares en régimen de libre concurrencia, ello no determina que estén regulados pura y exclusivamente por el Derecho Privado puesto que no se puede soslayar que la multicitada Ley de Puertos comienza declarando que “La prestación de servicios portuarios eficiente s y competitivos constituye un objetivo prioritario para el desarrollo del país”. Por ende, al ser una actividad de especial interés general , se encuentra sometida a los típicos principios del Derecho Público, y la prestación de los servicios marítimos o terrestres y la utilización a tales efectos de espacios abiertos o cerrados dentro de los recintos portuarios requiere el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones estatales. (cf. CAJARVILLE PELUFFO, JUAN PABLO. Sobre Derecho Administrativo, Tomo I, FCU, 2007, p.187-188). En el mismo sentido, el Dr. EDGARDO AMOZA señaló que la actividad portuaria encuadra en los supuestos del artículo 36 de la Constitución (libertad de trabajo, industria, etc), y que el Estado se constituye como gerente y garante del interés general, exponiendo que: “Esto se aplica plenamente a la actividad portuaria, definida como actividad privada de interés público. El Estado debe asumir una actividad consistente en orientación, fomento, incentivo, protección, coordinaci ón y, en su caso, prestación acorde con las pautas legislativas.” (cf. AMOZA, EDGARDO, “Procedimiento administrativo para el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones portuarias” en Estudios de Derecho Administrativo, Nº 10, 2014, p. 499-516). De manera que la actividad portuaria, si bien privada, es tá sujeta al interés público, y compete a la ANP velar por éste, garantizando la prestación eficiente y ordenada en las distintas áreas y recintos portuarios. Esta característica de actividad privada sujeta al interés público se imprime en todas las modalidades de prestación: concesión, permiso o autorización, con distintas exigencias y derechos, que redunda en su estabilidad. Mientras la concesión es constitutiva de derechos, ya la modalidad del permiso es de “derechos debilitados”, sin plazo, precario y revocable (cf. autor citado siguiendo a DURÁN). IV.2) Por otra parte, es un hecho no controvertido que la actora prestaba sus servicios bajo la modalidad de autorización de almacenaje. Dicho r égimen no le confería un derecho subjetivo sino un interés legítimo a prestar dichos servicios, los que son esencialmente revocables. Al respecto, en Sentencia N° 218/2017 el Tribunal consideró que: “De manera que la actora soslaya que se trata de una autorización o de un permiso que, como tal, y aunque no estuviera previsto expresamente, reviste las notas de ser precario y revocable; por lo que la reclamante no ostenta un derecho subjetivo a colocar el deck pretendido, como parece inferirse de sus dichos. La Administración puede dar o no la autorización, limitarla en el tiempo o darla en forma precaria y revocable, y para decidir sobre todos esos puntos tiene que examinar tanto la legalidad como la conveniencia desde la perspectiva del interés público. Goza por tanto de discrecionalidad para resolver al respecto. Según MARIENHOFF, el permiso, como negocio jurídico, tiene la característica de ser unilateral, y “(…) fuera de la posibilidad de ejercitar la actividad a que se refiere el permiso -y ello de ntro del ámbito de lo precario- el permiso no conlleva obligaciones del Estado para con el permisionario, quien carece de derechos frente a aquel. Su otorgamiento es discrecional, es precario y revocable sin indemnización, y sólo implica para el permisionario un interés legítimo” (Cfme. MARIENHOFF, Miguel. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo III -A, pág. 40). Quien solicita un permiso carece de derecho subjetivo frente a la Administración, la que, correlativamente, no se encuentra en una situación de obligación frente al particular. Y el permiso solo otorga al particular un “derecho debilitado”, conferido “(…) en atención directa al sujeto beneficiado pero su subsistencia depende de la subsistencia del interés general en su mantenimiento. En definitiva, el derecho debilitado dependen de la voluntad de la Administración; es por definición precario, por oposición al derecho subjetivo perfecto que es permanente” (Cfme. DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. Contencioso Administrativo. FCU. 1ª Edición, pág. 113; en la ju risprudencia del Tribunal, véase entre otras la Sentencia Nº 819/2015)”. Contrariamente a lo manifestado por la actora, ésta no era titular de un derecho subjetivo, como sí lo son los concesionarios o los permisarios que accedieron a dicha calidad a trav és de procedimientos públicos competitivos. En el mismo sentido se pronunció la Suprema Corte de Justicia en Sentencia Nº 137/19, que desestimó el recurso de casación interpuesto por MONTECON S .A. en el proceso incoado contra la Administración por daños y perjuicios, en base a la Resolución Nº 76/15 del Presidente de la ANP que revocó la autorización conferida por la Resolución Nº 203/2015 de la Gerencia General del servicio descentralizado (fs. 82 a 94 Carpeta en 94 fs.). En el referido fallo se sostuvo que: “Debe partirse del hecho que Montecon aceptó las condiciones que la Administración impuso en la autorización otorgada por Resolución Nº 203/15 de Gerencia General para la instalación de la estructura tableros y cableados. Tratándose de un acto de a utorización, el administrado asumió el riesgo consiguiente de la eventual revocación del acto ya que en la autorización no se establecía plazo alguno. De acuerdo con los términos empleados en la autorización, cabe concluir que la misma era precaria y revo cable, por lo que la Administración demandada en cualquier momento, se encontraba facultada a requerir a Montecon el desmonte de las instalaciones. ” (fs. 89 in fine y vta. Carpeta en 94 fs.). Y se continuó afirmando que: “ …la actividad de la Administrac ión demandada que se analiza fue ejecutada en ejercicio de facultades discrecionales.” (fs. 91 Carpeta en 94 fs.), para concluir que: “ En definitiva, ANP actuó en ejercicio de sus potestades discrecionales sin arbitrariedad y dentro de márgenes de la razon abilidad, por lo que cabe concluir que su actividad no fue ilegítima” (fs. 92 vta. Carpeta en 94 fs.) Pues bien, lo resuelto por la Administración respecto a los servicios de frío debe considerarse como una decisión de mérito adoptada en uso de potestades discrecionales, entre varias alternativas que resultaban posibles y legítimas. Así, en línea con lo dispuesto por la Resolución de Directorio 140/3863 que definió los lineamientos estratégicos predefinidos: procurar el incremento de ingresos en forma in dependiente a la mercadería, ampliar concesiones y permisos aumentando el número de éstas reduciendo áreas de almacenaje (fs. 2 y 3 de los A.A.), la ANP entre los diversos motivos para el dictado del acto de autos, entendió que había realizado el llamado a licitación de complejo frigorífico y de permiso para el depósito de contenedores reefer y sus servicios por el plazo de un año (resultando V de la enjuiciada), y que al estar abocada al llamado a Licitación Pública de nuevas zonas que se encontraban en ré gimen de almacenaje o permiso, no se otorgaban autorizaciones para prestar servicio de frío a Operadores Portuarios en zonas distintas a las zona de transferencia o contigua al muelle (resultandos IX y X de la enjuiciada). Además la obtención de ingresos , contrariamente a lo que afirma la actora, no resultaba ajeno a los objetivos que indica la ley. En tal sentido, señala AMOZA en el trabajo citado supra que: “A efectos de cumplir con los objetivos del régimen económico a aplicar a la gestión del domi nio portuario y prestación de servicios, se estableció que para los ingresos deberán generarse recursos financieros procedentes del giro de la propia actividad derivado del otorgamiento de concesiones, permiso y autorizaciones. Además, deberá buscarse un e quilibrio en la recaudación de manera de cubrir los costos necesarios, permitiendo el establecimiento de políticas comerciales en la oferta de servicios y facilidades portuarias, pero sin dar cobertura a costos de ineficiencia. Finalmente, en cuanto a los ingresos refiere, deberá procurarse la obtención de una discreta rentabilidad global del sistema que permita su amortización y renovación, preservando siempre el principio de administración sin fines de lucro.” Como manifestara en su fundado voto el Sr. Ministro Dr. William CORUJO: “Son los cánones, los que se derivan de la efectiva puesta a disposición de bienes del dominio portuario, para el uso, ocupación o aprovechamiento de las actividades portuarias; los que solo pueden obtenerse como contraprestación en las modalidades de concesión o permiso. Mientras que, por la prestación de servicios portuarios, los operadores habilitados (como es el caso de la actora), obtienen precios de terceros. Resulta alineado con los propósitos signados por la ley y la es trategia ya anunciada por la R Dir 140/3863; que la ANP procure favorecer la obtención de cánones mediante otorgamiento de concesiones y permisos, asignando mayores áreas de disposición de dominio portuario a tales efectos. Desde esa óptica, la decisión di screcional adoptada no luce arbitraria ni ilegítima” IV.3) Finalmente, no se vislumbra hipótesis de abuso de poder. Sobre el punto, estima el Colegiado que la accionante no ha logrado acreditar en forma que los actos realizados tiendan a favorecer monopolios de hecho en el Puerto de Montevideo, no surgiendo elementos de juicio que habiliten a acceder a tal causal de nulidad. Como lo ha sostenido reiteradamente el Tribunal, la desviación de poder no se presume y debe ser demostrada por quien la alega. Tal como se señaló en Sentencia N° 63/2017: “Conviene abordar la cuestión a decidir, recordando que -según nos ensañara el Prof. Cassinelli, "la inclusión, aparentemente superabundante, de la desviación de poder en el artículo 309 y de la buena admini stración en el artículo 311, valen como consagración expresa, a nivel constitucional... de que las autoridades administrativas deben siempre ejercer sus potestades con el designio de perseguir el interés del servicio..." (CASSINELLI MUÑOZ, Horacio. Derecho Público, Montevideo, F.C.U. 2009, p. 339). En consecuencia, hay desviación de poder cuando se dicta un acto administrativo que violenta el propósito o finalidad para el que debe dictarse, en el caso, no para calificar sino para descalificar -por el motivo que fuere- a la funcionaria reclamante. “No cabe duda de que el ejercicio legítimo del poder exige una conexión entre la finalidad para la que debe actuar y los motivos que lo provocan y, a la vez, lo justifican. Esta conexión ha sido señalada por casi toda la doctrina y también por larga jurisprudencia de este Tribunal. Toda vez que el acto responda a otro fin que no sea el fin debido, será ilegítimo. Sin embargo, la desviación de poder no se presume, debe ser demostrada y la carga probatoria recae s obre la pretensora. No satisfacer adecuada y razonablemente esa exigencia redunda en el fracaso de la pretensión anulatoria” En virtud de lo expuesto, como no surge de autos evidencia alguna de la existencia de elementos que refieran a motivaciones extr añas al cumplimiento de las potestades de la Administración demandada, ni que se hubiere verificado una situación de desviación, abuso o exceso de poder, no corresponde que la Corporación revise la decisión arribada, la que aparece fundada en la norma aplicable al caso. Por todo lo cual, cabe entonces desestimar este agravio. En conclusión, la Administración actuó dentro de sus competencias, adoptando una decisión discrecional fundada, en la que no se apreció arbitrariedad. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, FALLA: Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales de los abogados, de la parte actora y demandada, en la suma de $ 39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil), cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado)