Sentencia Definitiva N° 349/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de agosto de 2021. No. 349 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “MARTÍNEZ PÉREZ, VICTORIA HILDA con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 73/2019). RESULTANDO : I) La Sra. Victoria Hilda Martínez Pérez dedujo pretensión anulatoria en contra de la resolución de la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social Nº DP 94/2018 de 27 de junio de 2018, mediante la cual le fue denegada su solicitud de jubilación por edad avanzada (fs. 58 vto. de los antecedentes). En necesaria síntesis, fue señala da como causal de ilegitimidad la deficiente valoración de la prueba diligenciada en el procedimiento administrativo, en tanto, a criterio de l a accionante, las resultancias probatorias habrían sido erróneamente consideradas por parte de la Administración. Al respecto, estimó que, mediante el informativo testimonial producido en el trámite jubilatorio se acreditaron los servicios denunciados, los cuales fueron ilegítimamente denegados, extremo que meritaría la anulación de lo resuelto. II) Emplazada en forma la Administración (fs. 19), contestó de modo contradictorio, bregando por la solución confirmatoria. Luego de reseñar los agravios de la actora, refirió al carácter insuficiente de la prueba testimonial a efectos de probar los servicios denunciados y remitió a la valoración realizada en sede administrativa. En su mérito, requirió la confirmación del acto objeto de impugnación. III) Abierta la c ausa a prueba (D ecreto Nº 3.183 de 10 de mayo de 2019, fs. 30), fue diligenciada la prueba propuesta por las partes, que fue debidamente agregada y certificada (fs. 47). IV) Las partes alegaron de bien probado por su orden (fs. 50 a 51, alegatos de la actora y fs. 54 a 55 vto., alegatos de la demandada). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, mediante D ictamen Nº 359/2020 de 8 de setiembre de 2020 (fs. 58 a 58 vto.) se pronunció por la solución confirmatoria. VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normati va vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9), habilitan el examen de la pretensión anulatoria. II) El Tribunal, por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la demanda por los fundamentos que a continuación se explicitarán. III) Las actuaciones administrativas, en lo que resulta relevante para la dilucidación del objeto del proceso, dan cuenta de que a la accionante se le denegó el reconocimiento de los servicios prestados para las empresas: “LABORATORIO ANDRE L’ THOUR” entre el 25/11/1962 y el 10/12/1966 y “ FÁBRICA MAC GREGOR” entre el 10/04/1975 y el 15/10/1976. Sólo se le reconocieron 12 años, 3 meses y 4 días d e servicios; trabajados en Industria y Comercio en las empresas: “HOTEL PUERTOLAS” (30/01/1966 – 21/03/1975), “LAIRG S .R.L.” (15/04/2010 – 31/10/2010) y “A & M 2002 LTDA .” (13/04/2012 – 31/07/2012); y en Servicio Doméstico para el Sr. BOYE CORUJO, Iván Seb astián (desde el 13/03/2018 hasta el cese). Originariamente, la compareciente inició un trámite de solicitud de Pensión a la Vejez que le fue denegada (Exp. Nº 2015-28-1-029824 de fs. 1 a 21). Posteriormente, el 23 de mayo de 2017 presentó su solicitud de Jubilación por Edad Avanzada (fs. 22 y siguientes A.A.), pero, al no computar el mínimo de 15 años de actividad para acceder al beneficio (art. 20 de la Ley No. 16.713 de 3 de setiembre de 1995, en la reda cción dada por el art. 6 de la L ey No. 18.395 de 24 de octubre de 2009), el Ente previsional le denegó la pasividad solicitada. La promotora pretendió acreditar con prueba testimonial los servicios prestados no registrados, ni aportados y, a tales efectos, declararon los testigos Emilia PUJOL (fs. 30 a 31 A.A.), Vicente COUTO (fs. 31 vto. a 32 A.A.) y María del Carmen PELUA (fs. 33 vto. a 35 A.A.). En oportunidad de la valoración de la prueba, los funcionarios del BPS concluyeron que los testimonios resultaban inválidos para todas las actividades den unciadas (fs. 37 y 40 v to. A.A. ), salvo el de la testigo Emilia PUJOL por el trabajo en el LABORATORIO ANDRE L’ THOUR por el período 1969-1975. Se procedió a conferir vista de las actuaciones (fs. 45 A.A.), la que fue evacuada en escrito de fs. 47 de lo s antecedentes administrativos, oportunidad en que fueron propuestos dos nuevos testigos: Teresa URTASUN y Teresita RAMÍ REZ, quienes declararon a fs. 50 a 51 vto. y fs. 52 a 54 de los antecedentes administrativos. La Oficina de Inspecciones y Certificac iones del BPS evaluó que dichas declaraciones logran validar y probar la actividad de la compareciente en el HOTEL PUERTOLAS, pero mantuvo la denegatoria de la totalidad de los periodos declarados a la orden de ANDRE L’ THOUR y FÁBRICA MAC GREGOR (fs. 55 vto. A.A.). A partir de lo anterior, el BPS procedió al dictado del acto denegatorio enjuiciado en los presentes obrados. IV) La controversia se centra en la denegatoria del reconocimiento de los servicios prestados para las empresas LABORATORIO ANDRE L’ THOUR entre el 25/11/1962 y el 10/12/1966 y FÁBRICA MAC GREGOR entre el 10/04/1975 y el 15/10/1976. De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, y en base a las preclaras enseñanzas del Maestro COUTURE, el cúmulo probatorio testimonial incorporado deberá valorarse de acuerdo a las reglas de la “sana crítica” que son ante todo “ las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez.” (Cf. COUTURE, Eduardo J. “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, 3ª Edición (14ª reimpresión), Ed. Depalma, Buenos Aires, 1987, p. 270). De conformidad con tal criterio valorativo, cabe concluir que ninguno de los testigos propuestos habilitó el reconocimiento, con un relativo grado de certeza , de la totalidad de los períodos denunciados que son objeto de controversia. Los testimonios fueron imprecisos, muy genéricos, y no dieron debida cuenta de los años de trabajo controvertidos, pues, en su mayoría conocían los hechos a través de los dich os de la propia compareciente (“testigos de oídas”). Así, la Sra. PUJOL declaró conocer que la actora trabajó en ANDRE L’ THOUR desde 1962 a 1966 pero “no sabe dónde quedaba, no sabe nada del lugar de trabajo” y no aportó ningún dato específico de la actividad en MC GREGOR (fs. 30 vto. A.A.). El Sr. COUTO, a la inversa, señaló que la actora trabajó en MC GREGOR del año 1966 a 1974, pero lo que debía probarse era el trabajo entre el año 75 y el 76 (fs. 32 A.A.), a la vez que no sabe si fue en ANDRE L’ T HOUR donde trabajó la compareciente dentro del período comprendido entre 1965 y 1976, que llamativamente coincidente con el otro período de actividad denunciado. La Sra. PELUA declaró que “Victoria comenzó a trabajar en Monte Caseros esquina Garibaldi, en un laboratorio, en el año 1962; yo estaba trabajando en el correo; fue cuando nació mi hija y nos empezamos a conocer. No recuerdo el nombre del Laboratorio, yo nunca fui, se la dirección porque ella me lo dijo. Allí elaboraban perfumes, eso lo recuerdo porque ella me los vendía. No tengo conocimiento cual era la actividad de ella, no sé si en oficina o en el laboratorio. Trabajó allí hasta el año 1963” (fs. 34 A.A.). Respecto al trabajo en MC GREGOR, expresó que “comenzó a trabajar allí en el año 1970 a proximadamente, no sé quién era el dueño, no tengo conocimiento de nombre de compañeros ni jefes. La tarea allí fue de administrativa. Al esposo lo llamaron para la represa de Salto y se fueron en el año 1976.” (fs. 34 vto. A.A.). A modo de valoración global del testimonio precedente se comparten las conclusiones de la Administración sobre el referido testimonio, en cuanto expresó: “Declaración que no conforma, confusa. Dice saber a través de comentarios, no es conocer directo, desconoce: días y horario s, nombre de patrones, nombre de empresas, entre otros” (fs. 36 A.A.). Las testigos en etapa de evacuación de vista no mejoraron mucho el ofertorio testimonial. La Sra. URTASUN declaró: “Cuando yo la conocí ella venía de Mercedes y no me acuerdo si ell a estaba trabajando. Sé que ella trabajó en un hotel, en un laboratorio y en Mc. Gregor ¿Qué es Mc Gregor? Creo que era una fábrica de confecciones. NO me preguntes de la vida de ella porque no sé. Cuando nos encontramos es que ella me contó que se casó, que el marido trabajó en Salto Grande, en Paysandú, también estuvo en Mercedes y me contó que se vinieron a vivir para 18 de Julio y después justó cayó en mi edificio. No conocí el hotel, ni el laboratorio. No conocí ninguno de los lugares, pero hago confia nza en lo que ella me ha contado. Creo que en cada una de ellas era operaria, pero no averigüe.” (fs. 51 A.A.). En síntesis, a modo de valoración de tal testimonio, importa señalar que no fue compañera de trabajo, no conoce fechas, no presenció la actividad, a la vez que afirmó “te puedo facilitar lo que ella me contó, pero no más que eso”. Por su parte, la Sra. RAMÍ REZ declaró que cuando conoció a la actora trabajaba en ANDRE L’ THOUR, pero no aportó fechas concretas; también manifestó que la Sra. Mart ínez trabajó en la fábrica de ropa MC GREGOR, pero tampoco aportó fecha alguna (fs. 53 A.A.). Las inconsistencias de las declarantes Sras. PUJOL y RAMÍ REZ también se reiteraron en sede jurisdiccional (fs. 38 y 41 a 42). V) A partir del análisis de la prueba testimonial que viene de realizarse, importa concluir la correcta valoración de la prueba diligenciada en sede administrativa, que no resultó desvirtuada por la prueba aportada en la presente instancia jurisdiccional, en cuanto a la imposibilidad d e dar por acreditados los servicios denunciados por la compareciente en los períodos objeto de controversia. En casos similares, el Tribunal ha expresado, por ejemplo en sentencia Nº 181/2013, que: “Si bien no resulta posible adoptar un criterio absolutamente riguroso en la valoración de la prueba por el obstáculo que, para el conocimiento de los hechos a probar, supone el transcurso del tiempo y la avanzada edad de los testigos, la prueba rendida subespecie revela inconsistencias que hacen que, valorada en su globalidad, no constituya un soporte utilitario para viabilizar la solicitud de la reclamante.- En tal sentido, como recientemente ha expresado la Sede: “ Cierto es que, la circunstancia de que los testimonios refieran a hechos acontecidos hace muc hísimos años, posiblemente provoque que los deponentes incurran en inexactitudes, pero aun cuando corresponde admitir que no cabe exigir una puntillosa pulcritud en la deposición de quienes atestiguan sobre servicios denunciados por el interesado en obtene r el amparo jubilatorio, sobre datos de la vida ocurridos tiempo atrás (Cfe. Sentencias 457/2011, 434/2009, 193/2008, entre muchas otras), ello no significa una suerte de franquicia probatoria en favor del interesado, que determine el auxilio anulatorio en base a una excesiva benignidad en la valoración del informativo testimonial aportado” (Sentencia 809/2012)”. En el plano doctrinario, FERRER BELTRAN señala que el momento de valoración de la prueba es el momento de la racionalidad en el proceso. Se trata de la oportunidad en la que corresponde evaluar el apoyo empírico que un conjunto de elementos de juicio aporta en apoyo de una determinada hipótesis o de su contraria, y el juicio está sujeto a las reglas de la lógica y la racionalidad. La racionalidad a que está sujeta la valoración de la prueba en el proceso jurisdiccional, cuando no existen reglas específicas que impongan otorgar a determinada prueba un valor particular (v. gr. pruebas tasadas), no es distinta de la que impera en otros ámbitos de la experiencia. Los criterios empleados para valorar la prueba deben ser pasibles de ser controlados intersubjetivamente mediante juicios racionales y es así como se legitima la actividad valorativa del juzgador (Cf. FERRER BELTRAN, Jordi: “El contexto de la decisión sobre los hechos probados en el Derecho” , en AA. VV. “Proceso, prueba y estándar”, ARA Editores, Lima, 2009, p. 75). Y tal como enseñaba, entre nosotros, el Prof. VIERA, recordando las enseñanzas de DEVIS ECHANDÍA, la apreciación de la prueba d ebe hacerse en conjunto, tomando en cuenta todos los elementos probatorios como una unidad y no aisladamente. Este es un principio general aplicable a la valoración de la prueba llamado “Unidad de la prueba”, significa que el conjunto probatorio del juicio forma una unidad, y que, como tal debe ser examinado y apreciado por el Juez, para confrontar las diversas pruebas, puntualizar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme (Cf. VIERA, Luis Alberto: “Valoración de la prueba” , Anales del Foro, 1992/1993 A 109 - 110, p. 34). Pues bien, del cúmulo de prueba testimonial aportado por la actora, según lo analizado ut supra, no surgieron más que inconsistencias y falta de elementos que permitan dotar de veros imilitud a los servicios denunciados, lo cual informa al legítimo accionar de la Administración al proceder a su denegatoria. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la pretensión anula toria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dr. Simón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).