Sentencia Definitiva N° 347/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de agosto de 2021. No. 347 VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados “MEDERO MEIRA, PATRICIA con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha N° 83/2019). RESULTANDO: I) El 6 de marzo de 2019 compareció la Sra. Patricia Medero Meira e incoó demanda de nulidad contra la Resolución N° 03- 936-2017-254 de fecha 2 de febrero de 2017, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas, que dispuso desestimar la solicitud de la pretensora por desinterés de su trámite procediéndose de acuerdo a lo establecido en el art. 78 del Reglamento de Procedimiento Administrativo RD 40-2/97 del 10/12/1997 (fs. 39 de los A.A.). La actora relató que el día 22 de octubre de 2015 promovió el trámite de jubilación común ya que, desde 20 de setiembre del 2014, cuenta con la edad requerida y configura los presupuestos exigidos como causales para la jubilación de acuerdo a lo estipulado en el art. 18 de la Ley Nº 18.395. Así destacó que se encuentra generado el derecho al goce de la pasividad. Manifestó que el organismo previsional no puede desconocer y negar el derecho a la jubilación ya configurado sosteniendo que mantiene adeudos por aportes personales, que, a juicio de la demandada, deben ser cancelados previo al otorgamiento del beneficio. Así, al no compartir los argumentos esgrimidos por BPS y no cancelar los adeudos referidos, éste dictó resolución alegando “desinterés” por parte de la accionante. Ésta decisión adoptada resulta incongruente con la configuración de la referida causal, máxime cuando promovió adecuadamente el trámite correspondiente de solicitud del beneficio jubilatorio. El organismo no puede inferir que existe desinterés de la promotora por la no cancelación de los adeudos. Fundó su petición anulatoria en el apartamiento de las reglas de la sana crítica y entendió que la impugnada vulnera flagrantemente el principio de razonabilidad. En el primer sentido, destacó que de haber actuado el BPS con la diligencia debida, hubiere constatado el pago de la suma de $ 150.000. Evidentemente existe un claro interés en que la demandada accediera a la jubilación pretendida. Finalmente, sostuvo que existen adeudos que se encuentran prescriptos y así lo solicitó. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda y la consecuente anulación de la resolución en proceso (fs. 7 a 15). II) Conferido el correspondiente traslado, compareció, en representación del Banco de Previsión Social, el Dr. Rodolfo Chiola, quien contestó la demanda de manera contradictoria y peticionó la confirmación de la impugnada. Relató que le fue conferido un plazo de 60 días a la promotora a fin regularizar adeudos por tributos que fueron constatados por el organismo. Ello, le permitiría la concesión de la jubilación solicitada. Así, el día 2 de febrero de 2017 se procesó la solicitud contrario a lo peticionado desestimándose la concesión de la jubilación por desinterés de la promotora. Acto seguido se continuaron las actuaciones de acuerdo a lo estipulado por el art. 78 del Reglamento de Procedimiento Administrativo RD Nº 40-2/97. Se indicó a la actora que para percibir los beneficios jubilatorios debía renunciar a los beneficios de la prescripción. La actora mantiene adeudos tributarios con el organismo por su actividad como no dependiente, y para percibir los beneficios jubilatorios debe renunciar a la prescripción peticionada. Esta fue declarada por la por Resolución de Gerencia de IDAI, Sucursal Maldonado Nº 183/2017, dicha prescripción resulta irrelevante a los efectos de remover el obstáculo que supone la existencia de adeudos por actividad no dependiente. Destacó que, en virtud del desarrollo de la actividad laboral como no dependiente y en aplicación de la normativa que regula la materia, hasta que no se verifique la cancelación de los adeudos tributarios no puede acceder al goce de su derecho, ergo, no podrá percibir su pasividad. Indicó que, de acuerdo a las previsiones de la Ley N° 19.185, la extinción de la deuda tributaria por modo prescripción no puede considerarse aportación efectiva o cancelación de adeudos, por ello, si la accionante pretende percibir los beneficios jubilatorios debe abonar los aportes no vertidos. En definitiva, solicitó que se desestime la demanda instaurada, confirmándose el acto administrativo impugnado (fs. 28 a 41). III) Se abrió el juicio a prueba por auto N° 5682/2019 de fecha 13 de agosto de 2019 (fs. 43). IV) Alegaron las partes por su orden, haciéndolo la actora en el escrito que luce de fs. 52 a 57 y la demandada en el que corre de fs. 60 y 61. V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció en Dictamen Nº 385/2020 de fecha 28 de setiembre de 2020, a través del cual aconsejó acoger la demanda y anular el acto procesado (fs. 64 y 65). VI) Se citó a las partes para sentencia, por decreto Nº 6658/2020 de fecha 15 de octubre de 2020 (fs. 67), la que se acordó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Conforme con los términos de la demanda se acciona de nulidad contra la Resolución N° 03-936-2017-254 de fecha 2 de febrero de 2017, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas, que dispuso desestimar la solicitud de la pretensora por desinterés de su trámite procediéndose de acuerdo a lo establecido en el art. 78 del Reglamento de Procedimiento Administrativo RD 40-2/97 del 10/12/1997 (fs. 39 de los A.A.). II) Desde el punto de vista formal, se han cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y arts. 4 y 9 de la Ley Nº 15.869). La volición resistida fue notificada el día 24 de mayo de 2017 (fs. 42 de los A.A.). El accionante interpuso recursos de revocación y jerárquico en tiempo útil el día 5 de junio de 2017 (fs. 43 de los A.A.). Por resolución No. RD 42-24/2018 de fecha 21 de noviembre de 2018, dictada por el Directorio del Banco de Previsión Social, se dispuso desestimar la recurrencia interpuesta (fs. 85 de los A.A.) que fuera notificada el día 30 de noviembre de 2018 (fs. 89 vto. de los A.A.). La demanda anulatoria fue promovida útilmente el 6 de marzo de 2019, según nota de cargo de fs. 16. III) El Tribunal, compartiendo lo aconsejado por el Procurador del Estado en lo Contencioso, acogerá la demanda y anulará el acto impugnado por los fundamentos que se expondrán. IV) Antecedentes relevantes A los efectos de un adecuado examen de la cuestión sometida a decisión, el Tribunal estima necesario relevar los antecedentes del acto enjuiciado. El día 22 de octubre de 2015 la accionante inició el trámite jubilatorio con la correspondiente declaración jurada. (fs. 2 de los A.A.). El día 2 de febrero de 2017 se dictó la resolución encausada por la cual se desestima la solicitud de jubilación por desinterés en la prosecución del trámite (fs. 39 de los A.A.). Emerge de los antecedentes Acta en la que consta que el 5 de setiembre de 2016 la actora se presentó ante el organismo demandado a realizar un pago por la suma de $ 50.000 a fin de mitigar la deuda que mantiene con el organismo. El monto abonado correspondía al período junio de 1997 a marzo de 1999 y la determinación tributaria por el período junio de 2012 a marzo de 2014 (fs. 60 de los A.A.). A fs. 60 vto., 61, 62, 65 de los A.A. lucen comprobantes de pagos efectuados por la promotora por los siguientes montos: $19.655, $30.448, $13.587, $50.000, todos por concepto de “pago a cuenta”. El organismo, en dicha oportunidad sostuvo: “La deuda que mantiene en el organismo de los períodos 1997 a 1999 para Atyr es pasible de prescripción. La deuda que mantiene por la determinación tributaria no es pasible de prescripción. (…) Por los adeudos del período 2012 a 2014, la Gerencia autorizó se realicen pagos atento se encuentra previo a realizar acciones judiciales y la deuda no es prescribible”. El BPS por Resolución de la Gerencia UDAI de Maldonado, en ejercicio de atribuciones delegadas, se dispuso “declarar prescripto el derecho al cobro de los adeudos tributarios generados durante el período 02/1997, 05/1997 a 08/1997, 01/1998 a 03/1998, 12/1998 y 3/1999 (…)”. IX) Ahora bien, corresponde destacar que la accionante indicó, en la recurrencia, que no existe desinterés de su parte, sino que las demoras se han debido a las gestiones realizadas en ATYR para regularizar la deuda que mantenía con BPS. La Corporación estima necesario poner de relieve que la deuda correspondiente al período 1997-1999 fue declarada prescripta por la Administración, y que, la deuda correspondiente al periodo 2012-2014 fue cancelada mediante el medio de extinción de la obligación tributaria “paga” tal como fuere relevado supra. En el caso, las obligaciones tributarias que el organismo recaudador pretendió cobrar a la accionante, se encontraban prescriptas por haber trascurrido un plazo mayor a 10 años desde que se generaron en aplicación del inc. 2 del art. 38 del Código Tributario. En reciente sentencia Nº 364/2020 sostuvo el Tribunal: “Se ha observado como práctica administrativa frecuente del accionado que cuando un trabajador no dependiente inicia el trámite jubilatorio y se detecta que registra adeudos, se intenta la firma de un convenio de pago o el consentimiento del interesado para que los adeudos se debiten de su futura jubilación, sin importar si los referidos adeudos se han extinguido o no por modo prescripción. Si el interesado no accede, se le impide el acceso al beneficio jubilatorio y si accede, se le otorga jubilación y se le descuentan los montos que adeuda por aportes impagos, aun cuando éstos, hubieran prescriptos. Cabe señalar que, si bien existen normas legales que, en aras de tutelar el crédito fiscal por aportes a la seguridad social, impiden el ingreso a los beneficios jubilatorios de aquellos trabajadores no dependientes que registren adeudos tributarios con el Ente previsional, dichas disposiciones -como lo ha señalado reiteradamente el Tribunal- no vuelven inaplicable el régimen general de prescripción tributaria, previsto en los arts. 38 y concordantes del Código Tributario. Por tanto, para pretender el cobro de créditos el B.P.S. debe tener un crédito exigible contra el interesado y, si el crédito que dice tener se encuentra extinguido por prescripción -como sucede muchas veces y particularmente en este caso- no tiene un crédito exigible. VII) A diferencia del Derecho Civil, no existe en el Derecho Tributario la figura de la obligación natural, y en esto hay un extendido acuerdo, tanto en la doctrina tributaria uruguaya y latinoamericana, como en la jurisprudencia. En tal sentido, Gervasio POSADAS BELGRANO ha dicho que “(...) la obligación tributaria nace por voluntad de la ley y obliga al contribuyente dentro del marco de esa voluntad. Extinguida la acción del Fisco por el inútil transcurso del tiempo, no subsiste una obligación natural a cargo del contribuyente”. Luego agrega que el pago que hiciera el contribuyente de una obligación prescripta le confiere el derecho a la devolución de lo pagado, porque ese pago carece de causa jurídica. El autor señala textualmente que “La única voluntad que rige el nacimiento y la extinción de la obligación tributaria es la voluntad de la ley y cuando esta deja de producir efectos jurídicos por el transcurso del tiempo establecido por propia voluntad de la ley, no puede concebirse que aparezca otra voluntad, la del particular, que produzca efectos jurídicos” (POSADAS BELGRANO, Gervasio. Derecho Tributario, Montevideo, pág. 276; PÉREZ NOVARO, César. Modos de extinción de la obligación tributaria, Montevideo, FCU, 2005, págs. 41 y siguientes; y PEZZUTTI, Miguel y BARREIRO, Pablo, “Dos cuestiones respecto de la prescripción: pago posterior a su acaecimiento y los efectos de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo respecto al tiempo transcurrido”, La Ley URUGUAY, Junio 2011, págs. 5 y siguientes). En esta línea, el Tribunal sostuvo en la sentencia N° 643/2010, ante una situación análoga a la presente: “No se desconoce que previo a la sanción de la ley 17.963, y como se señala al contestar la demanda, el art 12 de la ley Nº 9.999, ley 11.237, ley 15.840, y RD Nº 2338/2004, hacían referencia al goce de la jubilación de los trabajadores no dependientes, cuando hubieren cancelado sus adeudos. Pero ello no supone, que tales normas prevalezcan sobre lo dispuesto en el art. 38 del Código Tributario que regula el régimen de prescripción de adeudos por tributos, entre los que se incluye a las contribuciones de seguridad social. Lo que el régimen previsional requiere, es la cancelación de los adeudos generados en actividades de los trabajadores no dependientes, cancelación que puede ocurrir por cualquiera de los modos de extinguirlas obligaciones, entre las que está incluida la prescripción, prescripción que, por otra parte, extingue el derecho al cobro por parte del BPS.” En cuanto a lo dispuesto en el art. 4 de la Ley N° 19.185, invocado por el BPS en la contestación, cabe destacar que el referido texto reza: “A los efectos del registro de servicios y asignaciones computables previsto en el literal B) del Artículo86 de la Ley No. 16.713, de 3 de setiembre de 1995, y en el Artículo 13 de la Ley No. 17.963, de 19 de mayo de 2006, declárase que la cotización efectiva, la cancelación de adeudos o la aportación regular no comprenden a la prescripción prevista en el artículo 38 del Código Tributario”. La disposición entró en vigencia al ser publicada en el Diario Oficial el día 20 de enero de 2014. Teniendo en cuenta que los períodos por los cuales el accionante mantendría deuda con el Organismo corresponden a períodos anteriores, resulta evidente que no es aplicable la norma invocada al caso de autos. No existe, por lo tanto, limitación legal, que obste a la obtención del beneficio de la jubilación de la actora, correspondiendo anular el encausado, el que además carece de motivación en cuanto emerge claramente de los antecedentes administrativos, que la hipótesis de desinterés en que se funda el mismo no fue tal, sino que la actora se dispuso a cancelar los adeudos con dicho organismo. FALLA : Acógese la pretensión anulatoria y, en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales del abogado de la parte actora en la suma de $ 39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dr. Simón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).